- 2 de cada 3 víctimas de trata, son mujeres.
- En cinco años solo 296 personas sentenciadas.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 28 de agosto del 2022.- La trata de personas con fines de explotación sexual es la más común alrededor del mundo y de acuerdo a Naciones Unidas genera una cantidad superior a los 32 mil millones de dólares. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) México es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos y el principal consumidor mundial de personas en situación de trata con cualquier fin.
A pesar de que México es considerado como un país origen, tránsito y destino de la trata de personas, ha avanzado a paso lento en el rastreo de flujos financieros ilegales.
Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), afirma que de poco sirve congelar temporalmente recursos de las redes criminales si no hay sentencias finales que castiguen a los delincuentes o que el gobierno se allegue de recursos para fondear programas contra la trata.
El ONC propone fomentar la investigación y persecución penal a partir del vínculo entre la trata de personas en cualquiera de sus modalidades y las operaciones de procedencia ilícita.
Para ello, la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas debe reformular sus programas de trabajo e integrar la perspectiva financiera a sus acciones.
En el estudio “Lavado de dinero en la trata de personas. Desafíos para su atención” se informa sobre el insuficiente trabajo que las autoridades mexicanas realizan en cuanto al ángulo financiero de este mercado criminal, la brecha entre los Reportes de Operaciones Inusuales, la producción de inteligencia financiera y la persecución penal del lavado de dinero.
Este delito constituye una de las múltiples caras de la violencia ejercida contra las mujeres, aunque no de manera exclusiva. Esta violencia se sustenta primordialmente en el tratamiento de las mujeres como objetos o mercancías, así como en la crianza del hombre en entornos machistas y heteronormativos con profundas inequidades de género.
Destaca el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), que entre 2015 y el primer semestre del 2022 se tuvo conocimiento de 5 mil 689 víctimas de trata de personas, de las cuales 2 de cada 3 víctimas registradas son mujeres y 3 de cada 10 víctimas registradas son menores de edad, de acuerdo con las estadísticas del SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública).
Asimismo, destaca que de acuerdo a otra investigación durante los años 2019 y 2020 el medio más recurrente de reclutamiento de víctimas fue persona a persona (72%), los delincuentes utilizaron las redes sociales en un 22 por ciento de los casos como medio para enganchar a personas vulnerables, el resto de casos se divide entre páginas web y anuncios en otras plataformas.
Desde 2018 el mayor registro de víctimas se da en las entidades fronterizas y la Ciudad de México. La alcaldía de Cuauhtémoc, en Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, y Tijuana, en Baja California, son municipios que forman parte de principales las rutas de migración al interior del país pero que, al mismo tiempo, concentran uno de los mayores conteos de carpetas de investigación por trata de personas.
El panorama se agrava debido a la impunidad porque los bajos índices de investigación, procesos y sentencias mantienen a este mercado criminal en una situación privilegiada.
En los últimos cinco años, se tiene conocimiento de apenas 296 personas sentenciadas y la respuesta del sistema penal empeoró. En 2021, se sentenció a la mitad de las personas que en 2019.
Con base en la información que manejan las fiscalías, policías locales y fuerzas federales, sabemos que este delito se comete con mucha frecuencia en todo el país. Sin embargo, indica, si revisamos el número de carpetas de investigación que se iniciaron este año por parte de las fiscalías locales, podemos entender la falta de denuncias de las víctimas y de acciones de la autoridad.
Lamentó que los esfuerzos locales estén lejos de ser lo que necesitamos, deberían estar acompañados de una estrategia nacional y una coordinación liderada desde lo federal, que no existe y que es fundamental para erradicar este delito.
Detalló que a la fecha hay 4 entidades que no reportan ni una sola víctima de este delito como son Campeche, Durango, Nayarit y Sonora. Mientras que Tlaxcala -la entidad reconocida como capital nacional de la trata de personas- reporta sólo una víctima.
“De manera contraria, vemos que Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México y Quintana Roo ocupan los primeros cinco lugares del ranking nacional, lo cual refiere al menos un mínimo de su compromiso por dar acceso a la justicia a las víctimas de trata de personas”.
Al ser una conducta delictiva compleja, las estadísticas nacionales de este delito presentan problemas de subregistro, así como desconocimiento de la diversidad de modalidades y actores intermediarios y transversales.
Tlaxcala red de familias criminales
“En Tlaxcala se registraron apenas dos sentencias por trata en el periodo 2017-2021. Mientras que la Ciudad y el Estado de México concentran prácticamente la mitad de las sentencias emitidas”.
Ahora bien, respecto al bloqueo de cuentas el 14 de mayo de 2021 el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) participó en una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y enfatizó lo siguiente: De enero 2019 a marzo 2021 la UIF ha bloqueado a 115 personas, y 1388 cuentas bloqueadas con un monto de más de 229 millones de pesos.
En el mismo periodo se han identificado 293 Reportes de Operaciones Inusuales relacionados con trata de personas. El 84.6% de los reportes proviene de 10 entidades federativas, principalmente de Ciudad de México 130, Jalisco 21 y Quintana Roo 21, Tabasco 17 y Estado de México 15.
Uno de los aportes relevantes de esta investigación es que describe cómo el caso de la Red de Trata de Personas que existe en Tlaxcala, pese a ser el más conocido y documentado, poco informa en cuanto a la investigación de sus flujos de dinero.
Lo que se sabe con certeza de Tlaxcala es que la explotación de niñas y mujeres funciona bajo la lógica de dinámicas familiares o de las denominadas familias criminales. Persiste una brecha de género en la entidad que posibilita la trata de personas y dificulta la intervención estatal.
La edad de las víctimas oscila entre los 14 y 17 años e incluso hasta 21 años. En general, no son originarias de la entidad ni trabajan exclusivamente ahí. La operación se da en entidades del país y en ciudades clave de Estados Unidos, con la complicidad de autoridades locales.
Los testimonios presentados en los procesos judiciales indican que son las víctimas las encargadas de realizar directamente las transferencias de dinero que realizan por medio de giros postales o money order.
La evidencia indica que el destino de esta explotación sexual es Estados Unidos, donde se trabaja bajo el “Modelo Tenancingo”, que es una red de complicidad entre propietarios de burdeles y padrotes. Cada padrote controla cinco víctimas, al mismo tiempo que entre 5 y 10 padrotes proveen de víctimas a cada burdel. Por cada 15 minutos de encuentro sexual se cobran entre 20 y 35 dólares, pagos que se hacen generalmente en efectivo. Las ganancias se envían a México con personas de origen tlaxcalteca que llegan vía aérea a Nueva York cada viernes y regresan a México el lunes siguiente.
En 2019, se tuvo conocimiento de 3 reportes. Tenancingo, no figura en los registros de operaciones sospechosas. Dos de los tres casos se presentaron en Papalotla de Xicohténcatl y uno en Zacatelco.
El discurso de la UIF cambia de acuerdo con sus titulares
La Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos no contempla la dimensión financiera de la trata de personas, tampoco se vincula con el blanqueo de activos. A esto se suma que la Evaluación Nacional de Riesgos hace una mención aislada del fenómeno y lo concibe como una actividad adicional de los grupos de delincuencia organizada.
Explicó Francisco Rivas Rodríguez que si bien, el sistema antilavado de dinero en México ha madurado, el trabajo de inteligencia financiera sigue operando con modelos genéricos de tipologías para seguir la ruta del dinero ilegal de la trata y no hay procesos homologados de investigación a nivel nacional en las instituciones de procuración de justicia.
El informe detalla que la baja prioridad en el abanico de riesgos que presenta el rastreo de flujos ilegales derivados de la trata de personas tiene su origen en que se desconoce el riesgo real de estos ilícitos, esto se debe a diversos factores: las estadísticas públicas de Reportes de Operaciones Inusuales (ROIs) existen sin desagregación geográfica ni distinción del tipo de sujeto obligado, el discurso oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera cambia de acuerdo con sus titulares.
Mientras que la UIF declaró ser incompetente para proporcionar información estadística de ROIs, relacionados con la trata de personas por año y entidad federativa, su anterior titular dio a conocer en diversos foros públicos cifras con dichas características.
Se requiere un trabajo interinstitucional con reglas claras, capacidades institucionales suficientes y mecanismos seguros de intercambio de información, que permitan elaborar y diseminar más y mejores tipologías financieras y por ende, impulsar procesos preventivos y de investigación.
Para que ello es necesario construir un marco lógico que permita generar intervenciones con resultados múltiples. Por un lado, poner al centro a la persona y reducir la dependencia en los testimonios de la víctima. Por otro, generar información de la característica criminal, de los victimarios y sus actividades y de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El ONC propone fomentar la investigación y persecución penal a partir del vínculo entre la trata de personas en cualquiera de sus modalidades y las operaciones de procedencia ilícita.
Incrementar la capacitación del personal de atención al cliente del sistema financiero y de actividades vulnerables para detectar transacciones sospechosas posiblemente vinculadas con la trata de personas.
Caracterizar las redes delictivas e impulsar los ejercicios de inteligencia financiera, ministerial y policial con base en tres categorías analíticas: logística, seguridad y finanzas.
Principalmente asignar atención y recursos institucionales acorde con un enfoque basado en riesgos a la prevención y el combate de las diferentes modalidades de la trata de personas.
Atender puntualmente la recomendación 33 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para “mantener amplias estadísticas sobre los asuntos relevantes a la eficacia y eficiencia de sus sistemas ALA/CFT. Deben incluir estadísticas sobre los Reportes de Operaciones Inusuales recibidos y divulgados; acerca de las investigaciones, procesos y condenas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; sobre los bienes congelados, incautados y decomisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras solicitudes internacionales de cooperación”
Tomar en cuenta la experiencia de naciones que cuentan con tipologías más robustas y modelos de trabajo probados de trata de personas y escalar el análisis para buscar vínculos con otras actividades ilegales.
Incorporar en los programas nacionales y estatales líneas de acción e indicadores de resultados en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita con énfasis en los procesos de justicia penal y de recuperación de activos.
El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) es una organización de la sociedad civil que fomenta el entendimiento de las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país que busca incidir en la eficacia de las políticas y acciones de la autoridad que cuenta con un gran equipo de investigadores, expertos y personal de apoyo.
SEM/MG
