Rescate de 27 adolescentes en altamar podría semejarse a trata de personas: Tere Guerra

• Diputada destacó que la legislación vigente prohíbe cualquier actividad laboral para menores de 14 años
• Propone que desde el Congreso se debe fortalecer la normativa, para prevenir y sancionar este tipo de prácticas

Josemiguel Souza

SemMéxico/El Sol de México, Culiacán, 31 de octubre, 2025.- El rescate de 27 adolescentes y una joven de 18 años en altamar podría tratarse de un posible caso relacionado con trata de personas o explotación infantil, informó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los jóvenes, originarios de la frontera con Chiapas, fueron puestos bajo resguardo de la Vice fiscalía Regional Zona Norte y del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), mientras se determina su situación jurídica y se esclarecen los motivos de su traslado vía marítima. Hasta el momento no hay personas detenidas vinculadas al hecho.

La diputada consideró que las características del caso podrían asemejarse a esquemas utilizados en delitos como trata de personas, explotación laboral infantil o traslado irregular de menores con fines ilícitos.

“Pudiese semejarse a un tema de trata de personas y desde el Congreso se debe fortalecer la normativa, así como impulsar acciones para prevenir y sancionar este tipo de prácticas”, señaló Guerra Ochoa.

La legisladora recordó que en Sinaloa existen antecedentes de menores trasladados para trabajo agrícola, pero destacó que la legislación vigente prohíbe cualquier actividad laboral para menores de 14 años y regula estrictamente el trabajo de 14 a 16 años con permiso de padres y continuidad escolar.

El uso de redes sociales para enganchar a jóvenes y los traslados clandestinos son mecanismos históricamente vinculados a la trata de personas, advirtió Guerra Ochoa. La Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación y las y los adolescentes permanecen bajo protección institucional, mientras autoridades federales y estatales trabajan para definir si fueron víctimas de algún delito y asegurar su reintegración familiar o social.