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Asesinan a tres personas defensoras del medio ambiente en el mundo diariamente

A nivel mundial, la cifra real probablemente fue mucho mayor, porque los casos no suelen ser documentados, y muy pocos son investigados. Resulta difícil encontrar o verificar evidencia confiable.

Redacción 

SemMéxico. 30 de julio de 2019.- El año pasado, fueron asesinadas un promedio de más de tres personas por semana, al defender sus tierras y el medio ambiente de la invasión de industrias como la minería, la tala y la agroindustria. Incontables más fueron silenciadas a través de otras tácticas diseñadas para aplastar la protesta, como arrestos, amenazas de muerte, juicios y campañas de desprestigio.

Por primera vez desde que Global Witness comenzó a documentar tales asesinatos, Filipinas registró el mayor número de asesinatos en todo el mundo, con 30 víctimas. El mayor aumento en la cantidad de asesinatos tuvo lugar en Guatemala, registrando en 2018 un aumento de más del 500% en comparación con 2017.

A nivel mundial, la cifra real probablemente fue mucho mayor, porque los casos no suelen ser documentados, y muy pocos son investigados. Resulta difícil encontrar o verificar evidencia confiable.

La minería fue el sector más mortal, causando 43 muertes confirmadas. El 2018 también registró un aumento en los asesinatos relacionados con la defensa de las fuentes de agua a nivel mundial, pasando de cuatro asesinatos en 2017 a 17 en 2018. Entre los presuntos autores se encuentran la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y los asesinos a sueldo, que a veces trabajan en coalición.

Este año, por primera vez, Global Witness también alerta sobre la criminalización de las y los activistas y sus comunidades. Evidencia presente en todos los continentes muestra que los gobiernos y las empresas están utilizando los tribunales y los sistemas legales de los países como instrumentos de opresión contra quienes amenazan su poder e intereses.

Esto incluye el uso indebido de leyes existentes, diseñadas para detener terroristas o proteger la seguridad nacional, y la creación de nuevas normas para prohibir la protesta o coartar la libertad de expresión. Esto hace que los ataques a las personas defensoras parezcan legítimos, aumentando la probabilidad de que ocurran.

Gran parte de la persecución de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente está siendo impulsada por la demanda de tierra y de materias primas necesarias para los productos que consumimos todos los días, como alimentos, teléfonos móviles o joyas.

Como se detalla en el informe de Global Witness, por ejemplo, activistas indígenas en Filipinas enfrentaron amenazas de muerte, fueron encarcelados y sus casas fueron demolidas por oponerse a que sus tierras fueran utilizadas para cultivar bananos para vender en los mercados globales.

Mientras tanto, en Guatemala, el auge de la minería, los proyectos hidroeléctricos y los cultivos agrícolas para la exportación ha provocado un aumento en los ataques contra la población indígena rural y ha despertado el temor de un retorno a la violencia genocida que sufrió el país hace 30 años.

La criminalización de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente no se limita al Sur Global. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha concesionado tierras indígenas a empresas de combustibles fósiles y varios estados de este país han aprobado nuevas leyes para reprimir las protestas. En el Reino Unido, tres manifestantes contra el fracking fueron condenados a penas de prisión draconianas en 2018, en un caso que ha despertado el temor de que la ley se esté utilizando para acallar el activismo ambiental legítimo.

Esta tendencia solo parece empeorar. Si bien el informe de Global Witness se enfoca en los eventos de 2018, este año muestra señales desalentadoras, ya que los políticos de todo el mundo están eliminando protecciones en materia ambiental y de derechos humanos, con el objetivo de promover negocios a cualquier costo. En Brasil, por ejemplo, el reciente compromiso del presidente Jair Bolsonaro de permitir la explotación de reservas indígenas para el desarrollo ya ha provocado una afluencia de acaparadores de tierras armados con motosierras y pistolas.

Alice Harrison, encargada de campañas de Global Witness, dijo:

«Los ataques despiadados contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente siguen ocurriendo, a pesar del creciente impulso detrás de los movimientos ambientales en todo el mundo. A medida que nos precipitamos hacia el colapso climático, nunca ha sido más importante apoyar a quienes intentan defender su tierra y nuestro planeta de la destrucción imprudente impuesta por ricos y poderosos.

“Es una ironía brutal que, si bien los sistemas judiciales rutinariamente permiten que los asesinos de personas defensoras caminen libres, también están siendo utilizados para calificar a las y los activistas como terroristas, espías o delincuentes peligrosos. Ambas tácticas envían un mensaje claro a otros activistas: los riesgos de defender sus derechos son punitivos para ellos, sus familias y sus comunidades».

Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas:

“En marzo de 2018, el gobierno de Filipinas me declaró terrorista. Esto fue una represalia por haber hablado en contra de las violaciones de los derechos indígenas en mi país de origen. Durante meses, viví bajo amenaza, y no podía regresar a casa con seguridad. Aunque desde entonces he sido eliminada de la lista, los funcionarios del gobierno continúan lanzando falsas acusaciones en mi contra.

«Este es un fenómeno que se ve en todo el mundo: las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente son declaradas terroristas, encarceladas o golpeadas con ataques legales paralizadores, por defender sus derechos o simplemente por vivir en tierras que son codiciadas por otros». 

Principales hallazgos:

  • En 2018 se reportó el asesinato de 164 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, lo que significa un promedio de más de tres asesinatos por semana. Muchas más personas defensoras fueron atacadas o encarceladas.
  • Los países con el mayor número total de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente cuyos asesinatos fueron registrados fueron Filipinas (30), seguida por Colombia (24), India (23) y Brasil (20).
  • El mayor aumento en la cantidad de asesinatos se produjo en Guatemala, con cinco veces más asesinatos, lo que lo convierte en uno de los países más sangrientos per cápita, registrando 16 asesinatos.
  • La minería fue el sector más mortal, con 43 personas defensoras asesinadas por protestar contra los efectos destructivos de la extracción minera en la tierra de las comunidades, sus medios de vida y el medio ambiente.
  • Hubo una escalada de asesinatos de personas defensoras que luchan por la protección de las fuentes de agua, los cuales pasaron de cuatro en 2017 a 17 en 2018.
  • Más de la mitad de los asesinatos cometidos en 2018 ocurrieronen América Latina, región que ha sido clasificada de forma sistemática como el continente más afectado desde que Global Witness comenzó a publicar datos sobre asesinatos en 2012.
  • Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los asesinatos. Actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 muertes.
  • La criminalización y las demandas civiles agresivas se están utilizando para sofocar el activismo ambiental y la defensa de los derechos a la tierra en todo el mundo, incluso en países «desarrollados» como EE. UU. y el Reino Unido.

Sem/GR 

El negocio de la trata prospera por la indiferencia ante la explotación

Una instalación de la Organización Mundial para las Migraciones sobre la lucha contra el tráfico de personas. Al observar por una mirilla se ve a una niña pidiendo.

Redacción

SemMéxico/ONU Noticias. 30 de julio de 2019.- “Los migrantes están en el punto de mira. Miles de personas han perdido la vida en el mar, en los desiertos, en centros de detención, a manos de traficantes que ejercen un monstruoso y despiadado oficio”, ha asegurado el Secretario General de la ONU en un mensaje publicado en el marco del Día Mundial contra la Trata, que se celebra cada 30 de julio.

Según António Guterres, la guerra, el cambio climático, los desastres naturales y la pobreza exacerban la vulnerabilidad y la desesperación que permiten que el tráfico de personas prospere.

Pero no son las únicas razones: “también cada día la indiferencia ante el abuso y la explotación que nos rodean se cobra numerosas víctimas. Desde el sector de la construcción al de la producción de alimentos o de bienes de consumo, incontables negocios y empresas se benefician de la miseria”.

El titular de la ONU destaca que los traficantes y los grupos terroristas se aprovechan precisamente de las personas vulnerables y recordó que Nadia Murad, la primera víctima de trata en ser Embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas, recibió con justicia el Premio Nobel de la Paz en 2018 por catalizar la acción internacional para acabar con la trata y la violencia sexual en los conflictos.

Mujeres y niñas en su gran mayoría

Dos niñas vendidas por traficantes para matrimonio se maquillan en Bangladesh.

Aproximadamente el 72 % de las víctimas registradas de la trata son mujeres y niñas, mientras el porcentaje de niños que son víctimas de este delito se ha duplicado con creces entre 2004 y 2016, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

La mayoría de las víctimas son objeto de explotación sexual, pero hay otras formas de abuso, entre ellas los trabajos forzosos o, en el caso de los niños, el alistamiento como soldados en contra su voluntad.

La trata es un crimen y una violación que no debería tener lugar en nuestro mundo. Sin embargo, entre 2003 y 2016 se registraron 225,000 víctimas “y hay muchas, muchas más víctimas ocultas que necesitan ayuda”, según el responsable de esa agencia, Yury Fedotov.

Por su parte, la relatora especial de la ONU sobre trata de personas explica que las políticas xenófobas y restrictivas de la migración, junto con la criminalización de los migrantes, así como de las organizaciones e individuos que suministran ayuda humanitaria, son incompatibles con una actuación eficaz contra el tráfico de personas» y,  por el contrario, la fomentan.

La política del odio es contraproducente

Maria Grazia Giammarinaro asegura, además, que “los políticos que alimentan el odio, construyen muros, toleran la detención de niños y evitan que los migrantes vulnerables ingresen a sus territorios están trabajando en contra de los intereses de sus propios países”.

Para la experta de la ONU es de vital importancia que los Estados inviertan en soluciones a largo plazo para garantizar la inclusión social de los sobrevivientes y su acceso a la justicia y reparación.

“Se necesita una migración segura, ordenada y regular, lo que incluye prever la integración social de los migrantes. Esto es crucial también para las víctimas de la trata, incluidas las mujeres que sufren discriminación, la violencia de género y la explotación, y los niños víctimas de abusos durante su viaje, especialmente cuando viajan solos. La realidad es que las políticas migratorias restrictivas producen irregularidades y vulnerabilidades, y fomentan la explotación y el tráfico. Por eso, la inclusión social es la única y correcta respuesta”, agrega.

Además, los sobrevivientes de la trata “necesitan solidaridad y un ambiente social amigable para recuperar el control de sus vidas, un proceso que ciertamente también requiere recursos financieros” con los que facilitar la reparación a las víctimas.

“Sin embargo, hasta la fecha, la compensación sigue siendo una de las disposiciones menos implementadas del llamado Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata, especialmente mujeres y niños”, afirma Giammarinaro.

Por ese motivo, la experta insta a los Estados a que eliminen los obstáculos que dificultan el acceso a la justicia para las víctimas y les otorguen el estatus de residencia, asegurándose de que no sean detenidos ni procesados por actividades ilegales en las que puedan haber estado involucrados como resultado de la trata.

La solución en la Agenda 2030

Ahondando en la cuestión, António Guterres indicó que la mayoría de los países cuentan con las leyes necesarias, y en algunos se han producido recientemente las primeras condenas por trata, pero reconoció que queda mucho por hacer para llevar a las redes transnacionales de trata ante la justicia y, sobre todo, para asegurarse de que se detecta e identifica a las víctimas y de que estas pueden acceder a la protección y los servicios que precisan.

En este sentido, recordó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen metas claras para prevenir el abuso y la explotación, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y erradicar el trabajo forzoso y la mano de obra infantil.

“En este Día Mundial contra la Trata de Personas, reafirmemos nuestro compromiso y nuestro empeño en impedir que los delincuentes exploten a las personas para obtener beneficios y en ayudar a las víctimas a reconstruir su vida”, aseguró el Secretario General.

sem/gr 

Respaldo total a la Ley Olimpia: Adela Román

La presidenta municipal, Adela Román Ocampo respaldó la Ley Olimpia, y dijo que es momento para que en Acapulco como en otras ciudades del país se termine con el problema

Enrique Hernández Campos/ Foto: Miguel Ángel Mendoza

SemMéxico/ El Sol de Acapulco. Acapulco, Guerrero. 30 de julio 2019.- La presidenta Adela Román Ocampo respaldó la Ley Olimpia, y dijo que es momento para que en Acapulco como en otras ciudades del país, se deje de «comercializar como carne de un animal irracional y no como de un ser humano» a las niñas, niños adolescentes, y a las mujeres.

Entrevistada minutos antes de encabezar una reunión privada del consejo y administración de la CAPAMA, la alcaldesa informó que hará un llamado también a la Policía Cibernética para que se investigue y se metan, a todas esas páginas de internet donde depravados y enfermos, exhiben a mujeres, niñas, niños y adolescentes de manera desdeñable.

 “La ley Olimpia surge por la necesidad de proteger a las mujeres en general, niñas y adolescentes de la violencia, que a través de las redes sociales las comercializan, entonces, es una ley que se está impulsando en varios estados de la república, en Acapulco, es lamentable que estas páginas exhiban como mercancía a niños, niñas adolescentes lamentablemente tenemos este problema al igual que Cancún, y otras ciudades”, expresó Román Ocampo.

Dijo que, como primera autoridad de la ciudad, buscara platicara con los alcaldes de todos los municipios del estado, así como con los diputados locales, federales y senadores por Morena para que influyan en esta ley, “porque ya basta de exhibir a la mujer como mercancía, como si fuera la venta de carne, pero de un animal irracional, y no de un ser humano, esto no es cuestión de partidos es cuestión humana, la violencia en cualquier forma es problema social afecta a hombres y mujeres”.

Durante la entrevista, Román Ocampo, expresó que la ley Olimpia, representa la protección a la mujer en todas sus manifestaciones, en todo, sobre todo en el aspecto sexual, por eso en el estado de Guerrero, existen desde hace algunos años, organizaciones de mujeres activistas impulsándola.

Por último, al referirse al referirse al tema del director de Reglamentos y Espectáculos, Adela Román Ocampos dijo que el actual director Isaías Arellano Maldonado, se encuentra en un proceso de entrega recepción, por lo que esperamos que el último, día de este mes, este entregando para que reciba la dependencia quien será el nuevo o la nueva titular.

SEM/Sol de Acapulco

FGR viola mis derechos y debido proceso responde Rosario Robles

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Redacción

SemMéxico/Billie Parker Noticias. Ciudad de México. 30 de julio 2019.- Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sedatu y Sedesol, respondió a lo difundido el lunes por la FGR y reclamó enterarse a través de los medios de comunicación sobre las imputaciones que le fincan ya que alegó, viola sus derechos y el debido proceso.

La ex funcionaria en la administración de Enrique Peña Nieto fue citada a declarar para que responda por el ejercicio indebido de servicio público, acusaciones que no le fueron notificadas, ni se le ha permitido una legitima defensa, aduce.

En una breve aclaración a medios argumenta e informa lo siguiente:

Save the Children alerta de la criminalización que están sufriendo los y las menores migrantes sin familia en España

Las niñas y adolescentes se ven mucho más expuestas a convertirse en víctimas de explotación y de trata de seres humanos en los países de origen, tránsito y también de destino. 

Redacción AmecoPress

SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 30 jul. 19.-Save the Children pide que no se criminalice a la población adolescente migrantes que no tienen referentes familiares en España y demanda al Gobierno central una estrategia para su protección e inclusión que incluya mecanismos de co-responsabilidad y reparto de tareas entre los actores a nivel estatal, autonómico y local.

La organización ha presentado hoy en la Fundación Cajasol de Sevilla el análisis Contando los pasos. En él, Save the Children ofrece datos sobre las migraciones en España y plantea una serie de recomendaciones para que las administraciones públicas lleven a cabo políticas migratorias responsables. La organización insiste en la importancia de tener una perspectiva de infancia en las políticas migratorias ya que los niños, niñas y adolescentes representaron el 12% del total de personas que llegaron de forma irregular a España por el estrecho de Gibraltar en 2018.

Para Save the Children también es prioritario que se establezca un protocolo de atención en las llegadas en puerto para atender al conjunto de menores e identificar a las personas que pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad. Esto debe ir acompañado de una modificación del procedimiento de determinación de la edad, tal y como ha recomendado Naciones Unidas.

El director general de Save the Children, Andrés Conde, ve necesario que se gestionen las migraciones de manera responsable y sostenible, con un enfoque integral, que garantice el respecto a los derechos humanos, el cumplimento de las obligaciones y que aproveche las oportunidades de la movilidad para los países de origen y de destino. “La mayoría de estos jóvenes no han mantenido conductas de riesgo o delictivas en su vida, por lo tanto, no podemos suponer que cada vez que se abre un centro de acogida en un determinado lugar, esos adolescentes cometerán actos delictivos”, lamenta Conde. “Es una obligación de todos, partidos políticos, administración y sociedad, garantizar los derechos de estos menores ante su situación de especial vulnerabilidad”, añade. Por ejemplo, en Andalucía sólo el 0,52% de la población adolescente migrante que han sido acogidos por el sistema de protección desde 2015 ha tenido medidas judiciales de internamiento por la comisión de algún delito.

Save the Children defiende que las aportaciones de la población migrante al sistema de bienestar permiten la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales para toda la sociedad como son la salud, la educación, el sistema de pensiones o las prestaciones económicas. Y recuerda que, como estima el Fondo Monetario Internacional (FMI), España necesitará más de cinco millones de extranjeros para la sostenibilidad de su sistema de bienestar hasta 2050, casi 170.000 personas cada año.

La organización trabaja con niños, niñas y adolescentes migrantes sin referentes familiares en Melilla, Andalucía y Catalunya. “Conocemos las circunstancias de sus viajes y hemos denunciado muchas veces las condiciones en las que se realiza su acogida. De forma conjunta con muchas otras organizaciones hemos observado cómo eran acogidos en centros sin traductores, sin camas suficientes, sin actividades de formación u ocio, sin perspectiva de infancia…”, asegura Conde. 

Paralelamente, la organización también alerta de que el sistema de protección en España ha perdido el rastro de más de 5.000 niños y niñas desde 2015 cuya responsabilidad tenía encargada.

Situación en Andalucía

Andalucía es la puerta de entrada de la mayoría de menores que viajan sin acompañante a nuestro país, por tanto, Save the Children reivindica que es por esta comunidad por donde se deben dar los primeros pasos para garantizar los derechos de estos niños y niñas. “El Sistema de Protección de Menores de la Junta de Andalucía carece de un protocolo que permita a sus trabajadores saber cómo proceder a la hora de detectar y proteger a la infancia con perfiles de especial vulnerabilidad, como las víctimas de trata, los solicitantes de asilo y los que han sufrido violencia durante su proceso migratorio. Por eso, le pedimos a la Junta de Andalucía que establezca un protocolo de actuación homogéneo que garantice la protección de estos niños y niñas”, concluye Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía.

Niñas migrantes

Save the Children también hace una valoración sobre cómo afecta esta realidad a las niñas y las adolescentes ya que ellas emigran en menor medida que sus coetáneos varones. Esta realidad se debe principalmente a los rígidos roles y expectativas de género que caracterizan a sus contextos de origen, basados todavía en normas y tradiciones de fuerte enfoque patriarcal que tienden a infravalorarlas y a restringir mucho su libertad de elección. En muchas regiones las menores cuidan a los demás hermanos y hermanas, ayudan a realizar las tareas domésticas y contribuyen en la organización de la casa, de lo que sus pares varones son excusados. Para ello, muchas veces deben renunciar a su educación y a su formación. Además, en algunas áreas geográficas persisten prácticas como los matrimonios tempranos o el acogimiento fuera del núcleo familiar para el empleo doméstico, haciendo que las niñas pasen rápidamente de vivir bajo la autoridad de sus padres a la de sus maridos u otras familias.

Las niñas y adolescentes se ven mucho más expuestas a convertirse en víctimas de explotación y de trata de seres humanos en los países de origen, tránsito y también de destino. Dicha exposición a los riesgos condena a muchas de las jóvenes que viajan solas a quedarse atrapadas en los países de tránsito, víctimas de redes criminales que las mantienen en condiciones de clandestinidad e invisibilidad para evitar que huyan. En estas mismas condiciones se encuentran también muchas de las pocas niñas y adolescentes que logran llegar a España. 

Resulta preocupante la sobrerrepresentación de las niñas de Nigeria y de Camerún entre los menores que son tutelados por las administraciones públicas. Estos dos colectivos son los únicos formados sólo por menores de sexo femenino en España, característica que revela las modalidades bajo las que probablemente se ha llevado a cabo el trayecto migratorio y la finalidad oculta de sus llegadas.

«Yo también doy la espalda a la trata»

Una campaña para mostrar el rechazo de la sociedad a las mafias que explotan mujeres y niñas en todo el mundo y a sus cómplices

Redacción 

SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 30 jul. 19.- Dar la espalda a la trata. Este es el mensaje que desde la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta (APRAMP) han querido lanzar en sus redes sociales. Con motivo del día internacional contra la trata que tiene lugar el 30 de julio, han lanzado el hastag #yodoylaespaldaalatrata con el que quieren mostrar su rechazo a las mafias, puteros y proxenetas.

El 94% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas según el último informe realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2018. En total, el 80% de la trata mundial de seres humanos se produce con fines de explotación sexual.

Unos datos alarmantes que desde APRAMP luchan por erradicar. Con más de 25 años de experiencia ayudan diariamente a mujeres que sufren o han sufrido explotación sexual y trata dándoles herramientas para que recuperen la libertad y autonomía que les ha sido robada y puedan emprender una vida fuera del control y abuso de sus explotadores. A partir de la defensa de los derechos de estas personas, contribuyen a prevenir y erradicar la explotación sexual y la trata. Además, exigen al Estado la obligación que tiene de proteger y garantizar justicia a las víctimas.

La campaña “yo también doy la espalda a la trata” pretende mostrar apoyo a las mujeres y niñas que han sido víctimas de trata y al mismo tiempo, mostrar su repulsa a estos grupos organizados. Además, desde la asociación ven muy necesario lanzar un mensaje a la sociedad, por eso, piden a todas las personas que suban una foto de espaldas en sus redes sociales para visibilizar esta situación y dar la espalda a los que participan en el mercado de seres humanos.

No actual, mirar hacia otro lado, cruzarse de brazos… Todos estos gestos implican ser cómplice de la esclavitud. Por eso, desde la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta quieren que se dé un paso al frente y las personas se posicionen de espaldas a la trata, a la explotación sexual, a la esclavitud y a la compra-venta de seres humanos; porque la trata es un asunto de toda la sociedad.

Derrotar la esclavitud del siglo XXI exige un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género

Hoy es el Día Internacional contra la Trata. La defensa de los derechos humanos pierde puntos frente discursos que sostienen que la seguridad, el beneficio económico y el mantenimiento del orden establecido son prioritarios, más prioritarios que la vida humana.

Gloria López

SemMéxico/Amecopress. Madrid. 30 de julio de 2019.- La lechuga o las fresas que comemos hoy han podido ser recogidas por mujeres y hombres víctimas de trata. La joven muchacha con la que te cruzaste en la esquina de una de las calles céntricas de tu ciudad podría estar sometida al yugo de una de las redes que “ayudan” a cruzar fronteras a mujeres y niñas para lucrarse con ellas mediante su explotación sexual. También detrás de mucha de la ropa que llevamos hay explotación laboral, cometida con la complicidad de multinacionales dueñas de marcas famosas. Ceguera compartida que impide reconocer el rostro del sufrimiento de quienes limpian casas en condiciones de esclavitud. Hoy es el Día Internacional contra la Trata. La defensa de los derechos humanos pierde puntos frente discursos que sostienen que la seguridad, el beneficio económico y el mantenimiento del orden establecido son prioritarios, más prioritarios que la vida humana.

Según datos de la Estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata de seres humanos, el 80% de las víctimas de trata son mujeres, de las cuales un 12% son niñas y, en relación con la trata para la explotación sexual, el 96% son mujeres. Según el último Informe Mundial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las mujeres constituyen el 94% de las víctimas de este tipo de trata a nivel mundial y el 90% en Europa Occidental. De ahí la necesidad de abordar este fenómeno desde una perspectiva de género y de infancia.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha alertado de que la trata de personas sigue avanzando en todo el mundo debido a la «indiferencia ante el abuso y la explotación» y a que numerosos sectores «se benefician de la miseria». En un comunicado, Guterres ha denunciado que «la guerra, el cambio climático, los desastres naturales y la pobreza» exacerban la vulnerabilidad y la desesperación que favorecen que el tráfico de personas prospere, una situación que perjudica principalmente a las personas migrantes.

«Los migrantes están en el punto de mira. Miles de personas han perdido la vida en el mar, en los desiertos, en centros de detención, a manos de traficantes que ejercen un monstruoso y despiadado oficio», ha asegurado Guterres.

Por su parte, la relatora especial de la ONU sobre trata de personas, Maria Grazia Giammarinaro, ha explicado que “las políticas xenófobas y restrictivas sobre migración, junto con la criminalización de los y las migrantes, así como de las organizaciones e individuos que suministran ayuda humanitaria, son incompatibles con una actuación eficaz contra el tráfico de personas» y, por el contrario, la fomentan.

Efectivamente ni el enfoque de defensa de los derechos humanos ni la perspectiva de género predominan en el diseño de las estrategias políticas. El cierre de fronteras de la Unión Europea y EEUU fuerza a miles de mujeres a acudir a las redes de trata para llegar a sus tierras e intentar mejorar sus vidas y las de sus seres queridos. Si logran escapar de sus tratantes y consiguen pedir ayuda, ya en el país de destino, la mayoría de las veces quedan en la clandestinidad, sin posibilidad de acceder a los papeles y, por tanto, sometidas a la discriminación y la desesperanza. Mientras, los gobiernos destinan cada vez más presupuesto a campañas de sensibilización contra la trata, ese gran negocio que mueve miles de miles de millones de euros cada año, sin buscar la raíz de su existencia: la creciente desigualdad Norte-Sur y el fracaso de un sistema depredador.

Porque está demostrado: la falta de solidaridad y de compromiso con las personas refugiadas y migrantes contribuye al incremento de la violencia en las rutas y una vez más, mujeres y niñas son las más perjudicadas. Las organizaciones denuncian que la trata se siga abordando como un problema de extranjería –y más concretamente de persecución de la inmigración ilegal- y no desde el enfoque de derechos humanos, y que se sostengan estereotipos que dificultan la lucha contra diversas formas de explotación. “El punto central de todo estudio de la trata debe ser el reconocimiento de que vulnera numerosos derechos humanos”, afirma Teresa Fernández, abogada especializada en temas de trata de la organización Women’s Link. “Además, hay que tener en cuenta que la trata constituye una forma violencia de género y, por tanto, es una forma de discriminación por género prohibida por la normativa internacional, regional y nacional”.

La abogada de Women’s Link Woldwide Gema Fernández reclama también abordar la trata en un «marco de derechos humanos», poniendo el foco más allá de la explotación sexual y entenderla como cualquier forma que trata a las personas «como meros objetos de los que se obtiene unos beneficios». «Hay que seguir identificando esas nuevas formas de trata, por lo que hay que tener esa mirada amplia, porque los tratantes se mezclan en el mundo que vivimos y entre nuestras demandas de consumo de ropa barata o de tecnología», puntualiza Fernández. La jurista ha alertado de que los responsables de esas organizaciones delictivas se mueven bien ante situaciones de emergencia humanitaria y de concentración de personas, como está ocurriendo en muchas fronteras europeas con las personas refugiadas y migrantes.

Nadia, integrante de la Caravana Abriendo Fronteras en Almería y activista en La Vía Campesina denuncia las condiciones de explotación laboral a las que algunas empresas de Almería y Huelva someten a trabajadoras extranjeras. Privarlas de su pasaporte y salario hasta poco antes de finalizar la temporada de recolecta, es una medida enfocada a controlar su libertad de movimiento hasta que queden liberadas de su carga contractual. Alargar la jornada sin abonar las horas extraordinarias, y otras muchas vulneraciones del derecho laboral, violan las premisas de un convenio colectivo de por sí poco garantista de la dignidad del trabajo agrícola. Los abusos sexuales forman parte de la realidad que también tienen que soportar las temporeras de origen marroquí.

Identificar y proteger a las víctimas de trata

CEAR ha denunciado “el gran reto de identificar a las víctimas de trata” en un comunicado que ha difundido con motivo del Día Internacional contra la trata. “Los Estados deben responsabilizarse de proteger a las víctimas de trata, un delito inhumano que afecta a mujeres de todo el mundo. La falta de una identificación adecuada está propiciando que muchas sigan siendo vulnerables a las redes de trata incluso en los considerados como países seguros”, destaca el texto.

A finales de 2016, España comenzó a reconocer el derecho de asilo a las víctimas de trata y a menores que se encontraban a su cargo. Pero aún cada reconocimiento se celebra como una victoria, ya que se detectan muchos casos, pero no se están identificando adecuadamente. En el último año y medio, el equipo jurídico de CEAR ha conseguido que se conceda el estatuto de refugiada a 17 víctimas de trata y sus cuatro hijos menores.

La mayoría de las víctimas son mujeres y niñas con fines de explotación sexual, aunque también se dan casos de explotación laboral. Suelen ser captadas en sus países de origen donde las redes aprovechan situaciones de extrema vulnerabilidad por conflictos o violencia extrema, como es el caso de Nigeria, R.D. Congo, pero también de países centroamericanos.

En ocasiones son igualmente captadas por las redes en países de tránsito, como Marruecos o Libia, en los que sufren una enorme desprotección y vulneración de sus derechos humanos. Por eso, normalmente cuando por fin logran llegar a un lugar seguro no se fían de nadie. Detección, identificación adecuada, tratamiento diferenciado en tramitación de su solicitud de asilo y recursos de acogida especializados siguen siendo retos pendientes para que puedan encontrar por fin un refugio al que tienen derecho.

Claves de lucha

Elena Muñoz, responsable del Servicio Jurídico de CEAR Madrid, apunta algunas claves para que el derecho de asilo se convierta en un escudo contra la trata: “Detección e identificación adecuada cuando llegan a España, atención jurídica especializada, tratamiento diferenciado en cumplimiento del artículo 46 de la Ley de Asilo y la directiva de procedimiento y más plazas que cumplan los requisitos de seguridad y personal especializado para atender a este colectivo”.

Helena Maleno dedica su vida a “defender la vida”. Sabe, por propia experiencia y por la labor que ha desarrollado durante años, que las mujeres migrantes y las mujeres defensoras de los derechos humanos enfrentan una mayor violencia por el hecho de ser mujeres. “Existe una violencia que se dirige a la condición de mujer: a tu cuerpo, a tus hijos”. Y en el caso de las mujeres que emigran, durante el tránsito y también en el país de destino tienen que enfrentar la violencia sexual, “un peaje que se asume como parte del viaje”.

La defensora participó hace poco más de un año en un estudio realizado a partir del testimonio de 101 mujeres nigerianas. “Por primera vez las mujeres hablan de feminicidio racial en las fronteras, denuncian que las ven como pobres, putas y malas madres y hablan de la violencia sexual como “una estrategia para no morir””. Y recuerda que estas mujeres “tampoco tienen derecho a no migrar”. Maleno defiende que tenemos que acoger cuando las instituciones no acogen y que tenemos una responsabilidad con el discurso racista, presente incluso dentro de los centros de acogida. “Hay que dar voz a las compañeras. Necesitamos que la acogida sea un proceso y que las mujeres decidan qué hacer y cuando”. Y afirma: “Ante las políticas de horror y muerte, nosotras construimos políticas de amor y de vida”.

Helena Maleno señala con rotundidad que “esta industria de la esclavitud existe porque hay quienes demandan personas como mercancías”. “La forma efectiva para acabar con el negocio es garantizar los Derechos Humanos de todas las víctimas”, concluye.

En cualquier rincón

Pero la trata no afecta solo a mujeres que migran, ni es un fenómeno que se produce en determinados países o zonas geográficas, sino que existe en todos los países. Como recordó el pasado miércoles una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, “no hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del siglo XXI de cerca, simplemente adentrarse en lugares tan cercanos, a lo largo de los márgenes de nuestras carreteras, en donde hallar uno o varios clubs de alterne en cuyo interior se practica la prostitución con personas forzadas, esclavizadas, a las que, sin rubor alguno, se compra y se vende entre los distintos establecimientos, mientras tales seres humanos se ven violentados a ‘pagar’ hasta el billete de ida a su dignidad”. “Resulta fundamental resaltar que no estamos ante un delito que pueda ser cometido exclusivamente contra personas extranjeras, sino que abarcará todas las formas de trata de seres humanos, nacionales o trasnacionales”.

España es uno de los principales países de Europa de tránsito y destino de las víctimas de esta forma de esclavitud con una demanda muy importante que, de manera consciente o inconsciente, la respalda y alimenta. La reciente sentencia del Tribunal Supremo considera que es delito de trata de seres humanos la actividad de los clubes de carretera donde se esclaviza a mujeres extranjeras, en una resolución en la que, además de advertirnos de la cercanía del problema, hace un recorrido clarificando las distintas fases en las que se articula: captación, traslado y explotación. Muchas mujeres escapan de sus países de origen en busca de una vida mejor, sin saber en su huida que van a caer en las redes de las mafias y a trabajar para las mismas bajo el yugo de una amenaza constante por parte de sus traficantes. Las víctimas de la esclavitud sexual tienen dueño y viven atrapadas por el miedo a que estos les hagan daño a ellas o a sus familiares. “Se hace difícil comprender que los miles de hombres que acuden en busca de sexo de pago no sean conscientes del terror que se esconde detrás de cada consumo, o no quieran mirar más allá para tratar de comprender la trascendencia de su participación en esta cadena opresora que hace posible que hoy en día aún siga existiendo la esclavitud”, advierten voces como APRAM, una de las organizaciones que ayuda a víctimas de trata a salir de las redes y rehacer sus vidas.

Ley integral

La trata de seres humanos es un fenómeno complejo y global, que exige coordinación y formación entre todas las autoridades y recursos que intervienen en el proceso de detección, protección de las víctimas y persecución del delito.

La aprobación de una Ley Integral de Lucha contra la Trata de Seres humanos y Protección a las Víctimas ofrecería más garantías a las personas que sufren esta enorme violación de derechos humanos. Es lo que defienden las organizaciones que forman parte de la Red contra la Trata en el Estado español: Women’s Link, APRAMP, Proyecto Esperanza, entre otras. La Ley podría ser una herramienta para consolidar la perspectiva que sitúa a las víctimas en el centro de todo y garantizar un enfoque integral basado en derechos humanos. Una ley contribuiría también a algo fundamental: cambiar la percepción que la sociedad tiene sobre la trata y empezar a abordarla como un problema de derechos humanos.

Además, hay que completar y fortalecer el carácter integral asegurando que cualquier aproximación al fenómeno incorpore una clara perspectiva de género y de infancia porque justamente las mujeres y los niños y las niñas son la mayoría de víctimas de este delito. El sistema actual todavía no recoge estos aspectos y así las organizaciones de derechos humanos y las administraciones desconocen el alcance y la dimensión cuantitativa de la situación de niños, niñas y jóvenes víctimas.

El PSOE elaboró la pasada legislatura un Proyecto de Ley contra la trata de seres humanos y en particular con fines de explotación sexual que no llegó a ser tramitado. Entre las medidas preveía penalizar al cliente de la prostitución, perseguir a quienes faciliten pisos donde se ejerza esta actividad, la consideración de la trata con fines de explotación sexual como violencia de género o que la víctima “no será considerada culpable en ningún caso y en consecuencia no será sancionada”. La propuesta perseguía “erradicar la prostitución por su estrecha vinculación con la trata”.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, incluye la aprobación de una ley orgánica contra la trata con fines de explotación sexual.

España cuenta con un Plan de lucha contra la trata que teóricamente se evalúa y ajusta cada cuatro años. A pesar de las dificultades, es cierto que se han ido promoviendo avances, cambios en los modos de actuación y ciertas transformaciones en la percepción que la sociedad tiene acerca del fenómeno de la trata. Esto ha sido posible especialmente por el trabajo de las organizaciones. Ellas y, sobre todo, las supervivientes son las protagonistas de este día.

Entresemana

Tentaciones

Moisés Sánchez Limón

SemMéxico. Cd. de México. 30 de julio de 2019.- Cuando a las Fuerzas Armadas se involucró en la lucha contra las drogas, en aquellos años de la renovación moral de la sociedad, se advirtió el riesgo, enorme riesgo, de contaminar a una de las instituciones con mayor respeto y credibilidad en México.

Por supuesto no hay vacuna contra las tentaciones de hacerse del dinero fácil y los militares no están exentos de ser tentados por ese demonio que los lleva a la vida breve y de boato, el paraíso de los millones de dólares que garantizan todo menos tranquilidad.

Pese a que han sido bien calificados por una sociedad cada vez más ofendida por la impunidad que implica injusticia, soberbia y abuso de poder, hay historia varias de altos mandos que cayeron en prisión por sus nexos con la delincuencia organizada, protectores y socios en ese trasiego de la droga por las rutas que se marcaron en tiempos del sexenio de Ernesto Zedillo y la PGR a cargo de Fernando Antonio Lozano Gracia.

Hoy, sin embargo, no fue por cuestiones de droga la caída y sin duda juicio al que será sometido por un delito de cuello blanco, un militar de alto rango, funcionario de la Secretaría de la Defensa Nacional que fue cesado fulminantemente del área de Ingenieros Militares al descubrírsele acuerdos poco ortodoxos en la adquisición de pinturas, sí, pinturas.

Y es que esto de la adquisición de pintura no es cualquier cosa. Por ejemplo, está el caso de una vendedora de altos vuelos que en aquellos días de gloria del sexenio salinista visitaba a las entonces delegaciones políticas en el Distrito Federal y que era bien vista en las oficinas centrales de aquel Departamento del Distrito Federal.

Se trataba de una mujer atractiva, joven y con buen nivel de convencimiento, aunque éste, de acuerdo con versiones de funcionarios delegacionales, iba acompañado de propuestas de respaldo financiero con eso que era el diezmo, es decir, diez por ciento de participación de la venta total que se entregaba cash a quien autorizaba la adquisición de importantes volúmenes de pintura de una empresa harto conocida.

Esta dama respondía al nombre de Yeidckol y de apellido Polevsky, aunque legalmente se llamaba Citlalli Ibáñez Camacho y ocupaba un cargo en la Canacintra que la vinculaba directamente con la Secretaría General de Protección y Vialidad y enlace con el Departamento del Distrito Federal, entonces bajo la jefatura de Manuel Camacho Solís, el jefe de Marcelo Ebrard.

Sin ser propiamente empresaria, en 2002 Polevnsky fue elegida presidenta de la Canacintra.  Y su carrera va en ascenso; encargada de la presidencia de Morena, ha tenido una carrera accidentada que puede, no obstante, llevarla a ser elegida presidente del partido de Andrés Manuel López Obrador.

Pero, el tema es el antecedente de esos negocios poco claros y en los que prosperaba el diezmo en las ventas de pinturas que la señora Ibáñez realizaba en las 16 delegaciones del Departamento del Distrito Federal, con uso de esa relación de primer nivel que hizo con Camacho Solís y, por supuesto, con el equipo cercano al entonces regente y a los delegados políticos que en esos tiempos eran designados por el Presidente de la República, a sugerencia del regente.

Y, bueno, el comercio de las pinturas y la ambición que corrompe, fue el factor que llevó a la destitución del militar de alto rango en la Dirección de Ingenieros Militares, de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien hacía negocios con una dama, ¡caray!, vaya coincidencia, que era la proveedora registrada en la Sedena, en la pasada administración, por un altísimo mando de quien era compañera sentimental.

Por eso la influencia, por eso el derecho de evitar antesalas y firmar convenios de compra de importantes volúmenes de pintura requerida por la Sedena, con valor de cifras de varios ceros y, por supuesto la derivación del diezmo, que me dicen ya se elevó a más del doble y convirtió a esa proceso administrativo de adquisiciones en un negocio al que pocos le prestaban atención porque se trata de un producto de difícil seguimiento cuando es utilizado y diluido en el mantenimiento de las instalaciones militares.

El funcionario, militar de alto rango, fue destituido sin mucho ruido el pasado mes de mayo. Duró poco tiempo, la corrupción lo alcanzó; había sido nombrado en febrero. Así camina la 4T en espacios en los que tampoco hay vacuna contra la corrupción. 

¿Será esta, la del militar, una de las 20 mil denuncias que ha recibido la Secretaría de la Función Pública por presuntos actos de corrupción cometidos en el breve tiempo de la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador?

Es un tema que llama la atención, sobre todo en tratándose de un sector que suele dirimir sus asuntos dentro de casa. ¿Qué dirá el señorpresidente? ¡Nada!

Y la Ley de Extinción de Dominio…

Pero, bueno, en ese ánimo de combatir a la corrupción como piedra angular de su gobierno, al licenciado López Obrador no lo acompaña un equipo legislativo experimentado, de forma tal que en la recién aprobada Ley de Extinción de Dominio aparecieron los bemoles, incluso señalados por las diputadas federales de Morena Tatiana Clouthier y Lorena Villavicencio.

Ayer, en conferencia de prensa, a Villavicencio se preguntó acerca de, por ejemplo, si alguien que arrenda un inmueble, no sabe a lo que se dedica, porque tampoco se piden antecedentes penales al arrendatario y en la ley dice que si se comprueba esto, incluso se puede perder el predio.

–¿Qué garantiza el mantenimiento de estas propiedades cuando alguien renta o presta o incluso las mismas familias que a veces no saben a qué se dedican sus hijos o el esposo?

–Exactamente –respondió Lorena—. Por eso estamos preocupados, ustedes vieron que particularmente la diputada Tatiana Clouthier y una servidora nos abstuvimos justamente por este tipo de preocupaciones y por muchas de las cosas que expusieron diferentes partidos políticos de oposición, a lo largo del debate en lo particular.

Quiero decir que en Comisión de Justicia y en la Comisión de Gobernación, prácticamente todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en aprobar una ley de extinción de dominio, sin embargo, era muy importante, ya lo veíamos, hacer unos ajustes para no violar preceptos constitucionales, como los que ya señalé.

Seguramente, previó, esto será motivo de la presentación de una acción de inconstitucionalidad, lo veo claramente. Hay artículos que están violando las garantías de seguridad jurídica que establece la Constitución, que es el 14 y el 16; y también se está violando la presunción de inocencia, son principios básicos. Entonces esto puede ser motivo, como es una ley secundaria, sí se puede, digamos, promover una acción de inconstitucionalidad.

¿Por qué las prisas? ¿Para atender urgencias del señorpresidente en términos justicieros? Ni vacuna anticorrupción ni legisladores aplicados. Total, las leyes son perfectibles, aducen. Conste.

sanchezlimnon@gmail.com

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@msanchezlimon

La Señorita Triggs

Mtra. Arcelia Amador Gutiérrez, la primera y única presidenta municipal electa en Zacatlán Puebla

Georgina Cárdenas Acosta

SemMéxico. Cd. de México. 30 de julio de 2019.- ¿Sabías que el famoso y hermoso reloj Centenario de doble carátula que se encuentra en el Zócalo en Zacatlán fue colocado durante la administración de la primera y única presidenta municipal electa en Zacatlán Puebla?

Hace una semana tuve el gusto y la gran experiencia de conocer personalmente a la primera y única presidenta municipal electa en Zacatlán, ella es la maestra Arcelia Amador Gutiérrez, gobernó el pueblo mágico Zacatlán (de las manzanas) en Puebla de 1984 a 1987.

De acuerdo, a la Dra. Dalia Barrera, que es pionera en dar seguimiento a la presencia de las mujeres en los gobiernos locales de México, para el año de 1986 había 2, 378 municipios en el país, de ellos solo 69 eran gobernados por mujeres, lo que representa 2.9% del total; la maestra Arcelia Amador fue una de estas mujeres y la única gobernante en Puebla.

La maestra Arcelia Amador fue durante nueve años directora de una secundaria en Zacatlán, y cuando accedió al cargo también había sido la primera Regidora de Zacatlán. Su amplia trayectoria y experiencia fueron elementos importantes que posibilitaron su acceso a la candidatura y su triunfo.  De acuerdo, al INAFED, de 1972 a 2018 en Zacatlán han gobernado 15 personas y la única mujer electa ha sido la maestra; no obstante, el INAFED no incluye en su información que la maestra María Antonieta Reyes Núñez también fue presidenta municipal sustituta en 1996.

Durante la administración de la maestra Arcelia Amador Zacatlán vivió una transformación importante, acordó con varias personas realizar la pavimentación de las calles; en ese momento no había aportaciones federales para estos fines, pero era necesario cambiar la imagen urbana, de esta forma la ciudadanía cooperó con material y el municipio supervisó la obra y se pavimentaron aproximadamente 58 calles. También se cambió la imagen del zócalo y Relojes Centenario bajo la gerencia del Ing. José Luis Olvera Charolet, donó el reloj de doble carátula que es tan emblemático de Zacatlán.

Si bien la maestra Arcelia Amador señala que en algún momento hubo rumores sobre su vida privada, ella se dedicó a trabajar y no les dio importancia, apunta que un día “se cansaron y acabaron por respetarme”.

La maestra es una mujer emblemática de la zona, fue la primera mujer en comprarse un auto en Zacatlán y también fue la primera mujer a la que se lo robaron, fue la primera Regidora y la primera presidenta municipal. Otro des sus principales aportes fue comprar terrenos en los que se construyó el Colegio de Bachilleres, un Auditorio y años después también se construyó un Tecnológico en los terrenos que se compraron en su administración; ella narra que los predios eran indispensables para materializar los proyectos de construcción de planteles educativos y otras obras.

La maestra también fue dos veces diputada federal suplente y diputada local. Su nombre se encuentra en la galería de “Los hombres ilustres” y en el salón de exámenes profesionales del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla donde actualmente es la representante del sector social en el órgano de gobierno.

Sin duda la maestra Arcelia Amador es una política importante y sobre todo, un gran referente para las mujeres de esa zona que por mucho tiempo fue conocida como “La Atenas de la Sierra” por toda la riqueza cultural de su población, un lugar donde los pobladores tenían bibliotecas, tocaban piano a dos manos, construyeron los primeros relojes monumentales de América Latina, la gente pintaba, escribía y declamaba.

La próxima vez que vayas a Zacatlán recuerda que tras el diseño del hermoso zócalo hubo una presidenta municipal  visionaria, propositiva que quiso mejorar su entorno y que sabía que eso beneficiaría a toda la comunidad. 

Fotografía: La maestra Arcelia Amador portando la bandera, acompañada de integrantes del Cabildo.

Veracruzana Ana Gabriela López da medalla a México en los Panamericanos

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Redacción

SemMéxico/Billie Parker Noticias. Lima, Perú. 29 de julio 2019.- La pesista Ana Gabriela López Ferrer, en la división de 55 Kg. con 91 de arranque y 11 de envión Y total de 202 kilos, conquistó la medalla de bronce.

Ana Gabriela junto a Crisanto Grajales son dos de los veracruzanos que han aportado al medallero de México en los Panamericanos Lima 2019.

Exigen que el Congreso de Guerrero apruebe la Ley Olimpia

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* Protestan por exhibición de videos íntimos de una servidora pública

* En esa entidad hay 97 mercados de explotación digital

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 29 julio 2019.- Mujeres que militan en Morena- Acapulco, exigieron al Congreso del Estado agilizar la aprobación de la “Ley Olimpia” para frenar la violencia digital en Guerrero.

Yoloxóchitl Ávila Alcaraz, presidenta de Acción Femenil de la Asociación  “Acapulco nos Necesita”, acompañada de otras militantes de Morena, salieron a manifestar su total apoyo a Tania Sámano, directora de Catastro Municipal, de quien en días pasados, circuló un video con contenido íntimo.

Olimpia Coral Melo Cruz, impulsora de la llamada “Ley Olimpia”, ha señalado que en Guerrero, existen 97 mercados de explotación digital, que difunden sin consentimiento, ocho mil videos de mujeres y no son solo videos sexuales de pareja, sino incuso de madres amantando. De cada 100 mujeres y niñas, 87 sufren acoso a graves de las redes sociales, documentó Yoloxóchitl Ávila, al expresar su indignación ante la exhibición de la funcionaria pública municipal, militante también de su partido.

“Nosotras, mujeres como ella queremos que sepa que no está sola que, si tocan a una, nos tocan a todas, y hoy estamos aquí para manifestarle a ella nuestro apoyo y para exigir al Congreso del estado que apruebe a ley Olimpia”.

Las mujeres de Morena, indicó, exigen la inmediata aprobación de la ley Olimpia, que comprende la tipificación del ciberacoso, castigó a la difusión de contenidos íntimos y violencia digital, así como la reforma al código penal, con penas de cinco a 12 años de cárcel a quienes realicen estas prácticas. La iniciativa es impulsada en Guerrero por las diputadas Norma Otilia Hernández Martínez, Mariana Itallitzin García Guillen y Erika Valencia Cardona, desde hace ya varios meses.

La iniciativa se encuentra detenida en la Comisión de Justicia que preside el diputado local priista, Omar Jalil Flores Majul, “y no entendemos la razón por la cual aún no ha sido aprobada esta ley”, recalcó la conferencista.

Ávila Alcaraz exigió también la reparación completa para la funcionaria municipal, dijo que las mujeres no son propiedad de nadie, sus acciones son solo propiedad de ellas mismas, su vida profesional y salud mental no deben ser ultrajadas.

“Exigimos que nuestro espacio digital ya no sea violentado y que Guerrero sea de inmediato, el sexto estado capaz de castigar, este tipo de violencia contra las mujeres”, expuso Yoloxóchitl Ávila, quien destacó que esta ley no solo beneficiará a las mujeres, sino a todas las personas.

La “Ley Olimpia”, ya ha sido aprobada en Puebla (diciembre de 2018); Coahuila (junio de 2019), Chiapas (marzo 2019), y en este mes de julio en Oaxaca.

SEM/jap/sj

Mujeres y Política

La violencia machista y la narcopolítica

* Entre la conciencia y el hartazgo

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, 29 julio 2019.- Cada día es igual, más violencia y menos respuestas institucionales, porque si las hubiera, las cosas serían mejores y estaríamos contando otras historias. Lo cierto es que como sociedad estamos contando historias terribles.

La violencia contra las mujeres es evidente, ha sobrepasado a la sociedad y a sus instituciones. La sociedad o parte de la sociedad está molesta, porque sabemos con datos concretos y estadísticas reveladoras de qué tamaño es la simulación o incapacidad para enfrentar el fenómeno de la violencia contra las mujeres.

Y sí, es indispensable reconocer que sigue permeando la idea de que “eso” le pasa a “las otras”, no hay empatía con un problema común y permanente, que es cierto, es estructural, añejo. Lo cual es hoy parte del discurso de quienes están al frente de las instituciones para minimizar sus reales responsabilidades y “justificar” su inacción de décadas.

Las redes sociales –por la universalidad de su naturaleza- se han convertido, para muchas familias cuyas hijas fueron asesinadas o desaparecidas, en medios para mostrar la realidad que deja de ser fragmentada para mostrarnos, con mayor precisión, la cara de una realidad que duele a la sociedad, despierta conciencias, y agota o que provoca, ante lo abrumador del problema, rechazo o evasión como queriendo escapar de esa condición social que irremediablemente nos alcanza porque se ha sembrado la idea de que nada podemos hacer frente a esa realidad.

La pregunta que seguimos haciendo es la misma de siempre ¿por qué siguen ocurriendo estos actos criminales contra las mujeres? Y tenemos toda clase de respuestas, pero no hay ninguna solución. Todos los días en la palestra cientos de servidores y servidoras públicas hablan del problema social que representa la violencia contra las mujeres, los costos políticos y las repercusiones sociales. Nos dan “lecciones”…pero no salimos del mismo lugar.

Ahora mismo en el ámbito nacional, instituciones públicas realizan foros para determinar políticas públicas, como el ProIgualdad que realiza el Instituto Nacional de las Mujeres, o los que para septiembre prepara la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres sobre la asignación de recursos para la atención de la violencia en contra de las mujeres. Y qué decir de lo que el gobierno mexicano prepara en el ámbito internacional…

Y así, planes y proyectos hay muchos, como también dinero, que siempre parece insuficiente ante la desarticulada actuación de las instituciones que siguen sin admitir que hay una enorme simulación y, en consecuencia, poca eficacia, pero quizá lo más grave de estas simulaciones en la actuación de quienes deben accionar la justicia y que tiene que ver con las complicidades, a veces entre ellos, como hombres, y en ocasiones por cuestiones de poder político, económico y el poco reconocido elemento como potenciador de la violencia machista: el narcopoder.

El resultado es lo que vemos, oímos y leemos en los medios y redes sociales. La prensa televisiva y radiofónica está dividida en dos secciones: las noticias políticas de los señores y las noticias que antes no se contaban en esos espacios: las policíacas y que muchas veces, o casi siempre, son hechos de violencia patriarcal, porque son hombres contra hombres en demostraciones de fuerza o porque son hombres demostrando su superioridad frente a las mujeres.

Y si vemos esa realidad en las redes sociales es aún más abrumadora. Son ya incontables los casos de violencia feminicida y desaparición de mujeres que transmiten los medios digitales informativos, a veces solo como noticias del día, sin mayor contexto ni seguimiento, y otra buena parte, la producida por las familias de las víctimas de todos esos delitos, porque no todos los casos tienen la concurrencia de los grandes medios.

Sabemos o queremos pensar que sabemos las razones de la violencia feminicida y el feminicidio, la trata de mujeres como un “negocio híper-redituable”; incluso hay mapas y geo referencias sobre los lugares concretos, los municipios y los estados con mayor criminalidad en estos delitos; se habla de bandas que operan la trata de personas, han mencionado lugares o centros de divertimento, nos han dicho sobre cómo operan, pero insisto, ninguna solución al frente. Lo que deja inermes a las mujeres, como blancos de una sangrienta batalla.

Por eso insisto, señor Presidente, López Obrador, ni la guardia nacional ni nada podrá contra el crimen y en específico contra los crímenes contra mujeres, en tanto, no se actúe contra quienes, nuevos o viejos burócratas, sirvan a la narcopolítica, esa también es parte de la estructura social que avasalla la vida de las personas.

La corrupción va más allá de lo que se han robado priistas, panistas, verdes, azules o rojos. Eso está más allá del dinero embolsado por políticos sin escrúpulos que de presidentes municipales pasan a empresarios millonarios, de quienes han hecho de la política una mina de diamantes o petroleo en poco tiempo. Los señores del poder político lo saben y muchos se callarán por razones personales.

La narcopolítica es resultado de la corrupción estructural de la política mexicana –de ayer y de hoy- y, reitero, ha potenciado la violencia contra las mujeres en México. Las políticas públicas contra la violencia machista deben dar una vuelta de timón a 360 grados o seguiremos sembrando cruces por todo el territorio nacional.

La violación tumultuaria, en un retén militar en Altamirano

* Tres tzeltales, acusadas de zapatistas, fueron retenidas y torturadas

* (Los soldados) nos empezaron a molestar, diciendo que teníamos que ser revisadas

Roger Maldonado

SemMéxico, 29 julio 2019.- El 10 de junio de 1994, la comunidad de Morelia se comunicó con CONPAZ para informarnos de algo que sucedió en el retén militar, a la salida de Altamirano. Cuando llegamos al ejido Morelia nos dijeron que en una casa cercana estaba alojada una familia tzeltal de tres hermanas y su madre; luego nos narraron que el día 4 de junio al salir de Altamirano, fueron detenidas por el Ejército y con el pretexto de interrogarlas acusándolas de ser zapatistas, los soldados habían violado sexualmente a las tres hermanas, mientras su madre estaba detenida en un cuarto contiguo.

Esta familia era de una comunidad cercana a Morelia, pero ante la humillación por la que estaban pasando habían dejado su comunidad y estaban refugiadas con ellos. Las tres hermanas, Ana, Beatriz y Celia (nombres ficticios) tenían 20, 18 y 16 años de edad, respectivamente. CONPAZ y un representante de las agraviadas, así como los dirigentes de la comunidad, decidieron presentar una denuncia de los hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en San Cristóbal de las Casas.

CONPAZ emitió una Acción Urgente, que fue pasada por Amnistía Internacional a la comunidad mundial; preparamos una casa segura en San Cristóbal, ya que tenían que salir de la zona zapatista, pasando por el mismo retén. También se había publicado nuestra denuncia en el periódico La Jornada el 17 de junio de 1995 y los militares estaban alertas de su paso. Se escogió la casa de Alma y Meño en el barrio de Cuxitlali.

Luego busqué a la abogada Martha F., quien se puso en contacto con el grupo de mujeres de San Cristóbal para ofrecer un apoyo emocional a las tres hermanas. El día 30 de junio se puso la demanda, después de un examen ginecológico hecho por la Dra. Guadalupe, en el que se mostraban los efectos de la violación; sólo que esta denuncia fue atraída por la Procuraduría General de Justicia Militar y finalmente ésta decidió archivar el expediente, ya que al girar una orden de comparecencia las hermanas no quisieron estar de nuevo entre los soldados.

Muchos grupos de mujeres se unieron en defensa de Ana, Beatriz y Celia y su caso fue luego puesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos, en Washington, D.C. El 16 de enero de 1996 se presentó ante la CIDH la denuncia hecha por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en la que se alegaba la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos por la detención ilegal, violación y tortura de las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez.

La Comisión Interamericana asignó el número 11.565 al caso y también solicitó lo que en Derecho se conoce como la “solución amistosa”; CEJIL estaba dispuesto a discutirla, pero el gobierno de México no quiso aceptarla debido a las circunstancias del caso. CEJIL denunció que el Ejército había violado los siguientes derechos de las hermanas según la Convención Americana sobre Derechos Humanos: el derecho a la integridad personal (artículo 5); libertad personal (artículo 7); garantías judiciales (artículo 8); protección de la honra y de la dignidad (artículo 11); derechos del niño (artículo 19); y protección judicial (artículo 25).

En el documento de denuncia que se hizo en San Cristóbal el 30 de junio las hermanas manifiestan:

“Al pasar por el retén (los soldados) nos empezaron a molestar, diciendo que teníamos que ser revisadas, por lo que regresamos y tratamos de pasar por el otro retén que está a la entrada de un desvío al Ejido Jalisco. No quería que me revisara, porque tenía miedo de que nos quitaran el dinero que habíamos ganado o que nos molestaran de nuevo revisándonos nuestras personas, pues no me gusta y me da pena la forma en que nos tocan para ver lo que traemos entre nuestros vestidos… Los soldados empezaron a preguntar nuestros nombres… nuestra madre empezó a llorar y nos separaron… otros soldados nos preguntaron si éramos solteras, como dijimos que sí, nos dijeron que mejor, para que pasáramos una noche con ellos.

Como unos diez soldados nos agarraron y nos llevaron por la fuerza, jalándonos y aventándonos…, y metiéndonos a una casa que estaba ahí, sólo a nosotras, nuestra madre se quedó afuera… entre dos soldados me agarraron, uno me tiró al suelo y me detuvo que yo traté de defendernos con las manos y a mordidas, sin embargo eran bastantes los soldados que me estaban agarrando igual a mis hermanas y como no nos dejábamos, ellos continuaron golpeándome y a mis hermanas también, cada vez más hasta yo no pude defenderme. Vi al mismo tiempo cómo a mis otras hermanas las acostaron en el suelo cerca de mí… un soldado nos dijo que nos darían pastillas para no tener hijos. El primero que me agredió fue un soldado alto, gordo… sentí mucho dolor muy fuerte, sintiéndome que me moría y luego ya no supe qué pasó, después cuando volví, vi a otro soldado sobre mí y traté de gritar pero me puso un pañuelo en la boca.

Mientras estaban encima de nosotras se reían y decían cosas como: qué sabrosas están las zapatistas y qué bueno era que nos aprovecharan, recuerdo que mis hermanas gritaban mucho “suéltenos”… nosotras llorábamos y nos quejábamos de los golpes y de lo que nos habían hecho, luego que ya salimos pudimos ver a nuestra madre y también empezó a llorar, ya que ella había escuchado nuestros gritos desde afuera en donde nos tenían. Ella, igual que nosotros, no habla castilla, yo entiendo un poco de castilla pero no puedo hablarlo.”

En el análisis del caso ante la CIDH, primero se apunta que el gobierno México nunca tomó en cuenta algunas medidas de suspensión de garantías en Chiapas por lo que se demuestra que las cuatro mujeres fueron privadas de su libertad sin expresión de causa, sin que existiera la orden de una autoridad competente. En cuanto al derecho a la integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad, la CIDH asigna valor de plena prueba al certificado médico expedido por la Dra. Guadalupe  el 29 de junio de 1994 en San Cristóbal.

La violación sexual cometida por miembros de las fuerzas de seguridad (el Ejército) contra integrantes de la población civil ya fue analizada en la Antigua Yugoslavia, en donde se practicaba “como medio de humillar al adversario”, tal como fue en este caso al acusarlas de zapatistas.

En este caso, la CIDH estima que el trato que se dio a Delia Pérez de González, quien tuvo que asistir impotente a la vejación de sus tres hijas por integrantes de las fuerzas armadas mexicanas y luego compartir con ellas el ostracismo de su comunidad, constituye una humillación y degradación violatoria del derecho a la integridad personal que le garantiza la Convención Americana.

Ya que Celia González Pérez tenía 16 años en el momento de estos hechos, la Comisión Interamericana considera que la detención ilegal, seguida de los abusos físicos y de la violación sexual es contraria a los derechos del niño y determina que el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional de estos hechos.

Y, finalmente, ellas presentaron una denuncia ante los medios legales a nuestro alcance; sólo que el Ejército atrajo la denuncia hacia el foro militar, desde el que el procurador de Justicia Militar dijo en estos términos:

“Se recabó la ampliación de los civiles que presenciaron los hechos quienes manifestaron que en ningún momento hubo maltrato de obra o de palabra por parte del personal militar en contra de las supuestas agraviadas, mucho menos ataque sexual alguno… Cito a la Lic. Martha Guadalupe F. y al Sr. Roger Maldonado, supuestos representantes de las ofendidas… en razón de lo anterior, el Jefe de Averiguaciones Previas de Justicia Militar concluyó que la imputación en contra del personal militar es total y manifiestamente falsa.”

Del caso de la denuncia planteada en el ámbito interno con el fin de investigar la violación y tortura de las hermanas González Pérez que fue trasladada de la jurisdicción ordinaria a la militar, la CIDH aseveró que con esto las investigaciones fueron dirigidas por órganos potencialmente implicados, por lo que la independencia y la imparcialidad se ven completamente comprometidas.

El gobierno de México ha ignorado las recomendaciones hechas por la CIDH como siempre sucede cuando se acusa al Ejército. Este caso se caracteriza por la total impunidad ya que pasaron muchos años desde la fecha en que se cometieron y denunciaron las violaciones de derechos humanos, el Estado no ha cumplido con su deber de juzgar y sancionar a los responsables por la privación de libertad y violación al derecho a la integridad personal de las hijas de la familia González Pérez, ni ha reparado el daño causado por tales violaciones. Por el contrario, la investigación se trasladó a la jurisdicción militar, claramente incompetente en razón de materia y carente de la imparcialidad necesaria para establecer los hechos conforme al debido proceso.

SEM/rm

Debe ser política de Estado el combate a la violencia machista

* Realizan reunión con titulares de los Centros de Justicia para Mujeres

* Se destinarán a 24 entidades federativas 47.4 mdp para la infraestructura

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 29 julio 2019.- El estricto respeto a los derechos humanos y el combate a la violencia en contra de las mujeres, y que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se asuma como una política de Estado, plantearon hoy funcionarios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Al reunirse con las titulares de los Centros de Justicia para las Mujeres de todo el país, en la actualización del Modelo Integral de los Centros de Justicia para las Mujeres, Luis García López Guerrero, del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del SESNSP, destacó que estas políticas son prioridad en el gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Anunció que el Subprograma Acceso a Justicia para las Mujeres, destinará para 24 entidades federativas 47.4 millones de pesos para la infraestructura, el equipamiento y la capacitación de los Centros de Justicia para las Mujeres de todo el país. Asimismo, comunicó a las titulares de los Centros de Justicia la conveniencia de que se inviertan mayores recursos en esta materia.

A su vez, Abel Saldaña González, director de Análisis Institucional y Diseño de Políticas de Prevención de la CONAVIM, afirmó que debe ser política de estado el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, para que de esta manera se puedan destinar mayores recursos a la atención de esta grave problemática.

De acuerdo con un comunicado de prensa, agregó que este año el CONAVIM destinará un total de 110 millones de pesos para programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, como ya se había anunciado antes.

Se dio a conocer que CONAVIM realizará foros los días 19 y 20 de septiembre, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, para la revisión de los criterios mediante los cuales se asignan los recursos específicos para la atención de la violencia en contra de las mujeres.

Por su parte, Ivonne Anayely Morales Guerrero, directora de área del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, anunció que el mañana 30 de julio, durante la conmemoración del Día Mundial en Contra de la Trata de Personas, se pondrá en marcha una campaña y la línea de atención telefónica: 018005533000, que impulsa el SESNSP como miembro de la Comisión Intersecretarial para el combate a este ilícito.

SEM/sj

Flora Murray sufragista y doctora en medicina

* En 1912 fundó el Hospital de Mujeres para Niños

* Fue oradora, marchó en manifestaciones y realizó pruebas de primeros auxilios entre los sufragistas

SemMéxico, Cd. de México, 29 julio 2019.- Dra. Flora Murray, M.D. Orden del Imperio Británico (8 de mayo de 1869 – 28 de julio de 1923) fue una doctora en medicina británica, miembro de la «Unión Social y Política de la Mujer».

Flora nació en Murraythwaite, Escocia, hija de John Murray y Grace Harriet Graham. Asistió a la Escuela de Medicina para Mujeres en Londres y finalizó sus estudios en la Univerisad de Durham. Trabajó algunos años en Escocia antes de regresar a Londres, señala el portal Heroínas.

En 1905 Murray fue oficial médica en el hospital para niños de Belgrave, y luego se desempeñó como anestesista en el Hospital para Mujeres de Chelsea.

Se unió a la «Unión Social y Política de la Mujer» en 1908, desempeñando sus oficios médicos entre las militantes. Fue oradora, marchó en manifestaciones y realizó pruebas de primeros auxilios entre los sufragistas, acompañada de Emmeline Pankhurst y otras huelguistas luego de su salida de prisión.

En 1912 fundó el Hospital de Mujeres para Niños, en 688 Harrow Road, con la doctora Louisa Garrett Anderson. Proveía servicios de salud a los niños de escasos recursos del área, y les dio oportunidad a las doctoras mujeres de ganar experiencia en pediatría.

En la Primera Guerra Mundial sirvió en Francia con el Cuerpo Hospital de Mujeres. Junto a su amiga y colega, la Dra. Louisa Garrett Anderson, estableció hospitales militares para el ejército francés en París y Wimereux. Sus propósitos al principio fueron denegados por el ejército británico, pero finalmente se le permitió continuar con su labor.

Al estallar la guerra, había aproximadamente 1000 mujeres profesionales altamente calificadas en Gran Bretaña, incluidos las cirujanos y ex sufragistas militantes, la Dra. Flora Murray (1870-1923) y la Dra. Louisa Garrett Anderson (1873-1943). De sus tratos con los funcionarios, Anderson y Murray eran muy conscientes de la reacción negativa que recibirían ante cualquier idea de ayuda médica que les hicieran a las autoridades británicas, por lo que acudieron directamente a los franceses, que necesitaban desesperadamente ayuda médica.

La Cruz Roja Francesa les dio la bienvenida y les ofreció una unidad quirúrgica completamente equipada compuesta por doctoras y enfermeras capacitadas, con los brazos abiertos. El recientemente formado Women’s Hospital Corps, financiado por donaciones y obsequios que incluyen equipamiento, ropa y comodidades, partió para París el 14 de septiembre de 1914 y estableció su primer hospital militar en el lujoso entorno del Hotel Claridge de nueva construcción en Champs Elysee. El edificio requirió una gran cantidad de preparación y adaptación por parte del personal para que se ajustara a su propósito, y Flora Murray recordó que una vez que instalaron en el guardarropa de señoras un quirófano pequeño pero útil colocando un esterilizador de gas y potentes luces eléctricas,  usando  su suministro de agua caliente y sus cuencas. Luego, se solicitó al WHC que estableciera otro hospital en Wimereux, cerca de Boulogne, el primero en ser administrado por mujeres y reconocido por el ejército.

En 1915 continuaron su labor en Inglaterra.

Sus restos yacen en la Iglesia de la Santísima Trinidad junto a los de su colega Louisa Garrett Anderson en Penn, Buckinghamshire. La lápida sepulcral de Garrett dice «Hemos sido gloriosamente felices».

SEM-Heroínas