Desplazamiento inconmensurable de mujeres, niñas, niños y adolescentes
Familiares de personas desaparecidas en Chiapas formaron la organización Junax Kotantik
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 10 de junio, 2023.- Una petición en change.org que esta mañana lleva más de 6 mil firmas, advierte de la “barbarie en Chiapas”, donde las mujeres sufren hostigamiento, desplazamientos y temor; señala que la población en el estado de Chiapas ha estado sumida en una espiral de violencia extrema y que lamentablemente, las autoridades han fallado.
La petición es resultado de los llamados a mirar la barbarie que está sucediendo, y esta semana ya habló el EZLN y se creó una organización. Todos los reportes periodísticos, testimoniales, de las mujeres, hablan de la incapacidad del gobierno estatal; de cómo a pesar de ser “el cambio”, continúan los grupos criminales y la entidad de puebla de desplazamientos forzados, de mujeres violadas y perseguidas y de niños y niñas sin seguridad.
Decenas de colectivas, organizaciones y personas en el escrito que está circulando nacional e internacionalmente sostienes que es urgente que se reconozca la gravedad del estado de violencia en Chiapas y que se tomen medidas inmediatas.
Diez desapariciones a la semana de personas menores de 18 años; mil 831 en cuatro años, con un crecimiento sostenido desde 2018. La crisis de desapariciones alcanzó a Chiapas, y son las niñas, niños y adolescentes sus principales víctimas.
Hasta hace pocos meses, en esta entidad ubicada al sur de México, crear comisiones ciudadanas de búsqueda, organizaciones de familias de desaparecidos, u organizar foros para poner el tema en la agenda pública, no era una necesidad.
Ahora, imágenes de personas desaparecidas se ven en puentes y espectaculares, mientras fichas de búsqueda se multiplicaron en las páginas de redes sociales.
Violencia feminicida
La Organización Mundial la Salud (OMS), en México nueve de cada 10 adolescentes de 12 a 19 años denuncian que sufren violencia en el noviazgo. En Chiapas, la última Encuesta Nacional de Juventud menciona que 41.9% de las jóvenes entrevistadas de 15 a 29 años, han sufrido al menos un episodio de violencia en el noviazgo, 27.3% fueron victimizadas por medio de agresiones físicas, 23.8%.
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014. Las mujeres fueron violentadas, el 50 por ciento experimentó amenazas y 20.7% se les obligó a tener relaciones sexuales. A su vez, para 2015, Chiapas fue la segunda entidad con mayor número de nacimientos en niñas y adolescentes. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, en México, 66.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. En Chiapas, 52.4% de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia emocional, sexual y física en los ámbitos escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja, este último el de mayor incidencia. Para lograr mejores resultados en el mediano y largo plazo en materia de seguridad, deben incorporarse políticas de prevención social que atiendan las causas estructurales de la violencia y la delincuencia, desde un enfoque multidisciplinario, integral y de género.
Lo último
Esta semana, se reunieron en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas, con grupos de búsqueda de otros estados y países, para compartir prácticas de organización y estrategias para trata de encontrar a sus familiares.
¿Qué cambió en Chiapas?
Victórico Gálvez Pérez, abogado del Centro de Derechos Humanos para Bartolomé de las Casas (Frayba), una de las organizaciones participantes en el encuentro, explicó que en el centro humanitario se ha multiplicado la llegada de familiares que buscan a sus desaparecidos.
Vienen de municipios como Palenque, Ocosingo, Pantelhó, Chenalhó, Chicomuselo, Comitán, La Trinitaria, Sabanilla y San Cristóbal de Las Casas, entre otros. El Frayba tiene contabilizados 1,249 casos entre adultos y menores de 18 años; el 75 por ciento han desaparecido en lo que va del sexenio.
En estos casos, explicó el abogado, las personas desaparecidas a las que han orientado, provienen en su mayoría de zonas rurales e indígenas, particularmente de municipios donde grupos del crimen también han incrementado su presencia y acciones.
“Desde el Frayba se ha venido documentando que hay un detonante común en esta crisis de personas desaparecidas en Chiapas, con situaciones como la que sucede en la región de la frontera (de Chiapas con Guatemala), donde hay un aumento de la presencia de grupos del crimen”, dijo.
Opacidad gubernamental
En Chiapas, las organizaciones que en la defensa de los derechos humanos han tenido que atender casos de desapariciones, también han elaborado su propia numeralia, porque la Fiscalía de Justicia de Chiapas no incluye todos los informes y casos en Registro Nacional de Personas Desaparecidas, además que tiene un manejo azaroso de las fichas que coloca en su página web y redes sociales.
Por ejemplo, la organización Voces Mesoamericanas Acción con los Pueblos Migrantes ha documentado 350 casos de jornaleros agrícolas chiapanecos desaparecidos cuando han migrando en búsqueda de trabajo. Esta organización mantiene la búsqueda activa de poco más de 80 de ellos, la mayoría de las veces sin la colaboración de las autoridades.
Sandyvell Reyes, integrante de Voces, explicó que una de las causas por las que las personas hoy desaparecidas migraron, es “por los desplazamientos forzados, los desplazamientos forzados a causas de violencias, tanto la que ejercen las propias instituciones como la que genera la fractura del tejido social”.
En cualquiera de los casos, refiere que “está aumentando la desaparición de personas de Chiapas y no se les está buscando por parte de las instituciones. Han sido las familias quienes emprenden las búsquedas”.
En Chiapas familiares formaron la organización Junax Kotantik.
Niñez, 10 desapariciones a la semana
La organización Melel Xojobal, que trabaja a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ha documentado los casos de niñez desaparecida en Chiapas. Hizo un recuento numérico basado en las fichas de búsqueda que la Fiscalía de Chiapas publica en su página de facebook; y un análisis de casos.
“En el periodo 2018 a 2021 contabilizamos 1,831 desapariciones de menores de 18 años. Destaca que hay un incremento sostenido en este periodo, porque en 2019 hubo 183 desapariciones, y a partir de ahí la cifra fue multiplicándose cada año. Es decir, pasó de dos casos a la semana en 2018, a 10 casos a la semana en 2022, explicó Jennifer Haza.
Y aún si sólo se considerara las desapariciones que el gobierno de Chiapas ha colocado en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el 45 por ciento de estos reportes son de niños, niñas y adolescentes, lo que coloca a Chiapas en el cuarto lugar nacional de menores de 18 años desaparecidos.
La edad más frecuente de desaparición es 15 años, y son las mujeres adolescentes las que más desaparecen. Otro detalle que habla sobre la grave situación que se vive en Chiapas es que, a nivel nacional, dos de cada diez personas en este rango de edad siguen desaparecidas, pero en el estado esta cifra se incrementa a tres de cada 10.
Los principales lugares de desaparición son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula Comitán y Palenque.
Jennifer Haza explicó que, si bien están la sustracción de niñas y niños por situaciones o conflictos de tutela de patria potestad, también son sobresalientes los casos de reclutamiento forzado por parte de grupos del crimen, y para huir de contextos de violencia, como estrategia de sobrevivencia.
Añade: “con las familias que hemos acompañado vimos que la Fiscalía deja de investigar cuando estas niñas, niños y adolescentes son localizadas, y no registra si fueron víctimas de algún delito, lo que a paso a la impunidad y la continuación de las desapariciones; lo que se puede ver porque no hay una sola sentencia”, detalló.
“¿Por qué desaparecen las niñas niños? ¿Con qué fines? -se pregunta- aquí ni la Fiscalía contra la desaparición forzada, ni la Comisión Estatal de Búsqueda, tiene una unidad de análisis de contexto. Necesitamos saber qué está sucediendo”.
Acciones y propuestas
Durante la reunión de organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas, se habló de las carencias que las instituciones gubernamentales tienen para agilizar los procesos de búsqueda, pero también de la opacidad y negligencia de autoridades, de prácticas racistas y discriminatorias hacia las familias que buscan, por ser en su mayoría de origen indígena y rural.
Se hicieron propuestas como la de dotar a las instituciones de búsqueda de mayores recursos, capacitación, y crear por ejemplo una unidad de análisis de contexto para ubicar las estrategias de búsqueda de acuerdo a la situación que se está viviendo en Chiapas, como es el incremento de la violencia generada por grupos del crimen organizado.
Familiares de desaparecidos y organizaciones sociales pidieron a las instituciones de Chiapas y del gobierno federal reconocer la problemática y trabajar en conjunto para encontrarles y para detener la crisis.
Rutilio atrapado
La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía de Distrito Norte obtuvo del Órgano Jurisdiccional autos de Vinculación a Proceso en contra de dos personas por su probable responsabilidad en los delitos de Violación y Lesiones Calificadas, de hechos ocurridos en los municipios de Jitotol y Ostuacán, respectivamente.
La Fiscalía de Distrito Norte informó que en audiencia el Juez de Juez de Control Región 02 del Distrito Judicial de San Cristóbal de la Casas y Bochil, vinculó a proceso a Daniel «N» por su probable responsabilidad en el delito de Violación, e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; con un plazo de investigación complementaria de un mes.
Por otra parte, el Juez de Control Región 03 del Distrito Judicial de Pueblo Nuevo y Simojovel, dictó Vinculación a Proceso en contra de Carlos «N», por su probable responsabilidad en el delito de Lesiones Calificadas, imponiéndole la medida cautelar prisión preventiva oficiosa, con un plazo de investigación complementaria de un mes, quedando recluidos los inculpados en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 11 del Distrito Judicial de Pichucalco.
LA PETICIÓN
Al Gobierno Federal
Al Gobierno Estatal
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
¡Detengamos la barbarie en Chiapas!
Somos un conjunto de colectivos, organizaciones y personas preocupadas por los diferentes hechos de violencia acontecidos en los días recientes en el estado, por lo que queremos manifestar lo siguiente:
El estado de Chiapas lleva años, envuelto en una espiral de violencia creciente que se ha recrudecido de manera alarmante en los últimos días. Las causas no pueden atribuirse únicamente a la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la injusticia endémicas que han caracterizado a la entidad a lo largo de toda su historia.
Lamentablemente, por su ubicación geográfica y por el aislamiento en el que Chiapas vivió por años, la presencia del crimen organizado en el estado no es nueva. Desde hace décadas, se trafica de todo, desde personas, hasta armas y drogas. Por años, estos fenómenos operaron sin mayores daños para la población local, aunque ciertamente las consecuencias de los delitos han ido penetrando lentamente el tejido social comunitario. sin embargo, en los años recientes la disputa territorial entre diferentes grupos delincuenciales ha derivado en una escalada alarmante de la violencia y la inseguridad que hoy tiene su escenario más dramático en los municipios de Fontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera, entre otros ubicados en la región.
La falta de respuesta institucional tiene que ver con la ambición desenfrenada y la corrupción de muchas autoridades que, concentradas en mantener su poder político o incluso acrecentarlo, han dejado abandonada a su suerte a una población que se debate entre los fuegos de los grupos delictivos rivales. Esta situación, aunada al alarmante aumento del tráfico de armas en todo el estado, con la consecuente proliferación de grupos armados de todo tipo, ha convertido a nuestra entidad en tierra de nadie, donde el diálogo y la negociación han sido cruelmente desplazados por la fuerza de las balas.
La zona fronteriza con Guatemala es hoy la manifestación más aguda de la situación de violencia e inseguridad que se padece en Chiapas, pero desgraciadamente no es la única. En toda la entidad ha crecido aceleradamente el tráfico ilegal de todo tipo. En los últimos años, diversos grupos, presumiblemente células del cártel Jalisco nueva generación y del cártel de Sinaloa, se han apoderado de territorios completos a los que dominan a través del terror, las amenazas, las extorsiones, las desapariciones, la muerte. Existen otros grupos armados que se mueven desde la frontera y en regiones como Teopisca, San Cristóbal, San Juan Chamula, hacia los altos y norte de la entidad. Ante la total inacción de las autoridades, todos estos grupos han ido ganando poder y territorio, en medio de una violencia nunca antes vista en nuestro estado. Aunque la crisis se concentra en tres regiones de la entidad (frontera, sierra y centro), las repercusiones se padecen en todo el estado.
Una muestra de la violencia generalizada en otras regiones del estado ocurrió apenas la noche del viernes 2 de junio, cuando un grupo armado presumiblemente proveniente desde Santa Martha, Chenalhó, atacó a balazos a desplazados y desplazadas de dicha comunidad que se encuentran en situación de refugio desde octubre de 2022 en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio, con un saldo, hasta ahora, de 7 muertos y 3 heridos. al momento de redactar el presente pronunciamiento, no se tenía mayor información.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la situación más alarmante está ubicada en la zona fronteriza. Desde el 25 de mayo pasado, la violencia se ha desbordado particularmente en el municipio de Frontera Comalapa, a raíz de los enfrentamientos entre grupos antagónicos presumiblemente del cártel Jalisco nueva generación y del cártel de Sinaloa, principalmente en las proximidades de las comunidades Nueva Independencia (conocida como Lajerío) y Candelaria.
Aunque no se tienen cifras precisas, se habla de entre 3 mil 500 y 4 mil personas desplazadas, con un número indeterminado de mujeres y hombres heridos, desaparecidos y muertos. Durante varios días, no se hizo presente autoridad alguna por lo que la población se defendió como pudo. finalmente, el 31 de mayo el Ejército Mexicano logró ingresar al municipio, después de enfrentar la resistencia de pobladores del ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, mejor conocido como Quespala. a cuenta gotas, algunos y algunas pobladoras han iniciado el retorno a sus hogares. La situación es de gran incertidumbre y miedo.
Ante este panorama, exigimos:
1. La presencia de las instituciones encargadas de la seguridad de la población: ejército, marina, guardia nacional, fiscalías estatal y federal, para restablecer el orden y realizar las investigaciones de rigor que determinen la magnitud de los daños causados y su reparación.
2. La atención integral a la población en situación de desplazamiento forzado, que debe incluir garantías para un retorno seguro. La gente merece vivir sin temor a perder a sus seres queridos y a ver arrebatado el patrimonio de toda una vida.
3. La implementación de las medidas necesarias para el restablecimiento de la paz permanente en toda la región fronteriza, para lo cual es indispensable proceder, en la forma que se requiera, contra los grupos delincuenciales que han afectado gravemente la vida de la población. sin embargo, el esfuerzo será inútil si el resto del estado sigue atrapado en una espiral de violencia sin fin. exigimos que el restablecimiento de la paz se haga extensivo a todo Chiapas.
4. El reconocimiento de parte de las autoridades estatales y federales de la grave situación que se vive en la entidad. seguir con el discurso negacionista que pretende aparentar que todo está bien y que los innegables hechos de violencia son brotes aislados, no sólo es profundamente irresponsable sino una falta de respeto a las y los chiapanecos que día con día constatamos la violencia y la descomposición social acelerada. Pero, además, la insistencia en negar la gravedad de la situación pone en altísimo riesgo a la población, como lo demuestran los hechos ocurridos en Chenalhó y en la zona fronteriza, que se vienen denunciando desde hace meses y ante los cuales, las autoridades han sido absolutamente omisas.
5. L aplicación irrestricta de la ley, que significa, entre otras cosas, poner fin definitivo a la complicidad de muchos políticos con el crimen organizado. E un verdadero insulto para las y los chiapanecos que conocidos miembros de la clase política chiapaneca, ampliamente sabidos sus lazos con la delincuencia o ellos mismos delincuentes, aspiren a cargos de elección popular como la gubernatura o la presidencia de la república.
Nos negamos a ser testigos y testigas mudas de la destrucción social, económica, política, ambiental y cultural de nuestro estado. ya se dejó crecer la podredumbre por demasiado tiempo.
¡Basta de barbarie! ¡Basta de la inacción del Estado mexicano! ¡Queremos un Chiapas con paz duradera y con justicia verdadera!
