SemMéxico, Cd. de México, 18 octubre 2017. Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que “la mayor deuda social del sistema democrático, es no haber resuelto la marginación de zonas rurales y más aún la que padecen mujeres indígenas para participar en condiciones de igualdad en la vida política del país”.
Lo anterior al participar en el Seminario ‘La participación política de las Mujeres Rurales 100 líderes del México Rural’, que se inauguró ayer en la Antigua Sede del Senado de la República, donde Lorenzo Córdova sostuvo que “los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en la modificación de estas barreras que obstaculizan a las mujeres del medio rural a integrarse a los órganos de representación política”.
En el marco del 64 aniversario del derecho de voto de las mujeres en México, señaló que partidos políticos y órganos electorales deben trabajar conjuntamente para garantizar la participación política de las mujeres, “necesitamos un compromiso mayor para que partidos se sumen a este objetivo para lograr el compromiso 50/50”, enfatizó.
El titular del INE subrayó la presencia de barreras estructurales que afecta la participación política de la mujer en el país, es más grave en el medio rural; por lo que, dijo, la democracia paritaria tiene que trascender esas barreras culturales.
Por su parte, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), afirmó que “para lograr el desarrollo de todas las sociedades es necesario el respeto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluyendo a las mujeres que viven en zonas rurales, así como a las mujeres indígenas; su empoderamiento es prioritario porque sin igualdad para ustedes, sin un trato digno y oportunidades reales, el país no puede avanzar”.
Cruz Sánchez señaló limitaciones estructurales que obstaculizan participación de mujeres rurales en toma de decisiones a nivel nacional y estatal, y destacó la creación de observatorios de participación política de las mujeres, son “25 en el interior del país”.
A su vez, Janine Otálora Malassis, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), también subrayó la importancia de impulsar los derechos político- electorales de las mujeres, además del derecho a votar, de mayor participación en los espacios de deliberación y de toma de decisiones, aseveró que los Estados deben adoptar medidas para eliminar discriminación en zonas rurales e impulsar participación de mujeres en planes de desarrollo.
Fernanda Macías Reyes, presidenta del Comisariado del Ejido Salvador de Arriba de la Comarca Lagunera, Coahuila, señaló la escasez de agua potable y para riego en su comunidad; por lo que demandó a nombre de las comunidades rurales y de las mujeres del estado “no nos olviden, que nos brinden el mayor apoyo posible para poder seguir adelante”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez, subrayó que si bien se ha avanzado en representación política de las mujeres, en términos generales, falta mucho por avanzar en la toma de decisiones y el acceso al poder.
De igual forma, la senadora Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que hoy existe en México una mayor demanda de participación de las mujeres en instituciones, colectivos e instancias para la toma de decisiones, pero sus derechos y prioridades no se abordan lo suficiente en la Estrategia Nacionales de Desarrollo, ni tampoco en la política de igualdad de género.
La presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria, senadora Luisa María Calderón, consideró que se debe seguir trabajando en la parte legislativa en el presupuesto para empoderar los procesos agrarios de las mujeres y para alcanzar no sólo su participación política sino la paridad plena.
Durante el evento en la Casona de Xicoténcatl se llevaron a cabo varias mesas, una de estas fue “El derecho humano al desarrollo y la participación política de las mujeres rurales e indígenas”, en la cual Adriana Favela Herrera, consejera del INE, alertó sobre el incremento de la discriminación en mujeres rurales; por ello, urgió a incluirlas “en todos los planes de las instituciones del sector privado y velar porque su participación política se dé en condiciones de
seguridad, sin violencia y sin que sufran todo lo que padecen en sus comunidades”.
En el seminario participaron en dichas mesas de trabajo, presidentas de comisariados ejidales y de bienes comunales, de municipales electas en sistemas de partidos y de sistemas normativos internos, así como diputadas federales de distritos rurales.
También representantes del TEPJF, de Tribunales Agrarios, de ONU Mujeres, de la Dirección General de Estudios, Promoción y de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del INMujeres, de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C., de la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C., y de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana A.C.
SEM/am/lr
Sin empoderamiento de mujeres indígenas y rurales, imposible avanzar: Lorena Cruz
Veronica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, la solicitó ante SEGOB y CONAVIM
SemMéxico, Cd. de México, 18 octubre 2017.- Ante alarmantes cifras de casos de feminicidio en México, la diputada Verónica Delgadillo García informó que impulsa un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que se emita la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en las 32 entidades de la República.
Ayer, en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano dio a conocer que realizó también la solicitud de declaratoria de AVGM ante la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Junto con las también diputadas y diputados del MC, Marbella Toledo Ibarra, Victoria Mercado Sánchez, Germán Ralis Cumplido, Salvador Zamora, Víctor Sánchez y René Cervera, destacó que de acuerdo con el INEGI, entre los años 2000 y 2015, han sido asesinadas más de 28 mil mujeres en el país, “si las cosas siguen así, para finales de este año vamos a llegar a más de 33 mil feminicidios”.
Delgadillo García detalló que en el documento también pide que la Segob dé a conocer y explique qué acciones está implementando para erradicar el feminicidio en el país, “queremos saber sus avances y qué estrategias ha diseñado para eliminar la violencia de género”.
Puntualizó que en México se han realizado 26 solicitudes de alerta de violencia de género, las cuales sólo han procedido en los estados de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Guerrero y Nayarit.
De igual forma, señaló que en los estados de Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Sonora, Tabasco y Tlaxcala se decidió no declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres, porque “supuestamente las autoridades dieron cumplimento a las recomendaciones hechas por los grupos de trabajo correspondientes”.
Indicó que también solicitó que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, junto con el gobierno de Puebla, implementen acciones correspondientes para eliminar la violencia de género en esa entidad, ya que cada 19 horas desaparece una mujer y hasta ahora han muerto 87.
Por otra parte, la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández también impulsa un punto de acuerdo para exhortar a las fiscalías generales estatales a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el uso del transporte público, a partir de fomentar la denuncia y garantizar procedimientos adecuados para castigar a quien
cometa estas agresiones.
Además, se deben adoptar medidas de seguridad para que las mujeres ejerzan su derecho al libre tránsito y accedan a una vida libre de violencia.
Por ello, la diputada del PRI consideró que el Estado mexicano debe garantizar la seguridad, la integridad física, sexual y emocional de las mujeres para lograr el libre ejercicio de sus derechos fundamentales, evitar las muertes violentas de las mujeres y prevenir la violencia feminicida en el transporte.
SEM/am/lr
Sólo 36% de asesinatos de mujeres registrados en CDMX se investigan como feminicidio
SemMéxico, Cd. de México, 19 octubre 2017.- La diputada Beatriz Rojas Martínez, de Morena en la Asamblea Legislativa, presentará hoy ante el Pleno una iniciativa para reformar el Código Penal de la Ciudad de México a efecto de armonizarlo con la legislación federal en materia de feminicidio.
La legisladora sostuvo que de aprobarse, se incrementarían las penas a los feminicidas, por lo que la pena mínima pasaría de 20 años a 40 años, y la máxima de 50 a 60 años, de acuerdo con un comunicado de la Asamblea Legislativa.
Además, explicó que si el asesino mantuvo con la víctima “una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad”, la pena mínima se incrementaría de 30 a 50 años y la máxima quedaría tal como se encuentra ahora, en 60 años.
Afirmó que es importante que se incremente el castigo a los agresores pues la violencia feminicida es el extremo, es la culminación de múltiples formas de violencia de género hacia las mujeres, que atentan contra sus derechos humanos.
De igual forma, advirtió que es urgente que se castigue a las autoridades que con su negligencia permiten que se sigan cometiendo este tipo de crímenes; por ello propuso que, en armonía con el Código Penal Federal, se integren sanciones a las personas servidoras públicas que deliberadamente o por negligencia entorpezcan o retrasen la expedita atención a las víctimas.
De esta forma, la iniciativa agregaría un párrafo al artículo 148 bis del Código Penal local que quedaría de la siguiente manera: “A la persona servidora pública que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de diez a quince años y de mil quinientos a tres mil días multa. Además, será destituido e inhabilitado de diez a quince años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la administración pública estatal o federal”.
Así, señaló se obligará a las autoridades a hacer justicia, pues en la Ciudad de México, del año 2012 hasta la fecha se han abierto sólo 237 carpetas de investigación por feminicidio, de un total de 576 mujeres asesinadas violentamente; lo cual corresponde a sólo 36 por ciento del total de los asesinatos de mujeres registrados en la capital del país, pues es a voluntad o de la Procuraduría o del Tribunal de Justicia CDMX, que los casos de feminicidio sean resueltos correctamente, indicó.
Rojas Martínez consideró que es necesario que esta iniciativa se considere como urgente en las comisiones de Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género, pues lo casos de feminicidio aumentan cada día.
El año pasado, precisó, de acuerdo con el mapa de la geofísica María Salguero, se registraron 74 feminicidios, sin embargo, hasta este mes de octubre ya existe el registro de 54 feminicidios, alertó.
También, citó cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que señalan que en ocho meses, de noviembre de 2016 a junio de 2017, se cometieron 101 asesinatos violentos de mujeres en la Ciudad, pero en lugar de investigarlos y sancionarlos la Procuraduría clasificó los delitos como homicidios simples o suicidios, y de esos 101 asesinatos de mujeres, en 22 de ellos, el Ministerio Público decidió no ejercer acción penal, denunció la legisladora.
La legisladora resaltó que dicha iniciativa no sólo busca castigar al feminicida, sino también a servidores públicos pues las muertes violentas de mujeres son responsabilidad del Estado, un Estado que hasta la fecha, tolera los asesinatos de mujeres en la ciudad.
Por su parte, la diputada Flor Ivone Morales Miranda coincidió con que el castigo a servidores públicos es urgente y necesario porque hasta el día de hoy tenemos una justicia flexible y poco sensible ante el feminicidio.
SEM/am/lr
Será implementado para el proceso electoral de 2018
SemMéxico, Cd. de México, 17 octubre 2017. El PRD presentó hoy su Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política en Razón de Género, el cual está vigente desde el pasado 3 de septiembre y será implementado en el proceso electoral de 2018.
En conferencia de prensa en el marco del 64 aniversario del voto de las mujeres en México, Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta nacional del PRD, recordó que el Protocolo fue respaldado por unanimidad por la totalidad del partido en el pasado Consejo Nacional para enfrentar la violencia política de género en las elecciones federal del siguiente año, “es preocupante que las mujeres no podamos ocupar los espacios en la política para los que fuimos elegidas”.
La líder perredista, junto con Beatriz Mojica Morga, secretaria general del PRD, destacaron que es el primer protocolo que un partido político en México elabora y aprueba para erradicar la violencia que las mujeres sufren al ejercer el derecho a participar en la política; esperamos, dijo Alejandra Barrales, que “las otras fuerzas políticas puedan hacer protocolos para erradicar la violencia política de género en el país”.
Barrales Magdaleno calificó como lamentable que a 64 años de que México reconoció el derecho a la ciudadanía a las mujeres, el país esté declarado por la ONU como “uno de los 20 países peores en términos de violencia contra las mujeres”, “se debe erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en nuestro país, no lo podemos ver con normalidad”.
Por su parte, Claudia Castello Rebollar, secretaria de Igualdad de Géneros del PRD, explicó que el protocolo se fundamenta en la normatividad internacional de derechos humanos, como la Convención CEDAW y la Convención Belém do Pará, y que responde a las recomendaciones que han realizado la FEPADE y el INE para combatir la violencia política contra las mujeres.
Expuso que el Protocolo define la violencia política en razón de género y señala las acciones susceptibles de ser sancionadas.
Detalló que dichas sanciones son las mismas que se establecen en los estatutos del PRD, algunas de esas sanciones van desde la amonestación pública, destitución de cargos de representación y dirección del partido, inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación del partido o para ser registrado como candidato a puestos de elección popular, suspensión del derecho de ser votado, hasta resarcir daños patrimoniales.
Así, la violencia política en razón de género para el PRD es: “La acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público, conducta que puede ser realizada en forma directa o a través de terceros. Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género”.
Teresa Hevia Rocha, feminista e integrante de la Red Mujeres en Plural, quien participó en la elaboración del Protocolo, puntualizó que la definición de violencia política en razón de género fue retomada de la minuta aprobada del Senado de la República el pasado 9 de marzo, que ahora está en la Cámara de Diputados.
El Protocolo, indicó, es un mensaje a la militancia del PRD de “tolerancia cero a conductas que impliquen discriminación y violencia” contra las mujeres; agregó que también se establecen acciones para sensibilizar a la militancia, con campañas de información sobre el protocolo; y coincidió con que dicho protocolo es un modelo a seguir “para el resto de partidos políticos en México y de la región” América Latina.
A su vez, la senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, confió en que el Protocolo sea vigente en todo el país en las elecciones federales de 2018, porque, afirmó, que las mujeres del PRD que están en las poblaciones rurales o indígenas también sufren la misma discriminación que sufren todas las mujeres de todos los partidos.
“Los partidos políticos han sido omisos, han sido pequeños a la hora de garantizar los derechos de las mujeres, particularmente de las mujeres que se encuentran en una situación de mayor discriminación, por condición rural, económica o étnica”, sostuvo.
Al afirmar que la violencia política y la violencia feminicida son alarmantes en México, llamó a la Cámara de Diputados a aprobar la minuta que reforma cinco leyes para sancionar la violencia política en razón de género; además denunció que fue el PRI en la Cámara baja, quien “de forma alevosa” detuvo la aprobación de la minuta “para que no formara parte del marco jurídico en el proceso electoral actual”.
La legisladora confió en que el Frente Ciudadano por México, del que forma parte el PRD, “se caracterice por poner orden contra la discriminación que sufren las mujeres en la competencia político electoral” en México.
Finalmente, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), reconoció al PRD por generar el Protocolo, y expuso que existen dos esquemas para mejorar la calidad de la democracia paritaria en México y mejorar las condiciones para la participación política de las mujeres; el primero, dijo, es generar una reglamentación interna en los partidos para que las mujeres estén en los lugares de toma de
decisiones, y el segundo es generar protocolos para sancionar la violencia política de género.
Recordó que está pendiente establecer el tipo penal a nivel nacional para sancionar a los políticos que ejerzan violencia política de género contra las mujeres en el país; y confió en que el proceso electoral de 2018 se lleve a cabo con paridad, sin prácticas discriminatorias y sin violencia.
Durante el evento estuvieron presentes también integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD; así como Claudia Trujillo Rincón, del partido Movimiento Ciudadano; Cecilia Lavalle Torres, periodista y especialista en comunicación y género; entre otras.
SEM/am/lr
Reconstrucción con Cambios para las mujeres en Perú
Diana Miloslavich
Si la proyección es de 150 mil empleos, lo menos que podemos pedir es que haya paridad o cuotas femeninas
SemMéxico, Lima, 17 octubre 2017.- En el Perú, el fenómeno denominado “Niño Costero”, ocasionó inundaciones de enero a abril en ciudades como Huarmey, Piura, Trujillo, Tumbes y Lima por las precipitaciones pluviales intensas que ocasionaron una zona de desastre y miles de damnificados y damnificadas entre enero y abril del presente año.
Sin duda, los desastres que afectan el Perú han evidenciado la alta vulnerabilidad y el riesgo que tiene la población y sobre todo las mujeres, jóvenes, niños y niñas y personas con discapacidades. Recuperar sus medios de vida, sus áreas de producción y servicios básicos tomará su tiempo. Esperamos también que los mecanismos de vigilancia ciudadana y rendición de cuentas que se generen tomen en cuenta a las organizaciones de mujeres.
Por ello, una inversión importante del Estado en los próximos años se dará en el norte del país en el llamado Proceso de Reconstrucción Con Cambios. Se han asignado 25,655 millones de soles, de los cuales el 77% estará en infraestructura afectada, el 21% en obras de prevención y ordenamiento urbano y el 2% en generación de capacidades. Tremendo desafío, que despierta preocupaciones desde diferentes miradas y enfoques. Una inyección a la economía regional de esa magnitud, moverá la economía, lo cual es cierto, pero no nos garantizará la democratización de los beneficios de la inversión pública para las mujeres. Por ello, si la proyección es 150,000 empleos, lo menos que podemos pedir es que haya paridad o cuotas femeninas en ese sector. Esta propuesta, conforme vamos presentándola no tiene resistencias y servirá para que las mujeres damnificadas y afectadas en el norte accedan a los trabajos de construcción civil fundamentalmente.
La inversión inicial de 5,446 millones destinada al retiro de sedimentos de ríos y quebradas, reforestación y drenajes pluviales también podría incluir trabajo femenino. Por ello proponemos que la Autoridad Nacional para la Reconstrucción, el Ministerio de la Mujer y los gobiernos regionales y locales consideren que los efectos han sido diferenciados y que hay que garantizar el empleo femenino en el proceso de reconstrucción y desarrollo sostenible.
Esto significaría que 50,000 hogares tendrían un ingreso asegurado en los próximos años mientras dura la reconstrucción. En lo inmediato, no hay mucho que escoger y las mujeres y jóvenes necesitan recuperar los medios de vida que han perdido. Para ello se necesitara también convenios con SENATI para capacitar a las mujeres y jóvenes interesadas en entrar en la construcción, como ya lo hicieron en otras regiones.
En la selección de entidades públicas se han utilizado criterios para definir quienes tienen capacidad de ejecución de obras públicas, y para ello hay una primera selección: 5 ministerios, 289 gobiernos locales y 10 gobiernos regionales, nosotras pensamos que además de los criterios, establecidos para definir a las entidades, en esta fase, se necesita tomar en cuenta los enfoques de desarrollo sostenible y de género. Una garantía del proceso será el diálogo franco con los gobiernos locales, regionales, y la sociedad civil que jugó un papel ejemplar en el momento de la emergencia, mecanismos amplios, abiertos y transparentes para el seguimiento, vigilancia y una Contraloría con recursos que pueda realizar su trabajo. Una voluntad de escuchar a la sociedad civil que es decisiva en las emergencias y poco tomada en cuenta en las reconstrucciones.
Carola Viveros, de Morena, presentó iniciativa para defender derechos sexuales y reproductivos
SemMéxico, Veracruz, 17 octubre 2017.- La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz podría contemplar los derechos sexuales reproductivos, la obligatoriedad de cumplir con la Norma Oficial Mexicana en materia de violencia sexual y consideraría violencia no brindar información laica.
La diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, de la fracción legislativa de Morena, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa para incorporar este tipo de derechos que hasta el momento no son contemplados en la ley del Estado de Veracruz.
En caso de que diputadas y diputados lo aprueben, la ley ahora establecería la obligación de cumplir con la NOM 046 y hacer valer (de por sí forzoso, pero ahora elevado a ley), el derecho de recibir información sobre derechos sexuales y reproductivos y la obligación de los funcionarios en hacerlo.
Además, de acuerdo con la iniciativa en el estado de Veracruz, sería considerada violencia escolar el que se impida acceder a información científica y laica en cuanto a todos los derechos, en especial a los sexuales.
“Esta propuesta busca asegurar, desde la Ley de Acceso, que las niñas, adolescentes y mujeres tengan a una educación sin prejuicios que les permita ejercer, si es que así lo deciden, sus derechos sexuales y reproductivos de manera informada y plena (…) que las mujeres vulnerables a la violencia sexual o las víctimas reciban atención en salud de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 046”.
En la exposición de motivos, señaló que en la entidad no se garantizan los derechos sexuales y reproductivos, lo que se observa con la gran cantidad de mujeres menores de 15 años que se convierten en madres; encuestas señalan que un porcentaje importante de mujeres (30.6) no usaron anticonceptivos en su primera relación sexual, en gran parte por desconocimiento.
“En Veracruz existe una problemática fundamental respecto al respeto y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, adolescentes y niñas (…) la maternidad en mujeres menores de 15 años en Veracruz es 5.3 veces mayor que el promedio nacional”, dice el documento.
La propuesta fue turnada a la Comisión para la Igualdad de Género, donde las diputadas que la integran deberán analizarla y presentarla ante el Pleno para su votación.
SEM/ao/lr
Falta garantizar igualdad laboral y económica de las mujeres: Rosa Adriana Díaz Lizama
SemMéxico, Cd. de México, 17 octubre 2017.- En la Sesión Solemne para conmemorar el 64 aniversario del derecho de voto a las mujeres en México, en la Cámara de Senadores, las legisladoras destacaron la urgencia de “la aprobación de la minuta referente a la violencia política en contra de las mujeres”.
Así lo afirmó la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República en funciones, senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, y agregó que en el país falta “lograr la erradicación de la violencia política que se vive en contra de las mujeres” y “garantizar igualdad laboral y económica de las mujeres”.
En su discurso sostuvo que “solamente con la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, las organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto, lograremos blindar la democracia paritaria, garantizar los derechos de las mujeres en la vida pública y política de nuestro país (…) No habrá mejor conmemoración, el siguiente año, que poder ver, en esta Cámara de Senadores, 64 escaños ocupados por mujeres”, y “ver en la Cámara de Diputados, 250 curules ocupadas por mujeres”.
De igual forma, la senadora Diva Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, reiteró que “urge que cerremos el círculo legislativo” y “aprobar la minuta en materia de violencia política, porque el derecho al voto, la democracia paritaria tiene que estar cubierta, protegida, debe de tener este muro de contención para la participación política de las mujeres en todo el país”.
La legisladora del PRI recordó que en la Cámara Alta después de cuatro años de trabajo permanente se logró reformar cinco leyes, “no solamente se definió el concepto de violencia política en contra de las mujeres, sino más facultades del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres) y agradezco enormemente la solidaridad de Lorena Cruz”.
La minuta sobre violencia política en razón de género fue aprobada por el Senado, desde el 9 de marzo pasado, y fue enviada a la Cámara de Diputados, donde está pendiente de ser dictaminada y en su caso ser ratificada por el Pleno.
La senadora Diva Gastélum afirmó que la violencia no puede naturalizarse ni en la política ni en la vida de las mujeres, “la violencia en contra de las mujeres la vemos todos los días en todos los lugares, venzamos este flagelo que ofende a toda la sociedad”.
A su vez, la senadora Martha Palafox Gutiérrez al destacar la Ley General de la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas; el Programa Nacional de Igualdad para las Mujeres, además de contar con un INMujeres, afirmó que “si toda esta legislación se aplicara, y funcionaran realmente los programas de políticas públicas del INMujeres y de otras secretarías, destinados a las mujeres, la situación de desigualdad y violencia no sería la que tenemos”.
Por su parte, la senadora del PT, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que, de manera sistemática, las mujeres se enfrentan a situaciones como el acoso y violencia política, “llegando a ser obstáculos para la designación y participación en cargos de representación popular o de liderazgo”.
La senadora Sonia Mendoza Díaz, del grupo parlamentario del PAN, reconoció a Hermila Galindo, Elena Torres, Eulalia Guzmán, Luz Vera, Aurora Herrera, María Rentería y Julia Nava, porque fueron el alma del movimiento sufragista en México.
La senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, indicó que en esta conmemoración “nos enfrentamos ante el gran desafío de alcanzar la paridad de género en los más de 18 mil cargos de elección popular que se elegirán en 2018 en México”.
A la Sesión asistieron representantes del Gobierno Federal, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González; en representación de la presidencia de la Cámara de Diputados, la legisladora Martha Hilda González Calderón; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, Santiago Nieto Castillo; Mónica Aralí Soto Fregoso magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Gabriela Villafuerte Coello, magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Judicial de la Federación, y la diputada del PVEM, Lía Limón García.
SEM/am/lr
A los y las indígenas y a quienes vivimos en la ciudades nos duelen igual las injusticias de un mal gobierno
SemMéxico, San Cristóbal de Las Casas, Chis., 16 octubre 2017.- La candidata independiente María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, en su primera visita al Caracol de Guadalupe Tepeyac y con la asistencia de los y las militantes de base del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, llamó a la unión de los pueblos e invitó a las mujeres a integrarse al proceso de organización para lograr la urgente transformación que necesita el país.
Marichuy se adelantó a todos los candidatos, oficiales e independientes, pues mientras los primeros esperan los procesos de sus partidos, los segundos simplemente no saben qué hacer.
Así, la candidata caminó con un ejército ciudadano y de organizaciones defensoras de los derechos humanos por varios puntos claves de Chiapas.
Marichuy arrancó su gira en Chiapas, en los Caracoles del EZLN, puentes estratégicos en los que se reúnen las redes insurgentes, con un mensaje preciso: “a los y las indígenas y a quienes vivimos en la ciudades nos duele de la misma forma las injusticias de un mal gobierno, es el momento de unir esfuerzos y luchar contra este sistema”, expresó.
Aseguró que de no lograrse esa unión los abusos seguirán y quizá de peor manera. Por tal razón, los pueblos indígenas aglutinados en el Congreso Nacional Indígena (CNI) están convencidos que es importante caminar juntos y dar este paso para derrocar a “este monstruo gigante que está acabando con el pueblo de México, con las tierras, la lengua, con la forma organizativa de las comunidades”.
El llamado al consenso para combatir y derribar el sistema capitalista de manera conjunta comenzó su recorrido por la frontera sur. Marichuy afirma que es la hora de los pueblos, “es la hora de levantar su voz, de organizarse… vamos a luchar no sólo por los pueblos indígenas, sino por todo el mundo”.
También convocó al género femenino para dar un paso al frente en el proceso de organización: “si todas las mujeres le echamos ganas, junto con nuestros hombres, lograremos derribar a este sistema capitalista que nos está exterminando”, finalizó la candidata.
SEM/mf/lr
Llamaron a entender que la perspectiva de género atiende a las ciudadanas más vulnerables
SemMéxico, Cd. de México, 16 octubre 2017. La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, se pronunció porque el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 se focalice a resolver los problemas reales que sufren las mujeres mexicanas y superar la práctica de “etiquetar por etiquetar”.
Durante la reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que se llevó a cabo el miércoles pasado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se dieron a conocer los avances en el ejercicio presupuestal con perspectiva de género.
La diputada del PRI destacó que debe establecerse en el Anexo 13 la forma cómo el Estado mexicano garantiza a las mujeres los derechos consagrados en la Constitución Política y en el marco jurídico internacional, a través de los acuerdos firmados como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la Convención Belém do Pará.
Ya que, recordó que a 10 años de la existencia del apartado presupuestal y del marco jurídico nacional para alentar una vida libre de violencia e igualdad, aún no está alineado con los compromisos del Estado mexicano y los acuerdos internacionales firmados en apoyo a las mujeres.
A su vez, Blanca Judith Díaz Delgado, directora de Estudios Sociales de la Posición y Condición de las Mujeres y la Equidad de Género, del CEAMEG, manifestó que el Anexo 13 representa una acción afirmativa en favor de las mujeres, por lo que esos recursos se tendrían que dedicar solo a ellas; por ello, dijo, se deben revisar las reglas de operación y garantizar que alcancen ese destino específico.
De igual forma, consideró necesario etiquetar más recursos para ese Anexo, pues lo que se otorga es ínfimo para lo que las mujeres representan en nuestro país; hay que entender que la perspectiva de género atiende a las ciudadanas más vulnerables, se destacó en un comunicado de la Cámara de Diputados.
Además, enfatizó la necesidad de que los recursos de la Sagarpa no sean excluyentes y atiendan adecuadamente a las mujeres indígenas y rurales.
Ana Libia Leyva Hernández, asesora de la Coordinación General de Enlace Sectorial, explicó que el presupuesto etiquetado del programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), para cubrir el Anexo 13 fue de 372 millones de pesos (mdp), cifra que se superó 15 por ciento y se alcanzaron 427 mdp; se ejercieron al 100 por ciento los recursos de todo el programa, y se tuvo una ampliación de 125 mdp que se ejercerán en octubre.
Sobre el componente de Atención a Siniestros Agropecuarios, Nayely Cerón Díaz, subdirectora de área de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, indicó que se apoya a mujeres productoras para mejorar su capacidad productiva ante un desastre natural; se asegura el territorio, ocurre el desastre, se activa el seguro, se verifica el activo productivo que se daña y se apoya a las productoras afectadas.
Puntualizó que el presupuesto es de 250 mdp y ya se ha pagado la prima de los seguros; la población objetivo son productoras que no tienen acceso a seguros, lo cual representa un avance significativo de respuesta ágil y pronta cuando son afectadas.
Del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales (PESA), Luis Aviña Contreras, mencionó que en el Anexo 13 cuenta con un presupuesto de 50 mdp para beneficiar a 10 mil mujeres con capacitación y proyectos productivos, en zonas de alta y muy alta marginación.
A su vez, José Merced Tulais López señaló que el programa El Campo en Nuestras Manos busca incrementar la producción agropecuaria; atiende a mujeres en condición de pobreza en localidades rurales o en la zona periurbana y, además, a las más de cuatro millones de pequeñas productoras que se encuentren en condiciones precarias del medio rural.
El componente cuenta con mil 206 mdp para destinarlos a mujeres que no tienen capacidad productiva, a fin de que produzcan sus alimentos en huertas y granjas familiares, con paquetes de producción para autoconsumo. También se impulsa la capacitación productiva para vincularlas al mercado con proyectos de comercialización.
La meta es apoyar a 64 mil 453 mujeres; al tercer trimestre fueron 33 mil 830, con más de 150 millones de pesos. Respecto a proyectos de producción primaria y agregación de valor, el objetivo meta eran 336 proyectos, pero se rebasó la cifra y hay mil 725 proyectos susceptibles de apoyo, y se han ejercido casi 70 millones de pesos.
SEM/am/lr
Ilógico que sea la Comisión de Igualdad la que detenga el dictamen
SemMéxico, Cd. de México, 16 octubre 2017.- La diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, informó que solicitó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que instruya a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Igualdad de Género para que emitan el dictamen en materia de violencia política de género.
En víspera de la conmemoración del 64 aniversario del derecho del voto de las mujeres en México, mediante una carta dirigida al diputado presidente Jorge Carlos Ramírez Marín, la legisladora del grupo parlamentario de Morena destacó que dicha minuta proveniente del Senado de la República está detenida en la Cámara de Diputados desde el mes de marzo de este año.
La minuta sobre violencia política en razón de género fue aprobada por el Senado, desde el 9 de marzo, y fue enviada a la Cámara de Diputados, donde se turnó para su dictaminación a las comisiones de Igualdad de Género y de Gobernación. El pasado 25 de abril, la Comisión de Gobernación aprobó la minuta en sus términos, sin modificaciones. Esa misma fecha, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género emitió una opinión favorable.
Pero la Comisión de Igualdad de Género discutió la minuta y no la sometió a votación en su última reunión de trabajo del segundo periodo ordinario, del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, que realizó el 26 de abril pasado. Por tanto, la minuta no pudo llegar al pleno y quedó como parte de la agenda pendiente de la Cámara Baja para el nuevo periodo que inició en Septiembre.
Dicha minuta con proyecto de decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para definir y sancionar la violencia política de género en el país.
Diversas legisladoras hicieron llamados para que la minuta fuese aprobada en periodo extraordinario antes de junio de este año, como lo indican las leyes electorales, con el fin de proteger los derechos políticos de las mujeres rumbo a las elecciones federales de 2018; por lo que, de ser aprobadas por la Cámara de Diputados en las siguientes semanas dichas reformas que sancionan la violencia política de género ya no tendrían efecto en el presente proceso electoral.
En este contexto, la diputada Maricela Contreras consideró que “no existe nada que justifique esta omisión del Poder Legislativo y de un órgano de la Cámara de Diputados que debe velar por el reconocimiento de los derechos de las mujeres”.
Además, a través de un comunicado, Maricela Contreras recalcó que se encuentra fuera de toda lógica que sea la Comisión de Igualdad de Género la que detenga el dictamen de violencia política de género.
Por lo anterior, Contreras Julián hizo un llamado al legislativo a asumir su responsabilidad y que la Cámara de Diputados aborde la Minuta sobre violencia política, la cual generó todos los consensos” en el Senado de la República.
En la carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, puntualizó que “a las mujeres se nos consideran como receptoras de violencia en la sociedad. En esta crisis de derechos que vivimos en nuestro país, se ensañan contra nosotras, ya que somos el sector que recibe los mayores estragos en la inseguridad, delincuencia e injusticias en la aplicación de la ley. Es totalmente inadmisible que se nos asesine, se nos viole, se nos mutile, se nos amenace, se nos torture o se nos desaparezca por ejercer nuestro derecho a participar en la toma de decisiones de nuestro país”.
Finalmente, recordó que la violencia política contra las mujeres “se da en todos los partidos, sin distinción, ninguno queda exento. Esto hace indispensable sumar esfuerzos y voluntades para concretar acciones y considerar a la violencia política como un delito. No se trata de colores de partidos o de intereses electorales, es una cuestión de respeto a nuestros derechos, a nuestra vida, a construir la democracia”.
Cabe destacar que producto de una larga lucha de sufragistas mexicanas, el 17 de octubre de 1953 el Diario Oficial de la Federación publica las reformas de los artículos 34 y 115 constitucionales que establecen la igualdad de derechos políticos para las mujeres, ya que reconoce que las mujeres tienen el derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular.
Por ello, el Senado de la República realizará mañana una Sesión Solemne para conmemorar el 64 aniversario de la publicación del decreto con el que se reconoció la ciudadanía a las mujeres de México, es decir, el derecho de votar y ser votadas.
SEM/am/lr
Habló de los diez años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 13 de octubre de 2017.- La feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, Marcela Lagarde y de los Ríos, impulsora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del mecanismo de Alerta de Violencia de Género y autora de conceptos como la Violencia Feminicida, presentó en el Congreso Local del Estado de Guerrero la conferencia “Balance a 10 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y su impacto en la legislación del Estado de Guerrero”.
En el contexto de la primera década de la Ley citada, por gestiones del grupo de seguimiento de la Alerta de Violencia de Género en Guerrero, en coordinación con la Comisión de Igualdad y la Unidad de Género del poder Legislativo Local, Marcela Lagarde conversó, literalmente, con representantes del poder Ejecutivo, Legislativo y de la sociedad civil.
Refirió que desde el Primer Congreso Feminista de Yucatán, en 1916, donde se habló con valentía sobre la maternidad, que debía ser protegida por el Estado, no ha habido logros; en ese sentido, llamó a cambiar los modelos de cuidado tradicional por uno de solidaridad social, y un sistema a cargo de las instituciones .
Desde la reflexión del concepto de feminismo hasta los alcances de la AVG, Marcela Lagarde pidió a las asistentes, eliminar el androcentrismo de las propuestas de acciones o proyectos públicos; lo que queremos, dijo, es que el desarrollo no sea solo para los hombres y que las mujeres sean apoyo permanente a los otros; queremos a las mujeres con proyecto personal de vida, con individualidad, con respeto a su autonomía, y sus libertades democráticas.
Destacó que en este momento hay en el país una movilización extraordinaria por construir el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, “eso es lo que estamos haciendo a nivel nacional, estatal, y municipal”.
Para que la AVG sirva para más de lo que ya ha servido, enfatizó, necesitamos enfocarnos a trabajar la ciudadanía de las mujeres, sus derechos humanos, “como derechos sentidos, conocidos, ejercidos día a día y respetados”.
Citó que un feminicidio se produce “por la enorme tolerancia social y del Estado, a la violencia contra las mujeres y las niñas, o sea que si no toleraramos la violencia, la hipótesis es que no habría feminicidio”.
Los feminicidios, sostuvo, los fomenta el Estado cuando no actúa, “lo fomenta por omisión”. Invitó a las y los legisladores a tomar en serio su papel como parlamentarias y parlamentarios, para hacer debate deliberativo sobre todo lo que se presente al Congreso, con los aportes que ya existen en el mundo.
Sugirió que la AVG debe ser un diálogo entre el gobierno con la sociedad “o no funciona”, de ahí que se deban pedir informes de cómo va la AVG periódicamente, ya que la Alerta no llega para quedarse eternamente.
Al grupo de seguimiento de la AVG recomendó realizar una autoevaluación, y medir su incidencia; aunque “no hemos podido entrar a la estructura del fenómeno, sí hemos logrado que el Congreso y algunas legisladoras y legisladores asuman la causa, y eso es producto de la alerta”.
Pidió a las asistentes ser ejemplares en el seguimiento a la Alerta de Violencia de Género, y de ser necesario, crear instrumentos, protocolos e instructivos para facilitar que las instituciones garanticen el acceso a la justicia.
La feminista reconoció que ha sido una década muy compleja en cuanto a la violencia de género, por lo que destacó que la AVG es solo parte de la Ley y para que funcione como un mecanismo de emergencia, tiene que aplicarse rápido, “tiene que ver el factor tiempo, el factor sorpresa y el factor formación”.
Advirtió que la a la AVG se le puede asfixiar por falta de recursos, pero ante ello la Ley dice que corresponde al gobierno federal en particular, y al Congreso Federal, incluir anualmente un presupuesto suficiente para lograr aplicar las AVG, “ no se vale decir que no hay dinero”.
A las mujeres corresponde exigir presupuesto suficiente para las acciones de la AVG, para la operación de las casas de Justicia, y de toda la estructura que atiende a las mujeres violentadas, luego reconoció que pocos estados tienen tantas instancias como Guerrero para ese fin, “y eso deberá ser valorado”.
SEM/ja/lr
Exigen declaratoria de Alerta de Género para Puebla
SemMéxico, Cd. de México, 12 octubre 2017. La Comisión Especial de Alerta de Género de la Cámara de Diputados acordó realizar reuniones con gobernadores y organizaciones sociales de los 12 estados del país donde existe declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para analizar su aplicación.
En su primera reunión de trabajo, las diputadas integrantes de la comisión avalaron su programa de trabajo en el cual acordaron también buscar una reunión con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación (Segob), para conocer la situación de la violencia contra las mujeres en el país y las acciones establecidas para erradicarla en cada estado y municipio con la Alerta de Género decretada.
La diputada Karen Hurtado Arana, presidenta de la Comisión Especial de Alerta de Género, detalló que los objetivos del programa de trabajo son dar seguimiento y análisis de las acciones realizadas por los gobiernos de los estados y municipios de acuerdo a la declaratoria de AVGM correspondiente.
Además, realizar reuniones con organizaciones peticionarias de las alertas y organizaciones de la sociedad civil con presencia en los estados y municipios con Alerta de Género, con el fin de conocer su opinión de las acciones realizadas por los gobiernos para atender la alerta y erradicar la violencia feminicida; asimismo conocer y analizar las solicitudes de Declaración de Alerta de Género en estados para su implementación.
La legisladora del PRD indicó que el objetivo es dar seguimiento a la aplicación de los protocolos que la alerta contempla en cada estado y revisar la petición de otras entidades para aplicar la misma medida.
La comisión que se instaló el 21 de febrero pasado, también comenzará a generar una base de datos de las acciones que se han llevado a cabo en los municipios y estados con declaratoria de Alerta de Género, para integrar un informe respecto a los cumplimientos de las acciones contempladas para atacar la violencia contra las mujeres.
Cabe recordar que en septiembre pasado la comisión especial no logró reunir quórum para trabajar, por lo que hoy llevó a cabo su primera reunión, y la próxima cita de trabajo está prevista para el 9 de noviembre, en la cual se espera asistan representantes de la Conavim, indicó la diputada Karen Hurtado.
Mientras que, en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la agrupación Unidos por Puebla y la diputada Paola Félix Díaz, del grupo parlamentario de Morena, exigieron que se declare la Alerta de Género, debido a la creciente ola de violencia feminicida que se registra en la entidad.
Denunciaron que del año 2011 a lo que va de 2017 existe 284 averiguaciones por el delito de feminicidio, y que sólo 82 casos están consignados, lo que representa el 29 por ciento, por tanto el 71 por ciento de estos casos sigue sin respuesta.
Además que al 2 de octubre de este año se registraron 88 casos de feminicidio en el estado; y que en los primeros siete meses de 2017 existe un registro de 781 denuncias de mujeres desaparecidas en Puebla, mujeres que siguen sin ser localizadas.
La organización recordó que en junio del año pasado, el grupo de trabajo que conformó Conavim emitió once recomendaciones al gobierno de Puebla para atender la problemática, y aunque se han hecho modificaciones a leyes y reglamentos, éstas no se han cumplido en su totalidad.
Por ello, Unidos por Puebla anunció que tomarán “varias acciones constitucionales e internacionales para denunciar” la omisión del Estado y del gobierno actual y anterior de la entidad.
Por otro lado, diputadas de Movimiento Ciudadano aseguraron que existen irregularidades y una reducción del 2.0 por ciento en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, que corresponde al rubro que se destina a atender la igualdad entre mujeres y hombres.
También en conferencia de prensa, las diputadas Verónica Delgadillo García, Mirza Flores Gómez, Candelaria Ochoa ávalos y Victoria Mercado Sánchez, urgieron que se “reconsidere” esta situación en la discusión del PEF, el cual debe ser aprobado a más tardar el próximo 15 de noviembre.
La diputada Candelaria Ochoa señaló que “se dice que el Anexo 13, que es el presupuesto encargado para la igualdad, no tiene reducción, pero existe una trampa en el Presupuesto”. Ya que presenta un aumento de 2.0 por ciento, mientras la inflación es de 4.0 por ciento, por lo tanto hay una reducción del 2.0 por ciento; y precisó que sólo el 0.5 por ciento del presupuesto general es etiquetado en el Anexo 13, que además se “traduce a una desigualdad en el
presupuesto”.
Explicó que el artículo 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contempla que no se podrán reducir a programas presupuestarios, ni a las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres.
Por ejemplo, enfatizó, que tan sólo en la Secretaría de Gobernación, el programa encargado de promover la atención y prevención en la violencia contra las mujeres, sufrió una reducción del 64 por ciento.
SEM/am/lr
La normalidad de vivir en #FeminicidiosEmergenciaNacional
La república feminista
México es el país más violento en estado de paz
SemMéxico, Cd. de México, 11 octubre 2017.- La tragedia que sacudió a la Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Puebla, Hidalgo y Chiapas vino acompañada de una sacudida social que llevó a miles de personas a desbordarse en las calles para ayudar a quienes pudieran estar atrapadas entre escombros, o para despejar calles y carreteras quebradas. Pero pasada una semana y después de un regreso obligado a una, fingida, paz de retomar la cotidianidad nos ha llevado a pensar cómo trazar caminos que inviten y lleven nuevamente a la sociedad a volcarse a reconstruir este país, pero políticamente.
Hoy somos el país número uno en corrupción. Sin embargo, la corrupción no es como la plantean los medios de comunicación de abajo hacia arriba, es decir responsabilidad de las personas de a pie. Allí se equivocan, la corrupción en este país viene de arriba hacia abajo. Es el sistema el que en la mayoría de las ocasiones obliga a las personas a la corrupción con tal de acceder a la justicia o hacer breve un trámite básico, dilema muy diferente sobre las y los servidores públicos, políticos y empresarios deshonestos que fomentan y reproducen la corrupción cuyo efecto se vuelve de cascada dado el mayor nivel social e impacto que tienen.
Pero más preocupante aún es la gran posibilidad de ser asesinado por ser defensor o defensora de derechos humanos, del medio ambiente o por el sólo hecho de ser mujer, somos el país con más muertes violentas que cualquier otro en supuesta paz.
Pero quiero recalcar que hoy somos un país feminicida.
La violencia feminicida es derivada de una estructura de violencias que se dan en lo social y en lo personal. En el primer ejemplo están la violencia política, la violencia en el trabajo, en las escuelas y universidades, la violencia en instituciones públicas y la violencia en la comunidad. En el ámbito de lo personal están aquellas violencias que vivimos en nuestras familias y con nuestras parejas. Definiciones que han sido reconocidas por el Estado mexicano y se pueden encontrar en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y su homóloga para la Ciudad de México. Las que aún no se elaboran son la mediática y política.
Ahora bien, ejemplos de estas violencias hay muchos, por todos lados encontramos desde micromachismos políticos como considerar a Zavala siempre en relación con su esposo y no en función de ella y sus decisiones políticas. Ejemplos de instituciones como las reformas que permiten condiciones de desigualdad como la reciente aprobación de la objeción de conciencia, así como la violencia institucional producida por las instancias de impartición o procuración de justicia que permiten la impunidad. En nuestra normalidad la impunidad es una constante, por ejemplo, sólo el 2% de delitos denunciados en temas de violencia contra las mujeres llegan a una sentencia, el nivel de ineficiencia del sistema es gravísimo y eso se demuestra en el número de feminicidios que tenemos en el país.
El feminicidio ya no es cuestión de zonas, como en 1990 pensábamos que lo era Ciudad Juárez, hoy sabemos que eso pasa desde Yucatán hasta Baja California y que estas problemáticas en muchas ocasiones también se involucran con temas de delincuencia organizada como tráfico y trata de personas y por tanto son competencia no sólo de una institución sino de una red de instituciones y niveles de gobierno, que muchas veces están desarticulados y por tanto no logran atinar respuestas a problemas multidimensionales. Hoy tenemos políticas públicas bien intencionadas, pero que no han logrado parar la violencia; la primera son las Alertas de género y la segunda los Centros de justicia, ambas tienen problemas de coherencia interna, externa y pertinencia.
Además, la violencia mediática que produce y reproduce violencia contra las mujeres desde los medios de comunicación que mantienen contenidos sexistas, misóginos, que cosifican a las mujeres, que reproducen y promueven estereotipos de amas de casa o modelos al servicio y atención de los hombres ya sea para satisfacer una necesidad sexual o un servicio. Esta violencia ni siquiera se toma en cuenta y mucho menos se tienen políticas públicas para eliminarla.
Razones para salir a exigir un país mejor sobran, formas y espacios para trabajar el cambio también, todas son importantes. Urge reconstruir no sólo el mapa urbano de las ciudades devastadas se debe reconstruir desde los cimientos una nueva organización social y política digna de un pueblo tan solidario en los momentos de crisis.
Desde el movimiento feminista y de mujeres se está convocando para establecer un diálogo que permita establecer puntos de partida para la construcción un país libre de violencia contra las mujeres.
Para más información pueden buscar en Facebook la página Dialogo Feminista 2017 ante el #FeminicidioEmergenciaNacional.
Sobra decir que la construcción de un país que luche por obtener justicia en cualquier ámbito beneficiará a todos los sectores del país, porque eso se traducirá en un Estado que sí garantice la justicia y el respeto a los derechos humanos de toda la población.
Rita Imelda Fernández
@RitaIFdz
La ley no puede negarse a la realidad que viven las niñas, ni alejarse de las recomendaciones internacionales
SemMéxico, Cd. de México, 11 octubre 2017. La diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario de Morena, llamó a la legislatura a no ignorar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y acatar la prohibición obligatoria de los matrimonios entre personas menores de edad, “sin excusas y en concordancia a los lineamientos internacionales de derechos de las niñas y los niños”.
En el marco del Día Internacional de la Niña 2017, mediante un comunicado de prensa, la legisladora recordó que desde inicios de este año existe un punto de acuerdo que exhorta a todos los congresos estatales a establecer en sus códigos civiles la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, en cumplimiento del artículo 45 de la LGDNNA.
Contreras Julián criticó que “algunos diputados pertenecientes a la Comisión de Derechos de la Niñez votaron en contra” de dicho punto de acuerdo, por lo que pidió congruencia entre los integrantes de esa comisión y de la propia Cámara de Diputados “para legislar, sin excusas, con el único objetivo de proteger el bien superior de las niñas y niños de México”.
Además, la diputada subrayó que “nuestra legislación no puede negarse a esta realidad que viven hasta hoy las niñas, mucho menos alejarse de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
Expuso que el matrimonio infantil “vulnera flagrantemente los derechos de las niñas y niños, constituye una práctica que violenta su integridad física, convirtiéndose en un elemento que alienta las brechas de desigualdad de género y busca alentar la reproducciones de roles tradicionales en las mujeres desde la temprana edad”.
De igual forma, destacó que “el matrimonio entre menores de edad no es un tema menor en México y el mundo”, pues una investigación de la organización Save the Children informó que cada día más de 20 mil niñas en el mundo son obligadas a casarse, sin haber alcanzado la edad mínima permitida, por lo se estima que cada año 7.5 millones de niñas son casadas por obligación en todo el mundo.
Finalmente, indicó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Comité de los Derechos del Niño establecen que el matrimonio infantil es una práctica nociva que debe erradicarse, pues afecta gravemente la vida futura de las niñas.
Por su parte, la diputada Angélica Reyes Ávila, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez, hizo un llamado a las autoridades federales, municipales y estatales, a fin de armonizar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con los códigos penales locales para “incluir los feminicidios infantiles en las causales de tipo penal de este delito”.
La legisladora de Nueva Alianza destacó, a través de un comunicado, que hasta 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que las mujeres asesinadas en México son predominantemente niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, y que siete de cada 100 víctimas de cero a 14 años fueron niñas.
Así, la diputada señaló que en México se debe reconocer la dimensión real de la violencia de género y el feminicidio como primer paso para garantizarle a las niñas y adolescentes el acceso a la justicia y mejores condiciones sociales.
Además, dijo que la situación de violencia que viven las niñas en el país “es tal, que la Secretaría de Gobernación admitió recientemente una solicitud para activar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México”.
“El Estado mexicano debe implementar mecanismos de actuación concretos y transparentes para detener las desapariciones de menores de edad, el feminicidio en niñas y adolescentes, así como exigir a los ministerios públicos apegarse a los nuevos protocolos penales, para dar certeza a los familiares de que tendrán acceso a la justicia”, afirmó.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer sus derechos y los problemas extraordinarios a los que se enfrentan en todo el mundo.
SEM/am/lr
Personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud podrá negarse a practicar procedimientos
SemMéxico, Cd. de México, 10 octubre 2017.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó adicionar el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, para establecer que el personal médico y de enfermería, que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece dicha ley.
En la sesión de hoy, la Comisión de Salud presentó una modificación al dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria, la cual fue aprobada por el Pleno.
Esta modificación se hizo al segundo párrafo del artículo adicionado, en el cual se aclara que: “el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del o la paciente, o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral”.
Así, el dictamen, que fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación, establece que los y las profesionales, técnicos, auxiliares y prestadores de servicio social que formen parte del Sistema Nacional de Salud podrán hacer valer la objeción de conciencia y excusarse de participar y/o cooperar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan su libertad de conciencia.
De acuerdo con las modificaciones, la Secretaría de Salud emitirá las disposiciones y lineamientos para manifestar la objeción de conciencia, y tendrá la obligación de contar con personal no objetor que reciba y atienda a las y los pacientes cuando se haga efectiva esta facultad.
El dictamen avalado por el Pleno en lo general con 313 votos a favor, 105 en contra y 26 abstenciones, surgió de una iniciativa que la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social (PES), presentó el 4 de noviembre de 2015.
Posteriormente se aprobó la reserva de la diputada Cecilia Soto González, del grupo parlamentario del PRD, la cual aclara que se incurrirá en causal de responsabilidad profesional cuando se invoque la objeción de conciencia en casos en que se ponga en riesgo la vida de pacientes o se trate de una urgencia médica.
De esta manera, el dictamen fue aprobado en lo particular por 367 votos a favor, 34 en contra y 28 abstenciones.
Durante la discusión del dictamen, diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del PES, PVEM, PAN y PRI apoyaron la reforma.
Mientras que legisladoras y legisladores de NA, Morena, PRD y MC sostuvieron que la objeción de conciencia pone en riesgo la atención médica de poblaciones enteras que pueden ser discriminadas o a quienes se les puede negar un derecho básico.
Por su parte, la diputada Candelaria Ochoa Ávalos, del Movimiento Ciudadano, al recordar que la responsabilidad del Estado es procurar el más alto nivel posible de salud en la población, también reivindicó el Estado laico: “las y los servidores públicos tienen, con base en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la obligación de actuar y ejercer sus actividades en función de ello. Y un principio es la laicidad.”
En su turno, la diputada Hortensia Aragón Castillo, del PRD, afirmó que con dicho artículo se vulnera el derecho a la interrupción legal del embarazo, puntualizando que, además, se vulnera el derecho a la atención médica; “que la Secretaría de Salud nos diga si va a tener en todos los casos no objetores de conciencia; para mí queda claro que sí se pone en riesgo la vida y la salud de muchos y muchas en este país”, cuestionó.
La diputada Cecilia Soto destacó que el dictamen no atiende ningún problema en el país ya que no existen casos donde se haya negado la prerrogativa a la objeción de conciencia a personal médico. Por el contrario, puntualizó que con esta reforma se abre “la puerta a que criterios religiosos normen la política de salud pública en un país laico”.
Recordó que en México a mujeres y niñas, con el argumento de la objeción de conciencia, se les ha negado el derecho a interrumpir un embarazo en casos de violación, aunque agregó que no es un tema solamente de salud reproductiva de las mujeres, sino que es un tema amplio que vulnera los derechos humanos de toda la población, “atiende al problema de la transfusión sanguínea, al trasplante de órganos, a la investigación con células madre”, detalló.
De igual forma, la diputada Mariana Trejo Flores, de Morena, afirmó que el dictamen reconoce que en ninguna de las normas internacionales que México ha firmado y ratificado se encuentra establecido el derecho a la objeción de conciencia, y que además “reconoce que en la Constitución Política no existe precepto expreso que proteja el derecho a la objeción de conciencia, por el contrario, se ha considerado que las convicciones religiosas no pueden ser motivo para incumplir leyes”.
A través de sus redes sociales, feministas, asociaciones, organizaciones y grupos de defensa de derechos humanos argumentaron su rechazo a la aprobación de este dictamen por implicar violaciones a los derechos humanos, especialmente de las mujeres, como lo señaló el Instituto Simone de Beauvoir “inadmisible que @Mx_Diputados apruebe dictamen sobre objeción de conciencia que vulnera derechos reproductivos de mujeres #SaludSinObjeción”.
SEM/am/lr