- En México hay nulo, falta presupuesto y se ha debilitado a las instituciones
- Presentan sus hallazgos organizaciones civiles
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Cd. de México, 24 de febrero, 2021.- Los hallazgos encontrados por la sociedad civil en el marco de la evaluación del Estado mexicano en materia de violencia de género revelan que hay retrocesos que se reflejan en menos presupuestos, más delitos en contra de las mujeres, opacidad en las acciones gubernamentales y nulo interés en las políticas públicas para enfrentar lo que calificaron como “urgente situación no reconocida por el gobierno mexicano”.
En un foro virtual en el que participaron integrantes de diversas organizaciones sociales, Yésica Sánchez Maya, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de Consorcio Oaxaca, destacó el papel activo de la sociedad civil en los informes sombra de las acciones de seguimiento a las recomendaciones hechas por el Comité CEDAW al Estado Mexicano.
Ante el representante de la Alta Comisionada de ONU-DH, Jesús Peña, Sánchez Maya dijo que no es momento de negar la violencia contra las mujeres sino para asumir la responsabilidad frente a una crisis pandémica y urgió en la necesidad de generar acciones de trabajo conjunto entre sociedad y gobierno y que se inicie una real evaluación de la política pública y los recursos públicos para resolver problemas estructurales.
En su breve intervención Jesús Peña apuntó que este mecanismo de seguimiento implentado por el Comité CEDAW, comprende cuatro recomendaciones para México, las cuales son analizadas en la 78 Sesión que concluye mañana jueves y son:
La homologación del tipo penal del feminicidio y de las acciones que se han implementado para la efectiva investigación; La agilización del procedimiento e búsqueda de mujeres y niña; Evaluación del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra Mujeres (AVGM) y los avances del caso de feminicidio de Pilar Argüello, hechos ocurridos en Veracruz.
Violencia contra las mujeres: emergencia nacional
Por la Red Nosotras Tenemos otros Datos, participaron Indira Sandoval y Patricia Olamendi. Sandoval dijo que el informe de la sociedad civil es un valioso ejercicio realizado por 77 organizaciones, colectivas, redes feministas, defensoras y expertas, que en esta ocasión descentralizaron la mirada y cubrieron el territorio mexicano.
Dijo que en México no se ha reconocido la violencia contra las mujeres como un asunto de emergencia nacional, por el contrario, nos enfrentamos a un recorte presupuestal muy pronunciado, que obstaculiza acciones sustantivas enfocadas a la prevención, adecuada atención que apunten a la erradicación de la violencia contra las mujeres
También dijo se ha debilitado a las instituciones encargadas de la protección a los derechos humanos de las mujeres y cuestionó el hecho de que se piense que una política de seguridad para la protección a la vida de las mujeres se base en la militarización de territorios en el país, donde han encontrado “una cada vez que es más delgada la línea de desaparición de mujeres, trata y explotación y feminicidios en territorios ocupados por el crimen organizado”.
Rediseño de las AVGM
A su vez, Patricia Olamendi expuso que se analizó el informe de medio término realizado por el gobierno mexicano, que no señala con veracidad la situación, nos preocupa de manera especial porque, aunque la CEDAW ha insistido en robustecer el marco normativo del delito de feminicidio, hoy podemos decir que el tipo penal del feminicidio reconoce siete razones de género, pero es disminuido en la responsabilidad de los servidores públicos en la investigación y muerte violenta de las mujeres.
Olamendi se refirió a la incorrecta clasificación de los protocolos de investigación, donde el tipo penal del feminicidio “sigue siendo motivo de conflicto”. Dijo que solo 970 muertes violentas de mujeres en 2020, fueron clasificadas como feminicidios, en cambio, dos mil 783 fueron considerados homicidios dolosos, “el secretariado ejecutivo ni siquiera retoma la figura del homicidio en relación de parentesco que es el feminicidio íntimo, no aparece en la clasificación, lo que nos deja sin conocer los datos”.
Llamó efecto Gertz Manero (en alusión al Fiscal General Alejandro Gertz Manero) donde las diputadas tuvieron que salir a perfeccionar y defender el tipo penal del feminicidio.
Entre las cifras que ofreció Olamendi destacan que son casi cinco mil desapariciones de mujeres en 2020, 68 por ciento de ellas fueron niñas menores de 17 años, y advirtió que los protocolos de búsqueda no están homologados.
Del año pasado también se reportaron 220 mil carpetas de investigación por violencia familiar, hoy el delito de más impacto en México, sin embargo, no aparece en la calificación de los delitos de alto impacto, no sabemos el resultado de esas investigaciones y recordó que en el 40 por ciento de las muertes violentas, esas mujeres habían notificado violencia a una autoridad.
Por otro lado, dijo que de las 57 mil carpetas de investigación en 2020 por lesiones dolosas, debieron haber sido por tentativas de feminicidio, porque presentaron lesiones dolosas, traumatismos y heridas de armas de fuego.
¿Dónde está la prevención? Sin duda sigue pendiente.
Olamendi planteó necesario un rediseño de las alertas de género. “Sin evaluación clara, sin monitoreo, sin indicadores que nos puedan decir los avances reales, vemos que lo único que estamos imponiendo a un municipio es una alerta sobre otra alerta, tenemos una ausencia total de diseño de las AVGM necesarias para avanzar”.
A su vez la representante de Amnistía Internacional, Dinorah Arceta, reveló que la muerte de mujeres y niñas con presunción de homicidios se mantiene y que la tasa nacional ha ido en aumento, lo que evidencia que las políticas públicas implementadas no dieron resultados sustanciales. Además, apuntó, que hay un aumento de feminicidios cometidos con armas de fuego.
También cuestionó que a tres años de iniciado, el actual gobierno mexicano no ha presentado el programa integral para prevenir atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, política rectora marcada en la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
Arceta se refirió a la disparidad de tipos penales y penas, la no existencia de protocolos de investigación en todos los estados, pero recordó que hay estándares importantes como las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariana Lima y Karla Pontigo, “que constituyen dos hitos relevantes que pudieran ser utilizados para dar pie a la perspectiva de género”.
La representante de Amnistía Internacional añadió que la impunidad es preocupante en México y sostuvo su dicho en las siguientes cifras de asesinatos violentos contra mujeres ocurridos entre 2015 y 2018: de cinco mil 389 homicidios dolosos, mil 961 fueron procesados como feminicidios y solo 468 de los perpetradores han sido sentenciados.
El caso María del Sol será presentado ante la ONU
Yésica Sánchez Maya dijo que las organizaciones coinciden en el recuento y es claro, apuntó, que el nudo es la falta de voluntad política, la falta de sensibilidad de los operadores de justicia. Explicó que ni en la Confederación Nacional de Gobernadores ni en la Confederación Nacional de Procuradores han sido fundamentales la violencia contra las mujeres, no hay presupuestos, todo ello contribuye a la impunidad y la permisibilidad de estos delitos.
Refirió que en el caso Oaxaca no hay buenas noticias, el presupuesto no corresponde a la política pública. Por ejemplo, citó que en el actual gobierno estatal se ha destinado presupuestalmente el 11.7 por ciento para la asignación de igualdad de género, más de ocho billones de pesos, pero no hay recursos para las víctimas de la violencia feminicida ni el feminicidio y sus huérfanos, como tampoco lo hay para la investigación, reparación y atención de las familias, como tampoco se cuenta, a decir de la Secretaría de Seguridad Pública, con recursos para la implementación de órdenes de protección.
En Oaxaca, añadió Sánchez Maya de manera reiterada se niega la existencia del feminicidio, hay acciones de simulación en cuanto a la AVGM y en el caso del asesinato violento de María del Sol (Cruz Jarquín), que estamos acompañando y que será presentado ante la ONU, vemos una gran cantidad de deficiencias y acciones que no coadyuvan a las investigaciones del feminicidio.
Concluyó que en el ámbito nacional, el ONCF observa insuficiente presupuesto y proponen se revisen los perfiles de operadores de justicia, la investigación de toda muerte violenta de mujeres como feminicidio. Y, por otro lado, observan la falta de coordinación para la prevención. “Con el salto al nuevo sistema penal hay desorden en la investigación y eso redunda en la impunidad”.
Alerta Amber, una simulación
Por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), participó Juan Martín Pérez Martínez, quien afirmó que en México se ha agudizado la violencia contra la infancia, como las desapariciones donde las niñas quedan invisibles, a pesar de que un alto porcentaje de las víctimas de ese delito tienen entre 15 y 17 años de edad.
Dijo que la desaparición de personas es un delito que se asemeja a lo que sucedió en otros países, como Colombia y señaló a los estados de México, Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa con más altos índices.
Dijo que el mecanismo de la Alerta Amber es una simulación “un engaña bobos” y como ejemplo citó el caso de Fátima niña sustraída de su escuela, torturada sexualmente y después asesinada hechos ocurridos en la Ciudad de México, donde la Fiscalía local no actúo de manera inmediata, “una constante que se da con las adolescentes por prejuicios machistas, quienes no son buscadas de manera inmediata porque les dicen a sus familiares que no se preocupen que están con el novio, en un hotel…”.
Como en otros casos, Pérez Martínez dijo que es preocupante el alto nivel de impunidad. Niñas niños y adolescentes no son buscados y hay descoordinación entre las instancias responsables y peor aún es el hecho de que la Fiscalía quiera retirarse del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Discrepancias en la búsqueda
En ese mismo sentido, Areli Varela Baltier, de Idheas Litigio Estratégico, dijo que el Protocolo Alba debe ser armonizado en todo el país, que aun cuando se aplica en todo el país, nueve entidades no la han adoptado y en aquellos que si la aplican se observan discrepancias.
Aunque sabemos que la búsqueda tendría que ser de forma inmediata, entidades como Puebla esperan 24 horas o Sinaloa 12 horas. Algunas entidades añaden requisitos para poder actuar, como Chiapas, donde solo es posible activarla si existe un reporte oficial, porque aseguran que cuentan con el programa Has visto a…, en Querétaro o en Yucatán no la activan cuando se presume que en la ausencia de la menor hay de por medio un problema familiar, si es reincidente o es posible que se encuentre con familiares y amistades.
Todo ello, dijo Varela Baltier deja en indefensión y riesgo a las niñas, adolescentes o mujeres que han desaparecido.
Dijo que otro problema encontrado es el procedimiento no siempre ágil, incluso mediante comunicación vía mensajes de texto, hay quienes no actúan hasta que no exista una comunicación oficial, como sucedió en el caso de Fátima en que pudieron acceder a las cámaras dos o tres días después por la falta de un oficio.
Recordó que la Alerta Amber dista mucho de ser un mecanismo de búsqueda, pero puede activarse con el Protocolo Alba. Sin embargo, seis entidades consideran que se duplican esfuerzos. Además de la omisión que cometen las autoridades de no recopilar los datos sobre la víctima y el lugar de desaparición, lo que podría en un caso concreto, llevar a un posible patrón de movilidad.
En relación al mecanismo de Alerta de violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), Ana Yeli Pérez en representación del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio reconoció que este mecanismo ha permitido avanzar hacia la construcción de políticas públicas para la erradicación de la violencia. Sin embargo, destacó que las alertas siguen siendo muy generales y poco adecuadas a problemáticas específicas. Instó a la elaboración de un mecanismo de seguimiento que priorice las acciones a nivel federal, estatal y municipal, que cuente con indicadores, presupuestos y plazos, y que garantice la participación de la sociedad civil.
Finalmente, Adriana Fuentes Manzo de Equifonia – Colectivo por la Ciudadanía Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C., organización que acompaña el caso de Pilar Argüello Trujillo, mismo que cuenta con una comunicación del Comité CEDAW, informó que no existe mecanismo interinstitucional para el cumplimiento de dicha comunicación y que no se habla todavía de un plazo razonable para la investigación de este caso. Alertó asimismo frente a la falta de debida diligencia en la investigación del feminicidio en el país.
El foro virtual Hallazgos de la sociedad civil en el marco de la evaluación del Estado Mexicano en materia de violencia de género fue moderado por Nira Cárdenas de la OACNUDH México, donde las siete organizaciones convocantes presentaron sus informes, mismos que fueron enviados y revisados por el Comité CEDAW en el marco de la evaluación del cumplimiento de cuatro recomendaciones emitidas por dicho Comité al Estado Mexicano.
SEM/sj
