La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (al centro) realizó este jueves la quinta jornada de diálogo con familias buscadoras. Foto Jair Cabrera Torres
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 25 de abril de 2025.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, condenó el asesinato de María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, de 26 años.
Al encabezar el cierre de la quinta jornada de diálogo de la dependencia con colectivos de buscadores de personas desaparecidas, que concluyó este jueves luego de tres días de trabajos, la titular de la Secretaría de Gobernación pidió un minuto de silencio, en memoria de la buscadora asesinada la noche del miércoles, ante los representantes de casi un centenar de colectivos que acudieron al encuentro realizado en un centro de convenciones de la Ciudad de México.
“Solamente les pedía un momento para algo importante: Expresar nuestro más profundo pesar por el asesinato de la señora María del Carmen Morales, madre buscadora, y de su hijo, Jaime Daniel Ramírez Morales. Condenamos enérgicamente estos hechos, reiteramos nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad, no sólo en este caso, sino en todos aquellos que lastiman a las familias y a la sociedad”, indicó.
“¿Por qué los buscamos?, porque los amamos”, gritaron representantes de los colectivos tras guardar el minuto de silencio.
En entrevista al concluir el acto, Rodríguez Velázquez detalló que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, ya está en contacto con la familia de María del Carmen Morales, y recibieron un reporte de la fiscalía estatal, pero expuso que prefiere que sea dicha instancia la que dé a conocer la información porque es a quienes les corresponde la información inicia.
“Lamentamos mucho este suceso, y nosotros vamos a estar pendientes del seguimiento de las investigaciones”, agregó.
También, subrayó que pidieron a la Fiscalía estatal mantenerse atenta a la seguridad de la familia de María del Carmen Morales, y aseguró que se les dará protección
Revelaciones del informe Entre 2012 y 2024, el sistema de registro de la IMD se documentaron 9,629 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica. En el mismo periodo, al menos 35 de ellas fueron asesinadas en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.
¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS, LAS DEFENSORAS DE LA TIERRA?Las defensoras de la tierra y territorio defendemos tanto nuestro derecho a permanecer o a retornar a nuestros territorios, como el de salvaguardar la red de la vida, protegiendo y defendiendo los derechos de la naturaleza y velando por el resguardo del agua, los ríos, las montañas, los bosques, las semillas y la diversidad de especies animales. Defender la tierra significa también defender nuestros medios de reproducción de la vida y nuestras cosmovisiones, las cuales, alejándose de la acumulación y explotación capitalista, establecen otros vínculos y formas de relacionarnos con el territorio y la naturaleza. Defendemos también una manera de entender el territorio no como un lugar geográfico y de explotación humana, sino como el lugar donde descansan nuestros ancestros y donde encontramos identidad y arraigo.La mayoría de defensoras de la tierra y el territorio agredidas somos mujeres indígenas, garífunas o afrodescendientes que habitamos en zonas rurales, trabajamos la tierra, realizamos trabajo de base y hemos sido excluidas de la propiedad y las decisiones sobre el futuro de nuestros territorios.
DEFENDER LA TIERRA, UNA ACCIÓN COLECTIVA QUE SE REPRIME COLECTIVAMENTEEn este contexto, en nuestra región destacan las agresiones perpetradas en el marco de acciones colectivas de defensoras y comunidades que mantienen viva sus luchas frente al avance del extractivismo en la agroindustria, la minería y la explotación forestal [
UNA VIOLENCIA QUE SE PROLONGA Y ACRECENTAEl análisis de la evolución de las agresiones contra las defensoras de tierra y territorio entre 2012 y 2024 señala tres puntos de inflexión: el primero en 2017, año siguiente al asesinato de Berta Cáceres; el segundo en 2020, caracterizado por las respuestas autoritarias de los gobiernos ante la sindemia por COVID-19; y el tercero en 2022, marcado por la profundización en las políticas de militarización de los territorios y el aumento de los desalojos.El asesinato, en marzo de 2016,de nuestra compañera Berta Cáceres, dirigente comunal indígena lenca que resistía contra el proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca para proteger el río Gualcarque [
BERTA CÁCERES: Femicidio territorial e impunidad intelectual.En la noche del 2 de marzo de 2016, sicarios vinculados a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) irrumpieron en el hogar de la defensora lenca Berta Cáceres en La Esperanza, Intibucá, y la asesinaron a balazos. Berta era una reconocida defensora feminista de la tierra y el territorio, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras que, en 2015, había recibido el Premio Goldman, uno de los reconocimientos más prestigiosos en la defensa del medio ambiente. Su asesinato tuvo un impacto inmediato e inusitado a nivel global, generando multitud de expresiones de repulsa y exigencia de justicia en todo el planeta.Una semana antes, Berta había denunciado en conferencia de prensa el asesinato de cuatro líderes de su comunidad y el creciente contexto de amenazas, ataques y hostigamiento contra el COPINH y las comunidades en resistencia frente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de DESA, el cual amenazaba la existencia del Río Gualcarque, un río sagrado y vital para la subsistencia de las comunidades lencas.Su asesinato fue la culminación de una larga secuencia de ataques en contra de ella, su organización y su entorno: detenciones arbitrarias, criminalización, hostigamiento, amenazas de muerte, entre otras, motivo por el cual desde 2009 contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado nunca cumplió. El COPINH lo ha calificado como “femicidio territorial”, ya que al matar a Berta no sólo buscaban silenciarla a ella, sino también la lucha de la organización y las comunidades que ella lideraba en la defensa del territorio ancestral lenca, cuyo control y apropiación es el objetivo final de los perpetradores.Desde entonces el COPINH no ha dejado de liderar una exigencia de justicia que hasta la fecha ha supuesto la cancelación del Proyecto de Agua Zarca y el enjuiciamiento y condena firme a 8 personas, incluyendo a los autores materiales y a algunos co-autores intelectuales como David Castillo, gerente de DESA, o Sergio Rodríguez, empleado de la familia Átala, propietaria de la empresa. Esta búsqueda de justicia no ha estado exenta de ataques en contra del COPINH, de la familia de Berta o incluso de organizaciones, periodistas y personas defensoras de derechos humanos que la han apoyado.No obstante lo logrado, la justicia en el caso Berta Cáceres no será plena mientras persistan las políticas extractivistas de despojo territorial a las comunidades lencas y sigan en la impunidad los principales responsables intelectuales de su crimen: la familia Átala, de cuya implicación en el asesinato existen diversos indicios que hasta la fecha la justicia hondureña se ha negado a considerar. Por ello, en febrero de 2025, fruto del trabajo del COPINH y CEJIL, se instaló en Honduras un Grupo Interdisciplinario de personas Expertas Independientes, entre cuyas funciones está investigar la autoría intelectual del crimen y su impacto sobre las comunidades lencas y proponer un plan de reparación integral. 
KENIA HERNÁNDEZ: Defensora indígena presa por defender el libre tránsito por las carreteras de México.La noche del 18 de octubre de 2020, Kenia Hernández fue detenida arbitrariamente en una caseta de peaje del Estado de Puebla y tras permanecer en paradero desconocido y sin que se le informará sobre su situación durante horas, fue trasladada a un penal del Estado de México. Seis días después, el 24 de octubre, tan sólo una hora después de que una jueza del Estado de México le concediera libertad bajo medidas cautelares, Kenia fue detenida de nuevo, esta vez por orden de un juez federal. Se la acusaba por supuestos de delitos de “robo con violencia armada” y “ataques a las vías de comunicación” en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses. Ésta era la tercera detención que vivía en apenas cuatro meses, después de que el 6 de junio fuera detenida por primera vez y la mantuvieran privada de libertad durante 5 días. Desde entonces Kenia ha estado presa y ha enfrentado procesos judiciales, de ámbito estatal y federal, por once delitos cuyas penas acumuladas suman más de veinte años de cárcel. Todos estos delitos están vinculados con actos de protesta para exigir el libre tránsito por las carreteras del país.Kenia es una abogada y feminista amuzga que, como coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y cofundadora e integrante del “Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero” (MOLPEG) acompañaba a sobrevivientes de violencia machista, a familiares de víctimas de feminicidio, a personas injustamente privadas de libertad y a personas afectadas por las actividades de empresas extractivas. Previo a su detención, Kenia había tenido que desplazarse del Estado de Guerrero debido a la persecución y amenazas que, debido a su labor como defensora, había recibido por parte de agentes estatales y paramilitares.Kenia ha estado presa en distintas cárceles, incluyendo un penal de alta seguridad, el CEFERESO 16, en el Estado de Morelos, al que fue trasladada después de que la Fiscalía General de la República y representantes de CAPUFE la señalaran como “una persona que pone en riesgo a la sociedad porque se manifiesta mucho”. En este penal la defensora sufrió condiciones de precariedad, maltrato y vulneración a sus derechos que llegaron a poner en riesgo su vida e integridad, entre éstos: negación de acceso a consultas médicas y a agua potable, situaciones extremas de aislamiento, control de su correspondencia y restricciones a las reuniones con su defensa jurídica y a la visita de sus hijos; motivo por el cual se declaró dos veces en huelga de hambre. Incluso bajo estas condiciones, Kenia no dejó de ejercer como defensora de derechos y, entre otras acciones, organizó talleres para las mujeres indígenas y promovió el autocuidado entre las otras reclusas, ya que en ese centro penitenciario se han registrado varios suicidios. Gracias a su lucha y al trabajo de las organizaciones que la acompañan, consiguió que la trasladaran a otro penal con un régimen menos restrictivo, en el que actualmente permanece presa.El caso de Kenia es un ejemplo de la persecución y ensañamiento con que el sistema capitalista, racista y patriarcal pretende someter a las mujeres indígenas que se atreven a dar un paso adelante y organizarse para defender el territorio y los bienes comunes.
MARÍA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ: Criminalización, hostigamiento y persecución judicial en Honduras.La tarde del domingo 22 de septiembre de 2019, agentes de la Dirección General de Investigación (DPI) se personaron con una orden de captura en la vivienda de la defensora María Concepción Hernández, quien es integrante de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, y la detuvieron y trasladaron a las dependencias de la DPI en Amapala. El día siguiente, María Concepción fue liberada con medidas alternativas a prisión, quedando sometida a proceso por un presunto delito de “usurpación de tierras” y “daños continuados y agravados” en perjuicio de Jorge Cassis Leiva, un terrateniente que a través de amenazas, atentados e intimidación estaba desalojando a campesinos y campesinas que ostentaban la propiedad legítima de sus tierras en la comunidad de Playa Blanca, en la península de Zacate Grande. Dos meses más tarde, el 25 de noviembre, tras presentarse de manera voluntaria a la audiencia inicial del proceso de criminalización que enfrentaba, la defensora fue detenida de nuevo, esta vez junto a su hijo menor de edad y los también defensores Santos Hernández y Abel Pérez – quienes estaban siendo criminalizados en otro proceso – quedando todas estas personas privadas de libertad en espera de la audiencia de declaración de personas imputadas, programada para el día siguiente.María Concepción fue liberada de todos las cargos que se le imputaban, no obstante, casi cuatro años después de los hechos relatados, el 1 de abril de 2023, agentes de la DPI la volvieron a detener cuando acudió al Centro Penal de Nacaome para visitar a su compañero Santos Hernández. Para detenerla, los agentes alegaron una orden de captura del 29 de agosto de 2019, la misma con la detuvieron la primera vez y que debería haber sido cancelada, puesto que la defensora había sido absuelta de las acusaciones que la motivaron. En el momento de esta tercera detención, María Concepción se encontraba con su hijo menor de edad, el cual quedó en situación de total indefensión y vulnerabilidad. A ello se suma que las autoridades de la DPI se negaron a facilitar información sobre el estado y situación de la defensora a integrantes de ADEPZA y de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos que acudieron al lugar de la detención, ni tampoco les permitieron tener contacto con ella. Finalmente, gracias al acompañamiento de estas organizaciones y a la presión y solidaridad que se hicieron presentes, la defensora fue liberada y la orden de captura cancelada.La criminalización y persecución judicial enfrentada por María Concepción Hernández y otras compañeras y compañeros de la ADEPZA, así como la impunidad en la que permanecen las reiteradas violencias de que son objeto, se vinculan con el hecho de que la península de Zacate Grande es una zona geográfica estratégica para los intereses económicos de terratenientes y empresas – en ella estaba previsto instalar una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) – y se fundamentan en la complicidad de los poderes económicos con instituciones policiales y de justicia corruptas.
FRANCISCA RAMÍREZ: Despojada de su nacionalidad y en el exilio tras múltiples agresiones por defender los derechos de las comunidades campesinas en Nicaragua.En septiembre de 2018, la lideresa campesina Francisca Ramírez, conocida como Doña Chica, comunicó públicamente que se exiliaba de su país, Nicaragua, ante los constantes ataques, amenazas y hostigamiento que estaba viviendo. Unos meses antes, en julio, Edén Pastora, un militante histórico del partido de gobierno, había hecho unas declaraciones en una televisión oficialista donde la señalaba y amenazaba: “La Chica Ramírez anda buscando que la encarcelen y que la maten porque ya mucho molesta, primero con lo del Canal y ahora con esto [en referencia a sus denuncias de las graves violaciones a derechos humanos que se estaban cometiendo en el país]”.Estos graves señalamientos se producían mientras Nicaragua se hallaba sumida en una oleada de violencia gubernamental, represión y persecución política que había dejado centenares de muertos y de personas presas políticas desde el inicio, el 18 de abril, de las protestas populares contra la reforma del seguro social, las cuales vinieron precedidas de otro importante movimiento de indignación y protesta ante el incendio de la Reserva Indio Maíz, una de las reservas naturales más extensas del país. Ese mismo mes de abril, Doña Chica había sufrido un atentando contra su vida mientras encabezaba una marcha en Nueva Guinea.La persecución política y los ataques contra Francisca se remontan a años atrás, cuando como coordinadora del Consejo para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía desempeñó un papel fundamental en la lucha en contra del “Canal Interoceánico”, un megaproyecto financiado con capital extranjero que atravesaba el país desde la costa del Atlántico hasta la del Pacífico. Su construcción ponía en riesgo el Gran Lago Cocibolca, una de las principales reservas de agua potable de Centroamérica, y conllevaba expulsión, despojo y miseria para las comunidades campesinas de los territorios afectados.Durante su lucha contra el Canal, Doña Chica y su familia fueron objeto de reiteradas agresiones: su casa fue allanada; vivió detenciones arbitrarias en 2014, 2015 y 2016, ésta última mientras participaba en la “Caravana mesoamericana por el buen vivir”, junto con otros líderes campesinos y jóvenes ambientalistas de distintas nacionalidades que también fueron detenidos y finalmente expulsados del país; en una ocasión sufrió la confiscación, y en otra la destrucción parcial, por parte de la policía, de los vehículos con los que se desplazaba y desarrollaba su trabajo; su hijo sufrió un atentado; mientras que el hostigamiento y las campañas de difamación y desprestigio en contra suya y de otras defensoras que se oponían al Canal fue constante. Como consecuencia de ello, en 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió Medidas cautelares.Cuando estalló la crisis socio-política en abril 2018, Doña Chica participó en las protestas y, por su trayectoria de lucha contra el Canal, reconocida internacionalmente, se erigió en una de las voces de referencia y con mayor legitimidad en la denuncia de las brutales violaciones a derechos humanos que el gobierno estaba cometiendo, lo que intensificó el hostigamiento, las amenazas y ataques en su contra.Una vez en el exilio las agresiones contra Doña Chica no han cesado: se la ha despojado arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense, se le han confiscado sus bienes y se la ha declarado prófuga de la justicia, además de haber sido objeto de diversos ataques a través de medios digitales que buscan su estigmatización y desprestigio.
MIRIAM MIRANDA: Violencia sistemática, reiterada y recurrente por defender los derechos del pueblo Garífuna.Tan sólo en los últimos cinco años, de enero de 2020 a diciembre de 2024, nuestro sistema de registro ha documentado 98 agresiones contra la defensora garífuna Miriam Miranda, coordinadora de la de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. De estas agresiones, 62 fueran perpetradas directamente contra su persona y 36 se produjeron en acciones colectivas en las que ella estaba participando. Este dato da cuenta de la situación permanente de riesgo y amenaza que vive esta defensora, pese a que desde 2011 es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).La reiteración y recurrencia de los ataques contra Miriam Miranda están relacionadas con el hecho de que es una de las voces más visibles y reconocidas, tanto a nivel nacional como internacional, en la defensa de los derechos del pueblo garífuna y en la denuncia de las violencias sistemáticas que este pueblo enfrenta en Honduras incluyendo: el despojo de sus tierras ancestrales, desalojos violentos de las comunidades en resistencia, femicidios e impunidad de los mismos, criminalización, desaparición forzada y asesinato de sus liderazgos, ataques y burlas a su cosmovisión, racismo institucional, entre otras expresiones criminales del capitalismo racista y colonial que impera en el país. Entre las agresiones sufridas por Miriam a lo largo de su dilatada trayectoria como defensora, las hay de todo tipo y gravedad. Muchas de ellas han sido perpetradas por instituciones del Estado, como autoridades, fuerzas públicas de seguridad —policiales y militares— o instancias de justicia; muchas otras por actores vinculados a otros poderes fácticos, como terratenientes, empresarios nacionales y extranjeros e integrantes del crimen organizado. Entre las más graves, puesto que en ellas su vida corrió serio peligro, destacan el secuestro que vivió en 2014, junto con otros compañeros de la OFRANEH, por parte de hombres armados vinculados con el crimen organizado, y del que pudieron librarse gracias al apoyo de la comunidad de Vallecito; y la tentativa de atentado contra su vida que tuvo lugar en septiembre de 2023, cuando hombres armados con fusiles de asalto rodearon su casa, y que afortunadamente no se consumó gracias, otra vez, al acuerpamiento y las prácticas de protección colectiva de la comunidad de Vallecito. A estas se suman múltiples amenazas y actos de intimidación, campañas de difamación, diversos intentos de criminalizarla, hostigamiento y persecución judicial, agresiones en el marco de protestas pacíficas, o las constantes detenciones y retenciones arbitrarias de la que es objeto por parte de las fuerzas de seguridad.El caso de Miriam es paradigmático tanto por reflejar la flagrante omisión de las autoridades responsables de garantizar su protección, pese a existir mandatos al respecto como el de la CIDH; como por poner de relieve la importancia de las prácticas comunitarias y colectivas de protección, en las que la OFRANEH y la comunidad de Vallecito destacan como un referente para toda la región. 
SANTA MARTA: La represión comunitaria como mecanismo de control e imposición extractivista.La madrugada del 11 de enero de 2023, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a cinco defensores ambientalistas y líderes comunitarios de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, todos ellos integrantes de la Asociación para el Desarrollo Económico Social (ADES Santa Marta). Ocho días después se les decretó prisión provisional por un supuesto delito ocurrido décadas atrás, durante el conflicto armado interno. Este fallo se dio sin indicios sólidos y con base a pruebas contradictorias entre sí; además también se les acusó de “Asociaciones ilícitas”, delito establecido en el régimen de excepción impuesto desde hacía nueve meses en el país.Desde el primer momento, la comunidad de Santa Marta y otras organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su temor a que tras la criminalización de los ambientalistas podría ocultarse la intención por parte del Gobierno de allanar el camino, mediante la represión y el silenciamiento de liderazgos, para volver a legalizar la minería metálica, ya que la comunidad de Santa Marta era unos de los principales referentes del movimiento popular que en 2017 consiguió la prohibición de esta actividad extractiva en el país.Con los 5 ambientalistas encarcelados, la comunidad se movilizó para lograr su libertad, promoviendo campañas de solidaridad que tuvieron repercusión a nivel nacional e internacional, logrando que instancias y mecanismos internacionales de derechos humanos se pronunciaran. Muchas de las acciones estuvieron lideradas por defensoras de la comunidad, entre ellas las compañeras e hijas de los defensores criminalizados, quienes al adquirir una mayor visibilidad se vieron expuestas a distintas agresiones y a una mayor situación de riesgo, pues todo ello sucedía en el contexto de un régimen de excepción en cuyo marco se cometían todo tipo de arbitrariedades y vulneraciones a derechos. Así, en diciembre de 2023, un día después de hacerse pública una comunicación de la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU expresando su preocupación por la situación de los cinco ambientalistas, fue detenido arbitrariamente Manuel Gámez, hijo de Vidalina Morales, presidenta de ADES y una de las voces más visibles de la comunidad, reconocida internacionalmente por su lucha incansable en defensa del medio ambiente.Fruto del acompañamiento y la movilización para la solidaridad, en octubre de 2024 el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque declaró a los cinco ambientalistas inocentes de los cargos que se les imputaban y ordenó su libertad. Sin embargo, tan sólo un mes después, en noviembre, a petición de la FGR se invalidó el resultado del juicio y se decretó su repetición, violentando así uno de los principios básicos del debido proceso penal, el que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.Los hechos no tardaron en corroborar los temores iniciales y el 23 de diciembre, con los votos del partido de gobierno y sus aliados, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley General de Minería Metálica, revirtiendo la prohibición de esta actividad nociva para el medio ambiente, las comunidades y la población. A partir de entonces, las amenazas, actos de intimidación y vigilancia contra integrantes de la comunidad y ADES Santa Marta se intensificaron, mientras organizaciones y movimientos sociales de todo el país empezaban a movilizarse de nuevo para decir “No a la minería”.
AGUA BLANCA SUR: La complicidad del Estado con los intereses privados para desalojar y despojar a las comunidades campesinas.La madrugada del 22 de enero de 2025, más de 100 agentes policiales irrumpieron sin orden judicial en un terreno recuperado por parte del Movimiento Independiente de Hombres y Mujeres sin Tierras en la comunidad Agua Blanca Sur, en El Progreso, Yoro, y desalojaron a más de 250 familias que vivían allí. Durante el desalojo, empleados de la Empresa Azucarera (AZUNOSA) agredieron y amenazaron, bajo resguardo de la policía, a campesinas y campesinos de la comunidad y utilizaron maquinaria pesada para destruir más de 300 manzanas de cultivos de maíz, frijoles y yuca que eran el sustento de estas familias. Unos meses antes, el 5 de junio de 2024, las familias de la comunidad de Agua Blanca Sur había vivido un desalojo de similares características, durante el cual la Policía golpeó y roció con gas pimienta a campesinos y campesinas, incluyendo a menores de edad, y con empleados de AZUNOSA usando maquinaria pesada para demoler sus pertenencias y destruir los cultivos.Las hostilidades contra los campesinos y campesinas de la comunidad de Agua Blanca Sur por parte de AZUNOSA y las instituciones policiales y judiciales del Estado hondureño comenzaron en 2023, después de que el Grupo Agua Blanca Sur, que está afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo regional Progreso, iniciara una recuperación de tierras. Sus integrantes empezaron a vivir hostigamiento por parte de elementos de la Policía Nacional que llegaban a los predios con amenazas de desalojo, sin orden judicial. También denunciaron la presencia de drones que sobrevolaban los predios. La mañana del 15 de noviembre de ese año, la Policía detuvo sin orden de captura a la defensora Maribel Díaz García, quien se encontraba en su casa, acusándola del delito de usurpación de tierras y trasladándola a las oficinas de la Dirección Policial de Investigación de El Progreso, donde al cabo de unas horas fue puesta en libertad bajo medidas cautelares. Un día después, la Policía Nacional y guardias de seguridad de la empresa AZUNOSA cumplieron con las amenazas y efectuaron el desalojo de los predios.El mes siguiente, el 4 de diciembre de 2023, fue detenida otra defensora del grupo campesino Agua Blanca Sur, Jensy Manzanares, bajo la acusación de “usurpación de tierras”. En ese momento ya eran ocho las campesinas criminalizadas. Pocos días más tarde, el 12 de diciembre, la Policía ejecutó un nuevo desalojo, el cual fue ordenado por el Juzgado de Letras regional El Progreso y notificado por la jueza Diana Núñez, quien sólo dio un plazo de treinta minutos a las familias para sacar sus pertenencias, plazo que no fue respetado pues las autoridades procedieron a ingresar maquinarias pesadas destruyendo todo, incluyendo quintales de maíz.Los desalojos violentos, ilegales y con la participación de empresas privadas que ejercen violencia con total impunidad vividos por los campesinos y campesinas de Agua Blanca Sur desde 2023 es un patrón en Honduras, que viven también las comunidades campesinas del Aguán y otros territorios, al igual que las comunidades lencas y garífunas. En todos ellos se hace evidente la instrumentalización de los marcos legales en beneficio de los poderosos para despojar y criminalizar a quienes defienden la tierra y los bienes comunes.
Citlali Hernández presentó la Línea de las Mujeres como parte de las Políticas de Bienestar para las Mujeres. (Presidencia)
