Especialistas y organizaciones denuncian los riesgos que los recortes en el Presupuesto para 2025 pueden tener en el combate contra la violencia machista o la salud sexual y reproductiva

Magaly en una habitación de un refugio para mujeres de la Red Nacional de Refugios, en el Estado de Morelos, en junio de 2022.

Almudena Barragán *

SemMéxico, Cd. de México, 12 de diciembre, 2024.-Los recortes en el Presupuesto federal proyectados para 2025 también impactarán en la política de género del Gobierno de Claudia Sheinbaum. México enfrenta una compleja situación económica que pasa por reducir un déficit histórico en niveles del 5,9% del PIB, la devaluación del peso frente al dólar, la caída de los ingresos petroleros, la desaceleración de la economía nacional o la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, por solo mencionar algunos factores. En medio de semejante tormenta, el Gobierno mexicano presentó hace dos semanas el primer Presupuesto de Egresos del sexenio fuertemente marcado por las ayudas sociales, la construcción de vivienda de interés social y el desarrollo de la red ferroviaria.

En total México contará con un poco más de nueve billones de pesos para financiar el gasto de las diferentes dependencias. Lo destinado para reducir la desigualdad de género entre hombres y mujeres, conocido como el Anexo 13, representa para el año que viene un 5,2% del total de todo el Presupuesto. Pese a que el monto para igualdad subió este año un 9,5% respecto a 2024 y contará con unos 479.000 millones de pesos (unos 23.000 millones de dólares), la mayoría de los recursos serán destinados a los programas sociales del Gobierno, como la Pensión para Adultos Mayores, que la presidenta ha ampliado a mujeres de 60 a 64 años, y las becas universitarias Rita Cetina y Benito Juárez.

Los programas para prevenir y acabar con la violencia machista o atender la salud sexual siguen sin ser una prioridad. En vez de eso, el rubro para impulsar la igualdad volverá a estar centrado en la política social, símbolo del Gobierno de Sheinbaum y de la pasada Administración de López Obrador. La mandataria, que llegó al poder el pasado 1 de octubre, se comprometió desde el primer día de su Gobierno a promover y defender los derechos de las mujeres, aunque las organizaciones civiles cuestionan que esas prioridades estén reflejadas en el presupuesto del año que viene. Es un desacuerdo que viene desde hace años. El Gobierno defiende que los programas sociales son claves para mejorar la vida de millones de mujeres y con eso cerrar la brecha de género. La sociedad civil, sin embargo, sostiene que no es suficiente si no se atienden las causas de raíz y para ello hace falta que los programas tengan perspectiva de género y se fortalezcan las políticas públicas especializadas.

Desde 2008, el movimiento feminista impulsó de manera legislativa la creación del Anexo 13 para garantizar cada año que una parte del dinero público fuera a los programas para cerrar la brecha entre hombres y mujeres y para fortalecer la lucha contra la violencia, sin embargo, este propósito se ha ido diluyendo con los años. “Tratar de seguir operando con menos presupuesto, pone en riesgo la calidad y la cantidad de la atención que brinda el Estado”, señala Andrea Larios, investigadora del programa de Justicia Fiscal de la organización Fundar.

El Anexo 13 cubre tres temas prioritarios: promover la igualdad entre mujeres y hombres, erradicar la violencia de género y erradicar la discriminación. Pero las tres prioridades padecen de un desequilibrio presupuestario. El 95,2% se destina a la promoción de la igualdad, enfocado en los programas sociales; el 4,7% en la lucha contra la violencia y solo 0,1% en acabar con la discriminación. Algunos de los grandes perjudicados son el Programa de Apoyo a Refugios para Mujeres Víctimas de la Violencia que contará con un 4,3% menos este año o el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que sufrirá un recorte de un 3,9%, respeto a 2024.

En un país en el que 10 mujeres son asesinadas cada día y más de 24.000 se han visto obligadas a vivir en un refugio con sus hijos, los recortes se vuelven preocupantes y pueden llegar a costar vidas, advierten las especialistas. “Incrementar los presupuestos para los refugios no solo representa una inversión en protección, sino también un compromiso con el derecho de todas las mujeres y niñas a una vida libre de violencia”, señala Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), una organización con más de 75 centros en todo el país.

Desde el sexenio pasado este programa ha sido uno de los más castigados en el presupuesto, incluso durante la pandemia, cuando las agresiones machistas se dispararon dentro de los hogares. Figueroa señala que la RNR necesitaría para el próximo año un incremento de por lo menos el 13% para hacer frente a la inflación y a las dificultades económicas. Si no, los albergues se verán empujados, una vez más, a buscar recursos adicionales en forma de donaciones o de la iniciativa privada.

Desde Fundar señalan que a pesar de ser un compromiso presidencial, el Presupuesto de 2025 “carece de políticas y programas específicos para establecer un Sistema Nacional de Cuidados”. El gasto en cuidados representa 0,5% del gasto neto total del Presupuesto que equivale al 0,1% del PIB, señalan desde el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, con subidas para las estancias del ISSSTE, las guarderías del IMSS y las guarderías del Bienestar. El Gobierno pondrá en el centro el gasto del Fondo de Aportaciones Múltiples que atienden a la población más vulnerable en zonas urbanas y rurales con un grado alto o muy alto de rezago social, a través de apoyos escolares, apoyos alimentarios o de asistencia social.

De igual manera, el programa asignado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar a la Violencia contras las Mujeres (Conavim) sufrirá un recorte del 7% respecto a lo aprobado en 2024. Las organizaciones de la sociedad civil y la Alianza por la Justicia Fiscal han expresado su preocupación ante estos recortes y cuestionan el alcance que tendrá la nueva Secretaría de las Mujeres —una vez que sea promulgada la reforma de Ley Orgánica de la Administración Pública federal— con un presupuesto reducido.

El Instituto Nacional de las Mujeres, que se convertirá en la futura Secretaría de las Mujeres, recibirá el año que viene un 4,8% menos que lo aprobado este año, alrededor de 966.618 millones de pesos (unos 47.000 millones de dólares) y también tomará recursos de la Conavim. Falta por concretarse cuál será el presupuesto definitivo de la nueva dependencia. “La nueva Secretaría de las Mujeres debería fortalecer la política de igualdad de género, la estrategia contra la violencia y contar con un mayor presupuesto”, considera Larios.

El presupuesto tanto para el programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva, como para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, entidad rectora en esos temas, también tendrá recortes. Un 14% y un 13% menos a lo que tuvieron en 2019, el año en el que mejor les fue en el reparto de recursos. “Esto pone en riesgo el avance de los componentes y acciones que deben implementarse para garantizar la salud sexual y reproductiva de la población, incluidas las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes”, advierte Fundar. En México hay 1.000 embarazos adolescentes al día, según datos oficiales.

En 2020, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó al Estado mexicano asegurar recursos públicos suficientes para desarrollar políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva en el país. “Es preocupante que se busque implementar nuevos programas o acciones quitando recursos a otros programas que han demostrado tener resultados efectivos”, subraya Figueroa, quien menciona que ha buscado un diálogo con la presidenta y la futura secretaria para tratar estos temas, aunque todavía sin respuesta.

Desde la Red por una Política Fiscal Feminista sostienen que el Estado debe reconocer las desigualdades estructurales que las mujeres han enfrentado históricamente y tomar decisiones desde ahí. También consideran fundamental que se tome en cuenta al movimiento amplio de mujeres “en todas las etapas del ciclo presupuestal para que sus necesidades sean incorporadas” y que el dinero público sea destinado a programas e infraestructura que contribuya a redistribuir la carga de trabajo doméstico y de cuidados. Una de las claves en el debate para los próximos meses será la creación y financiación de la Secretaría de las Mujeres, encargada de la política de género a nivel federal, una de las apuestas más ambiciosas de esta Administración.

*Publicado originalmente en El Pais 

• La Recomendación 40 de la CEDAW pretende empoderar a las mujeres en todos los ámbitos

• Las mujeres que llegan a los espacios de decisión deben incidir en las políticas públicas a favor de las mujeres

Elda Montiel 

SemMéxico, Ciudad de México, 11 de diciembre, 2024.- No es cierto que “si una mujer llega, llegamos todas”, porque sabemos que cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género, muchas mujeres siguen replicando las formas masculinas, señaló la abogada Leticia Bonifaz Alfonzo, experta en el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Aseguró que cuando una mujer llega a los espacios de decisión es para incidir en las políticas públicas a favor de las mujeres, planteó al participar con la conferencia magistral: La Recomendación General 40 de la CEDAW y las mujeres en situación de vulnerabilidad.

En el acto organizado por la Comisión de Igualdad de Género del INE, Bonifaz Alfonzo expuso que la Recomendación 40 de la CEDAW pretende empoderar a las mujeres en todos los ámbitos, trata de garantizar el acceso igualitario de todas las mujeres y niñas a cualquier sistema de toma de decisiones, que debe incluir los espacios públicos, privados, políticos, económicos y digitales. 

La abogada experta en derechos humanos, igualdad de género, procuración de justicia, técnica legislativa, grupos indígenas y derecho alternativo, explicó ese instrumento, ya no habla de paridad ni de cuotas, sino de lo que deben hacer las mujeres en el espacio de decisiones, un nuevo estilo de gobernanza que transforme las políticas públicas con perspectiva de género.  

Comentó que cuando llegó en el 2020, en tiempos de pandemia, desde Comitán, Chiapas, trabajó a distancia, junto con otras expertas la Recomendación General 39, que quedó en octubre de 2022, a iniciativa de una mujer de Perú, quien planteó que se tenía que hacer una recomendación específica para las mujeres y niñas indígenas, pues hasta entonces la CEDAW no las visibilizaba, pese a que viven discriminación, cuando están fuera de sus comunidades por ser indígenas, y dentro de sus comunidades, por ser mujeres.

Tanto la Recomendación General 39, como la 40, contaron con un proceso, como reuniones regionales. En México, la francesa Nicole Amelin, quien fuera presidenta de la CEDAW, vio que muchas cosas que se iban a presentar en la CEDAW como novedad, ya eran un hecho en México, por lo que Alonso Bonifaz aseguró que este país abrió camino para los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, seguimos viendo hombres desde la primera Legislatura de la Paridad y la hora de decidir siguen sin estar las mujeres y aunque se supone que donde haya presencia de mujeres en espacios de decisión, se supone que van a mejorar la condición de las mujeres, pero existen mujeres que reproducen los modelos patriarcales. 

“Ya están ahí, hay que ver que están haciendo en esos espacios de decisión, queremos que lleguen para transformar la forma de hacer la política, todavía hay situaciones en salud, educación sin perspectiva de género, así como en otros ámbitos”.  

Alonzo Bonifaz precisó que la Recomendación General 40 hace una revisión completa y encontró que todavía se habla de que los espacios públicos son de los hombres y los privados de las mujeres, lo que propicia que las mujeres lleguen a los espacios públicos, pero se les relega.

La Recomendación General 40 estableció pilares de representación igualitaria e inclusiva en los sistemas de toma de decisiones. Además de la paridad de género como punto de partida y norma universal, los otros pilares son el liderazgo eficaz de las juventudes mediante la paridad, la interseccionalidad y la inclusión de las mujeres en toda su diversidad, un enfoque integral que garantice la paridad en todas las esferas, la igualdad de poder e influencia de las mujeres más allá de la paridad numérica, la transformación estructural que cambie los roles de género estereotipados y una fuerte representación de las mujeres en la sociedad civil. 

El Comité detalló las obligaciones de los Estados para lograr sistemas de toma de decisiones igualitarios e inclusivos. Le da importancia al empoderamiento económico de las mujeres, ahí están los ejemplos de las mujeres alfareras de Oaxaca o de mujeres tejedoras de Zinacantan, Chiapas, que tienen cooperativas y toman decisiones. 

También ve las cuestiones laborales, y en este caso se refirió a la Ley Silla impulsada por Patricia Mercado para que las y los trabajadores no estén de pie todo el tiempo en almacenes.

La Recomendación General 40 quiere que todas las mujeres, no sólo las blancas o con ciertos estudios, o las mujeres con ciertas características étnicas, piensen en donde está la discriminación hacia ellas y qué tenemos que hacer.

Dicho instrumento de la CEDAW insta a los países a adoptar una agenda de paz que tenga en cuenta las cuestiones de género e incluir la Recomendación 40 en la arquitectura de seguridad mundial. 

Instó a la comunidad internacional a adaptar y ampliar la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad a la naturaleza cambiante de los conflictos. Sin embargo, lamentó que en la reciente Reunión del G20 son hombre los que deciden sobre la guerra y sólo una mujer, la presidenta de México.

SEM/em/sj

• Crear protocolos basados en la legislación nacional e internacional
• Se discute en Coloquio de la Red Nacional para la Consolidación del Estado de Derecho y el Sistema de Justicia Penal de la ANUIES

Elda Montiel 

SemMéxico, Ciudad de México, 11 de diciembre, 2024.- La creación de un Tribunal Universitario que juzgue y sancione de inmediato, más allá de lo administrativo, la violencia contra las universitarias y se aborden públicamente los casos de hostigamiento sexual se propuso en el Coloquio Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género en las Instituciones de Educación Superior.

Convocado por la Red Nacional para la Consolidación del Estado de Derecho y el Sistema de Justicia Penal de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), las y los panelistas abordaron los retos para la erradicación de la violencia en los espacios universitarios al compartir las experiencias del Centro Universitario de Texcoco, la Universidad de Sonora y la Universidad Autónoma Metropolitana, a dos años del paro feminista por violencia de género. 

En el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, Rebeca Teja Gutiérrez del Centro Universitario Texcoco explicó la propuesta del doctor Jesús Limberg Romo de un Tribunal Universitario que actúe de inmediato y que vaya más allá de las sanciones administrativas que requeriría docentes capacitados en perspectiva de género y que tome en cuenta las legislaciones y convenios internacionales en la materia. 

La especialista señaló que aun cuando existe un protocolo en la Universidad Autónoma del Estado de México, los casos no se resuelven, pueden pasar dos, cuatro y hasta seis meses y los agresores carecen de sanciones.

A su vez, María del Rosario Molina González de la Universidad de Sonora (UNISON), apuntó que los protocolos de género son perfectibles, aunque en su opinión deberían de ser Cero Tolerancia para la violencia contra las mujeres, ya que se necesitan universidades libres de violencia y para ello debe de haber coordinación interinstitucional y que la comunicación fluya de manera efectiva.

Destacó que la UNISON es una de las 11 universidades con una mujer como rectora, y que de acuerdo con la Ley Orgánica existe un andamiaje institucional y se sigue el modelo ANUIES que propone gratuidad, los derechos de las personas involucradas, derecho al acompañamiento y se respete la presunción de inocencia y procesos administrativos. 

También explicó que la atención es diferenciada tanto por la situación de la víctima y las sanciones tienen diferentes procedimientos si es alumno, docente o trabajador.  

Para Iris Rocío Santillán Ramírez de la UAM Azcapotzalco, autora de libros sobre violencia de género, los espacios universitarios son propicios para el ejercicio de la violencia, contó el caso de una alumna sucedido en 2012, abusada por uno de sus profesores al que admiraba, pero que no lo denunció, el mismo propagaba que era intocable y era cierto, el maestro se jubiló con total impunidad. 

Agregó dos momentos para la UAM, el primero de 2012, que mereció la Recomendación de la (CNDH) 02/2020 dirigida al Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Peñaloza Castro, por violaciones al derecho humano a una vida libre de violencia en contra de una estudiante y trabajadora de la Defensoría de los Derechos Universitarios, quien fue víctima de violencia institucional, física y psicológica en dicho plantel, por parte de su pareja.

La agraviada denunció ante el titular de la Defensoría de Derechos Universitarios y el rector General y presidente del Colegio Académico de la UAM, la situación de violencia por parte de su jefe, así como de un ambiente hostil que enfrentaba en su área de trabajo; sin embargo, las autoridades de la Universidad dieron por concluido el caso con la renuncia del titular de la Defensoría UAM, sin realizar ninguna medida precautoria para proteger a la peticionaria, ni ampliar la investigación, ni garantizar la no repetición de violencia de género en dicha Defensoría. No se tenían protocolos claros y efectivos.

El segundo momento fue el paro feminista que por dos meses se realizó en 2023, porque la institución omitió la denuncia de la estudiante “K” de violación sexual por su pareja, también estudiante, que aunque admitió la culpa, no recibió sanción porque la Comisión de Faltas no prevé la violación sexual. Fueron dos meses de negociaciones en cada una de las unidades. 

A casi dos años, las autoridades crearon mecanismos para dejar de ser omisos, y aunque todavía se crearon instancias relacionadas a atender casos de violencia contra las mujeres y de  la diversidad sexual, en Iztapalapa, en Xochimilco, en Lerma, y Cuajimalpa, las funciones no están homologadas y en cada una se crearon protocolos.  

Estas oficinas tienen un titular y dos expertas sin embargo considera que todavía hay criterios machistas, se limita la contratación de las expertas a dos años, los cuales pueden ser prorrogables otros dos. La experiencia se pierde y las autoridades y docentes los ven como enemigos.

También criticó las sanciones que van de uno a dos trimestres hasta la expulsión, ya que considera que las medidas punitivas exacerban la violencia. “La violencia es violencia”, pero debe graduarse el violentador, ya que no es lo mismo un insulto a una violación. Por lo que preguntó ¿cómo deconstruir la misoginia?

Arturo Sotelo Gutiérrez, defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM, señaló que cada una de las cinco unidades tiene una desconcentración administrativa, por lo que es un reto la armonización de los protocolos y sostuvo que más que homologación se tendría que hablar de una especie de ajuste de normas.

Sin embargo, planteó que es importante considerar todas las legislaciones desde la Ley de Educación, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los tratados internacionales de la CEDAW y Belén Do Pará.  

El coloquio, vía una plataforma virtual, fue moderado por Yunilitzin R.Pedraza, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. 

SEM/em/sj

• A 13 años de las reformas, no ha construido un andamiaje que los garantice
• Hoy más que nunca es necesario recuperar la agenda

Redacción 

SemMéxico, Cd. de México, 11 de diciembre, 2024.- A 13 años de la reforma constitucional de 2011 para crear una nueva cultura poniendo al centro la dignidad de las personas, en México hay un retroceso en la materia pues no se ha construido el andamiaje que garantice los derechos humanos, afirmó el titular de la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM, Mario Luis Fuentes Alcalá.

El también vicepresidente de la Junta de Patronos del Patronato Universitario de la UNAM destaca que en general no se ha generado una cultura que exija a autoridades y al Estado su cumplimiento.

Por ello sostuvo que hoy más que nunca es necesario recuperar la agenda de derechos humanos que está basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, que plantearon México y el mundo para generar un progreso y que nadie se quedara atrás en este rubro.

Debemos recuperar la noción de que somos una sociedad interrelacionada, que nuestro bienestar y prerrogativas dependen de los otros, necesitamos que el Estado retome la agenda de derechos humanos.

Al respecto, estima que como sociedad civil no se debe tolerar ninguna violación a las garantías de ninguna persona y usar como grandes palancas a las universidades públicas, que deben ser en este momento las abanderadas de generar un reclamo y exigencia de cumplimiento de estos principios y normas.

El investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo precisa que el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación se publicó una reforma constitucional que modificó diversos artículos de la Constitución, el más significativo fue incluir en el Artículo Primero el fortalecimiento del sistema de reconocimiento y protección de las garantías inalienables.

En este panorama, el también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales agrega que como no hay garantías, exigibilidad o sanciones a aquellos que no cumplen con sus obligaciones ha generado una enorme transformación en los tejidos sociales.

Lo anterior, prosigue, genera un sentimiento de impunidad y erosión en la democracia, en la ciudadanía, en la solidaridad y en la noción de que somos seres sociales y relacionados.

Ante la individualización de los riesgos, la idea de que puedo hacer lo que sea porque no pasa nada va acompañada por la erosión del Estado de derecho en un mar de violencias y de estructuras que están afectando los elementos mínimos de dignidad de los mexicanos, sobre todo al hablar de niños, niñas, adolescentes y las poblaciones vulnerables.

Ante esta situación, es necesario un cambio que implique el uso de las estructuras educativas, como la enseñanza básica, que formen sujetos o individuos que estén ávidos de que se cumplan sus derechos.

El investigador destaca que se debe hacer una reflexión crítica del problema y no banalizar el Día de los Derechos Humanos, ya que al no cumplirse el mandato de hacer una profunda reforma estructural para que pudieran garantizarse, todo queda en el ámbito de lo privado, de los valores individuales, lo cual sin duda es importante, pero no suficiente.

Todos estamos necesitados de la corresponsabilidad de los otros, de lo contrario estamos en una situación de incertidumbre. Es parte del por qué a 13 años de la reforma Constitucional hay una sensación de incertidumbre y vaciamiento de propósito, acota.

SEM/sj

• El delito de violación a la intimidad sexual enfrenta diversos obstáculos, al ser una nueva figura penal, consideran abogadas

Gloria López 

SemMéxico/El Sol de México, Cd. de México, 11 de diciembre, 2024.- La falta de perspectiva de género, de capacitación y de conocimiento son algunas de las dificultades que impiden la aplicación del delito de violación contra la intimidad sexual, contemplado en la Ley Olimpia, consideró Valeria Martínez Mondragón, abogada penalista. El caso de ocho alumnas del IPN, víctimas de violencia digital, dejó de manifiesto estas problemáticas.

El miércoles pasado, explicó Martínez, Diego N, ex alumno de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) acusado de editar fotografías íntimas de las jóvenes con Inteligencia Artificial, fue absuelto por la interpretación del juez y no por falta de pruebas.

En entrevista con El Sol de México, la representante de las estudiantes resaltó que las deficiencias que existen están relacionadas al desconocimiento del uso de las tecnologías en ese delito y cómo debe ser aplicado.

“No es que la Ley Olimpia esté mal redactada, le falta una parte esencial, pero no es por eso que no se haya condenado a Diego o por esos tecnicismos, más bien es por la falta de pericia y de conocimiento de los policías quienes integran las carpetas. Y que la verdad no responde tanto a una falta de interés, sino que al ser un delito nuevo vas descubriendo lo que hace falta conforme lo van solicitando”, destacó Martínez.

A pesar de que la Ley Olimpia entró en vigor en 2020 y reconoce la violencia digital como un tipo de delito que se puede sancionar con multas o penas de cárcel a quienes violen la intimidad sexual a través de los medios digitales, existen vacíos legales que no contemplan la utilización de la Inteligencia Artificial. Por ello, consideró importante que dentro de la Ley Olimpia se contemple como el almacenamiento de fotografías; sin embargo, esto también involucraría otro tipo de delitos como la pornografía infantil.

“Pues creo que haría falta que se considerara el almacenamiento el almacenamiento de fotografías, como tal eso sería lo que cumpliría el tipo penal. Entonces habría que checar eso de almacenar, pero el almacenar implica muchísimas más cosas que solamente el delito contra la intimidad sexual implica otros delitos como la pornografía infantil”, señaló.

La abogada subrayó la importancia de seguir denunciando este tipo de delitos con Inteligencia Artificial, pues solo de esa manera, las Fiscalías sabrán cuáles son las necesidades y deficiencias.

“Conforme te lo va necesitando el juez, el Ministerio Público, asesoría jurídica o cuando las víctimas van y denuncian a la Fiscalía, sepan que le vas a preguntar a la víctima, cómo se preservan estos datos importantes y cómo puedes acceder a estos datos, o sea, es un mundo del cruce de las tecnologías”, dijo.

Aunque el pasado miércoles, Diego N fue absuelto por el juez Francisco Salazar Silva, permanecerá en el Reclusorio Oriente ya que todavía cuenta con seis acusaciones por el delito contra la intimidad sexual, además de una investigación por pornografía sexual. El siguiente recurso jurídico que la defensora de las alumnas aplicará es la apelación.

En tanto, Ninde Morle, abogada en derechos sexuales y reproductivos, coincidió en la necesidad de reformar el delito contra la intimidad sexual desde el ámbito legislativo, así como capacitar al personal de los Ministerios Públicos que no saben hacer las investigaciones y contribuyen a que los procesos no sigan o terminen en la impunidad.

“Un juez lo que tiene que hacer es revisar lo que el ministerio público investigó, y si esta investigación viene mal, porque, aunque se tenga todas las pruebas este proceso se va caer, entonces se deben abordar las dos partes porque, aunque se modifique lo legislativo si las personas no lo saben aplicar bien siempre habrá impunidad”, señaló.

La especialista explicó que el caso de las alumnas del IPN evidencia que el sistema penal no sirve para alcanzar la justicia, y pone en el centro de la mesa cómo se están atendiendo los temas en materia de género en el mundo digital.

“Para mi este delito en todos los estados que se ha implementado tiene muchas fallas, y uno es necesario que se revise eso, y dos que al mismo tiempo haya una capacitación dentro de los Ministerios Públicos, los Ministerios Públicos no recibieron ningún tipo de capacitación e información.

«La realidad es que son delitos que se están cometiendo todos los días y que desgraciadamente están sucediendo en línea, donde se hace difícil poder encontrar el tiempo, modo y lugar, porque en el derecho penal como está la presunción de inocencia lo que se tiene que hacer es demostrar bajo ninguna duda que no hizo lo que hizo”, resaltó.

SEM-Sol de México/gl

• Minou Tavárez Mirabal, hija de Minerva Mirabal, cierra 16 días de activismo en CDMX

• Las mujeres somos lo más revolucionario que ha tenido la humanidad

Redacción 

SemMéxico, Ciudad de México, a 11 de diciembre, 2024.- En la erradicación de la violencia todavía se tienen muchos retos pendientes, uno de ellos es la popularización del pensamiento conservador, negador de derechos, que se escuda en el anonimato de las redes sociales, aseguró Minou Tavárez Mirabal, política dominicana, activista por los derechos de las mujeres, presidenta del Fondo Fiduciario para las Víctimas de la Corte Penal Internacional.

Con su participación en el Con el Diálogo entre Mujeres Tavárez Mirabal, hija de Minerva, una de las tres Hermanas Mirabal, cuya historia impulsó el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres, la Secretaría de las Mujeres cerró las actividades de los 16 días de Activismo.

Tavárez Mirabal dijo que un hecho como el ocurrido con su madre y sus tías tiene distintas aproximaciones, ya que, como hija, es una herida que nunca termina de cerrar por los crímenes que se comenten contras las mujeres.

Sin embargo, “como mujer, como dominicana, como latinoamericana, también siento un grandísimo orgullo; una grandísima satisfacción ver que unas muertes tan terribles, tan inexplicables, tan inaceptables, hayan terminado convirtiéndose en una fecha que sirve para crear conciencia, que sirve para unirnos y que hayan hermanado a esta mujer política con otras mujeres”, dijo.

“Estamos, evidentemente, ante un momento que requiere mucho más de nuestra participación, y que requiere mucho más de que nosotras, como mujeres, empecemos a reflexionar de cuál es el impacto de nuestra participación, qué hemos hecho y qué nos falta por hacer y dónde está el camino para que seamos capaces de derrotar esas amenazas”, señaló.

Las mujeres somos lo más revolucionario que ha tenido la humanidad en toda su historia y explicó que la participación de los hombres en la erradicación de la violencia contra las mujeres es fundamental.

“Si creemos de verdad que es posible transformar la sociedad y hacerla mejor y más justa, seamos capaces de concientizar y convencer a los hombres que esta también es su lucha”, expresó.

Por su parte la secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, destacó la coordinación interinstitucional que realizó esta dependencia para la jornada de los 16 Días de Activismo entre los distintos entes del Gobierno de la Ciudad de México.

“Cerramos una jornada muy intensa, con la participación de las alcaldías, de las secretarías del Gobierno de la Ciudad y con las Unidades Territoriales de Prevención y Atención a la violencia de Género se realizaron cerca de 300 actividades, capacitaciones, ferias de servicios, jornadas informativas, trabajo en escuelas, iluminación de monumentos, entre otros”, como parte de la activación de propuestas que impulsa la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó. 

En el evento también participaron las secretarias de Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás; del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez; la coordinadora técnica del Gabinete de la Jefa de Gobierno, María Elena Esparza Guevara, y Gabriela Alejandra Rivadeneira.

SEM/si