Mari Rouss Villegas Balmori
SemMéxico, Ciudad de México, 6 de mayo, 2024.- La violencia sexual contra personas con discapacidad es un flagelo persistente que ha sido relegado al silencio de nuestra conciencia colectiva durante demasiado tiempo. Este fenómeno devastador, aunque poco discutido, afecta a una parte significativa de nuestra sociedad y requiere una atención urgente y acciones decisivas para abordarlo de manera efectiva.
Las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas, enfrentan una vulnerabilidad excepcional a la violencia sexual. Esta vulnerabilidad se ve exacerbada por una serie de factores, que incluyen la opresión sistemática, el aislamiento social, la ignorancia generalizada, la pobreza extrema, la marginación, los estigmas arraigados y las falsas creencias sobre el consentimiento en personas con discapacidad. Estos elementos se entrelazan para crear un entorno propicio para la perpetración de actos de violencia sexual contra este grupo vulnerable.
Recientemente, se ha prestado más atención a este tema en el ámbito internacional, con la celebración de paneles y discusiones en eventos como el CSW68, donde destacadas figuras como Barbara Jiménez de Equality Now, Cindy Quesada del Ministerio de las Mujeres en Costa Rica, Antonia Orallena de Chile, Ana Peláez del Comité CEDAW y Maryahgel García, Directora de Women Unabled, junto con otras activistas, han abordado el tema de cómo erradicar la violencia sexual contra mujeres y niñas con discapacidad. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la violencia sexual contra personas con discapacidad sigue siendo un tema poco comprendido y abordado de manera insuficiente en muchos contextos.
Las niñas con discapacidades enfrentan una serie de desafíos adicionales, que van desde la exclusión de actividades familiares hasta la falta de acceso a la atención médica y la educación, lo que las hace más vulnerables a la violencia y al abuso.
La violencia sexual contra personas con discapacidad puede adoptar múltiples formas, desde la intimidación y las amenazas en entornos escolares hasta la esterilización forzada y los abusos perpetrados por cuidadores y familiares. Estos actos atroces no solo causan un daño físico y psicológico inmenso a las víctimas, sino que también reflejan una profunda falta de respeto por su autonomía y dignidad como seres humanos.
La imposición de métodos físicos de disciplina por parte de los supervisores, la esterilización forzada de las niñas y la violencia utilizada como método de control en entornos educativos constituyen prácticas inhumanas y profundamente dañinas. Un ejemplo alarmante de esto es la aplicación de la llamada ‘terapia de aversión’, que emplea descargas eléctricas para modificar comportamientos no deseados. En situaciones extremas, algunas niñas (y niños) son intencionalmente lesionados con el propósito de provocarles discapacidades, volviéndolos más vulnerables y susceptibles a la explotación, incluso en las calles.
Un estudio realizado entre niñas con discapacidades en Uganda reveló que las escuelas son los lugares donde más se experimenta violencia, muchas veces perpetrada por el personal educativo y por compañeros sin discapacidad. Además, otras investigaciones han constatado que las niñas y mujeres jóvenes con discapacidad enfrentan un mayor riesgo de sufrir violencia sexual cuando se encuentran fuera del entorno escolar. En tales circunstancias, vecinos y familiares, conscientes de su situación de vulnerabilidad, pueden aprovechar la oportunidad para abusar sexualmente de ellas, con escasas posibilidades de ser denunciados o sancionados.
Triste que la discapacidad aumente la probabilidad de que las niñas sean víctimas de trata con fines de explotación sexual u otro tipo de trabajo forzado. Esta situación, que a menudo se atribuye a la falta de integración social y a los estigmas arraigados en la comunidad, lleva a que las niñas con discapacidad sean consideradas como «indeseables» en numerosos contextos. Trágicamente, en algunos casos son traficadas incluso por miembros de su propia familia.
Es preocupante observar cómo las niñas con discapacidad son desatendidas en lo que respecta a su información sobre salud sexual y reproductiva, así como en cuanto a sus derechos y capacidad para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Esta negación de información y autonomía perpetúa su vulnerabilidad y las deja aún más expuestas a situaciones de abuso y explotación.
A las niñas y mujeres jóvenes con discapacidades se les deniega el derecho fundamental de tomar decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva. A pesar de que tanto las jóvenes como los jóvenes con discapacidades tienen las mismas necesidades y derechos en este ámbito, la persistente presencia del estigma y de concepciones erróneas acerca de la discapacidad, sumadas a la falta de acceso a servicios de salud adecuados y a una educación sexual completa, obstaculizan gravemente su capacidad para llevar una vida sexual y reproductiva saludable.
Lamentablemente, se desestima la importancia de brindarles a estas mujeres jóvenes la información necesaria sobre su salud sexual y reproductiva, así como sobre sus derechos en este aspecto, y se cuestiona su capacidad para tomar decisiones informadas. Como resultado de esta falta de atención, las niñas con discapacidades suelen tener un conocimiento limitado sobre sus derechos sexuales y reproductivos en comparación con sus pares masculinos. La insuficiente educación sexual, incluyendo la falta de información sobre la transmisión y prevención del VIH, conduce a comportamientos sexuales de riesgo entre los jóvenes con discapacidades, lo que aumenta su vulnerabilidad a las infecciones de transmisión sexual.
A las mujeres jóvenes con discapacidades se les dificulta el acceso a servicios de planificación familiar y otros servicios de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, estudios realizados en Etiopía y la India muestran que un porcentaje alarmantemente bajo de estas mujeres utiliza anticonceptivos y recibe exámenes ginecológicos regulares, lo que incrementa el riesgo de embarazos no deseados y de complicaciones relacionadas con la salud reproductiva.
Para aquellas jóvenes que residen en instituciones, se viola sistemáticamente su derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Estas mujeres son especialmente vulnerables a sufrir abortos forzados, esterilizaciones sin consentimiento, infecciones de transmisión sexual y violencia sexual.
Los mitos y estigmas en torno a la discapacidad contribuyen aún más a la vulnerabilidad de los jóvenes con discapacidades. Las actitudes y creencias arraigadas en la sociedad, como la creencia de que la discapacidad es una maldición o una manifestación de pecado, pueden llevar a la exclusión y el ocultamiento de los jóvenes con discapacidades. Además, la falsa noción de que las personas con infecciones de transmisión sexual pueden curarse al tener relaciones sexuales con una virgen aumenta el riesgo de violación para las mujeres jóvenes con discapacidad, que son vistas como blancos fáciles debido a su vulnerabilidad percibida. El acceso limitado a la educación sexual y los servicios de salud reproductiva deja a las mujeres jóvenes con discapacidad en una situación de vulnerabilidad extrema. El estigma y los mitos arraigados sobre la discapacidad contribuyen aún más a su marginación y exclusión de la sociedad, perpetuando un ciclo de violencia y discriminación que es difícil de romper.
Es fundamental que abordemos esta crisis con la seriedad y la urgencia que merece. Debemos escuchar y empoderar a las personas con discapacidad, especialmente a las mujeres y niñas, en la lucha contra la violencia sexual y la discriminación. El lema «Nada sobre nosotros sin nosotros» nos recuerda la importancia de incluir sus voces y experiencias en nuestras acciones y políticas.
Trabajemos en conjunto para recopilar datos precisos sobre la violencia contra personas con discapacidad y fortalecer las leyes y políticas que promueven la inclusión social y la igualdad de género. Solo así podremos garantizar que nadie se quede atrás en nuestra búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos y todas.
Erradicar la violencia sexual contra personas con discapacidad requiere un compromiso colectivo y acciones concretas. Es hora de romper el silencio y tomar medidas decisivas para proteger los derechos y la dignidad de quienes son más vulnerables en nuestra sociedad. Juntos, podemos construir un mundo donde todos sean tratados con el respeto y la compasión que merecen.
Presidenta Fundación MGAS
Directora Diversidad, Equidad e Inclusión
Hogan Lovells México
