Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 31 agosto 2017. El grupo parlamentario del PRD de la Cámara de Diputados aprobó impulsar acciones prioritarias en 11 ejes de trabajo durante el periodo ordinario de sesiones que inicia mañana viernes, 1 de septiembre.

En su reunión plenaria la fracción perredista acordó entre sus prioridades impulsar la aprobación de la minuta del Senado sobre la Ley General de Desaparición Forzada, y demandan “aprobar la Minuta en materia de violencia política en razón de género, que ha sido obstruida por el PRI. El tema debe ponerse a debate y votación cuanto antes, para revertir la discriminación política contra las mujeres”, se lee en un boletín del grupo parlamentario. 

La minuta del Senado pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados reforma y adiciona diversas disposiciones a cinco leyes federales, para que la violencia política en razón de género quede plasmada y sea sancionada por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de Delitos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Los otros temas que el grupo parlamentario del Sol Azteca acordó impulsar son respaldar las reformas constitucionales garantistas aprobadas en 2008, el fortalecimiento de los derechos humanos y el juicio de amparo de 2011; desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI); no dar permanencia a las fuerzas castrenses en una Ley de Seguridad Interior; la supresión del fuero a los altos funcionarios, incluido el Presidente de la República.

Rechazaron “la intención de designar al actual procurador General de la República, como Fiscal General, porque lesiona gravemente la autonomía de ésta. La asociación del Ejecutivo con el PRI y sus aliados no cumple, sino que destruye, los mínimos de una designación imparcial”, asimismo, señalaron que impulsarán reformas constitucionales y legales para garantizar la autonomía de la Fiscalía, como parte básica del combate a la corrupción.

Impulsarán la aprobación de las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico, y por último, defenderán la soberanía nacional y los intereses de México en particular con Estados Unidos, así como la integridad de las personas migrantes mexicanas en aquél país, además de estar atentos a las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

SEM/am/lr

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 30 agosto 2017.- La Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República emitió la convocatoria para recibir las propuestas y entregar el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” 2018, a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política y económica en favor de los derechos humanos, de las mujeres y de la igualdad de género.

La comisión que preside la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo puntualizó que las fechas para hacer llegar las propuestas serán del 15 de agosto al 15 de diciembre de 2017, a fin de que se lleve a cabo el análisis, discusión y aprobación al interior de la Comisión para su dictamen.

También, precisó que las propuestas las podrán hacer: la Cámara de Diputados, los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad civil, dedicados a la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género, así como a los poderes legislativos estatales y municipales, las universidades e instituciones de enseñanza, los medios de comunicación y en general, la sociedad.

Además que todas las postulaciones deberán contener: nombre de la aspirante al reconocimiento; una reseña breve de los logros y contribuciones en la aportación, promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de las mujeres.

De igual forma, se indicó que la reseña deberá plasmar las aportaciones en el ámbito social, político, cultural, tecnológico, científico, económico o académico que haya tenido por objetivo el empoderamiento de las mujeres y el logro de la igualdad de género y la sustentación por la cual debe ser elegida como la mujer merecedora del reconocimiento. 

Finalmente, las propuestas deberán ser entregadas a la Comisión para la Igualdad de Género, al correo igualdaddegenero@senado.gob.mx; o en la dirección Paseo de la Reforma N. 135, Torre de Comisiones, piso 10, oficina, 1, Col. Tabacalera 06030 Cuauhtémoc, Ciudad de México, a la atención de la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género.

SEM/am/lr

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 30 agosto 2017. Organismos de derechos humanos y 49 colectivos de familiares de personas desaparecidas en México integrantes del “Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México”, exigieron a diputadas y diputados federales la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto de cada año, las familias, organizaciones e instancias solicitaron a la legislatura a dictaminar la minuta aprobada en abril pasado por el Senado de la República y dotarla de recursos suficientes para su implementación.

Así, por primera vez se realizó un evento en el Palacio Legislativo de San Lázaro con diversas organizaciones sociales mexicanas e internacionales, relacionadas con la desaparición de personas, para conmemorar y honrar este Día Internacional.

Las organizaciones participantes pidieron a la legislatura que al iniciar el periodo ordinario de sesiones, el 1 de septiembre, apruebe la ley en la materia, con presupuesto para instrumentar dicha norma, por ejemplo, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se propone en la minuta.

Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló la necesidad de concluir ese proceso legislativo, para avanzar en la lucha contra la desaparición de personas, a fin de “lograr la verdad, la justicia y la reparación del daño”, como lo demandan miles de familias de desaparecidos.

El funcionario urgió al Estado mexicano a que reconozca la competencia del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias individuales.

SEM/am/lr

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 28 agosto 2017.- El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República informó que los recursos para proyectos y acciones enfocados a impulsar la igualdad entre mujeres y hombres han ido en aumento cada año, ya que han pasado de 9,631.4 millones de pesos (mdp) en 2008 a 27,424.6 mdp en 2017, que implica un crecimiento promedio anual real de 12.3 por ciento para este periodo.

En el artículo “Evaluación del presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres”, elaborado por la Dirección General de Finanzas, que fue publicado en el Número 31 de la Revista Pluralidad y Consenso del IBD, se destaca que para 2017, las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres representan 0.6 por ciento del gasto neto total aprobado.

Dicho presupuesto para el presente año está distribuido de la siguiente manera: 38.7 por ciento para desarrollo social; 18.7 por ciento para salud; 13.5 por ciento para educación pública; 8.9 por ciento en agricultura, ganadería, desarrollo social, pesca y alimentación; 8.7 por ciento en desarrollo agrario, territorial y urbano; 4.8 por ciento para Entidades no sectorizadas y el 6.6 por ciento restante para otros ramos y entidades.

El estudio recuerda que desde el año 2006, cuando publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), se estableció que la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Hombres y Mujeres deberá considerar lineamientos que aseguren que “la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre hombres y mujeres”. 

Por ello, en el año 2008 se incluyó un anexo específico en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en el cual se establecen de manera transversal los recursos destinados a este tema.

El análisis indica que el Anexo Transversal del PEF contempla una asignación de 17,661.9 mdp en programas presupuestarios de las Entidades de Control Directo (ECD) y las Empresas Productivas del Estado (EPE) que están vinculados con la igualdad entre hombres y mujeres; de este monto, el análisis destaca que el 98.2 por ciento corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por otra parte, el documento incluye una comparación entre el presupuesto aprobado y el ejercido para este tema, de donde se desprende que en 2011, 2012 y 2013 se ejercieron menos recursos de los presupuestados por 9.6 por ciento, 1.8 por ciento y 0.3 por ciento, respectivamente, mientras que para 2014 el gasto ejercido fue 1.8 por ciento mayor al presupuestado. 

En 2015 el gasto ejercido fue 122.2 por ciento mayor al presupuestado, lo que representa un sobreejercicio de 31,552.6 mdp, en pesos de 2017.

La diferencia entre los presupuestos aprobados y ejercidos se explica fundamentalmente por la ampliación de asignaciones a diversos ramos presupuestarios y por la reorganización de funciones que se llevó a cabo en la Administración Pública Federal, explica el análisis.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que, para 2015, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) impulsó la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional y en los programas presupuestarios del PEF, señala el artículo. 

De igual forma, se indica que de los 109 programas registrados por el INMUJERES, 103 se vincularon con la igualdad entre mujeres y hombres y 6 no contaron con indicadores que se relacionen con el tema, mientras que dos programas ejercieron recursos sin que las dependencias proporcionaran información sobre su ejercicio ni acciones e indicadores.

Finalmente, el documento retoma un señalamiento del Consejo Nacional de Evaluación de la policía de Desarrollo Social (CONEVAL) que indica que para conseguir que el presupuesto con perspectiva de género tenga un resultado positivo, es indispensable examinar las necesidades de la población, la estructura y aplicación del gasto público.

SEM/am/lr

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 28 agosto 2017. La diputada Beatriz Rojas Martínez, y los diputados César Cravioto, Felipe de la Cruz y David Cervantes, de Morena, e integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), advirtieron que defenderán los derechos humanos, la equidad de género y la buena administración, plasmados en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Hoy, durante el Foro ‘Derechos Humanos, Equidad de Género y Derecho a la Buena Administración’, la diputada Beatriz Rojas Martínez destacó el trabajo de las y los diputados de la Asamblea Constituyente, quienes redactaron la Constitución de la CDMX, en la cual se reconoció la contribución fundamental de las mujeres al desarrollo de la ciudad y promovieron la paridad de género.

Con los derechos plasmados en la primera Constitución de la capital, aseguró, que las autoridades de la Ciudad de México deberán adoptar las medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la discriminación, desigualdad y toda forma de violencia contra las mujeres.

Además, la diputada recordó que en abril del año pasado, presentó una Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la administración pública y la ley de igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres, a efecto de garantizar una verdadera paridad de género en la administración pública de la ciudad.

A su vez, el legislador Felipe de la Cruz afirmó que en la ALDF la alianza del PAN y PRD ha hecho retroceder las Leyes Secundarias “para hacerlas vagas e imprecisas”.

Sobre esta alianza, sostuvo que el PAN y PRD quieren conformar un frente amplio, el cual calificó de contradictorio, ya que ambos partidos tienen una ideología muy diferente, uno es de derecha y otro de izquierda, dijo.

En su participación, el diputado David Cervantes llamó a la ciudadanía a informarse más sobre la Constitución de la CDMX, además destacó la importancia de la participación ciudadana en la defensa de los derechos a la igualdad, la vivienda, el patrimonio, el medio ambiente, entre otros.

Por su parte, Mayela Delgadillo Bárcena, diputada constituyente, apuntó que el gran avance de la Constitución de la CDMX es que las y los ciudadanos podrán hacer exigibles y justiciables a sus derechos, pues establece a quién le corresponde velar por los derechos humanos, qué instancias son las responsables y a quiénes acudir en caso de violación.

Sin embargo, expuso que para una defensa eficaz de los derechos humanos es necesario que las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos sean obligatorias, que el titular tenga un perfil ciudadano para defender a las y los capitalinos y no hacer alianzas con los gobiernos para retener por años las recomendaciones.

En su participación, Netzaí Sandoval, director de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, hizo un llamado a las y los diputados a legislar con perspectiva de género, los invitó a analizar sanciones a Ministerios Públicos que ordenen el arresto de las mujeres que denuncian violencia, los exhortó a garantizar órdenes de protección inmediata para mujeres víctimas de cualquier tipo de agresión.

Finalmente, Sandoval pidió a la diputación a reflexionar acerca de las candidaturas independientes, ya que consideró es necesario que exista una ley que obligue que un porcentaje de candidaturas independientes sean para mujeres, pues en las elecciones de 2015, sólo el 9 por ciento de candidaturas postuladas fueron mujeres.

SEM/gm/lr

Alicia Mendoza

SemMéxico, Cd. de México, 28 agosto 2017. Senadoras de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional Electoral (INE), destacaron que los retos del proceso electoral de 2018 son eliminar la violencia política de género y garantizar el principio de paridad.

Así lo señalaron al inaugurar el Seminario-Taller ‘La paridad de género rumbo al 2018’, organizado por el Senado de la República y el TEPJF; donde la senadora Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, advirtió que en la víspera del proceso electoral los riesgos son la violencia política de género y la amenaza de la simulación mediante la figura de las juanitas en el otorgamiento de candidaturas.

Por lo que, sostuvo, se requiere ampliar el principio de paridad reconocido por la Constitución federal, no sólo en la integración de candidaturas al Congreso de la Unión y los congresos locales, sino para el tercer orden de gobierno.

De igual forma, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del INMUJERES, destacó que las elecciones del siguiente año representarán un reto para los órganos electorales y para las mujeres, ya que deberán ser unas elecciones incluyentes, limpias, justas y paritarias.

Para ello, recordó que el INMujeres, TEPJF y el INE crearon el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, mecanismo para la vigilancia y monitoreo del cumplimiento de la paridad, de la permanencia de las mujeres en los puestos de elección y en la toma de decisiones; además, informó que serán creados observatorios locales en todo el territorio nacional.

A nivel municipal, indicó, se presenta el mayor desafío, pues actualmente sólo hay 14.2 por ciento de presidentas municipales, “en 2018 esta cifra tiene que cambiar significativamente”, “las mujeres mexicanas buscan la paridad en todas las esferas de la vida pública y privada, y ejercer todos los derechos con plenitud y libres de Violencia”.

Al lamentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado eliminar de la Constitución de la Ciudad de México un par de artículos, entre los que se encontraba la violencia política de género como causal de nulidad de elecciones, afirmó que “aún tenemos tiempo de incidir en el tema”.

“Ya no estamos dispuestas a callar ni a sufrir ningún tipo de violencia por participar. La paridad no es una dádiva, es un derecho exigible y obligación ética para enfrentar la impunidad, corrupción, injusticia e insensatez política”, lo que hace falta en México es que se “cumpla la ley como debe ser”, para que logremos que se respeten los derechos políticos electorales de las mujeres, apuntó.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, adelantó que “vamos a hacer nuestro último esfuerzo para modificar la Constitución” y establecer la paridad no sólo en la integración de candidaturas al Congreso de la Unión y los congresos locales, sino en el tercer orden de gobierno, “pero hay muchas resistencias” que se pueden vencer con las alianzas conformadas con legisladoras de todos los partidos políticos, dijo.

Janine Madeline Otálora Malassis, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solicitó a la legislatura a no cesar “en su anhelo de impulsar la paridad de género al interior de sus institutos políticos, porque una democracia sin paridad de género es una democracia a medias”.

Sostuvo que frente a la elección de 2018, los partidos políticos están divididos para ver quién gana, pero deberían estar unidos en lograr que triunfe el principio de paridad de género, porque “los fundamentos de este son el derecho humano a la igualdad entre hombres y mujeres, y también el derecho humano a una vida digna”.

“Se trata de que los mismos partidos sean los motores del cambio, que impulsen con convicción la paridad de género en todas sus representaciones y puestos directivos”.

A su vez, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), destacó que para eliminar la violencia política de género hace falta la aprobación de las normas que sobre el tema se encuentran pendientes en la Cámara de Diputados, y también establecer el tipo penal de violencia política en contra de las mujeres.

Desde 2015, puntualizó, se presentó “un problema de violencia política en contra de las mujeres que no podemos soslayar ni minimizar” y es importante eliminar ese lastre para mejorar la calidad del sistema democrático.

El fiscal afirmó que en el tema de paridad no basta con que las mujeres accedan a las candidaturas, sino que tengan más posibilidades de llegar al ejercicio del poder real y de competir por los cargos en los lugares de mayor trascendencia política.

Mónica Maccise Duayhe, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, destacó un estudio que la instancia electoral realizó en 2016, el cual señala que los principales obstáculos para las diputadas federales de acceder a la toma de decisiones es la conformación androcéntrica de las jerarquías de los grupos parlamentarias, pues están mayoritariamente integrados por hombres.

Coincidió en que se debe llevar a cabo un esfuerzo constante por mostrar los beneficios de la paridad al interior los partidos políticos, democratizar el espacio de lo doméstico y eliminar los estereotipos para que los hombres se incorporen a esas tareas.

A su vez, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, manifestó que la paridad se trata de un derecho que no está a discusión, “democracia paritaria ya, sin adjetivos, así como se oye, completito todo lo que corresponde a las mujeres, ya sean jóvenes, indígenas, mujeres de la tercera edad, con alguna discapacidad o que pertenezcan a otro sector de la población”.

La senadora Marcela Torres Peimbert, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió que se necesita paridad, no por la clase política, sino porque se quiere hacer una política real.

Al participar en la Mesa 1, ‘Los derechos políticos de las mujeres y la paridad de género. Experiencias institucionales’, Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del TEPJF, indicó que las decisiones tomadas por el Tribunal Electoral en materia de paridad de género han puesto en evidencia las prácticas reiteradas de los partidos políticos de cumplir con las cuotas sin incorporar una visión de redistribución de oportunidades entre géneros real.

Actualmente, dijo, existe un esfuerzo reiterado del órgano jurisdiccional por enderezar esas prácticas a fin de igualar las oportunidades de acceso al poder político y no sólo de cumplir con un registro cuantitativo de 50-50 de candidaturas.

Finalmente, subrayó que “la paridad es un principio que exige un nuevo entendimiento del poder y el ejercicio de la política, ya que se trata de impulsar un poder público compartido igualitariamente entre hombres y mujeres”.

SEM/am/lr

Zaira Hernández

SemMéxico, Oaxaca, Oax. 26 julio 2017.- Un grupo de trabajo analiza la solicitud de alerta de género hecha por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblos de Oaxaca (DDHPO), que tomó como base las mil 279 muertes violentas de mujeres registradas en los últimos 18 años.

El coordinador Jurídico del Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES), Pablo Navarrete, hizo una visita “in situ” al grupo de trabajo instalado el 20 de julio. En 30 días deberá preparar el informe.

Este grupo está integrado por dos académicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), una de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma de México, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y tres representantes de los gobiernos federal y estatal, quienes elaboran un informe en el tema.

Mientras tanto, en el Congreso local, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, presentó un punto de acuerdo donde exhorta a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), para declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca.

Solicitó al Poder Legislativo sea tratado de obvia y urgente resolución, ante situaciones en las que se amerita esta declaratoria, como resultado de una acumulación de omisiones, acciones y aquiescencia del Estado, incluido el incumplimiento a la capacitación a investigación con perspectiva de género, la elaboración de peritajes especializados para visibilizar los contextos sociales de la violencia de género, y los mecanismos de evaluación a la cadena de justicia para las mujeres.

Existen 11 alertas en el país -la más reciente para 3 municipios de Quintana Roo- y sirven para hacer visible una situación atroz de violencia, para coordinar esfuerzos y repensar el papel que juegan las mujeres en los estados desde los tres niveles de gobierno, expresó.

“Con esto, se coloca en el centro de las políticas públicas el tema de género, lo que significa un fortalecimiento institucional en todos los sentidos”, dijo Pablo Navarrete.

Para el caso de Oaxaca, la solicitud hecha por la Defensoría, da cuenta documentada de las mil 279 muertes violentas de mujeres en últimos 18 años, sumados los 70 que van de la actual administración.

El funcionario federal, abundó que una alerta servirá para modificar las instituciones así como las estructuras sociales que permiten la discriminación y la violencia contra las mujeres, y para combatir la impunidad.

En 2015, Oaxaca estaba en el octavo lugar en incidencia feminicida. “La violencia sigue siendo uno de los grandes desafíos”, señaló, para reforzar con datos que en México 7 de cada 10 mujeres ha experimentado un acto de violencia, de los cuales, 4 los vive en el hogar.

“El hogar de las mujeres se ha convertido en el lugar más peligroso y eso lo tenemos que ir cambiando con políticas de prevención, de intervención, con un esfuerzo institucional para que vaya cambiando”, dijo el representante de Inmujeres.

Los gobiernos deben trabajar con firmeza, sin vacilar, ya que cada 4 horas una mujer es asesinada, 6 víctimas al día en el país, remarcó.

Los estados con mayor número de muertes violentas de mujeres con presunción de
feminicidios son: Guerrero, Chihuahua, Colima, y las Bajas Californias.

Mientras tanto, Pablo Navarrete criticó que, en el aspecto jurídico, la tipificación del delito respondió en muchas ocasiones a un tema de legitimidad política, más que de utilidad jurídica.

“Se hicieron malas tipificaciones, se les pusieron muchos elementos subjetivos y con eso las fiscalías no pueden hacer milagros. Se requiere la participación decidida del Poder Legislativo para adecuar el marco normativo, porque el feminicidio nos tiene que servir para ponerle un cerrojo a las prisiones, no para abrirle las puertas a los delincuentes, sobre todo con el nuevo sistema penal acusatorio”, mencionó.

Sumado a esto, el Poder Judicial tiene que revisar los procesos para juzgar con perspectiva de género.

SEM/zh/lr

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 25 agosto 2017. Esta semana que dio inicio el Ciclo Escolar 2017–2018 de la educación básica, la diputada Wendy González Urrutia, de la Asamblea Legislativa capitalina (ALDF), exhortó a Mauricio Rodríguez Alonso, titular de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, a realizar acciones que busquen frenar la violencia en contra de las mujeres en centros escolares de nivel básico, a través de talleres de género permanentes.

Así lo indicó la legisladora del grupo parlamentario del PAN, tras citar números de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI 2016, misma que revela que en México 66.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han padecido al menos un incidente de violencia en su trabajo, la calle, la escuela o su hogar.

De acuerdo con la más reciente ENDIREH, 25.3 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia en el ámbito escolar a lo largo de su vida en todo el país; y en los últimos 12 meses, el 17.4 por ciento de las mujeres.

Por ello, la legisladora puntualizó que la violencia escolar ocurre predominantemente en las instalaciones de la escuela con 74.3 por ciento, y el resto en inmediaciones, calles, parques cercanos a la escuela, con 15.9 por ciento.

Los tipos de agresiones contra las mujeres ocurridas en la escuela son: 38.3 por ciento de índole sexual; 34.1 por ciento emocionales y 27.7 por ciento físicas.

Además, la ENDIREH reveló también que los cinco estados que registra mayor violencia contra las mujeres en el ámbito escolar es Querétaro, con 32.5 por ciento; le sigue Jalisco, con 32.2 por ciento; en tercera posición está la Ciudad de México, con 30.6 por ciento; después Aguascalientes, con 29.4 por ciento, y Oaxaca, con 28.1 por ciento de mujeres que padece esta violencia.

En los últimos 12 meses, la Encuesta Nacional, registra que los principales agresores son compañeros varones, con 47.1 por ciento; una compañera, con 16.6 por ciento; y un maestro varón, con 11 por ciento.

Ante ello, la legisladora integrante de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) indicó que la SEP debe adoptar medidas urgentes para este nuevo ciclo escolar que inicia, por medio de seminarios de género y sexualidad, “que den por resultado una sociedad que valore, respete y defienda las relaciones humanas y en especial, se ponga un alto a la
violencia en contra de las mujeres en los centros escolares”.

“Debemos generar una sociedad diferente, cambiar los roles y estereotipos donde la mujer tiene un papel inferior al hombre, por ello hago un llamado desde la Asamblea Legislativa para que el gobierno de la Ciudad se mantenga atento a esta problemática”.

SEM/am/lr

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 25 agosto 2017.- Para avanzar en la erradicación de cualquier forma de discriminación contra la población afrodescendiente, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que en el Senado de la República se trabaja en una iniciativa de reforma constitucional para reconocer los derechos de los pueblos afrodescendientes.

Hoy en la Casona de Xicoténcatl, durante la presentación del Informe de Organizaciones de Población Afrodescendiente de América Latina 2016, diversas senadoras de la República se comprometieron a impulsar en el próximo periodo ordinario de sesiones una reforma constitucional que reconozca los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanos.

La legisladora del grupo parlamentario del PRD indicó que en el Senado de la República se trabaja para reconocer tanto en la Constitucional federal, como en las constituciones de los estados a las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes, crear políticas públicas para garantizar sus derechos humanos, resolver todas las cuestiones de discriminación de que sean objeto, y así reivindicar su papel histórico.

Además, dijo que el proyecto pretende salvaguardar el patrimonio cultural y el derecho a la educación; crear políticas públicas para erradicar la discriminación; promover su desarrollo social, cultural, económico, y visibilizar de manera puntual y concreta la situación de las niñas y mujeres afromexicanas.

De igual forma, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, al señalar que es una deuda reconocer los derechos de la población afrodescendiente en México, solicitó a las distintas fracciones parlamentarias “que deje de ser un obstáculo que se reconozca constitucionalmente a la población afrodescendiente”.

Agregó que “nos han querido decir que tiene un impacto presupuestal, pero dicho impacto no existe, es la misma bolsa en donde entra la población de alta marginación y pobreza donde tiene que entrar la población afromexocana”.

La legisladora del PRI destacó que de acuerdo con datos internacionales, continentales y locales, la población indígena, mestiza y afrodescendiente se encuentra en una “línea de pobreza hacia abajo”.

Así, la senadora hizo un compromiso con los derechos humanos, “nacemos con estos derechos y tienen que ser reconocidos. Este informe va a permitir un debate más profundo y con mayor contenido para avanzar en la reforma constitucional que está pendiente en el Senado de la República”.

Rebeca Grynspan Mayufis, titular de la Secretaría General Iberoamericana, indicó que entre un 20 y 30 por ciento de la población latinoamericana se identifica como afrodescendiente, es decir, entre 120 y 200 millones de personas, con gran presencia en Brasil, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Panamá y Cuba.

“En México residen alrededor de 1.4 millones de personas afromexicanas, que representan el 1.2 por ciento de la población”, detalló.

Al presentar el informe, la académica Silvia García Savino mencionó que los datos que contiene el documento corresponden a 869 organizaciones afrodescendientes, las cuales comparten objetivos porque enfrentan problemas similares en toda la región.

Destacó las carencias que enfrentan estos grupos, como la falta de equipos de comunicación y de Internet, ausencia de movilidad y del equipamiento necesario para llevar a cabo las tareas acordes a sus objetivos.

Por lo que pidió garantizar el acceso a los recursos necesarios a efecto de que puedan aumentar su capacidad y cumplir con sus objetivos de mejorar las condiciones de vida de las y los afrodescendientes en América Latina, se necesitan políticas de acción afirmativa y reconocer sus derechos para poner fin a la compleja situación de exclusión en que todavía se encuentran, dijo.

Teresa de Jesús Mojica Morga, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga, denunció que las personas afrodescendientes en México viven en condiciones indignantes de pobreza y desempleo, con bajos niveles de escolaridad, así como falta de atención médica y vivienda.

Afirmó que también sufren discriminación y racismo sistemático por parte del Estado mexicano, quien los ha invisibilizado al borrarlos del pasado y presente de la historia del país.

Mojica Morga reiteró que la invisibilidad ha llevado a la marginación y a la pobreza a la población afrodescendiente.

Acusó que los gobiernos se han atrevido a afirmar que en México “no hay negros”, lo que consideró que se trata de un error histórico y de una flagrante violación a sus derechos humanos.

SEM/am/lr

Zaira Hernández

SemMéxico, Oaxaca, 24 agosto 2017.- Mediante una serie de reformas, el Congreso local de Oaxaca aprobó la paridad entre hombres y mujeres en sus derechos político electorales en el ámbito indígena, así como la sanción administrativa y penal a la violencia política. 

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), presentó la iniciativa para reformar los Artículos 16, párrafo séptimo; 25, 33 en su fracción 1; 79, Fracción V; 101 y 113 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, misma que fue aprobada. 

La modificación consistió en que los sistemas normativos internos y comunidades indígenas y afromexicanas, procurarán la paridad entre mujeres y hombres en los derechos político electorales.

Aunque la ley respeta la forma de elección de las autoridades municipales, establecerá los mecanismos para garantizar la plena y total participación de las mujeres en dichos procesos garantizando la paridad entre mujeres y hombres y sancionará su contravención. 

“…Las mujeres disfrutarán y ejercerán su derecho a votar y ser votadas en condiciones de igualdad con los varones; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electas o designadas. La ley sancionará en el ámbito administrativo y penal la violencia política e institucional ejercida en contra de la mujer”, específica. 

A los partidos políticos los exhorta para que la paridad se de en las candidaturas a la legislatura local y otros cargos de representación popular; siendo inadmisibles aquellos distritos que se asignen y en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral inmediato anterior. 

También establece que los partidos políticos registrarán fórmulas completas de candidatos a diputados según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, así como planillas de candidaturas a concejales municipales que deberán ser compuestas cada una por un propietario y un suplente, garantizando la paridad entre mujeres y hombres. 

Igualmente, en el Poder Judicial los nombramientos deberán garantizar la paridad.

En la propaganda política se prohíbe la difusión de mensajes que constituyan violencia política en razón de género ni expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos; o que calumnien a las personas. 

Asimismo, da facultad al gobernador para proceder a la renuncia de sus funcionarios para así darle paso a la paridad.

SEM/zh/lr

Josefina Aguilar Pastor,

Chilpancingo, Guerrero, 23 de agosto de 2017.- Diputados Locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron por separado propuestas de reforma al Código Penal del Estado de Guerrero, para armonizarlo con la ley federal, respecto a la norma 046, en lo que se refiere a la interrupción legal del embarazo, a fin de eliminar la autorización del agente del Ministerio Público para la realización de un aborto cuando el embarazo producto de una violación.

Durante la sesión permanente del Congreso Local, los diputados Sebastián de la Rosa Peláez y Yuridia Melchor Sánchez –presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género-, al no formar parte de este órgano, enviaron por separado sus respectivas propuestas.

La Iniciativa de Decreto para reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499, en materia de violación como causa excluyente de responsabilidad penal por el delito de aborto, del diputado Sebastián de la Rosa Peláez, fue leída por el legislador Jesús Martínez.

En tanto, la de la diputada Yuridia Melchor Sánchez para reformar la fracción I, del artículo 159 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499, fue expuesta por el parlamentario Jonathan Ensaldo Muñoz.

En su propuesta, De la Rosa Peláez expone que la misma tiene por objeto contribuir a generar un marco jurídico y normativo que permita garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en Guerrero, a efecto de que puedan acceder sin restricciones a los servicios públicos de salud para la interrupción legal del embarazo.

Esto, luego de los argumentos esgrimidos por el Secretario de Salud, Carlos de La Peña Pintos, quien afirma que no es posible aplicar en el Estado de Guerrero las normas federales para la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual, al aducir una supuesta contradicción entre las disposiciones locales en esta materia con las disposiciones federales, restringiéndose con ello el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de sus derechos constitucionalmente establecidos.

Actualmente el Código Penal del Estado de Guerrero, señala “Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, caso en el cual bastará la comprobación de los hechos por parte del Ministerio Público para autorizar su práctica”.

La diputada Yuridia Melchor argumenta que obligar a la mujer a interponer denuncia para poder obtener la autorización del Ministerio Público para la práctica del aborto, no es otra cosa que revictimizarla después de haber sufrido una conducta delictiva y, además, quedar embarazada.

Ambas propuestas que proponen eliminar la autorización del agente del ministerio público en los casos que se solicite una interrupción del embarazo por razones de agresión sexual, fueron remitidas a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

SEM/ja/lr

Josefina Aguilar Pastor,

Chilpancingo, Gro., 24 agosto 2017.- Personal del Congreso del Estado asistió a la capacitación “Acciones para sumar al logro de un parlamento sensible al género”, impartida por la abogada Andrea Medina Rosas. En el evento, la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Magdalena Camacho Díaz, reconoció la importancia de alcanzar la igualdad en sueldos y cargas de trabajo entre hombres y mujeres “que no nos vean con esa diferencia hombre y mujer somos tan capaces como ellos para desempeñar la tarea legislativa”, subrayó.

La capacitación fue impulsada por la titular de la Unidad de Género del Congreso Local, Sheila Contreras Alcaraz, quien explicó que dicha preparación, no es una ocurrencia personal, se sustenta en varios instrumentos y tratados internacionales, por lo que es importante cumplir los siguientes puntos:

El uso del lenguaje incluyente no discriminatorio en el espacio laboral, que tiene como fundamento las leyes federal y estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; el Plan Nacional de Desarrollo, con su Estrategia 6.5 que se refiere a promover las capacidades profesionales para cumplir con la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres, y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres.

“Como servidoras públicas tenemos la responsabilidad de atender a estos instrumentos,, lo mismo que las leyes; parte de estas actividades es abonar a esa estrategia de cumplimiento”, destacó Contreras Alcaraz.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Magdalena Camacho Díaz, reconoció la lucha ancestral de muchas mujeres para lograr espacios y alcanzar la anhelada igualdad y el respeto a los derechos humanos, lo que será posible cuando se logre un ambiente igualitario.

“Para que logremos ese ambiente de trabajo igualitario que todas buscamos, donde se nos trate igual, donde alcancemos los mismos sueldos hombres y mujeres y las cargas de trabajo sean también igualitarias, pero especialmente el respeto a nuestra condición de mujer, que no nos vean con esa diferencia hombre y mujer, somos tan capaces como ellos para desempeñar esta labor legislativa, donde debe existir ese trato igualitario empezando por las leyes”, sostuvo la diputada Camacho Díaz.

Andrea Medina Rosas, abogada feminista, especialista en la consolidación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, expuso la evolución histórica del reconocimiento de los derechos de las mujeres para pasar de su identificación a su visibilización en todas las formas, entre ellas en el lenguaje.

Explicó las distintas formas de discriminación reconocidas en las relaciones entre hombres y mujeres, y el papel que en ese sentido juega el lenguaje incluyente. Otros temas que abordó fueron nuevas normas, derechos y obligaciones, inclusión, eje de la igualdad y la no discriminación y sexismo.

SEM/ja/lr

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 24 agosto 2017. Las diputadas María Luisa Beltrán Reyes, Marisela Contreras Julián y Karen Hurtado Arana, del grupo parlamentario del PRD, presentaron una campaña enfocada a fortalecer la cultura de la prevención, combate y erradicación de la trata de personas en México.

Ayer, en conferencia de prensa en el Senado de la República, en el marco de la Comisión Permanente, la legisladora Beltrán Reyes, integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez, al presentar el video de la campaña titulado ‘Video Preventivo contra la Trata de Personas’, destacó que un millón de niños y niñas son víctimas de trata con fines de explotación sexual, de los cuales, dos de cada tres, son niñas.

La diputada federal destacó la importancia de impulsar acciones de prevención para combatir la trata de personas ya que es un problema social lacerante que afecta más a niñas y adolescentes, entre 10 y 18 años de edad.

“La jovencitas se encuentran inmersas en problemas sociales como el cíber acoso, trabajo forzado, feminicidios, trata de personas y todo tipo de violencia que lesiona sus derechos humanos”, puntualizó.

Por ello, dijo, es primordial concientizar a la sociedad, principalmente a las jóvenes, sobre lo que representa la trata de personas, para evitar que haya más víctimas.

Por su parte, la diputada Contreras Julián, presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, afirmó que la trata de personas lleva a un sinfín de delitos y de tipos de violencia contra las mujeres de todas las edades, por lo que se requiere sumar esfuerzos para prevenir esta problemática.

“México es destino, tránsito y origen de la trata de personas con intención de explotación sexual o esclavitud para algún servicio y me parece que todos los esfuerzos que se puedan realizar de manera conjunta con diferentes actores para prevenir la trata de personas en el país, son muy importantes”.

Además, la diputada Karen Hurtado, presidenta de la Comisión Especial de Alerta de Género, señaló que una de las mejores estrategias para erradicar la trata de personas y todo tipo de violencia contra las mujeres, es la educación de la sociedad.

Advirtió que pese a los esfuerzos que se han hecho por erradicar este problema, éste se ha convertido en la esclavitud del siglo XXI, pues las redes de corrupción han permitido que los delincuentes continúen operando con total impunidad.

Insistió en que la mejor medida para erradicar este delito, es la difusión de la información con este tipo de videos y herramientas, que se pueden propagar en las redes sociales, para concientizar a la sociedad de lo que implica la trata de personas, ya que muchas veces no saben a lo que se enfrentan.

A su vez, Yuridia Álvarez Madrid, directora del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), explicó que la única manera de combatir la trata de personas es la prevención directa con la gente y no permitir que niñas, mujeres y hombres sean víctimas.

Finalmente, sostuvo que las acciones contra la trata de personas tienen que ser con las y los adolescentes, directamente en sus comunidades de origen, urbanas, rurales e indígenas, así como en las escuelas, para que sepan que existen los tratantes, que tengan la información y estén alerta.

SEM/am/lr