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“He sido muy libre y tal vez muy terca en mis planteamientos”: María Guerra Tejada

  • Murió el pasado 6 de junio, a los 80 años
  • Poeta y militante comunista; pionera de la reflexión sobre la tercera edad en las mujeres

Gloria Analco

SemMéxico, Cd. de México, 10 junio 2019.- Ella, nació 18 de febrero de 1939 en la Ciudad de México. Fue poeta historiadora, militante socialista y feminista. Fundó la página “La Mujer en el Mundo”, en el periódico El Día. Se convirtió a partir de 1995 en una promotora permanente por los derechos de las mujeres de la tercera edad. Participó en la fundación del Centro Cultural “Benita Galeana” y en el Grupo “Rosario Castellanos” (1994) y militante del Partido Comunista en la Coordinación Nacional de la Mujer. Cultivo una poesía intimista de una claridad hiriente. Falleció alrededor de la medianoche. Su nombre completo era María Marcela del Rosario Guerra Tejada.

Al morir acababa de concluir el poemario No basta con el mar… en el que consignó, ‘‘si muriera ahora, mientras trabajo, alguien diría al encontrarme: menos mal, estaba escribiendo como siempre”.

María Guerra Tejada es una poeta, teórica marxista-leninista, perteneció al Partido Comunista, fue docente en el CCH, donde se jubiló tras 29 años de impartir clases de Historia y Estética, fundó grupos de reflexión para mujeres de 50 y 60 años, fue periodista coordinando dos páginas en el periódico El Día, y aunque nunca militó en ningún grupo feminista, ha dado cursos de historia del feminismo.

A ella le ha gustado cultivar amistades que han enriquecido su vida, como con Benita Galeana, a quien acompañó a Cuba, en 1988, donde Fidel Castro abrazó a Benita, y ella le comentó que ese abrazo le sirvió para vivir feliz el resto de su vida; también la acompañó a Panamá, en 1989, cuando Benita fue invitada con alfombra roja por el general Manuel Antonio Noriega; y María trabó, asimismo, buena amistad con la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, con quien compartió el trabajo militante en el Partido Comunista, en su fase final antes de quedar fusionado en el PSUM, y compartió su poesía con Rosario Castellanos, cuando era adolescente.

Entró a la UNAM, en 1968, a estudiar Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, y cuando comenzaron a funcionar los CCH (Colegios de Humanidades), a principios de los años 70, concursó para una plaza de profesora y la obtuvo. Empieza entonces su actividad docente con una duración de casi tres décadas. Hizo la maestría sobre Estudios Latinoamericanos.

María Guerra es una mujer decidida, de fuerte carácter, que no le gusta rendir cuentas a nadie, salvo si hay una disciplina que seguir. Su vida está plagada de cosas interesantes, dignas de ser contadas. Participó, por ejemplo, en 1995, en los Diálogos de San Andrés, formando parte de un contingente de mujeres llamado “Grupo Rosario Castellanos”, el cual se conformó en respuesta a la convocatoria a la Convención Nacional Democrática que hizo el Subcomandante Marcos.

Nació en la Ciudad de México, el 18 de febrero de 1939, de madre guatemalteca, llamada Delfina Tejada, y padre yucateco, Jorge Guerra Leal. Fue una familia numerosa, de 11 hermanos, destacados profesionistas, y dedicados cuatro de las mujeres y tres de los hombres a las tareas de la docencia, algo que especialmente les inculcó su padre.

Su madre tocaba el piano, era su pasión, y su padre era abogado que sentía inclinación por las causas sociales, y que lo llevó a actuar en muchas ocasiones en defensa de los campesinos, algo que dejaría huella en ella e influiría en sus ideas.

María Guerra empezó a participar en política cuando ingresó al grupo de estudio llamado Estrategia, que editaba una revista con el mismo nombre, la cual tenía una gran aceptación en el público estudiantil de las librerías. Estaba integrado por Alonso Aguilar, Jorge Carreon y Fernando Carmona, entre otros.

Era un grupo político que basaba su estudio en la teoría política marxista-leninista, y el trabajo de ella, dentro de ese grupo, consistía en la difusión de la revista, además de prestar mucha atención a su formación política.

Fue el preámbulo a su entrada al Partido Comunista, cosa que hizo después de regresar de unas vacaciones en la, en ese entonces, República Democrática Alemana (RDA), donde en esos momentos su hermano Ricardo Guerra era el embajador de México.

En ese país le impresionó el desarrollo de la seguridad social, especialmente la atención y énfasis que el gobierno ponía en los programas sociales a favor de la mujer, sobre todo de las mujeres que daban a luz, quienes podían pasar tres meses en casa con sus bebés, con goce de salario.

La entusiasmó ese sistema, y cuando regresa a México decide ingresar al Partido Comunista, en 1980, después de que charlas con un amigo terminan convenciéndola.

Ahí va a desarrollar una tarea política vinculada al proyecto de maternidad voluntaria y el derecho al aborto, aunque también le interesa cuestionar la política interna del PC a través de su Comisión Internacional, donde ingresa y tiene vínculos con mujeres de Centroamérica. Desde sus comienzos en el PC ella se sentía más radical que muchos de sus compañeros, en el sentido de querer ir más a fondo en la lucha comunista.

En ese entonces, Amalia García Medina era la coordinadora nacional de la mujer en el PC, y trabaja estrechamente con ella en diversos temas, lo que las acerca y las convierte en excelentes amigas.

Cuando se disuelve el Partido Comunista, en 1982, para fusionarse con otras fuerzas políticas y formar el PSUM, ella ingresa a ese nuevo partido que reúne a todas las fuerzas de izquierda, pero no se vinculó estrechamente a la tarea política porque observó constantes pugnas por cuotas de poder que desde el principio se producen, y algo parecido sucedió en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), luego de que se disuelve el PSUM para integrarse al nuevo partido, por lo cual dejó de ser activa militante desde 1990.

María Guerra coordinó, entre 1987 y 1994, dos páginas en el periódico El Día, tituladas: “Infancia, mito y realidad” y “La mujer en el mundo”, trabajo que quisiera volver a repetir, ya que le trajo muchas satisfacciones.

Gran parte de su tarea política fue orientada hacia la educación, además de los temas de la mujer, sobre los que va a trabajar casi toda su vida. Pero también le interesó profundizar en el tema de la función económica del trabajo doméstico, sin el cual, ella piensa, “se caería el mundo entero”. Propone entonces que la mitad del trabajo doméstico la realicen las mujeres y la otra mitad los hombres.

Para ella, el feminismo es la lucha en contra de la opresión a las mujeres, sea por el Estado, el gobierno, el hombre o cualquier otra entidad.

También tuvo una cercanía importante con Vilma Espín, quien fue presidenta vitalicia de la Federación de Mujeres Cubanas, cuyo contacto le permitió impartir cursos sobre historia del feminismo en Cuba, y le abrió las puertas para escribir sobre el llamado “Periodo especial”, que tuvo lugar en Cuba en los años noventa.

María Guerra relegó la poesía en aras de la política, cosa de la que se lamenta. Publicó su primer libro de poesía, titulado: “En donde duele el tiempo”, en 1990; el segundo, “Vocación de Viento”, en el año 2000, y el tercero, “No es un río”, en 2008. Su inclinación por la poesía es muy poderosa. Su poesía es realmente muy vigorosa.

Una de las vivencias que más la enriquecieron como persona fue la amistad que entabló con Benita Galeana, quien de joven había pertenecido al Partido Comunista. Su casa ahora es un museo que se organizó en su memoria. Benita fue una de las mujeres mexicanas más importantes del siglo XX, que vivió hasta los 91 años, y luchó por un estatuto jurídico y el seguro social para los trabajadores, entre otras cosas.

María describe su amistad con Benita como una relación madre/hija. Su vínculo con ella fue muy estrecho, y compartieron momentos muy sobresalientes. Ambas viajaron a Cuba, en 1988, a un encuentro de mujeres, donde Fidel Castro recibió a Benita y cariñosamente la abrazo. Ella diría a María, posteriormente, que con ese abrazo de Fidel iba a vivir feliz el resto de su vida.

Al año siguiente, Benita le dijo en una ocasión a María que ya tenía otro novio, se estaba refiriendo al general Manuel Antonio Noriega, en esos momentos presidente de Panamá, a quien le había enviado la autobiografía que escribió y llamó “Benita” con una dedicatoria, en la que se presentaba como su novia, en recompensa porque él se había enfrentado a los estadounidenses. La respuesta no tardó en llegar y Noriega la invitó a visitar Panamá.

Benita le pidió a María que la acompañara y juntas viajaron al país centroamericano. Fueron recibidas con la alfombra roja, y en su habitación del hotel cinco estrellas, Benita encontró un enorme ramo de flores con una dedicatoria del general Noriega: “Para mi novia Benita”. Luego la recibiría en el palacio de gobierno y charlaría ampliamente con ella.

Cuando se produjo el movimiento zapatista, en 1994, Benita ya estaba en silla de ruedas –moriría un año después-, pero eso no fue un impedimento para llegar hasta Chiapas a hacerle los honores al subcomandante Marcos.

Entre otras expresiones artísticas de María vinculadas con la política, como su poesía en muchos casos, puede contarse el corrido que le compuso a Lucio Cabañas cuando murió, en 1974. Ella sintió mucho su muerte, y buscó perpetuar su memoria en un corrido, que incluso prestó los derechos para una película.

He aquí la estrofa que se repite: “Lucio Cabañas caminó sin miedo por la montaña, porque sabe que su pueblo en la lucha lo acompaña. Camina Lucio camina y no te detengas que el pueblo está ya cansado de tanta muerte y miseria”.

Actualmente, además de la poesía, María dedica parte de su tiempo al “Grupo de Reflexión para Mujeres Rosario Castellanos” que formó desde 1993 para mujeres de 50 y 60 años, y en los cuales se tratan los temas del origen de la opresión, la doble moral, maternidad o no, y las mujeres y la culpa, entre otros. Al principio los impartía sólo ella, pero luego de dos años se incorporó a ellos su hija Raquel, psicoanalista, y desde 1995 trabajan como un solo equipo.

Estos talleres han significado para María la expresión más bella de lo que ha tenido, además de sus hijos, desde luego. Ella se casó con un estadounidense, Sam Larson, profesor, quien también perteneció al Partido Comunista. Se divorciaron a los nueve años de matrimonio. Tuvieron tres hijos: Raquel, Samuel y Jorge, que le han dado cuatro nietos. Samuel es sonidista que escribió el libro “Pensar el Sonido”, y Jorge es biólogo, dedicado a los temas de la biodiversidad.

Más tarde, conoció a Jorge Turner Morales, panameño, quien fue embajador de su país en México, político, diplomático e intelectual, con quien vivió 20 años, hasta la muerte de él, acaecida muy recientemente.

Ella se autodefine de la siguiente manera: “He sido muy libre y tal vez muy terca en mis planteamientos”. *

SEM/ga

Cerca de 87 millones etiquetados para organizaciones feministas irá a gobiernos estatales

Ni diputadas, ni líderes, ni consejeras hicieron cambiar a la dependencia de Gobernación.

Sara Lovera

SemMéxico. Cd. de México. 7 de junio de 2019.- El dinero para fortalecer a las organizaciones feministas y de mujeres, será para los gobiernos de los estados y destinados a erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo adolescente. Nada hizo cambiar la decisión, ni feministas, ni diputadas. Se ajustó a los deseos del presidente, la dependencia de gobernación, antes instituto autónomo.

Los casi 87 millones de pesos serán administrados por los institutos o secretarías de la mujer, en proyectos ejecutados directamente con las niñas, sin ninguna intermediación, ni pago a personal de estructura. Cada instancia hará un proyecto que debe concursar al fin de junio, la convocatoria se publicó hoy en la web del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) responsable del proyecto, que fue cambiado.

Este dinero  durante 18 años fue destinado al fortalecimiento de las organizaciones civiles y feministas de mujeres, y ahora será el primer recurso directo para la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes ENPEA  que impulsó el gobierno de Enrique Peña, y que debían operar 13 instituciones, sin recursos específicos.

El programa re expresado por INMUJERES, luego de atender la circulas 1 del presidente de la República de no entregar ni un centavo a las organizaciones sociales, fue discutido casi cuatro meses, a pesar de las gestiones para que se cumpliera con el programa denominado PROEQUIDAD creado apenas nació el Inmujeres y que no se daba a “intermediarios”, cuando era para fortalecer directamente a las organizaciones de mujeres.

Aunque no se informó a los institutos municipales –donde se ubican las cifras de alta y muy alta fecundación en menores- si se explicó a las titulares de lo que genéricamente se llaman mecanismos de las mujeres, que tendrán esos recursos para apoyar un problema –que por lo visto no está en otras instancias- y que revela, como se hicieron los estudios en el sexenio anterior, que el embarazo infantil está muy ligado a la violencia sexual contra las niñas.

Ante el hecho consumado, se prepara un pronunciamiento de los Consejos Consultivo y Social de Inmujeres, donde participan mujeres de OSC y también académicas o técnicas, quienes desde febrero reclamaron el cumplimiento del Pro equidad “no tanto por la cantidad de dinero”, sino por el sentido de fortalecer al movimiento de mujeres. Ahora los argumentos del nuevo Pro equidad son claros.  Los proyectos son para que contribuyan a erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo en adolescentes. Cada institución recibirá como máximo 2millones 697 mil pesos, para ejercer en 5 meses.

No podrá ser usado para pago de personal, sino que se realizarán acciones de prevención, atención, formación y difusión, directamente a niñas que hayan abandonado la escuela y a los municipios donde la estadística señale de muy alta, alta y media fecundación en niñas y adolescentes. Datos que existen en Inegi y especialmente en el Instituto de Salud Pública que operada desde 2014 la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes ENPEA, que no tuvo recursos financieros específicos.

De esta forma el INMUJERES mantiene el nombre del programa PROEQUIDAD, reclamado por las organizaciones sociales que no son intermediarias –un programa que era para fortalecerlas tomando en cuenta lo que hacían- y también se exculpó de comparecer ante la Cámara de Diputados, argumentando que el programa como tal no está etiquetado en el Presupuesto de  Egresos de la  Federación (PEF)

Ahora se destina a las Instituciones de Mujeres de los Estados IMEF para que impulsen acciones con perspectiva de género que promuevan la autonomía y posibiliten el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, con el propósito de contribuir a erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo en adolescentes mediante acciones de prevención, atención, formación y difusión.

Las vigilarán a través de contralorías ciudadanas, observatorios ciudadanos o algún instrumento homólogo para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las acciones comprometidas en los proyectos beneficiados, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados almismo.

Está prohibida la Compra y renta de vehículos; elFinanciamiento de deudas; a Renta o compra de inmuebles; el Pago de gasto corriente y servicios generales (renta de bienes muebles, agua, luz,impuesto predial, etc.). Así como proyectos ya realizados, es decir que se pretenda cubrir su presupuesto de manera retroactiva o resarcir créditos puente; pago de plantilla de personal de estructura, ni compensaciones de ninguna especie; comprobar los recursos aprobados y transferidos de acuerdo con la normativa aplicable, así como resguardar la documentación y productos generados en el proceso de ejecución de sus proyectos.

NADA A LAS OSCS

El INMUJERES y su junta de gobierno  discutieron el destino de los recursos de Pro equidad, y desde febrero en su primera reunión los resguardó a consulta. Es decir Inmujeres pudo no crear este conflicto en virtud de que eran recursos directos y para beneficiarias concretas. No obstante mandó sus dudas y la Secretaría de la Función Pública se declaró incompetente, no veía desvío alguno. Y señala claramente, en documento del 7 de marzo de 2019, mediante oficio 110.-545, su la Unidad de AsuntosJurídicos señaló: “ No obstante, de los antecedentes invocados en el documento de solicitud de consulta (la circular 1)se aprecia que la finalidad del programa PROEQUIDAD es apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de las mujeres y las niñas mexicanas, de lo cual, se desprende inicialmente que dichas organizaciones fungen como intermediarias y no como beneficiarias directas de los recursos, toda vez que se les apoya para que desarrollen proyectos orientados a impulsar el adelanto de las mujeres y la igualdad de género,considerándose a la propia población femenina como beneficiaria del programa aludido”. Y agrega: “…De conformidad con lo antes citado, esta Unidad desde el punto de vista presupuestario considera que es responsabilidad del ejecutor del gasto, como parte de la Administración Pública Federal, observar lo dispuesto en la Circular Uno”.

Ayer, no obstante el acuerdo es antiguo, en boletín oficial el Inmujeres dice que tiene el compromiso de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de las mujeres en México mediante la rectoría de las políticas públicas para la igualdad de género, programas y estrategias que disminuyan las brechas de desigualdad. 

Y mantiene el nombre del programas, a pesar de ser totalmente distinto: “Uno de esos mecanismos es el Pro equidad, que opera desde 2002 con el fin de atender los temas prioritarios de la agenda para el desarrollo de las mujeres. En 2019, el INMUJERES lanza la convocatoria del Pro equidad con el objetivo de impulsar acciones dirigidas a contribuir a erradicar los embarazos infantiles y a disminuir los embarazos en adolescentes a través de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas.

SE JUSTIFICA Y ARGUMENTA; EN REALIDAD EXISTE EL ENAPEA 

En México, cada año hay aproximadamente 400 mil nacimientos de madres de entre 15 y 19 años, y casi 11 mil de madres menores de 15 años (CONAPO, 2016).

La cifra de 71 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años coloca a nuestro país en los primeros lugares de embarazo adolescente a nivel mundial (ENADID, 2018).

Debido a la prevalencia de dichos datos, el Pro equidad 2019 centrará sus esfuerzos en atender dicha problemática que obstaculiza la autonomía de las mujeres y afecta sus posibilidades de salud, educación, trabajo, desarrollo personal y comunitario.

La convocatoria evaluará los proyectos de prevención, atención, formación y difusión con perspectiva de género, interseccionalidad y derechos humanos que presenten las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas.

ARGUMENTA

Derivado de las respuestas, el INMUJERES realizó las modificaciones necesarias para que la convocatoria del PROEQUIDAD 2019, con el idéntico monto aprobado por la Junta de Gobierno, se dirija a las IMEF de conformidad con las nuevas prioridades establecidas.

Modificación de las temáticas de la Convocatoria del PROEQUIDAD 2019

Debido al grave problema que representa en México el embarazo en niñas y adolescentes, la convocatoria del PROEQUIDAD 2019 se enfocará en contribuir a erradicar los embarazos infantiles y disminuir los embarazos en adolescentes mediante acciones de prevención, atención, formación y difusión.

El embarazo infantil y en adolescentes, además de poner en riesgo la vida e integridad de las niñas y las jóvenes, constituye un obstáculo para su progreso personal, social y profesional, limita el libre desarrollo de sus competencias y habilidades, trunca sus aspiraciones, así como sus proyectos de vida.

No solo es una cuestión de salud pública, sino que es de origen multifactorial y por ello deben participar todos los sectores del país.

La focalización de los recursos en una problemática de estas dimensiones permitirá visibilizarla, involucrar a instancias, autoridades, organizaciones y centros de investigación en su solución, y coordinar los esfuerzos conjuntos.

En resumen, la convocatoria tiene el objetivo de apoyar a las IMEF para que impulsen acciones conperspectiva de género que promuevan la autonomía y posibiliten el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, con el propósito de contribuir a erradicar los embarazos infantiles y disminuir los embarazos en adolescentes mediante acciones de prevención, atención, formación y difusión.

Las tareas de los IMEFS son:

Ciudadanía y derechos sexuales y reproductivos;Curso de vida y proyecto de vida; Participación juvenil;Innovación y difusión.

La pretensión es que el Pro equidad 2019 coadyuve y fortalezca la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) e impulse el cumplimiento de las recomendaciones internacionales emitidas a México por el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y la Convención sobre los Derechos de la Niñez.

Esta convocatoria establece que las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas deben contemplar la participación ciudadana e integrar contralorías, observatorios ciudadanos o algún instrumento homólogo para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las acciones comprometidas y el ejercicio del presupuesto.

El Instituto Nacional de las Mujeres tiene la plena convicción de que la transformación de México depende del bienestar directo de las niñas, niños y adolescentes con mayores desventajas sociales. Por ello, nuestro compromiso está en fortalecer el trabajo interinstitucional, intersectorial y con las organizaciones sociales para derribar los obstáculos que frenan el pleno goce de los derechos de las mujeres y de las niñas y adolescentes, en particular.La convocatoria se puede consultar en:  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467821/CONVOCATORIA_PROEQUIDAD_2019_.pdf

Asesinatos de Pamela Terán y Sol Cruz Jarquín son feminicidios

  • Se confirma lo que desde hace un año hemos exigido: Soledad Jarquín

Redacción

SemMéxico. Oaxaca de Juárez, Oax., 7 junio de 2019.- La reciente resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca es una muestra de lo que hemos planteado desde el principio sobre la investigación hecha por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca. Se observa que ésta se efectuó sin perspectiva de género y, por tanto, no fueron considerados los asesinatos de Pamela Itzamaray Terán Pineda y María del Sol Cruz Jarquín como feminicidios y tampoco dentro de un contexto de violencia política.

Así lo afirma la madre de María del Sol Cruz Jarquín, la periodista Soledad Jarquín Edgar, quien señala que el Fiscal General de Justicia de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, hizo durante el último año caso omiso a los señalamientos que en ese sentido hizo ella y organizaciones feministas y de periodistas. “Por el contrario en mi caso he recibido descalificaciones por parte de Vasconcelos Méndez”.

Estamos frente a hechos de dilación de la impartición de  justicia, porque a un año del triple asesinato sólo una persona se encuentra vinculada a proceso, lo que ocurrió el pasado 2 de junio, en tanto que una persona más no fue vinculada, hecho que revela -como dice el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca-, una “deficiente y negligente investigación” sobre lo ocurrido la madrugada del 2 de junio de 2018 en la localidad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Todas estas omisiones, sin duda perversas, dan como resultado la violación a los derechos fundamentales de las víctimas por parte de la Fiscalía, como ya hemos dicho, reitera Jarquín Edgar, quien recuerda que la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no ha vinculado la carpeta de investigación por probable delito electoral de los hermanos Montero López, misma que está concluida de acuerdo con la fiscal especializada en Delitos Electorales, Araceli Pinelo López desde agosto pasado.

El Tribunal explica con argumentos claros y en base a la normatividad nacional e internacional que la Fiscalía de Oaxaca no realizó como correspondía su trabajo, el mismo que deja hasta hoy en la impunidad el feminicidio de María del Sol, quien fue obligada por el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca (hoy Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano), Francisco Montero López, del gobierno estatal que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, de donde ella era jefa del Departamento de Comunicación Indígena e Intercultural, a sabiendas que cometía un delito electoral, porque fue designada para apoyar con su trabajo profesional, como fotógrafa y videasta, la campaña política de Hageo Montero López, candidato del PRI-PVEM-PNA a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza. Es decir, usando recursos públicos, penados por la ley

Al igual que el Tribunal de Oaxaca, hemos planteado que en ese contexto el crimen de la concejala con licencia e integrante, en segunda posición, de la plantilla del entonces candidato Montero López, así como el de mi hija, deben ser considerados como feminicidios en un contexto de violencia política de género “que puede catalogarse como un feminicidio por desprecio u odio hacia esas víctimas, contempladas así en el artículo 411 fracción VII…del Código Penal del Estado, y no sólo acreditar un hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja, como al final de cuentas ocurrió”, refiere Jarquín Edgar quien cita la resolución de emitida por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

Por otro lado, la periodista Soledad Jarquín Edgar dijo que después de la protesta exigiendo justicia para María del Sol Cruz Jarquín en la capital oaxaqueña el pasado sábado, junto con organizaciones de la sociedad civil, feministas y defensoras de derechos humanos ha sido objeto de ataques del Fiscal General de Justicia, Vasconcelos Méndez quien ha señalado a la prensa: “…En respuesta, el Fiscal dijo que ”es compromiso de la Fiscalía General con la sociedad oaxaqueña no dejar que se afecte el trabajo técnico con presiones diversas que manipulan información con objetivos personales, económicos, políticos o de otro tipo distintos al de la justicia””. (https://pagina3.mx/2019/06/dice-fiscal-que-no-cede-a-presiones-que-manipulan-informacion-con-objetivos-personales-economicos-y-politicos/)

De igual forma, afirmó que es ampliamente conocido que desde la Fiscalía se utilizan “boots” para desacreditar toda acción de protesta, exigencia o demanda de justicia por parte de las familias o de organizaciones no gubernamentales frente a los nulos resultados, lo que ha hecho tal instancia gubernamental poniéndola en riesgo, por lo que responsabilizó al gobierno de Oaxaca en caso de que algo le ocurra a ella, a su familia y a las personas cercanas a ella.

Cierra el primer refugio para mujeres en Guanajuato

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Una de las entidades con mayor grado de violencia hacia las mujeres.  

Elda Montiel

SemMéxico. Guanajuato. 7 de junio de 2019.- Por falta del recurso federal cerró el único refugio para mujeres víctimas de violencia en la ciudad de Guanajuato, después de 18 años de trabajo, y con cuatro familias resguardadas. 

El refugio “Formación de la Joven Guanajuatense” es el primero en cerrar, el pasado 31 de mayo, cuando la Secretaria de Salud no aprobó su proyecto para recibir el recurso federal por el que concursaron en la convocatoria a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR).

El pasado 15 de mayo notificaron al refugio que este 2019 no recibirán los 5 millones de pesos que solicitaron para funcionar con el argumento de falta de personal que observó la autoridad cuando realizó una visita, personal que no pudieron solventar ante la falta de recursos.

Cuando es conocido que los refugios funcionan, los primeros meses del año, sin el recurso por el retraso en la entrega del fondo etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el cual este año asciende a 346 millones 482 mil 708 pesos.

Adriana Arroyo Florentino, ex directora del refugio informó que ninguna de las cuatro familias que estaban resguardadas aceptaron ser trasladadas a un refugio de otra entidad para comenzar de cero en su proceso, por lo que están en riesgo. No se trata dijo, del cierre de un refugio, se trata de salvaguardar su vida. 

Arroyo Florencia respecto al cierre del refugio que estaba a cargo de la organización civil con el mismo nombre,manifestó su preocupación por que el resto de los centros que salvaguardan vidas de mujeres y están a cargo de la sociedad civil corran la misma situación, ya que están trabajando sin recursos desde hace cinco meses. 

La grave situación de violencia contra las mujeres en Guanajuato está documentada, ya que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta 5 víctimas de posible feminicidio en la entidad y 94 mujeres víctimas de posible homicidio, en lo que va del año. Así como la segunda entidad con el mayor número de mujeres que presentan lesiones dolosas, 2 mil 188 en el mismo periodo.

El refugio “Formación de la Joven Guanajuatense” recibía a mujeres y sus familias de varios municipios de la entidad, ya que, desde hace seis años, cuando cerró el otro refugio del gobierno estatal, era el único en la capital del estado. Se tiene conocimiento de que sólo existen dos refugios restantes en la entidad que pertenecen al gobierno.

La Procuraduría de Justicia local y los Institutos de las Mujeres municipales eran quienes canalizaban los casos hacia el refugio, el que tenía una capacidad para albergar a siete familias hasta abril de este año. 

Los cambios anunciados por el Ejecutivo federal a principios de año de no trasladar recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil provocaron que parte del personal determinara irse por falta de pago.

El personal que se quedó lo hizo por el compromiso en el acompañamiento de víctimas, ya que la atención de casos de violencia de género requiere una atención integral por parte de psicólogas.

Otro argumento de la autoridad para no autorizar el recurso, es que los niños y niñas no acudían a las escuelas públicas del municipio, lo que constituye un riesgo para los niños y las madres ante la posibilidad de que los agresores los busquen.

En el refugio “Formación de la Joven Guanajuatense” había una maestra que se encargaba de la educación personalizada a cada niño y niña, pero no se consideró.

Arroyo Florentino, tras señalar que las cuatro familias que salieron del refugio, permanecen en monitoreo por parte de las autoridades, y otras mujeres, ex usuarias del refugio, tuvieron que ser referidas a las instancias gubernamentales para continuar con su tratamiento psicológico que recibían en el centro de atención externa.

Explicó que los centros de atención son la cara pública de los refugios, donde permanecen las mujeres sus hijos e hijas por tres meses. Para el centro se solicitó 1.5 millones de pesos, recurso que también se negó.  

Arroyo Florentino dijo que, aunque se aseguró la continuación del tratamiento de las mujeres, no será el mismo servicio integral y especializado que recibían en el centro.

No hay opción de que el refugio vuelva a funcionar, ya que, sin financiamiento federal, municipal o estatal, el consejo directivo de la organización civil manejada por religiosas decidió su cierre definitivo, mientras que la Red Nacional de Refugios (RNR) a la que pertenecía el centro,también lamentó su cierre, en un comunicado

De acuerdo a datos de la Red Nacional de Refugios (RNR) señalan que al 80 por ciento de los 41 refugios y 39 centros de atención extrema que conforman la Red, la Secretaría de Salud se les notificó que ya fueron aprobados sus proyectos inscritos a la convocatoria que emitió para que reciban el subsidio federal, pero con recortes de uno a dos millones de pesos respecto al fondo que recibieron el año pasado. 

Si se agrega la situación de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha prolongado la entrega de éstos recursos lo que pone en riesgo la existencia de los mismos.

Cabe recordar que después de varias negociaciones y protestas por parte de las organizaciones feministas y de la sociedad civil los refugios para mujeres víctimas de violencia son los únicos proyectos que han esquivado la medida del presidente Andrés Manuel López Obrador de no entregar recursos a organizaciones civiles. 

Necesario consolidad más herramientas para garantizar la justicia para las mujeres y niñas

Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 05 de junio 2019.- Con el objetivo de presentar el diagnóstico sobre la violencia feminicida en México y diseñar una metodología que sirva para la revisión de los casos de homicidios dolosos y feminicidios, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República llevaron a cabo el Taller Nacional de “Acceso a la Justicia para las Mujeres y las Niñas en Casos de Muertes Violentas”.

En la inauguración, Nadine Gasman, presidenta del INMUJERES expresó: “estamos ante el reto de homologar los conceptos, la tipificación y la técnica jurídica para sancionar adecuadamente los delitos de género, en el marco jurídico mexicano para conseguir que el principio de igualdad entre mujeres y hombres sea efectivo, no solo en las leyes sino en su aplicación”.

Por su parte Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República (FGR), comentó la necesidad de avanzar en una adecuada procuración de justicia que lleve a una sanción justa del delito, la cual tiene que estar orientada por una investigación que identifique todos los actos que llevaron al feminicidio; “no podemos dejar de atender todas las demás violencias contra las mujeres, ya que una respuesta poco oportuna puede culminar en un feminicidio”.

En tanto, Candelaria Ochoa Ávalos, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) hizo un llamado a las fiscalías para enfocarse en mejorar las carpetas de investigación, ya que estas “son prioridad para alcanzar justicia. Las carpetas de investigación no han pasado la prueba para que las mujeres obtengan justicia ante un crimen, ya que hay una gran impunidad y omisión en esta materia”.

Las funcionarias destacaron que el problema de la violencia contra las mujeres es un fenómeno que se da en todas las etapas de su vida como lo muestran los siguientes datos:

  • A nivel nacional 4.4 millones de mujeres mayores de 15 años sufrieron violencia sexual durante su infancia.
  • 45% de las mujeres de 15 años y más han vivido, por lo menos, un incidente de violencia durante el último año.[

Asimismo, coincidieron en que si bien hay avances en la armonización legislativa con perspectiva de igualdad de género en las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de todas las entidades federativas y en la legislación que tipifica el feminicidio, la realidad es que la existencia de la ley, por sí sola, no garantiza su efectiva aplicación.

En ese contexto, destacaron que la justicia debe mirar a las mujeres y acercarlas a la igualdad sustantiva, y para lograrlo, la perspectiva de género es una herramienta fundamental para garantizar una respuesta judicial idónea, inmediata y oportuna para las mujeres.

“Todavía enfrentamos barreras que superar para hacer del derecho a la justicia un derecho y no un privilegio. Justicia significa, también tener acceso a la salud, la educación, el empleo, la cultura y a vivir sin violencia. El Gobierno de México asume como nunca, su responsabilidad primaria de garantizar la seguridad, la protección de la vida de las mujeres y la construcción de procesos de paz”, concluyó Gasman.

Las funcionarias de las instituciones convocantes al taller reiteraron su compromiso para dar acompañamiento a las y los agentes del ministerio público, peritos, juezas y jueces, policías e investigadores, personal de trabajo social y de salud, para que cuenten con las herramientas indispensables para atender los casos de violencia contra las mujeres.

Al Taller asistieron titulares de mecanismos de igualdad de género de 26 entidades federativas y 42 fiscalías de todo el país, así como funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Federal.

SEM/IL

Retiran de sus cargos a dos funcionarios de la Universidad Policial por abuso sexual

El Rector y el Director General de Adiestramiento, de la Universidad Policial (Unipol), fueron retirados de sus cargos. 

Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero.  5 de junio de 2019.-  El Rector y el Director General de Adiestramiento, de la Universidad Policial (Unipol), fueron retirados de sus cargos, en tanto se desarrollan las investigaciones respecto a la denuncia hecha por mujeres cadetes, a través de redes sociales, de supuesto abuso sexual, informó el Secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, quien aseguró que el 80 por ciento de los elementos de la corporación, han sido capacitados con perspectiva de género.

En conferencia de prensa en la que anunció la detención de supuestos integrantes de un grupo delictivo, el responsable de la seguridad publica en la entidad, dio a conocer que dicha corporación cuenta con 4 mil 200 elementos operativos por parte de la Secretaría, y mil 200 administrativos,  de los cuales “en su mayoría”, dijo, el 80 por ciento, han sido capacitados o “por lo menos han ido a un curso en perspectiva de género”.

Al hacer referencia a la denuncia hecha por cadetes, y las publicaciones sobre la misma, Portillo Menchaca dijo que no considera que haya agresión sexual en contra de las denunciantes, pero sí apuntó, la nota “es de índole de acoso con enfoque lascivo, esa es mi consideración”.

Al momento aseguró que no cuenta con una denuncia formal por parte de las supuestas afectadas, ni victima identificada, lo que conoce, es lo publicado en los medios de comunicación “yo fui a la Unipol, me entrevisté con algunos instructores, por supuesto con las cadetes, y les manifesté que tiene todo el apoyo del Secretario para que ésta investigación se lleve a cabo de manera puntal y objetiva”, les habría dicho.

Sin embargo, dijo que luego de conocer la denuncia, tomó la decisión de retirar de sus cargos, al rector de la Unipol, y al Director General de Adiestramiento – capitán Néstor Cruz Rosalino, el directamente denunciado-; como medida cuartelar para que las investigaciones se lleven de manera puntual y objetiva, según dijo.

El Secretario de Seguridad Publica, aseguró que a la dependencia le interesa aclarar “la nota, y la fotografía”, para seguir generando certeza en la institución. 

Finalmente precisó que son 12 las cadetes en proceso de adiestramiento, pero que muchas más mujeres como instructoras y elementos en activo. Para el esclarecimiento de ese asunto, solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la Contraloría Interna del Estado, de la Secretaría de la Mujer, de la Comisión para Prevenir, y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres.

Los dos funcionarios, siguen activos al interior de la SSP, pero no con el mismo cargo.

Punto de Acuerdo para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de María del Sol Cruz Jarquín

Se demanda al gobierno del Estado y del municipio garanticen la seguridad de la periodista Soledad Jarquín Edgar. 

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México.5 de junio de 2019.- Ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó la diputada Lorena Villavicencio Estrada, de la fracción parlamentaria de Morena, el punto de acuerdo para que la Fiscalía General de la Republica atraiga el caso y garantice el derecho a la justicia en el feminicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, ocurrido el 2 de junio del 2018 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.  

Además de que la Fiscalía General de la República atraiga de manera urgente el caso para evitar la prevalencia de la impunidad, se demanda se inicie una investigación pronta y expedita que dé con los autores materiales e intelectuales, a fin de aplicar la sanción correspondiente  y garantice la no repetición de los hechos. 

En el Punto de Acuerdo, también se exige al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, al gobierno del Estado de Oaxaca y al municipio de Oaxaca de Juárez, que garantice la seguridad de la periodista Soledad Jarquín Edgar, investigue y sancione las agresiones en su contra.    

A las autoridades electorales, den seguimiento a la carpeta de investigación iniciada y al cumplimiento de las sanciones impuestas a las autoridades. 

Tras señalar que es muy grave la violencia política que se ejerce en los casos de feminicidio, y en particular en este caso, la diputada Lorena Villavicencio, expresó su apoyo y solidaridad a la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol, en la búsqueda de justicia, pues a un año de los acontecimientos, el hecho se mantiene impune. 

En conferencia de prensa, la legisladora explicó que no se tiene confianza en las autoridades de Oaxaca, dado que a un año de los hechos no ha habido avances, razón por la que se solicita a la Fiscalía General de la Republica atraiga el caso. 

Se precisó que la Fiscalía estatal, a pesar de que el 28 de agosto detuvo a uno de los presuntos feminicidas, este fue puesto en libertad el 4 de septiembre, cinco días después, a pesar de las pruebas existentes. 

La joven de 27 años, fungía como Jefa de Departamento de Comunicación Indígena Intercultural en la Dirección de Fortalecimiento Cultural e Interculturalidad de la Subsecretaría de Desarrollo Indígena, adscrita a la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), cuyo titular era Francisco Javier Montero López.

De manera ilegal comisionó a María del Sol a cubrir la campaña electoral de su hermano: Hageo Montero López, candidato a la presidencia municipal de Juchitán, Oaxaca. En ese marco la fotoperiodista fue asesinada junto con la candidata a concejala Pamela Terán Pineda y el joven Adelfo Guerra Jiménez. 

A pesar de la queja en materia electoral y después de un largo procedimiento y de pasar por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras dos apelaciones, dicha sala consideró que se trata de una conducta especialmente grave e impuso una multa al ex candidato Hageo Montero López de $90,691.60 sin que hasta la fecha se haya realizado.

A ese contexto se suma las agresiones y amenazas – incluida la amenaza de muerte- a la periodista feminista Soledad Jarquín Edgar, quien desde el primer momento inició la búsqueda de justicia para su hija.

Por su parte, la periodista Soledad Jarquín, señaló que la investigación del feminicidio de su hija se pide se trate como feminicidio, y también se considere como un crimen político de género, toda vez que siguió una práctica de actuar a favor de un partido, en este caso el PRI, lo que es un delito electoral. 

Respecto a sus demandas de justicia y manifestaciones públicas realizadas en Oaxaca a un año del feminicidio de su hija, y afuera de la fiscalía local, dijo que la respuesta del fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Beltrán ha sido la de señalar que la periodista tiene otros intereses. Cuando la Fiscalía de Oaxaca a un año no tiene nada en concreto. 

Al respecto la diputada Lorena Villavicencio recalcó, que se pide justicia en este caso particular, porque además del feminicidio hay un delito de violencia política por lo que tiene que ser la Fiscalía General de la República la que inicie la investigación. 

Soledad Jarquín, también a pregunta de los reporteros sobre si había tenido acercamiento con el gobernador Alejandro Murat, indicó que al principio se comprometió a garantizar el cumplimiento de la justicia, pero conforme pasaron los meses se vio que no fue así.

Además de que hay relación entre los Murat y los Montero López de negocios, compra de terrenos y energía eólica, por lo que no es posible que vaya a acusar a unos de sus funcionarios.

Por una homologación de tipo penal único para feminicidios, Lorena Villavicencio 

Por esta situación, la diputada morenista reiteró su compromiso en trabajar por la legislación de la homologación del tipo penal de feminicidio en todo el país, sumado a los trabajos del impulso de un código penal único. 

Así como el impulso de legislación para tipificar la violencia institucional principalmente en contra de las víctimas de violencia.

Desde la subcomisión para casos de feminicidios de la cámara de diputados que preside y de la mano de la sociedad civil así como con familiares de las víctimas y organismos en materia de DDHH, informó que ya se analiza la posibilidad de impulsar la Ley General para la prevención, atención, investigación y sanción de los feminicidios en México.

Por lo que dijo, es urgente la erradicación de la ruta de la impunidad enunciando las prudenciales características de ésta.  

Resistencia a realizar investigaciones relacionadas a delitos cometidos por razones de género. Así como la revictimización y violencia institucional. Mal manejo del hallazgo y pérdida de la evidencia. Inconsistencia de dictámenes periciales. Falta de análisis de contexto. Violación a los derechos de las víctimas.

Inexistencia de mecanismos efectivos de supervisión, evaluación y sanción de servidores públicos y Ausencia de perspectiva de género en resoluciones del poder judicial

La diputada Lorena Villavicencio Ayala tras afirmar que “no queremos ni una asesinada más” aseguró que los feminicidios pueden prevenirse, por lo que manifiestó la preocupación por el cierre definitivo que gradualmente se ha venido dando en torno a los refugios y casas de emergencia para mujeres víctimas de violencia. 

Advirtió que es sumamente grave que entre los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio se esté documentando que en lo que va del año se oscila entre los 1150 y 1200 feminicidios en lo que va del 2019, que es lo que se tiene documentado.

Está grave situación de violencia contra las mujeres tienen variables aterradoras como el incremento del feminicidio infantil, la relación entre feminicidio y crimen organizado, así como las desapariciones con fines de esclavitud sexual y posterior asesinato, mismas que deben ocupar al estado mexicano y a todas sus instituciones en materia de prevención, atención, investigación y sanción para su erradicación.

La legisladora, acompañada por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y observantes de la violencia feminicida, en conferencia de prensa, expresaron su indignación porque no hay avances en la investigación y se comprometieron a estar atentas de las acciones y omisiones de las autoridades federales, estatales, municipales y autónomas, para que este caso no quede en la impunidad. 

Piden 2da Alerta de Violencia de Género para Zacatecas

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En lo que va del año se han registrado 20 casos de desaparición.


Redacción 

SemMéxico. Cd. de México. 5 de unio de 2019.- El contexto criminal que vive el estado de Zacatecas y la no implementación de las recomendaciones de la primera Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, emitida en agosto de 2018, derivó en que el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas, con el  acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), solicitaran una nueva Declaratoria de Alerta por Violencia de Género, en los municipios de Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas. 

La persistencia de un grave contexto de violencia feminicida impacta en las mujeres y niñas zacatecanas, pues en lo que va del año se han registrado 20 casos de desaparición, localizando sólo al 20%, mientras que el 80% sigue desaparecida.

Asimismo, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, durante 2019 se han iniciado 5 carpetas de investigación por feminicidio; de éstas, tres están en trámite y solo dos están judicializadas.

Las políticas, programas y acciones derivadas de la primer alerta, no consideran el contexto criminal que se vive en el estado, por lo que estas son mínimas, limitadas y presentan importantes carencias desde su diseño. Además de carecer de un presupuesto etiquetado y transparente para cumplir con dicho fin. 

Aunado a ello, a casi un año de su emisión, las recomendaciones no han sido implementadas de forma correcta y los resultados son casi nulos, por lo que es urgente su revisión, así como la revisión de las acciones realizadas por el estado de Zacatecas, pues basta mencionar que de 16 acciones urgentes, solo se han cumplido 3,  y éstas no han sido suficientes para revertir el contexto de violencia feminicida en la entidad. 

Cabe enfatizar que el contexto de criminalidad y la desaparición de mujeres no fue considerado por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que analizó la primera solicitud, y mucho menos fue tomado en consideración al establecerse las medidas de prevención, seguridad, justicia y reparación, motivo por el cual no se decretaron medidas que tuvieran como objetivo corregir las políticas públicas y señalar acciones específicas que sirvieran para atender esta situación, lo que ha provocado que se agrave dicho contexto en perjuicio de la vida, integridad y seguridad de las mujeres zacatecanas.

De manera particular es necesario mencionar que en el 2018 apareció un cartel nuevo en Zacatecas (célula del cartel de los Chapos), lo que derivó en el repunte de la violencia criminal en el estado, producto de la disputa por los territorios y mercados con las organizaciones criminales, los cuales operan en las distintas regiones e impactan de manera negativa en la vida e integridad de las mujeres.

Ante ello, el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas, y como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) hicieron un llamado para que:

-La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) analice la solicitud y realice las acciones necesarias, a fin de que el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia sea garantizado.

-Se declare la segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para Zacatecas, contemplando el contexto criminal, decretando medidas acorde a esta problemática y especificando qué autoridades son responsables de cada una de las acciones.

-Se conforme un Grupo de Trabajo que sea integrado por personas expertas que conozcan el contexto de violencia, el territorio y que hayan realizado acompañamiento a víctimas directas e indirectas, con el objetivo de acercarse a la realidad y actuar lo más apegado a lo que ésta requiere.

-Se dicten las medidas específicas para atender el grave contexto de violencia feminicida, y para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio y la desaparición de mujeres y niñas en la entidad.

-Se revise de manera urgente, el programa que se elaboró por el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEV) para dar cumplimiento a las recomendaciones y se asigne un presupuesto específico para la implementación de las mismas.

-Se sancione a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión obstaculicen la implementación de las recomendaciones de la 1ra Declaratoria y/o el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

“Como defensoras de los derechos de las mujeres y como organizaciones de la sociedad civil, vemos lastimosamente que en Zacatecas, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia no está garantizado. De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía del estado al OCNF, en el 2018 desaparecieron un total de 63 mujeres y niñas, de las cuales 55 fueron localizadas con vida y 8 sin vida, asimismo, fueron asesinadas 65 mujeres, de las cuales 23 casos son investigados como feminicidios, siendo Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Calera, Jalpa, Ojocaliente, Pinos, Tabasco, Villa de Cos y Villa González Ortega los municipios de mayor preocupación” señaló el OCNF en un comunicado.

Frente a este contexto, exigen se tomen acciones que vayan acorde a la problemática que se vive en el estado y estarán atentas de las acciones que realicen las autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de que las mujeres y niñas del estado puedan ver materializado su derecho a una vida libre de violencia y accedan a la justicia.

SEM/GR

Inmediata búsqueda y localización de Frida Sofía Viveros, estudiante de la BUAP

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Llaman a la comunidad universitaria para difundir el cartel sobre la desaparición de la estudiante para su pronta localización. 

Elda Montiel 

SemMéxico. Cd. de México. 5 de junio de 2019.- La inmediata búsqueda y localización de la estudiante Frida Sofía Viveros Trujillo, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Puebla, de la cual se desconoce su paradero desde el pasado 3 de junio, fue exigida tanto a las autoridades judiciales de la entidad como de la Universidad.

El colectivo Aequus-Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en voz de Víctor Rogelio Caballero Sierra, hizo un llamado a la comunidad universitaria para difundir el cartel sobre la desaparición de la estudiante para su pronta localización. 

Asimismo, demandó a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla implementar todos los protocolos y la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, con perspectiva de género.   

A las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) les demandó total acompañamiento a los familiares de la estudiante desaparecida y colaboración proporcionando toda información que pudieran tener sobre la desaparición, que no se deslinden de su responsabilidad de velar por los intereses de sus estudiantes, y no caigan en los errores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en casos similares.

Manifestó su confianza de que el ambiente de frenesí en la entidad por las pasadas elecciones ya se hayan disipado, y que la sociedad se vuelque en la búsqueda de Frida Sofía Viveros, ya que es un signo de la violencia que vivimos en todo el país.  

Situación de violencia e inseguridad que la clase política solo ha respondido con demagogia, impunidad, negligencia e indolencia. 

Exhorto para respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales: CONAPRED

Hizo un llamado a las instancias para que no lleven a cabo prácticas discriminatorias que criminalicen al trabajo sexual. 

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 5 de junio de 2019.-El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) exhortó a los poderes legislativos federal y locales para evitar aprobar o derogar cualquier disposición normativa en torno al trabajo sexual que atente o sea regresiva de los derechos humanos de las personas que realizan esta actividad de manera voluntaria. 

Asimismo, hizo un llamado a las instancias y de seguridad pública de los diferentes ámbitos de gobierno para que no lleven a cabo prácticas discriminatorias que criminalicen al trabajo sexual, a quienes lo ejercen, y a quienes lo solicitan.

En el marco del Día Internacional de las Personas Trabajadoras Sexuales, que se celebra el 2 de junio de cada año, el CONAPRED manifestó su preocupación por los contextos de violencia a los que se enfrentan diariamente los y las trabajadoras sexuales.

Precisó que no solo por los prejuicios y estigmas, sino por las prácticas discriminatorias que se derivan por la edad, el origen étnico, la identidad de género o las condiciones de pobreza. 

El organismo de prevención, señaló su preocupación por aquellas disposiciones normativas y prácticas discriminatorias y que a nivel federal, local y municipal resulten contrarias al reconocimiento, protección y garantía de los derechos de las personas trabajadoras sexuales sancionando a este tipo de trabajo como una falta administrativa o como un delito.  

Precisó que las regulaciones de este tipo parten de una perspectiva moralista de exclusión, estigmatización, discriminación, y violencia hacia las personas que realizan trabajo sexual que de ninguna manera puede constituirse como el fundamento de la acción pública.

Destacó que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha mencionado que en México la vulneración de los derechos que experimentan las personas trabajadoras sexuales no se limitan solo a su actividad, sino a las discriminaciones que previamente se acumulan sobre ellas al pertenecer a poblaciones específicas. 

Se ha documentado que cuando las personas trabajadoras sexuales dejan de ser vistas y tratadas como delincuentes, corren menos riesgos de sufrir tácticas policiales agresivas y se reorienta la atención a la defensa de sus derechos humanos.

Además, en México el ejercicio del trabajo sexual voluntario entre personas mayor de edad está permitido fundamentado en los derechos a la igualdad y no discriminación y a la libertad de trabajo, previstos en los artículos 1° y 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Existen precedentes judiciales que señalan el camino que se debe seguir en la interpretación de los derechos en esta materia como el Juicio de Amparo 112/2013, emitido por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en el que se establece que el trabajo sexual no debe verse  desde una simple calificación moral ni tampoco como una infracción administrativa sino como un trabajo que al no estar prohibido por  la ley debe validarse siempre y cuando sea libremente elegido por la persona. 

Por tal motivo toda regulación jurídica encaminada a la sanción o criminalización del trabajo sexual, ya sea como una falta administrativa o penal constituye un retroceso en materia de derechos humanos y atenta contra el principio por persona -plasmado en la Constitución desde el 2011 y que otorga en todo tiempo a las personas su protección más amplia- o el principio de progresividad de los derechos humanos.

Debe señalarse además la obligación de toda autoridad de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos y de prohibir todo tipo de conducta discriminatorias establecidas en la Constitución, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. 

Por ley se prohíbe el matrimonio infantil en México

Salvo en Baja California, que conserva excepciones y dispensas en sus leyes estatales.

Redacción 

SemMéxico/Notimex. Cd. de México. 5 de junio de 2019.- A partir de este martes, entró en vigor en 31 Códigos Civiles de los estados de la República la prohibición del matrimonio de menores de 18 años de edad, salvo en Baja California, que conserva excepciones y dispensas en sus leyes estatales.

Con la publicación de un decreto, quedaron derogadas diversas disposiciones que permitían el matrimonio a partir de 16 años de edad para los hombres y 14 años para las mujeres, así como la posibilidad de que autoridades locales y familiares concedieran dispensas o consentimiento para que se llevara a cabo.

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto con el que se reformó el Artículo 148 y otros del Código Civil Federal, en materia de prohibición de matrimonio infantil.

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) celebró la entrada en vigor de esa reforma, pues ayudará «a impulsar un cambio cultural para erradicar las uniones forzadas», y con ello proteger los derechos y el interés superior de los infantes, destacó.

En 2016 la prohibición del matrimonio entre o de personas menores de 18 años de edad estaba vigente en 18 entidades del país y varias de ellas aún contaban con excepciones y dispensas legales que lo permitían.

Desde su creación a finales de 2015, la Secretaría Ejecutiva del Sipinna se unió al esfuerzo conjunto para prohibir el matrimonio infantil a nivel federal y local, entonces encabezado por organismos internacionales y diversas organizaciones de la sociedad civil.

En esta labor también han participado dependencias como la Secretaría de Salud (SS); el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF); la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación; el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Además, los consejos nacionales de Población (Conapo) y para Prevenir la Discriminación (Conapred), así como organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y ONU Mujeres.

El 21 de marzo pasado, el Senado de la República aprobó, por votación unánime, las reformas para prohibir el matrimonio infantil en el Código Civil Federal del país, que es uno de los 10 con mayor número de casos, con casi un millón 300 mil al año. El dictamen también fue aprobado en la Cámara de Diputados.

Este esfuerzo conjunto ha logrado un avance significativo, primero con la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la que se redujo de manera importante el número de matrimonios infantiles, y ahora con su prohibición.

Paridad en la banca de desarrollo en sus Consejos de Administración

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Se  reformó la Ley de Instituciones de Crédito en México.

Redacción 

SemMéxico. Cd. de México. 5 de junio de 2019.- Este 4 de junio el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la reforma al artículo 44Bis de la Ley de Instituciones de Crédito de México que instruye a las instituciones de la Banca de Desarrollo para que en forma progresiva integren sus consejos independientes con igual número de hombres y mujeres.

Ello sucede a dos días de haber logrado la mayoría en  los congresos de las entidades federativas que aprobaron la reforma Constitucional para  la paridad total que reformó recientemente 9 artículos de la Carta Magna de la República. Y sobradamente  hasta ayer 24 Congresos de los 32 de las entidades federativas  ya habían aprobado por unanimidad la minuta de reforma constitucional que reconoce #ParidadEnTodo.

Así la administración de las instituciones de banca de desarrollo estará encomendada a un consejo directivo, cuyos consejeros independientes deberán integrarse de forma paritaria y se hará de manera progresiva. De forma que, en tanto no se alcance la paridad, cuando sea necesario nombrar un nuevo integrante del consejo directivo, se deberá elegir a una persona del género que tiene menor representación.

El artículo 40 de la misma ley  establece que «la administración de las instituciones de banca de desarrollo estará encomendada a un consejo directivo, cuyos consejeros independientes deberán integrarse de forma paritaria, y a una dirección general, en los términos de sus propias leyes orgánicas».

Dicha iniciativa la presentó la senadora Vanessa Rubio Márquez, en septiembre del 2018. En diciembre del año pasado, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; Para la Igualdad de Género, y de Estudios Legislativos, entregaron el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 40 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 44 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito. Y fue hasta ahora que se publicó, aunque esta fue la reforma pionera de paridad tras la de 2014 para la representación en las listas electorales. Así fue  adelantándose a las reformas a nueve artículos de la Constitución con el objetivo de garantizar la paridad de género en los tres poderes, órganos autónomos, gobiernos estatales y municipales, aprobados por la Cámara de Diputados.

Esta reforma constitucional que pronto entrará en vigor con la aprobación de la  mayoría de los  congresos locales, ya fue avalada en el orden de primera a última, en   Chiapas,  Yucatán,  Quintana Roo,  Querétaro,  Sinaloa, ‪Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas, Jalisco,  Baja California Sur,  Chihuahua, Morelos, CDMX,  Oaxaca, Durango,  EDOMEX,  Michoacán,  Colima,  Campeche. 19 hasta el 3 de junio.

Y este 4 de junio se discutió y aprobó en  San Luis Potosí,  Coahuila, Guanajuato, y Tabasco. 23 entidades.

Este miércoles se espera discutir y aprobar en Puebla; el jueves  en  Veracruz y el próximo lunes 10 de junio en Sonora.

De esta forma la reforma Constitucional de la Igualdad total está lista para su reglamentación inmediata en todo el gobierno federal y sus órganos autónomos. 

GR/SL

Propone diputado en Guerrero visibilizar la participación de las mujeres en el ámbito público

Incorporar la figura de paridad de género en la ocupación de los cargos de elección popular y libre designación.  

Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico.Chilpancingo, Guerrero.  4 de junio de 2019.- Marco Antonio Cabada Arias, diputado local de Morena, propuso reformar la  Constitución Política del Estado de Guerrero, en materia de paridad política y garantizar la visibilización de la participación de las mujeres en el ámbito público.

Explico que dicha reforma tiene la finalidad de incorporar la figura de paridad de género en la ocupación de los cargos de elección popular y libre designación, tanto en los tres poderes como en los organismos públicos autónomos y organismos con autonomía técnica, en los dos niveles de Gobierno Estatal y Municipal.

Se busca, agregó Cabada Arias, identificar y reducir las barreras que impiden que las mujeres puedan acceder a las oportunidades laborales en igualdad de condiciones, a fin de incrementar la participación de las mujeres en la fuerza laboral, reducir la brecha salarial de género y promover la participación de las mujeres en puestos de liderazgo. 

De esta manera dijo, se establecerá un criterio estipulado en la ley para asegurar la participación igualitaria en la definición de candidaturas. Se obliga a que en la Constitución Local, los partidos políticos promuevan y garanticen la paridad entre los géneros en la integración y postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso del Estado de Guerrero.

Refirió que la situación actual de las mujeres en México en el ámbito de la política, se caracteriza por tener una presencia y participación limitada en los cargos públicos de toma de decisiones fundamentales para la sociedad en su conjunto.

Realidad que indicó el diputado, se ve reflejada en los datos e información estadística que visibilizan la situación de desigualdad de género en la esfera política del país, de ahí que “fomentar la paridad de género en la práctica política, es un gran reto, ya que es importante alcanzar las igualdades de oportunidades entre hombres y mujeres”, subrayó.

La iniciativa propone reformar,  los artículos 2 párrafo tercero; 5 fracción VI y XVII; 11 fracción III; 16; 17 fracción II y III; 18; y diversos numerales, en los que se establece la paridad de género en la definición de cargos públicos. La iniciativa fue turnada a la comisión de Estudios Constitucionales.

Guerrero queda fuera de los congresos locales en aprobar la paridad

Las activistas se dijeron “engañadas” por las legisladoras que se habrían comprometido a socializar su petición.

Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico.Chilpancingo, Guerrero. 4 de junio de 2019.-  Mujeres de distintas organizaciones civiles, protestan en el Congreso Local, esperaban la aprobación de la reforma constitucional con la que se determina la paridad de género, en los tres niveles de gobierno; Guerrero, quedó fuera de los 17 Estados en avalar dichos cambios constitucionales. 

Confiadas por el apoyo que de manera verbal, desde la semana pasada les habrían ofrecido diputadas de distintos grupos parlamentarios, en el sentido de que en la sesión de este martes, la 62 legislatura avalaría la reforma de distintos artículos de la Constitución Política, en materia de paridad de género, aprobada ya por la Cámara de Senadores y el Congreso de la Unión, las activistas, esperaban que sucediera lo mismo en el legislativo local.

Sin embargo, de acuerdo al trámite legislativo, en esta sesión, solo dieron cuenta del oficio enviado por el Congreso de la Unión, en el que informan al pleno del Congreso Local de dicho comunicado, el cual fue remitido a la comisión de Estudios Constitucionales.

Esto generó el descontento de las activistas, quienes prácticamente arribaron a la tribuna provisionalmente instalada en el salón de un conocido hotel al sur de la capital de Estado, donde se declaró recinto oficial, luego de que la sede legislativa, continúa tomada por parte de trabajadores sindicalizados.

Las activistas reclamaron a los diputados su falta de compromiso con la deuda que han llamado “histórica” con las mujeres y exigieron que en ese momento, fuera aprobada dicha reforma.

Martha Alicia Naranjo Gómez, representante de Red de Mujeres Defensoras de los Derechos políticos Electorales y Cidhal, expuso “aquí el detalle es que la diputada Norma Otilia recibió un documento donde le informamos que fuera lo más pronto posible, y hoy nos venimos enterando que no había llegado el documento, muchos no tenían conocimiento, apenas hoy lo iban a presentar en el orden del día y será aprobado hasta el día jueves”.

Las activistas se dijeron “engañadas” por las legisladoras que se habrían comprometido a socializar su petición, si como a cabildear para que la reforma fuera aprobada lo antes posible, “la diputada Norma Otilia simplemente nos dijo que le entregáramos un documento para la presidenta Verónica –presidenta de la Mesa Directiva- y el diputado Helguera –presidente de la junta de Coordinación Política (Jucopo)-, y vimos que no, se hizo una discusión entre legisladores, echándose la bolita uno con otro, si nos sentimos engañadas”, narró Naranjo ….

 Lamentaron que con esto, Guerrero, que se ha distinguido como pionero de la paridad, en esta ocasión se haya quedado a la zaga “queríamos ser parte de los 17, y hacer historia, como siempre Guerrero, ha hecho historia en estos procesos de las mujeres”.

Luego de este conflicto, diputados y diputadas como Héctor Apreza Patrón, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Guadalupe González Suástegui del PAN, Verónica Muñoz Parra y Alicia Zamora Villalba, se acercaron a las inconformes, y ofrecieron aprobar la reforma el próximo jueves.

Mujeres del Flamenco: “FlamencoWoman»

Cuenta con un importante elenco de artistas que han participado tanto al cante, al toque, como al baile.

Redacción

SemMéxico/AmecoPress. Madrid. 4 de junio de 2019.- QRProducciones, la Revista Cultural Blanco Sobre Negro y la Tertulia Flamenca “Amigos de Paco Peña” de Córdoba producen este documental cordobés sobre la importancia femenina en el flamenco, que dirige José Manuel Rosario.

El CEP de Córdoba y el proyecto de igualdad del SEP Luis de Góngora han servido como marco para la ‘preview’ del documental“FlamencoWoman. Mujeres del Flamenco”, producido por QRProducciones, la Revista Cultural Blanco Sobre Negro y la Tertulia Flamenca “Amigos de Paco Peña” de Córdoba.

A esta prueba Alpha Tester, que se engloba entre los actos que la Sección de Educación Permanente “Luis de Góngora” ha realizado dentro de su proyecto de igualdad 2018-2019, ha acudido un número reducido de invitados, entre los que se contaba: profesorado y alumnado del SEP, parte del equipo artístico y técnico, y algunos invitados por parte de otros colaboradores.

José Manuel Rosario es el director de “FlamencoWoman. Mujeres del Flamenco”, cuyo guionista es Rafael Lora junto con Alba Espert, coguionista y directora artística de la obra. El documental cuenta con un importante elenco de artistas que han participado en ella, tanto al cante, como al toque, como al baile: las cantaoras María José Abad y Emi Ramos, participando fugazmente Amparo Ramos; el baile ha contado con la presencia de la finalista del premio 2019 para jóvenes flamencos, Lorena Doblas La Rubia. El toque de guitarra, solista y acompañamiento, ha tenido en las manos de Alba Espert -Premio 2018 Vicente Amigo de Jóvenes Flamencos- su representación. Muchas otras personas han participado en este proyecto, como Elena Galadí, Francisco Pulido “El Chiapas” o Sandra Espert y muchas más. Todas ellas con una reconocida vinculación con el flamenco en Córdoba.

Córdoba capital, Espejo, Villafranca de Córdoba e incluso en San Fernando (Cádiz) han sido los escenarios donde se ha rodado este documental, que es el arranque de una serie de 11 capítulos-entrevistas con doce de las mujeres, desde los 16 años hasta la madurez, más importantes del flamenco en Córdoba y su provincia, y que se presentará en septiembre a la sociedad andaluza.

Hasta ahora han colaborado en la realización de esta obra sobre la importancia femenina en el flamenco: QRProducciones, Revista Cultural Blanco Sobre Negro, Tertulia Amigos de Paco Peña, Rosario Montoya “La Reina Gitana”, Guadalfranca, Cudetur, Marisa Travel, Hospedería de Santa Ana, Patio Pedro Fernandez 6, Taberna Los Mochuelos, Aceites Duernas, Finca Duernas, Hermandad de la Soledad de Villafranca de Córdoba, Grupo Carbonería,…