Elda Montiel Toral
SemMéxico, Ciudad de México, 5 de octubre, 2024.- El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadano de Chiapas dará seguimiento al mandato de las 22 alcaldesas y 24 legisladoras locales con una red de apoyo para advertir si hay casos de violencia política en razón de género, simulación o cualquier otra conducta que impida el ejercicio de su cargo.
El Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres (OPEPM) en Chiapas, este 3 de octubre, hizo un llamado a respetar el ejercicio de las mujeres electas para desempeñar un cargo, a las autoridades de todos los niveles de gobierno, personas electas, partidos políticos, medios de comunicación y sociedad en general.
Asimismo invita a las mujeres que se perciban como posibles víctimas de afectaciones en el ejercicio de sus derechos político electorales o que se les obstaculice el desarrollo de su cargo y funciones, a acercarse a las instituciones administrativas y penales que correspondan, para su denuncia y debido acompañamiento.
Durante los procesos electorales ordinario y extraordinario 2024, en Chiapas fueron electas 22 mujeres como presidentas municipales, 8 de ellas de autoadscripcion indígena, (18% del total de los ayuntamientos); son cinco mujeres más que las electas en 2021.
En lo que respecta a las diputaciones, se trata de 14 diputadas por mayoría relativa y 10 por representación proporcional (24 de 40 curules). Asimismo 102 mujeres ejercerán su cargo como síndicas y 473 como regidoras en un total de 123 Ayuntamientos, incluido el municipio de Pantelhó en el que el Congreso del Estado determinó la instalación de un consejo municipal para su funcionamiento.
Hacen énfasis que es imperativo que las mujeres electas que entraron en funciones se les identifique y visibilice para que se prevengan, denuncien y sancionen posibles conductas de Violencia Política en Razón de Género, incluyendo los actos de simulación y usurpación del cargo, ya que dichas prácticas constituyen infracciones a la normativa electoral federal y local, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y un delito en términos del artículo 409 del Código Penal del Estado.
En el comunicado se señala que la evolución de la representación y participación política de las mujeres es resultado de una lucha histórica materializada en reformas jurídicas progresivas, como las de 2014 y 2019, pero aún queda mucho por hacer para alcanzar la equidad para quienes encabezan las presidencias municipales.
Durante las campañas se detectaron a través de la Dirección Jurídica de lo Contencioso 12 asuntos por violencia política por razón de género, ninguna tuvo un procedimiento sancionador, cinco siguen en tratamiento y el resto se desechó por incumplimiento de requisitos.