Protestan  más de 150 organizaciones, colectivas, periodistas, asociaciones  y personas de México y el mundo

Llaman  a la presidenta electa, a las autoridades federales, estatales y municipales  a rectificar urgentemente, porque es la vida de mujeres y niñas la que está en peligro

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 14 de agosto, 2024.- Más de  150 organizaciones, asociaciones, colectivas, académicas, periodistas, defensoras de derechos humanos y ciudadanía  de todo el país ,  denunciaron que sin cambios de fondo, sin objetividad y de manera absurda, se levantó la Alerta de Violencia de Género contra Las Mujeres en 3 municipios de San Luis Potosí.

Además documentan que no se cumplieron con las medidas ordenadas por Gobernación y sostienen, en un largo pronunciamiento, que el pretexto de que en esos municipios bajó el feminicidio, no se sostiene frente a la violencia continuada y mortal contra niñas y mujeres en San Luis Potosí.

Afirmaron que el levantamiento de la AVGM se hizo , sin haber cumplido con las medidas y sin considerar el entorno de violencia contra las mujeres en la entidad. Enfáticas señalan que ello significa un retroceso.

En una carta pública llamaron  a las autoridades de gobernación, del estado  y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo  a  rectificar. Además de manifestar  su  enérgico rechazo al  levantamiento  que se hizo hace una semana, demandan respuesta a 8 peticiones específicas.

Quitaron la Alerta  en los municipios de Tamuín, Tamazunchale y Matehuala,  en el marco de la sesión especial del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM) de San Luis Potosí.

Las firmantes  llaman especialmente a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde,  al Gobernador de la Entidad, a la presidenta del Inmujeres a que respondan porqué esa suspensión sorpresiva, en tanto que el levantamiento territorial de la alerta no representa un avance real en la lucha contra las causas estructurales de la violencia de género en el estado, ni en la atención efectiva a la violencia feminicida.

Destacan que el escenario actual y complejo de violencia, el acceso limitado a los servicios de atención, los obstáculos para el acceso a la justicia y a la reparación integral, y la falta de planeación, seguimiento y evaluación efectiva de las políticas implementadas en estos municipios, no justifican la decisión de retirar la alerta.

Si bien es cierto que los municipios donde se tomó la decisión de levantar la AVGM hay una baja notable en el registro de casos de feminicidio, también lo es que a nivel estatal el registro de muertes violentas de mujeres (homicidios dolosos) se mantiene, esto evidencia una disminución alarmante en el número de casos que se clasifican como feminicidio, al menos para su reporte a la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Adicionalmente, no representa la disminución de la violencia feminicida en los territorios, ni la garantía de la debida aplicación de los protocolos de investigación de muertes violentas, incluyendo muertes aparentemente accidentales y suicidios.

 Por el contrario, explican  lo anterior perpetúa e invisibiliza las particularidades de la violencia de género pero, sobre todo, las responsabilidades del Estado frente a la misma.

 Las niñas, adolescentes y mujeres, son objeto de una diversidad de formas de violencia y victimización, por lo tanto es importante huir de esencialismos para el abordaje de estas.

La AVGM es un mecanismo de emergencia y de exigibilidad que posibilita el acceso efectivo al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de tal suerte que se convierte en un  instrumento de garantía establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como en un instrumento esencial para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. 

El levantamiento de la AVGM solo debería ocurrir cuando se haya comprobado el cumplimiento integral de las medidas establecidas en la declaratoria de junio de 2017 y cuando se observe una disminución sostenida de la violencia en cada uno de los municipios donde se activó la alerta.

 Esto exige un estudio riguroso que incluya metodologías cualitativas capaces de abordar la complejidad de la violencia feminicida en todas sus formas, y que evalúe de manera precisa el impacto directo y tangible de las acciones implementadas para su erradicación, en la vida de las mujeres.

En ese sentido, la afirmación del titular del Gobierno estatal en sus redes sociales, en la que se asegura que «San Luis Potosí ha cumplido al 100% de las medidas de la AVGM» —lo cual es falso y fácilmente verificable en el documento de actualización de las medidas— y que ahora las mujeres viven más seguras y libres, pone de manifiesto la falta de comprensión del actual Gobierno Estatal sobre la situación real. Además, revela un uso propagandístico y político de una resolución que no representa un verdadero avance, sino más bien la incapacidad y el desinterés de dos  administraciones estatales consecutivas para coordinar e implementar, a lo largo de siete años, todas las medidas de la AVGM en los municipios con declaratoria.

En lugar de una reducción significativa de la violencia feminicida, hemos observado una  normalización preocupante y una falta de respuestas contundentes por parte de las autoridades. El levantamiento de la AVGM en estos municipios es un retroceso para el desarrollo de programas y políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres, disminuyendo la visibilidad y urgencia de una problemática que aún necesita de atención prioritaria en estos territorios. Además, es un acto de indiferencia e indolencia hacia las víctimas indirectas de feminicidio que continúan luchando por el acceso a la justicia, verdad y reparación integral, incluyendo los casos que sucedieron en los territorios donde se levanta la AVGM.

La decisión en torno al levantamiento de la AVGM en estos municipios sucede en un contexto caracterizado por una serie de acciones y omisiones de las autoridades señaladas:

1. Impunidad y violencias institucionales hacia las víctimas indirectas de feminicidio;

2. Una latente obstaculización de la participación efectiva de la sociedad civil en los asuntos públicos;

3. La toma de decisiones trascendentales con base en documentos que no se han hecho públicos de forma oportuna;

4. La ausencia absoluta de transparencia en el ejercicio del recurso público ejercido para garantizar una vida libre de violencia de las mujeres;

5. La tendencia a superponer la imagen política del Gobierno Estatal por encima de la obligación de hacer efectivas las medidas para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres.

6. El Instituto de las Mujeres ha sido instrumentalizado para una agenda política distinta a la construcción de políticas públicas que realmente incluya a todas las mujeres y que abone por condiciones reales para el acceso a una vida libre de violencia.

Reiteran que esta suma de acciones y omisiones, así como el levantamiento de la AVGM, van contra el carácter progresivo del acceso del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, instalándose, en consecuencia, una narrativa política que manipula los datos sobre incidencia delictiva con el único propósito de simular resultados y, a través de ello, legitimar gobiernos y personas en sus cargos públicos.

Por lo tanto, quienes suscribimos este documento, exigimos a las autoridades competentes:

1. Que la virtual presidenta electa, al momento de asumir su gestión, tome como tarea prioritaria la revisión del Mecanismo de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género que tiene CONAVIM a su cargo, a efecto de que se pueda contar con claridad, transparencia y máxima publicidad, con una metodología acorde y objetiva que permita a las mujeres que habitamos estos territorios, conocer el estado que guarda el cumplimiento de las medidas que han sido decretadas en nuestro Estado.

2. Que se reconsidere y se retracte la decisión de levantar la Alerta de Violencia de Género en Tamuín, Tamazunchale y Matehuala de San Luis Potosí, hasta que se cumplan con todas las medidas y se realice la evaluación integral del impacto de las acciones realizadas para ello, se garantice plenamente la seguridad y protección de las mujeres, y que no haya riesgo de invisibilización de la violencia de género.

3. Que se hagan públicos, se difundan y se revisen a profundidad los criterios, metodologías y datos empleados para justificar la decisión de levantar la AVGM en estos municipios. Es fundamental que esta información sea accesible para todas las partes interesadas y que se someta a un escrutinio público que garantice la transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades.

4. Que se investigue de manera exhaustiva; rigurosa; con metodologías participativas, cualitativas y cuantitativas; a partir de múltiples fuentes de información; y conforme a los más altos estándares en materia de derechos humanos, la situación de violencia de género en los municipios donde se ha levantado la alerta, así como de cada municipio cuando se considere la evaluación para determinar el levantamiento de la misma, involucrando a organizaciones de la sociedad civil, expertas en género, y comunidades afectadas, para asegurar el principio pro persona y los derechos humanos.

5. Que se publique la convocatoria para representantes de OSC para integrar el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), actualmente compuesto por CONAVIM, IMES, CEDH, CNDH e INMUJERES, junto con una investigadora y una especialista. Notamos con preocupación que actualmente no hay representación completa de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el GIM, lo que consideramos esencial para garantizar una perspectiva diversa y verdaderamente inclusiva en la toma de decisiones sobre la Alerta de Violencia de Género.

6. Que se establezcan mecanismos claros de rendición de cuentas para que las mujeres en los territorios que tienen AVGM, puedan vigilar y dar seguimientos a las medidas tomadas por las autoridades. 

7. Que José Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, no subordine la dirección del IMES y la transversalidad de la perspectiva de género en la política pública estatal, a intereses del poder ejecutivo diferentes a la garantía de los derechos de las mujeres en el estado. Es imperativo que se garantice la autonomía y el funcionamiento efectivo del IMES como organismo descentralizado, con autonomía técnica y de gestión, independiente de presiones políticas y con el firme propósito de proteger y promover los derechos de las mujeres. Por lo tanto, quien esté al frente deberá de responder a los intereses y necesidades de las mujeres por encima de los intereses políticos. Atendiendo lo anterior, exigimos la destitución o renuncia de la actual titular. El Instituto de las Mujeres no debe ser botín político de ningún gobierno. Debe ser un espacio para la construcción de políticas públicas que realmente incluya a todas las mujeres potosinas y que abone por condiciones reales para el acceso a una vida libre de violencia de todas.

8. Instamos a las autoridades a implementar medidas concretas y sostenibles que garanticen la protección efectiva y continua de los derechos de las mujeres en todos los municipios.

Poniendo al centro la vida y la dignidad de las mujeres, estaremos atentas a la atención oportuna por parte de cada una de las autoridades competentes, de las exigencias establecidas en este documento.

Autoridades enteradas:

La carta se envió a:  Claudia Sheinbaum pardo, virtual presidenta electa de México; Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación; a Sayda Yadira Blanco Morfín, coordinadora de políticas públicas para la erradicación de la violencia y encargada de la recepción y atención de los asuntos de la CONAVIM; a Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; a José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí; a Gloria Serrato Sánchez, titular del Instituto de las Mujeres del estado de SLP; a Kathya Estefanía Rodríguez Lozano, presidenta del consejo consultivo del instituto de las mujeres  de SLP , así como a titulares de las instituciones que integran el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado, a Miguel Ángel García Amaro, comisionado ejecutivo estatal de atención a víctima; a Giovanna Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como  a las autoridades municipales de Tamuín, Tamazunchale, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles.

Organizaciones y Colectivas firmantes:

50+1 Capítulo Zacatecas; Académicas FES Zaragoza-UNAM; ALAS A.C.; Aliadas Incidencia Estratégicas, SC.; Apoyare A.C., Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres A.C., ARKALI Espacio Cultural A.C., Butacada Feminista, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Centro Contra la Violencia en Zacatecas A.C., (CCOVIZAC A.C.), Centro de Investigación en Estudios Avanzados Dos de Género y Equidad, Colectivo Hermandad Lésbica, Colegio de Abogadas por los DDHH de las Mujeres, Comisión Feminista Olimpia de Gouges A.C., Coordinación Feminista Olimpia de Gouges A.C., Cuidadoras Potosinas Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac), Federación Mexicana de Colegios y Asociaciones de Abogados. Federación Mexicana de Universitarias (FEMU), Feminicidios en México, Frente Feminista Nacional, Frente Marea Verde SLP, Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria ,Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria capítulo DURANGO, Fundación Ius Género A.C., FURIA Coahuila, Inclusión Género y Ciudadanía A.C., Kibidka A.C., Laboratorio de Investigación: Género, Interculturalidad y Derechos Humanos de El Colegio de San Luis,  Lesbianas y feministas por el derecho a la información- Línea Aborto Chiapas, Lentes Violeta- Trabajadoras de la Educación, Lúminas, Centro de Derechos Humanos A.C., Me cuidan mis amigxs , Mujeres Floreciendo, Mujeres Guerrerenses por la Democracias A.C., Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Boca del Río, Movimiento Social Mayo 29, Movimiento Socialista del Poder Popular, Narrativas Dignas, Nueva Luna A.C., Nueva Luna Salud de las Mujeres A.C., Nosotras tenemos otros datos, Olas Sociales, Organización Para Chica A.C., Perteneces A.C., Partido del Socialismo Mexicano- PdelSMx, Poiesis, SC, Por Ellas, Por Nosotras y Por Todas, Psicología Integral de Vanguardia, Red Colimense por los Derechos Humanos de las Mujeres, Red Colimense por los DDHH de las Mujeres, Red de Abogadas Digna Ochoa, Red de Acompañamiento “Las Compas”, Red de Mujeres, Red Nacional de Alertistas, Red Pro Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva, Red X la Igualdad Sustantiva Sinaloense A.C., Servicio de Noticias de la Mujer de América Latina y el Caribe, Shakti, atención integral de niñas, niños y adolescentes, SORORAL Red de Abogadas, Territoria Feminista, Vulvasonicas, YO SOY A.C..

Personas:  Evangelina Flores Ceceña, Frida Viramontes, Gabriel Silva- Abogada Disruptiva, Heather Dashner Monk, Irene Guadalupe Ramírez Acosta, Leticia Martínez Martínez, Leticia Vaca, Laurel Cedeño Peña, Luz Andante, María de Lourdes Miranda Herrera, María Isabel Medrano Vázquez, María José Puente Zavala, María Mayela Blanco Ramírez, Mariana Juárez Moreno, Mariana Martínez Flores, Mónica Leticia Mendoza Torres, Minerva Gallegos D, Mizayra Nayelli Reyes Morales, Monika Guadalupe Rosas Torres, Mireya Sánchez Garza, Nikol Vargová, Olga Lidia Mejía Vázquez, Oresta López Pérez, Patricia Martínez, Pilar Alberti Manzanares, Rocío Hernández Ávila, Sandra Ilizaliturri, Sofía Concepción Rodríguez Loredo, Yolanda Meave Ponce, Yesica Yolanda Rangel Flores, 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS/ ACADÉMICAS/ PERIODISTAS

Aleida Del Rio Tovar, Alma Vanessa Guzmán Díaz, Andrea Rodríguez López, Arely Torres Miranda, Ashley Odeth Pedraza Cerón, Blanca Delia Morales Uresti, Blanca Tovar Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, Claudia Yolanda Ugalde Hernández, Cristel Ferrer Espiricueta, Dra. Brenda Magali Gómez Cruz, Eloisa Selene Torga Cervantes.