• Humillaciones y acosos al que se somete a las parteras de forma cotidiana: denuncian
• La partería tradicional es un derecho humano reconocido en la Constitución mexicana y en leyes nacionales e internacionales

Gabriela Coutiño
SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, Chis. 6 mayo. – El Movimiento de Parteras de Chiapas Nich Ixim, exigieron reconocimiento oficial “para que no se pierdan estos conocimientos ancestrales que existían antes de la medicina” y porque su trabajo es necesario para la atención de las mujeres.

“En palabras, las instituciones de salud nos reconocen, pero exigimos que se establezca en la ley. En 2005 se hizo en algunas partes una evaluación sobre la competencia laboral de las parteras y algunas fuimos certificadas y nos sentimos muy orgullosas porque salimos competentes”, dijo Rosa Hernández Girón, una de las dirigentes de la agrupación.

“Lo que queremos es que sea reconocido el trabajo que hacemos como parte de la salud de las mujeres y los bebés para que no se pierdan estos conocimientos ancestrales”, manifestó.
En el Día Internacional de la Partería, Hernández Girón dijo que “sigue la confianza de las mujeres en pie en nosotras porque saben que se hace bien el trabajo. En caso de complicaciones se tiene que trasladar a las mujeres a la unidad médica y tenemos la obligación de decirles durante el embarazo que se tiene que trasladar si es necesario. La gente está sabedora de eso”.

Declaró que la partería tradicional es un derecho humano reconocido en la Constitución mexicana y en leyes nacionales e internacionales. “Esto quiere decir que ninguna acción de gobierno puede ir en contra de la partería tradicional ni limitar su ejercicio”.

A pesar de esto, expuso, en algunas zonas del Estado se ha restringido su ejercicio, prohibiéndonos atender partos de forma directa.

Además, se utilizan varios mecanismos para desmotivar que el parto sea atendido por parteras.

“Es constante la presión sobre las mujeres para generarles miedos infundados de atenderse con parteras, con información falsa sobre el cuidado y seguridad materna y neonatal de la partería.

“A las mujeres se les condiciona acudir a controles prenatales en las clínicas para brindar servicios básicos a los bebés -como la prueba del tamiz y las vacunas-. Asimismo, en los traslados por complicación durante el embarazo o parto de mujeres que no llevaron control prenatal en la clínica, se demora su ingreso en el hospital, poniendo en riesgo su vida y las de sus bebés”.

También, “cuando los bebés nacen en nuestras manos, se les niega o dificulta su certificado de nacimiento, violando así el derecho humano a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, como señala el artículo 4 de la Constitución mexicana”.

Adicional a las trabas y obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que deciden dar a luz con una partera, “se suman las humillaciones y otros tipos de acosos al que se somete a las parteras de forma cotidiana en relación con los servicios de salud y nuestra profesión: por ejemplo, de manera infundada nos acusan de falta de conocimiento, que la partería es causante de muerte materna, se nos presiona para ir a capacitaciones donde no se toman en cuenta nuestra cultura, conocimientos y necesidades, y recibimos constantes amenazas de cárcel si alguna de las mujeres que atendemos sufre complicaciones”.

Por lo que demandaron alto al acoso a las parteras, “exigimos que se ponga en el centro la vida de las mujeres y sus bebés, brindándoles los servicios de salud vitales a los que tienen derecho independientemente de con quién se atendieron”.

Hernández Girón, afirmó que, a pesar de esta situación, “de todos los obstáculos, gran parte de las mujeres chiapanecas prefieren y deciden atenderse con nosotras”. Durante 2021, el Movimiento de Parteras de Chiapas documentó la atención de 2 mil 274 partos por parte de 237 parteras integrantes del Movimiento. De enero a marzo de 2022, se han reportado 448 partos atendidos por 96 parteras.

“Según el INEGI, de los nacimientos registrados y ocurridos en 2020, un 36% de los mismos fueron atendidos por nosotras las parteras. En 18 municipios del Estado, este porcentaje es mayor al 75%, la mayoría de ellos municipios tseltales y tsotsiles”.

Mientras las experiencias de las mujeres en las instituciones de salud en el Estado de Chiapas, sean centros de salud u hospitales, siguen llenas de historias negativas, donde existe falta de cuidado, maltrato y violencia obstétrica.

Por lo que “seguimos luchando también. Las que estamos aquí somos voceras de las mujeres que están tras las montañas que también están atendiendo a las mujeres y bebés; queremos que este mensaje llegue hasta el último rincón del mundo para que nos reconozcan como parteras tradicionales”.

Mary Villatoro Santiago, otra de las dirigentes señaló que, durante los dos años anteriores de pandemia, “se nos amontonó el trabajo porque los hospitales estaban cerrados y no atendían partos; las embarazadas acudían con nosotras y no tuvimos complicaciones”.

Aseguró que las parteras no cobran una tarifa fija por atender un parto, sino que, según sus condiciones económicas, “las mujeres dejan 20, 50 o 70 pesos. No podemos poner una tarifa porque nuestro trabajo lo hacemos por amor a las mujeres”.

Ana Alicia Osorio

SemMéxico, Veracruz, Ver., 6 de mayo, 2022.-La violencia contra las mujeres en Veracruz y la información falsa que circuló a través de mensajes de whatsapp generó que las habitantes de algunas congregaciones de Medellín de Bravo vivieran una noche de miedo. 

Por whatsapp llegaban por montones los mensajes pidiendo que se resguardaran y cerraran sus casas porque personas armadas llegarían a tocar las puertas en busca de mujeres, como ya había sucedido en otras comunidades. Pero en ningún lugar había pasado. 

El audio que circulaba, contaba que el agente municipal había dado esa información. Las mujeres y hombres, espantados, replicaron el mensaje una y otra vez para intentar alertar a las personas queridas.

Sin embargo, David Martínez, agente municipal de la zona, indicó que el mensaje que él envió a quienes habitan la región fue que durante el día (alrededor de las 2 de la tarde) personas desconocidas ingresaron a robar tres viviendas cuyos habitantes se encontraban laborando. 

Ante ello pidió que el gobierno municipal dote de seguridad el sitio y que exista patrullaje, pero descartó que la situación fuera como se fue modificando a través de los mensajes y que finalmente generó la alarma.

Esta situación se presenta en un contexto donde la violencia contra las mujeres en la entidad veracruzana y en el país es elevada. 

Durante este año han desaparecido 93 mujeres y niñas en Veracruz, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.  El registro muestra que de las 242 personas totales que han desaparecido en la entidad, 93 fueron localizadas pero no identifica el género

En otras ocasiones ya se han presentado casos similares debido a audios de whatsapp por lo que medios especializados han señalado la necesidad de acudir a la fuente original del audio (por ejemplo, en este caso el agente municipal) para corroborar la información.

• Preocupa que solo han sido 167 personas beneficiadas a dos años de la Ley de Amnistía

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 6 de mayo 2022.- Aplicar la perspectiva de género en las solicitudes y que los criterios de decisión y actuación de la Comisión de Amnistía se rijan por la transparencia y los más altos estándares de derechos humanos para acelerar la implementación de la Ley es la demanda urgente que hace la organización EQUIS Justicia.

A EQUIS Justicia le preocupa que La Comisión encargada de revisar las solicitudes de las personas privadas de la libertad —presidida por la Secretaría de Gobernación—, ha sesionado tan sólo 6 veces, como lo dio a conocer el mismo Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB, Alejandro Encinas, en un boletín publicado en su página a principios de este mes de abril.

La situación para las mujeres es particularmente grave, ya que, tal como lo ha demostrado la organización Intersecta, la mayoría de las mujeres en prisión ni siquiera han sido reconocidas culpables.

En un pronunciamiento, la organización que da seguimiento a la Ley de Amnistía desde el año 2020 y da acompañamiento legal a los casos de dos mujeres indígenas que hasta ahora permanecen injustamente en prisión ve con preocupación que solo 167 personas han sido favorecidas, una cifra muy baja, ya que las cifras van en aumento de las personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.  

EQUIS Justicia celebra que los Lineamientos para la atención de solicitudes de amnistía hayan sido modificados en marzo de este año para favorecer un trámite más ágil y que beneficie a más personas, sin embargo, algunos aspectos que siguen son preocupantes.

Resolver una solicitud toma hasta 6 meses; no se conoce el procedimiento de trámite ante el juez federal y los plazos para que confirme o niegue la amnistía; las solicitudes por escrito solo pueden presentarse en la Ciudad de México o por correo electrónico, no se fortalece la transparencia de la Comisión de Amnistía y las personas solicitantes se les requieren pruebas y documentación adicionales a los enunciados a la Ley de Amnistía.

 La Ley de Amnistía fue aprobada el 20 de abril de 2020, que contempla a las mujeres que cometieron delitos contra la salud por necesidad o amenazas. En los casos de Araceli y Domitila, dos mujeres de pueblos originarios, al igual que más de 3 mil mujeres fueron investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud y podrían ser favorecidas con esa ley.

Aunque la legislación no lo indica, la Comisión de Amnistía que estudia los casos exige presentar un acta de nacimiento o carta firmada por la autoridad para acreditar la calidad de indígena, lo que es violatorio del principio de autoadscripción y obstaculiza que personas indígenas, puedan acceder a la amnistía.

De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 del INEGI, el 68 por ciento de las mujeres que están en prisión son madres, y la mayoría de ellas vive con sus hijos menores de 12 años en los centros de reclusión.

El Comité de los Derechos del Niño se ha pronunciado porque en México existan alternativas de detención para las mujeres privadas de la libertad con hijos a cargo, destacó la organización feminista Equis: Justicia para las Mujeres.

Las autoridades penitenciarias deben impulsar modelos de cuidado para las mujeres que viven (o no) con sus hijos en las cárceles.

Cuando las presas no están a cargo de sus hijas e hijos, la mayoría de veces los abuelos se hacen cargo de los niños en el 55 por ciento; en segundo lugar, los padres en un 31 por ciento, y otros familiares, en 24 por ciento de los casos. En contraste cuando el padre está preso, “casi siempre las madres cuidan a los hijos” (90 por ciento de los casos).

Casi la mitad de las mujeres en prisión que viven con sus hijas e hijos 47 por ciento están insatisfechas con los servicios del centro penitenciario.

El 20 por ciento de las mujeres recluidas han dicho que al menos una vez les cobran por recibir servicios para ellas y sus hijos, por ejemplo, por pañales, artículos de higiene, medicinas y servicios de salud.

Un tercio de ellas señaló que no reciben alimentos gratuitos para sus hijas e hijos. Una proporción igual señalo también que la alimentación es causante de enfermedades.

En Equis Justicia están convencidas de que la amnistía sigue siendo una oportunidad de reparar el daño y liberar a personas que han sido históricamente criminalizadas por el derecho penal. Sin embargo, tras dos años de escuetos avances, consideran indispensable insistir en que se destrabe su implementación y hacen las siguientes recomendaciones:

• Aplicar la perspectiva de género y el análisis de contexto al revisar una solicitud y valorar las pruebas.

• Reconocer la autoadscripción para acreditar el origen étnico de las personas interesadas.

• Transitar al paradigma social para demostrar la condición de discapacidad de las personas solicitantes.

• Definir los criterios para valorar la información y documentos de prueba aportados.

• Garantizar el acceso a la información y el debido proceso para que las personas interesadas conozcan el estado de su trámite.

• Definir los plazos y el procedimiento ante la autoridad judicial, cuando una solicitud es considerada procedente.

• Impulsar proactivamente el acceso a la información pública, mejorando el registro y difusión de las estadísticas de las personas solicitantes y las beneficiarias, así como de las solicitudes de amnistía, incluidas las improcedentes. Respecto a la Comisión de Amnistía, las fechas de sesión y sus resoluciones.

• Implementar medidas para eliminar las barreras geográficas, económicas o lingüísticas que dificultan el acceso a la amnistía.