- La propuesta legislativa da la responsabilidad al INE
- Reyna Celeste Asencio Ortega, diputada morenista considera urgente dar herramientas para su futura función
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 24 de agosto, 2020.- La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente, para exhortar al Instituto Nacional Electoral INE, a impartir un curso en materia de género, derechos humanos y no discriminación a las y los candidatos registrados para contender por un puesto de elección popular.
Explica la iniciativa que se trata de sensibilizar y dotar a las futuras bancadas y para que cuenten con herramientas para su función y servicio público en materia de género.
Ello puede mejorar las condiciones de igualdad e inclusión para mujeres, niñas, personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual, entre otros grupos que han sido marginados, expuso la proponente.
Se trata de modificar el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LGIPE, lo que podría prevenir actos de violencia política en contra de mujeres o población vulnerable.
Para lograrlo, dijo la legisladora de Morena, es indispensable la capacitación de las mujeres y hombres que aspiran a un cargo de elección popular, que conozcan las bases teóricas de los derechos humanos y muestren absoluta tolerancia, respeto y perspectiva de inclusión.
Ascencio Ortega señaló que con esta medida se enriquecerán las campañas políticas y se sentarán las bases para un mejor desempeño público de aquellos que resulten ganadores en las urnas, en favor de la ciudadanía.
La diputada aclaró que dicha reforma no se impone como un requisito para participar en una contienda electoral, toda vez que se podría alegar que vulnera los derechos políticos de votar y ser votado de las y los ciudadanos, bajo el argumento de que es un nuevo requisito no previsto en la Constitución.
Solo se establecerá como un mandato a la autoridad electoral, a fin de que imparta dichos cursos a las y los aspirantes, subrayó.
La iniciativa fue turnada de manera directa a la Comisión de Gobernación y Población con opinión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su estudio.
SEM/sj