- Es necesario determinar su criterio en la atención a víctimas
- Fiscalía y Tribunal de Justicia deben garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia
América López
SemMéxico, Cd. de México, 5 de octubre, 2020.- El Frente Nacional Ni Una Menos México solicitó en una carta pública que el Consejo de la Judicatura Federal, realice una investigación sobre el Juez Jorge Almogabar Santos, para determinar cuál ha sido su criterio en la atención a víctimas, para evidenciar si se ha conducido conforme a derecho o estamos frente a un esquema de encubrimiento.
Así lo dieron a conocer hoy y explican que el pasado 30 de septiembre, la hija de Rosalinda Pimentel, integrante de esta organización, fue víctima junto con una amiga, de un ataque perpetrado en pandilla por personas que intentaron arrebatarle a una mejor de edad, hija de una de ellas en calles de la Alcaldía de Iztapalapa, CDMX.
Las dos mujeres se defendieron y evitaron el secuestro de la menor e informaron a las autoridades de lo ocurrido, con lo que se logró la detención en flagrancia dos mujeres, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quienes fueron liberadas la madrugada del 2 de octubre de 2000 por el juez Jorge Almogabar Santos, bajo el argumento de que se trata de menores de edad.
Previamente, el MP informó a las víctimas que el intento de secuestro ha ocurrido en otras ocasiones, es el modus operandi de quienes de una banda del “crimen organizado” que ya tienen identificada, sin embargo, se les negaron las medidas de protección correspondientes, implementándose el Código Águila, mediante el cual elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México pasan a su domicilio cada día.
Esa medida, señalan en la carta pública, es ineficaz para proteger a las víctimas de delitos, por lo que reiteran su preocupación ante los dichos del MP quien señaló que se trata de una banda del crimen organizado.
El 3 de octubre pasado, Almogabar Santos realizó la audiencia de vinculación a proceso a las responsables, en la que determinó que una de ellas fuera dejada en libertad absoluta “por falta de elementos, lo que la organización cuestiona. Y respecto a la segunda implicada ordenó su vinculación inmediata. Durante la audiencia el MO no solicitó ampliación del término constitucional a fin de aportar pruebas en contra de las dos mujeres señaladas, como los videos del C5, “donde seguramente constan los hechos”, dice la carta pública.
El Frente Nacional Ni una Menos cuestiona el hecho de que las autoridades no hayan desarticulado con anterioridad “la banda” delincuencial, pese a la información que tiene sobre sus operaciones, es decir, no se incorporan a las investigaciones los análisis de contexto necesarios, y demandaron que las investigaciones se hagan desde la perspectiva de género, que se garantice el debido proceso y se acceda a la justicia.
De ahí que exigieron que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, gestione las medidas de protección a favor de las víctimas y sus familias, que sean efectivas.
Que tanto el poder Judicial como la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, garanticen el debido proceso y el verdadero acceso a la justicia para las víctimas, actuando en todo momento con perspectiva de género y de edad.
Y que el Consejo de la Judicatura Federal investigue al juez Almogabar Santos, que lleve a determinar cuál ha sido su criterio en casos similares, con el fin de evidenciar si se ha conducido conforme a derecho o si estamos frente a un esquema de encubrimiento a bandas del crimen organizado.
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