- El Plan B pone en riesgo la estabilidad política del país.
- Se prevén más acciones de inconstitucionalidad por la discusión del segundo paquete de reformas electorales.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 6 de febrero del 2023.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver a la brevedad sobre la constitucionalidad y validez del Plan B antes de junio de 2023, para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024 y la estabilidad política del país. Para invalidar el Plan B se requerirá una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros/ministras de la Corte que voten en ese sentido, de acuerdo a una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).
Hasta el 1 de febrero pasado, se habían presentado un juicio de amparo en contra de la reforma, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos de oposición y diversos legisladores y legisladoras, así como una controversia constitucional del INE contra las modificaciones legales en materia de propaganda gubernamental, puntualiza César Alejandro Giles Navarro en la investigación titulada “Aspectos del proceso legislativo de la Reforma Electoral (Plan B)”.
El llamado Plan B se perfila para ser la reforma electoral más impugnada en la historia, tanto por la premura con la que fue aprobada por el Congreso, pero también por lo que consideran diversos actores que las modificaciones propuestas ocasionarían el debilitamiento del INE, inequidad en las contiendas por la intervención de servidoras y servidores públicos e incluso, ponen en riesgo la organización del proceso electoral de 2024.
Hasta antes del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de febrero, el Plan B ha sido aprobado de manera parcial por el Congreso: de los dos paquetes de reformas, solo el relativo a la flexibilización de las normas de propaganda gubernamental fue publicado por el Ejecutivo el 27 de diciembre de 2022 y ha sido impugnado mediante distintos medios de control constitucional.
Paralelamente partidos políticos de oposición y diversas organizaciones de la sociedad civil han convocado a una marcha el 26 de febrero de 2023 en el Zócalo capitalino en contra del llamado Plan B y en defensa del Instituto Nacional Electoral.
El segundo paquete de reformas que plantea la reestructuración y compactación del INE aún debe ser discutido y aprobado por el Senado en su calidad de cámara revisora. El paquete pendiente entre otras cosas, plantea la compactación y reestructuración del INE, así como la eliminación de la cláusula de “vida eterna a partidos”.
Todos los actores que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental adelantaron que harían lo mismo con las reformas a normas electorales que tocan la estructura y funcionamiento del INE.
El INE, por su parte, además de la controversia constitucional presentada el 1 de febrero de 2023 en contra del decreto en materia de propaganda gubernamental, ha comenzado una intensa campaña para dar a conocer los efectos de la Reforma Electoral discutida por el congreso y ha anunciado que presentará recursos legales ante lo que considera la primera reforma regresiva de la democracia.
La Constitución en su artículo 105 prohíbe realizar cambios a normas electorales 90 días antes del inicio de los procesos electorales federales, por lo que, a partir de junio, el Congreso estará impedido de realizar modificaciones de este tipo de acuerdo con la legislación vigente, el proceso electoral federal de 2024 inicia formalmente el 1 de septiembre de 2023 (aunque la Reforma Electoral plantea postergarlo a la tercera semana de noviembre).
En el sistema jurídico nacional, los medios de control constitucional de orden jurisdiccional son el Juicio de Amparo; las Acciones de Inconstitucionalidad; las Controversias Constitucionales; el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales y el Juicio de Revisión constitucional.
Para el caso del Plan B, los medios de control constitucional procedentes son el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional.
Plan B sustituye a reforma constitucional rechazada
En el estudio se señala que el llamado “Plan B” es una reforma impulsada por el gobierno federal y sus bancadas en el Congreso, luego del rechazo de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral del Ejecutivo. Morena presentó una propuesta de reforma electoral a nivel de leyes secundarias conocida como “Plan B”, conformado por dos iniciativas.
El primer paquete de reformas contemplaba modificaciones a tres ordenamientos vigentes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El gobierno y sus bancadas en el Congreso a favor del Plan manejan como principal argumento la austeridad, pues se generará un ahorro de más de tres mil 605 millones de pesos del erario público.
Entre lo planteado esta asegurar el cumplimiento del mandato del artículo 127 constitucional para que las percepciones salariales de las personas consejeras magistradas electorales y la totalidad del INE, así como del Tribunal, sean inferiores al salario del Presidente de la República.
Compactar el calendario del proceso electoral para racionalizar recursos fortaleciendo la integración de los órganos electorales con los desconcentrados y los OPLEs y reducir la burocracia, aprovechando al máximo la estructura orgánica y los recursos de organización.
Eliminar la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional, la franquicia telegráfica de los partidos políticos y se unifica el programa de resultados electorales preliminares con el cómputo de la elección.
Así como limitar interpretaciones arbitrarias del INE y del Tribunal ajenas a la ley que han limitado la libertad de expresión, los derechos político-electorales y la autodeterminación de los partidos políticos principalmente.
Desmantelar al INE y Tribunal Electoral para proceso electoral del 2024
El estudio muestras las posiciones de los partidos de oposición en las discusiones.
Partido Acción Nacional sostiene que desaparecer las 300 juntas distritales, la secretaría ejecutiva y otras áreas del INE no es una propuesta consistente con la izquierda, lo que se busca es dejar inoperante al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, en un intento por restaurar a un partido hegemónico, un burdo intento de sabotaje al proceso electoral del año 2024.
Movimiento Ciudadano ha sostenido que el propósito es desmantelar en su conjunto el sistema electoral enfocando las baterías en el árbitro electoral. Tiene como objetivo volver a los tiempos de partido hegemónico. Se dañan profundamente las capacidades de la autoridad electoral, desmantelando la estructura distrital del INE, ampliando los márgenes de impunidad de los delincuentes electorales y cooptando los instrumentos del INE. La creación del INE y el TEPFJ han sido avances democráticos que hay que defender. Los salarios de las y los consejeros se pueden modificar. Pero se deben fortalecer a las autoridades electorales.
El PRI ha señalado que las reformas carecen de pertinencia y prudencia se alejan del consenso. Se reduce al INE, al mermar su operatividad y capacidad organizativa con la desaparición de áreas estratégicas. Se atenta contra la impartición de justicia electoral y se busca la permisividad de conductas que vulneran la equidad en la contienda. La reforma es un retroceso electoral. Compactar la estructura del INE y los OPLEs los debilita.
El PRD señala que es una reforma inconstitucional porque establece un sistema nacional electoral. Se abre la puerta a los recursos ilícitos, públicos, sino a la delincuencia organizada y desorganizada. Es una reforma antidemocrática, porque atenta contra uno de los pilares del sistema electoral moderno: la profesionalización de sus integrantes.
Se está destruyendo lo que tomó treinta años construir. Es una regresión democrática, un atropello a la Constitución que dinamita las instituciones. Se desmantela al INE y se cambian las reglas para beneficial al partido en el poder.
SEM/MG
