- En un acto de justicia social organizaciones declaran culpable a un juez y un magistrado por absolver a Diego N
- En pronunciamiento exigen justicia para las estudiantes del IPN
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 9 de diciembre, 2024.- El juez Francisco Salazar Silva, el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez y el Poder Judicial de la Ciudad de México, fueron declarados culpables por haber validado la violencia digital y abandonado a las víctimas, luego de la sentencia que favorece a Diego N, en dos de las ocho denuncias por violencia sexual con uso de inteligencia artificial.
En un acto de justicia social para las estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, IPN, el Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales del Movimiento Ley Olimpia, junto a la Asamblea Justicia Digital IPN y otras organizaciones firmaron el pronunciamiento Justicia para las compañeras del IPN por la absolución de Diego N, sentencia dictada la semana pasada por el juez Salazar Silva.
Este fallo, dice el documento, ignora la evidencia de más de 160 mil imágenes y dos mil videos generados con inteligencia artificial para la explotación sexual digital de mujeres, perpetuando la impunidad y el pacto patriarcal.
Diego N, ahora ex alumno del IPN, cometió el delito de explotación sexual digital, también conocido como también deepfake porn, que convierte los cuerpos de las mujeres en mercancías, vulnerando sus derechos fundamentales.
Por ello, los organismos que declaran culpables a los funcionarios judiciales consideran que esa acción “simboliza la traición a las mujeres de México, enviando el mensaje de que la violencia digital es tolerada” y plantean que no permitirán que la sentencia sea definitiva.
La Ley Olimpia se ha consolidado como un movimiento pionero en América Latina al visibilizar y nombrar la violencia digital como una forma de violencia que vulnera la dignidad, seguridad y derechos de las mujeres. Este marco legal fue creado con la valentía de sobrevivientes y defensoras, dice el escrito.
Su impacto no depende solo de su existencia, sino de la responsabilidad de las instituciones correspondientes para garantizar su aplicación efectiva.
Las firmantes convocan a colectivas feministas, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos a sumarse a una acción colectiva para exigir rendición de cuentas, una perspectiva judicial centrada en las víctimas y justicia para nuestras compañeras del IPN.
La resistencia colectiva es clave para transformar un sistema que ha fallado a las mujeres, por lo que exigimos justicia, dignidad y la aplicación de la Ley Olimpia, dicen al final del pronunciamiento.
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