- Partido oficialista preocupado por la violación a los derechos humanos
- Propone modificaciones para mejorar la ley de víctimas y que se incorpore la ciudadanía
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 22 de enero, 2024.- El Partido del Trabajo, aliado de la 4T propuso una iniciativa para modificar la Ley de Víctimas, para garantizar los derechos humanos, resquebrajados en la presente administración, y en sus argumentos, señalan que la indiferencia, “sería una omisión”, en crítica clara a los sucesos recrudecidos en enero de 2024.
Las senadoras Geovanna Bañuelos, Martha Márquez, Cora Pinedo Alonso y el senador Joel Padilla del partido oficialista del trabajo propusieron incorporar en la Ley General de Víctimas el principio de gradualidad para el diseño de los mecanismos, medidas y procedimientos señalados en la norma; fortalecer el principio de la participación conjunta para que el Estado impulse la participación ciudadana en atención a víctimas y sustituir el término “medidas de no repetición” por el de “garantías de no repetición”.
“El papel del Estado frente a las víctimas es de vital importancia para garantizar el respeto de sus derechos, proporcionales protección, asistencia y apoyo para asegurar que obtengan acceso a la justicia y a mecanismos de reparación”, expuso la senadora Geovanna Bañuelos, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Por ello, explicó que el objetivo de su iniciativa busca reformar diversos artículos de la Ley General de Víctimas con tres ideas centrales:
La primera de ellas es establecer el Principio de Gradualidad, que implica la responsabilidad Estatal de diseñar herramientas operativas de alcance definido en tiempo, espacio y recursos presupuestales que permitan la implementación de los programas, planes y proyectos de atención, asistencia y reparación, de manera paulatina y creciente.
La segunda idea es fortalecer el Principio de Participación Conjunta, para que el Estado impulse la participación ciudadana y popular en las actividades de atención a víctimas; a través de medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral, con el apoyo y colaboración activa de la sociedad civil y el sector privado.
Y por último, modificar el término de medidas de no repetición a garantías de no repetición, lo anterior porque las «medidas» podrían interpretarse como acciones más limitadas, que se centran en resolver los casos individuales de víctimas o en sancionar a los responsables de las violaciones, mientras que las garantías tienen un alcance más amplio, ya que buscan transformar las condiciones que permitieron que las violaciones se produjeran.
“Ante los hechos trágicos que son una cotidianidad, la indiferencia sería una omisión. No podemos ser ajenos a la angustia que viven las familias que atraviesan pérdidas o dolor ante la inseguridad que se vive en el estado”, aseveró la legisladora.
La iniciativa fue presentada a la Comisión Permanente y posteriormente remitida a la Cámara de Senadores.
