Ana Alicia Osorio
SemMéxico/Testigo Púrpura. 25 de febrero de 2021.- Hace cuatro años Maru sobrevivió a 7 puñaladas que le dio su expareja. Ahora intenta sobrevivir a los malos tratos, tráfico de influencias, revictimización e intimidaciones que le dan en el juzgado.
Las autoridades encargadas de procurar justicia se han unido para ser parte de sus agresores, con quienes ha tenido que lidiar por la lucha para obtener sus derechos.
Maru lleva dos procesos en paralelo: el penal donde aun no le han dado sentencia a su agresor, quien está en prisión domiciliaria en su casa; y el civil, donde pelea por la custodia y la pensión alimenticia del hijo que tuvo con su expareja.
En ambos procesos se ha encontrado con problemas que la revictimizan una y otra vez y no le permiten recuperar la paz que perdió el día que fue agredida afuera de su trabajo.
“No puedo dormir por las noches, tengo demasiada ansiedad, he sufrido literalmente el acoso en el juzgado, cualquier documento que estemos leyendo se para el secretario u otra persona y empiezan a dar vueltas para ver qué estamos leyendo”, contó.
Maru dijo que en el proceso civil por y la custodia (que aún no le han quitado por completo a su agresor) y la pensión para su hijo enfrentan que la abogada de su agresor y su familia es también sobrina de la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz, por lo que tiene un trato especial; mientras que la mamá de su agresor es actuaria del Poder Judicial Federal.
Dijo que allí en una ocasión le preguntaron la razón por la cual la intentaron asesinar (un acto de revictimización) y aunque su abogada intentó que eso no quedara en el acta, el juez lo permitió. Ella tuvo un ataque de ansiedad en pleno juzgado por el estrés postraumático con el que vive.
Aunque pidió el cambio del juez (el octavo) y actualmente se radica en el juzgado 14, el problema continúa y las preguntas, el acoso, el retrasarle los trámites, el no tomar en cuenta los documentos que ella entrega o iniciar expedito procesos pedidos por la otra parte, son cosa de todos los días.
“Agarraron la credencial de elector y fueron y se las enseñaron a otras personas, al mismo juez y estuvieron comentando la dirección de mi abogada”, indicó.
Dijo que ha recorrido una y otra vez las instancias como derechos humanos, amparos, cambios de jueces, entre muchas otras, pero con ninguna ha logrado solución.
De acuerdo con el Código Penal de Veracruz una persona que haya ejercido violencia familiar perderá la patria potestad de sus hijos, sin embargo pese a ello hasta el momento el agresor de Maru la sigue teniendo y el caso no se ha cerrado por completo.
“Nos hacen sentir vulnerables, intimidadas, por el hecho de que se supone que la ley está para protegernos, para cuidarnos, pero dime cómo podemos pelear en contra del sistema”, indicó Maru.
