Micaela Márquez
SemMéxico. Ciudad de México., 9 de septiembre, 2024.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra dividida entre una amplia mayoría que está en contra de la reforma al Poder Judicial y un grupo de ministras que la respaldan.
Mientras que en las calles trabajadoras y trabajadores, y estudiantes manifiestan su rechazo a la reforma presidencial al poder que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y aprobado en Comisiones de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores para discutirse finalmente en el pleno del Senado el próximo martes.
En este contexto, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, Ministra Norma Piña Hernández, este domingo, hizo un llamado a las y los legisladores a escuchar a los Poderes de la Unión, a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos, así como a los organismos de justicia internacional, estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un País en paz».
En un mensaje en redes sociales informó sobre la publicación de dos propuestas en materia de justicia; una que expresa la visión de la Judicatura y la otra que pone en la mesa las visiones de legisladores, organizaciones de la sociedad civil, la academia, estudiantes y víctimas de violencia.
Juntos, dijo, podemos cambiar las cosas, podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. «La demolición del Poder Judicial no es la vía, como se pretende; si tenemos el valor y la voluntad real”.
«Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y de injusticia del País son culpa de los jueces, quienes así lo crean no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente; nuestra convicción y nuestro compromiso va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y con el País que todos anhelamos”.
Precisó que el documento que esta a disposición de todos, es el resultado de un amplio diagnóstico, que integra las necesidades reales tanto de quienes tienen a su cargo funciones de justicia, como de quienes interactúan con ellos.
Acompañaron en su mensaje los ministros Juan Luis González Alcántara, Jorge Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales, así como los consejeros Sergio Javier Molina, Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo.
Por otra parte, la Ministra Norma Piña inició dos consultas al Pleno, tras recibir solicitudes de jueces y magistrados para que la Corte tome acciones en defensa de la independencia judicial, pues considera que legalmente no está claro si ella puede actuar en el sentido que se pretende.
«Se consulta al Tribunal Pleno sobre la posibilidad de que la Presidencia de este Alto Tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer», dice el acuerdo de Piña.
«Se decrete como medida cautelar la suspensión del procedimiento de reforma constitucional, hasta en tanto el Pleno de este Máximo Tribunal de la Nación, se pronuncie de fondo», fue una de las peticiones que hizo a Piña la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED).
Reforma Integral al Sistema de Justicia en México
El documento contiene 9 apartados en los que se desglosan 66 propuestas. Además, se proponen reformas en el diseño normativo para proteger los derechos humanos y mejorar la atención a las víctimas, como::
Derogar figuras jurídicas que propician la privación arbitraria de la libertad de acuerdo a las convenciones internacionales que ha ratificado México.
Armonizar el reconocimiento y la tipificación del delito de feminicidio, así como homologar los protocolos de investigación aplicables en todos los estados de la República.
Ampliar y fortalecer los alcances del juicio de amparo en materia de reparaciones y suspensiones.
Generar marcos normativos claros orientados a asegurar el cumplimiento de las sentencias judiciales. Fortalecer las figuras procesales que promuevan un acceso colectivo a la justicia.
Generar condiciones normativas, presupuestales e institucionales para poner en marcha jornadas nacionales itinerantes de justicia.
En materia de diseño normativo sustantivo y procesal.
Diseñar y expedir una Ley General de Defensorías Públicas
