• Escasos trabajos dan voz a las víctimas
• Faltan investigaciones que evalúen los servicios de atención a las violencias de género
  
  

Sara Más
SemMéxico/SEMlac, La Habana, Cuba, 16 de diciembre, 2024.- La necesidad de contar con estudios de prevalencia y estadísticas sistemáticas y confiables sobre las violencias de género en Cuba fue reiterada por especialistas, activistas y representantes de instituciones y organizaciones vinculadas a la respuesta a esa problemática en la nación caribeña, durante un intercambio realizado en la capital cubana el 13 de diciembre.

Aun cuando existen varios estudios y aproximaciones en diferentes regiones del país, sigue siendo un vacío poder disponer de una investigación que ofrezca una visión más completa de las características generales de esa problemática en el país, sostuvo la socióloga Clotilde Proveyer Cervantes, coordinadora del grupo asesor de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) para la prevención y atención de las violencias de género.

Proveyer intervino en un panel que presentó una sistematización de resultados sobre prevención y atención a la violencia basada en género y que tuvo en cuenta 626 publicaciones, con predominio de investigaciones y experiencias realizadas en Cuba entre 2000 y 2024.

Como tendencia, esos estudios se concentran fundamentalmente en el escenario urbano, sobre todo del occidente del país, y se realizan desde centros de estudios e investigación, universidades y organizaciones no gubernamentales, con acompañamiento de la cooperación internacional y de servicios de noticias, describió.

Se trata, fundamentalmente, de experiencias de atención y estudios descriptivos y analíticos, algunos de ellos propositivos, en los cuales predominan los análisis de las ciencias sociales, el derecho, la sociología, la comunicación social, la psicología y las ciencias médicas, muy ligados a enfoques disciplinares.

Al comentar sobre otros vacíos identificados, la socióloga Iyamira Hernández Pita señaló que faltan investigaciones que evalúen los servicios de atención a las violencias de género, además de ser insuficientes los datos y estadísticas, que se informan a veces tardíamente.

Escasos trabajos dan voz a las víctimas, se habla poco de supervisión de procesos de formación y habilitación del personal de las consejerías y son escasos los proyectos y programas en favor de cambios culturales para el ejercicio de los derechos desde la prevención y atención, añadió Hernández Pita.

Entre las buenas prácticas, mencionó el desarrollo de estrategias de comunicación para la visibilización y sensibilización, de proyectos elaborados desde distintos sectores destinados tanto a la prevención, como a la atención de la violencia de género y el valor del trabajo con los hombres.

Igualmente, aludió a la articulación de actores de algunas experiencias a nivel local comunitario, la creación de espacios de autocuidado del personal que labora en las consejerías del Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR) y diferentes programas de formación, o propuestas para llevarlos a cabo, que toman como referencia los resultados de los estudios

Al referirse a los desafíos, la jurista Arlín Pérez Duharte colocó la necesidad de garantizar, mediante la gestión del conocimiento, que profesionales, actores sociales y decisores con el encargo de prevenir y atender la violencia posean los conocimientos, las herramientas y la imprescindible perspectiva de género para poder hacerlo.

También habló de la existencia de estereotipos sexistas naturalizados, que perpetúan la subordinación e inferiorización femenina y refuerzan la división sexual del trabajo; así como la pervivencia de numerosas resistencias patriarcales en imaginarios sociales, pero también en actores y decisores que obstaculizan la eliminación de desigualdades de género.

Durante el intercambio, la jurista y profesora Tania de Armas agregó como desafío los estudios con hombres maltratadores y sobre violencia estructural, así como la urgencia de eliminar conceptos erróneos sobre qué es violencia de género, sostenidos en el desconocimiento de esta problemática por parte de profesionales de diversas disciplinas.

En tanto, la socióloga Magela Romero Almodóvar puso el acento en dar mayor prioridad a la evaluación de la efectividad y sostenibilidad de lo que se hace, así como en particularizar en la situación de personas LGTBIQ+ y otras a las que no se les ha dado tanto seguimiento en las comunidades de tránsito, en el ámbito de los cuidados o las mujeres negras y mulatas.

Judith Laura Ferreriro Fuentes, directora del Centro de Estudios de la Mujer de la FMC, consideró que el reclamo desde la ciencia ha puesto el tema en contexto y realmente ha servido de motor impulsor para que, desde la política, se visualice, concientice y sensibilice sobre el problema.

Consideró que la formación con perspectiva de género no debe ser parte solo de las carreras de perfil social, sino transversalizar los currículos formativos de diversas disciplinas.

La psicóloga Yohanka Valdés se refirió a no solo poner la mirada hacia afuera, sino también a establecer buenas prácticas y protocolos internos, así como investigaciones acerca de las violencias dentro de las organizaciones.

Además de sistematizar investigaciones, abogó por también hacerlo respecto a experiencias y procesos, pues la propia gente se convierte en investigadora de su realidad cotidiana, de lo que sufre, de sus propias violencias, sostuvo.

Lizette Vila, realizadora audiovisual y directora del proyecto Palomas, dijo que aún se necesita visibilizar más la violencia estructural y se refirió en particular a la experiencia de extraordinarias mujeres realizadoras, con menos oportunidades para crear y exhibir sus obras. Ellas son las que, además, desde sus propias experiencias, pueden contar la realidad de otra manera.

Desde la experiencia del trabajo del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo de Cárdenas (CCRD), en Matanzas, provincia aledaña a la capital, la psicóloga Valia Solís Peraza reafirmó que falta preparación técnica para poder identificar las situaciones de violencia de género, pero también hay un desconocimiento de las normas legales.

Como buena práctica, valoró la articulación que han logrado allí con organismos e instituciones estatales. Como organización de la sociedad civil, no gubernamental, hemos podido articularnos y ser parte del equipo de evaluación para el tratamiento a las violencias y delitos sexuales contra niñas y niños, muchos de los cuales tienen madres que han sido víctimas de violencia y, sin embargo, nunca pasó nada, comentó.

La periodista Dixie Edith Trinquete, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, reconoció que en el ámbito de la investigación en comunicación y violencia hay una enorme producción de tesis, sobre todo de pregrado, que no están suficientemente sistematizadas, contabilizadas ni visibles, porque no son investigaciones que luego se hayan publicado o referido en artículos y publicaciones.

Convocado por OAR, este taller de intercambio y presentación de sistematizaciones es una de las acciones promovidas como parte del proyecto «Hacia una vida libre de violencias para las mujeres y niñas en Cuba».
El proyecto es coordinado por la organización sueca Diakonia, en alianza con OAR y el CCRD, con fondos de la Unión Europea y la participación de otras organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado y la academia.

SEM-SEMlac/sm

• Un programa gubernamental prometió servicios básicos a más de 850 mil personas en barrios de bajos ingresos; sin embargo, el financiamiento para hacerlo ha sido víctima de nuevas medidas de austeridad.
• Los defensores de estos proyectos advierten que la austeridad podría deshacer décadas de trabajo para llevar agua corriente, electricidad y otros servicios a los barrios más necesitados del país.

Lucila Pellettieri, Global Press Argentina

SemMéxico/Global Press Journal, Buenos Aires, Arg., 16 de diciembre, 2024.- Un programa masivo para proporcionar servicios básicos, como agua corriente y alcantarillado, a los barrios populares en esta ciudad y en todo el país, se ralentizó y, en algunos casos, paralizó por completo.

El dinero para el programa se desembolsó según lo previsto hasta finales del año pasado, cuando el presidente Javier Milei asumió el cargo e implementó una serie de medidas de austeridad. Entre estas medidas se encontraba una reducción drástica en el financiamiento del Programa de Integración Socio Urbana, que supervisa los proyectos para proporcionar servicios básicos.

Las organizaciones que gestionan las obras dicen que no saben cuándo se completarán, si es que se completan. El presupuesto propuesto para 2025 en Argentina no incluye el dinero necesario para finalizar los proyectos.

Mientras tanto, más de 850.000 personas en todo el país esperan los servicios básicos que el programa prometió. Según los datos proporcionados por la Mesa Nacional de Barrios Populares, una organización nacional que representa los intereses de estos barrios de bajos ingresos, alrededor de 25.000 personas de las cooperativas contratadas para realizar las obras perdieron sus empleos.

Las consecuencias son graves

“Las familias se enferman porque no tienen agua potable, las casas se prenden fuego porque el transformador no da más por las conexiones informales”, dice Guillermina Storch, referente de la Mesa Nacional de Barrios Populares.

El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó una acción legal para obligar al Estado a reanudar las obras en uno de los barrios, y revertir el decreto que recortó drásticamente el financiamiento. Desde entonces, la acción legal se ha expandido a nivel nacional, lo que permite que se sumen los residentes de cualquier barrio donde las obras se hayan detenido. La justicia falló a favor de los barrios populares el 15 de noviembre, obligando al Estado a reanudar las obras. El fallo también da tres meses al Estado para presentar un plan detallado que explique cómo reactivará las obras, y pide al Congreso que garantice la financiación para 2025. El caso sigue en los tribunales y el Centro espera que el Estado apele la decisión.

La Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, el organismo que supervisa el Fondo de Integración Socio Urbana, no accedió a una entrevista con Global Press Journal para este artículo. Sin embargo, un representante de la Secretaría informó por medio de un mensaje de texto a GPJ a mediados de junio, que los fondos ahora requieren la aprobación del Ministerio de Economía antes de ser desembolsados.

Antes del cambio, la Subsecretaría de Integración Socio Urbana aprobaba los fondos. El fideicomiso no forma parte del presupuesto nacional y, en teoría, no se puede reasignar. Se financia principalmente por impuestos sobre compras realizadas en moneda extranjera y algunos gastos internos, así como por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Las medidas de austeridad de Milei recortaron el financiamiento del programa de Integración Socio Urbana en un 96% — de 35 mil millones de pesos argentinos (aproximadamente 35 millones de dólares estadounidenses) por mes a 2 mil millones de pesos argentinos (aproximadamente 2 millones de dólares) por mes — a pesar de las pautas destinadas a reservarlo específicamente para mejorar la infraestructura de los barrios populares.

En octubre, Sebastián Pareja, el subsecretario de Integración Socio Urbana, dijo en X (anteriormente conocido como Twitter) que 137 de las más de 700 obras paralizadas se terminarán antes de fin de año. Los líderes de la Mesa Nacional de Barrios Populares se muestran escépticos. Dicen que si los fondos se hubieran desembolsado según lo planeado, todos los proyectos ya estarían terminados.

“Yo me comprometí con esa gente”, dice Marcela Vargas, coordinadora de Somos Barrios de Pie del barrio El Tambo en la Provincia de Buenos Aires, donde unas 80 familias esperan servicios básicos. “Ahora tener que decirles que no lo vamos a poder hacer es feo para todos”.

Otros ven los recortes como soluciones necesarias e incluso obvias a los problemas que aquejan al país.

La inflación es el verdadero problema, dice Eduardo Vukajlovic, de 49 años, quien trabaja desde los 16 años en el negocio familiar, una fábrica de pastas. “Imprimir plata para que al otro mes yo tenga que aumentar las cosas al doble tampoco te sirve”, dice. “Cada vez lo sufre más el que tiene menos”.

En cuanto a los proyectos de Integración Socio Urbana, Vukajlovic dice que cada municipio debería hacerse responsable de sus propios problemas.

“¿[Por qué] yo que vivo en Caballito tengo que ayudar a uno que vive en La Matanza?”, dice, en referencia a un barrio de la Ciudad de Buenos Aires y un municipio de su conurbano.

Sin electricidad ni agua

El acceso al agua y otros servicios básicos siempre ha sido un problema para los barrios populares, asentamientos que personas sin acceso a la vivienda empezaron a establecer en la década de 1930 en terrenos baldíos.

El gobierno consideró estos espacios, entonces conocidos como villas, como una solución temporal: hogares provisorios que los residentes abandonarían cuando mejorara su situación económica. Sin embargo, los barrios se mantuvieron y crecieron. A lo largo del siglo XX, los líderes de Argentina oscilaron entre erradicar o integrar estos barrios, mientras los residentes protestaban por sus condiciones de vida y exigían mejoras, dice María Mercedes Di Virgilio, doctora en ciencias sociales e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas especializada en estudios urbanos.

En 1963, la primera organización que representó a estos barrios logró conexiones de agua, electricidad y la construcción de escuelas y centros de salud. Pero las décadas siguientes trajeron una serie de cambios drásticos en el gobierno de Argentina, incluidos varios golpes militares, que resultaron en desalojos y el apoyo intermitente para nuevas viviendas y servicios básicos.

Hacia finales de la década de 1980, un cambio de paradigma en Argentina llevó a un resurgimiento del apoyo a los barrios populares y el gobierno otorgó la propiedad de la tierra a los residentes. En 1995, las iniciativas para mejorar la infraestructura y los servicios cobraron impulso.

El Programa de Integración Socio Urbana se estableció en 2018 para brindar al 10% de la población de Argentina que vive en los casi 6.500 barrios populares del país acceso a servicios básicos, instalaciones públicas, derechos sociales y seguridad en la tenencia de la tierra. El programa suspendió los desalojos en esos barrios, lanzó proyectos de infraestructura y obras públicas, y exigió que al menos un cuarto de la fuerza laboral en esos proyectos proviniera de los mismos barrios.

Ahora, quienes están involucrados en los proyectos dicen que temen que el decreto del gobierno haya sido el primer paso hacia el desmantelamiento de lo que han defendido durante décadas.

“No es justo después de tantos años de pelearla”, dice Viviana Oscari, referente de Somos Barrios de Pie en La Matanza.

Austeridad y el “flagelo de la inflación”

Milei ha defendido repetidamente los recortes presupuestarios de su administración como herramienta para lograr el equilibrio fiscal. Y en octubre, Pareja, el subsecretario de Integración Socio Urbana, dijo en X: “Vamos a terminar con el flagelo de la inflación de una vez por todas”.

Muchos argentinos los apoyan.

Sin cambios, “es la misma historia de siempre y Argentina termina llegando a tener un país en caos”, dice Hernán Carrol, presidente de Somos Libertarios La Matanza, una asociación de libertarios de La Matanza, Provincia de Buenos Aires.

“Siempre hay una parte de la sociedad que termina sufriendo más que otros este tipo de procesos”, dice Carrol. “Lo que se busca es alcanzar un déficit fiscal cero y para eso tenés que realizar ajustes”.

Argentina debe tomar medidas para salir de la espiral inflacionaria, dice Di Virgilio, pero detener los proyectos de obras públicas no es el enfoque correcto.

“No se sale de esa situación con este tipo de medidas que quizás en el corto plazo significan un freno a la inflación, pero tienen un impacto super negativo sobre la calidad de vida de la población”, dice Di Virgilio.

Cuando el gobierno no provee servicios básicos, la pobreza aumenta, dice. La falta de agua corriente y otra infraestructura juega el papel más importante en la creación de barreras para la movilidad social de las futuras generaciones, agrega, y es lo que más cuesta revertir.

Fernanda Miño, ex secretaria del programa de Integración Socio Urbana, dice que la postura del gobierno es clara: “Están planteando otro modelo de país, con los pobres afuera”.

Familias en la incertidumbre

Los proyectos de mejora que se concretaron cambiaron vidas.

Para Daniela Guanuco, que vive en Danubio Azul, un barrio popular en el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires significa seguridad y tranquilidad. A fines de 2023, una conexión eléctrica informal provocó un incendio en su dormitorio.

“Estaba todo suelto y se cortaba la luz cada dos por tres. La vez pasada se me incendió, se me prendió fuego”, dice. “Yo tengo a mis dos nenes, estaba sola. Tuve que hablar con uno de mis vecinos para que me ayudara”.

La casa de Guanuco fue una de las últimas cinco que la cooperativa que trabajaba en el barrio conectó antes del recorte presupuestario, dice Mauricio Escobar, miembro de Somos Barrios de Pie y jefe de las obras de infraestructura en el barrio.

El plan era conectar a 120 familias en la primera etapa del proyecto y a otras 130 en la segunda etapa, dice. Completaron 84 conexiones eléctricas antes de que los fondos dejaran de llegar. No cree que la segunda etapa se haga realidad.

“Hay mucha gente que necesita trabajo”, dice Escobar.

En 2023, Juan Carlos Vega, de 66 años, trabajó para la cooperativa que instaló conexiones eléctricas en Danubio Azul. Vega ha trabajado con Somos Barrios de Pie durante 11 años en proyectos de mantenimiento e integración en su barrio, incluyendo actividades como barrido, pavimentación y pintura de escuelas y centros de salud.

“Como ya tenía 50 años, nadie me recibía y me recibieron acá con los brazos abiertos. Es el único trabajo que conseguí”.

Ahora, está desempleado.

Gerónima Saldivar, de 78 años y residente de El Tambo, esperaba con ansias la obra de conexión al agua potable en su casa. Se suponía que la obra comenzaría a principios de este año, pero nunca ocurrió. La cooperativa dejó de recibir fondos del gobierno antes de llegar a su casa, dice. Hasta que se reanuden los trabajos, Saldivar debe continuar cargando baldes de agua desde la casa de su hijo, que vive cerca, para cocinar, limpiar y bañarse.

“El agua es un desastre, no me llega a mi casa”, dice. “Hace dos años que estoy esperando”.

Esta historia fue publicada originalmente por Global Press Journal.

Global Press Journal es una premiada publicación internacional de noticias con más de 40 oficinas de noticias independientes en África, Asia y América Latina.

SEM-GPJ/lp