- Resolución de la Corte deja en un estado de indefensión a las mujeres de Veracruz.
- Organizaciones amparistas confían que el ministro o la ministra que retome la nueva sentencia de este caso, centre su interés en los derechos humanos.
Redacción
SemMéxico. Cd. de México. 29 de julio de 2020.- Las organizaciones que solicitaron el amparo para que el Congreso de Veracruz resolviera sobre la Interrupción Legal del embarazo afirmaron esta tarde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resolvió la situación de violación al derecho a la salud reproductiva de las mujeres en esa entidad, contraviniendo de nueva cuenta la resolución de la Alerta de Violencia de Género por agravio comparado.
El absurdo fue señalar que “no existe omisión legislativa del Congreso del estado de Veracruz al no haber modificado diversos artículos del Código Penal de esa entidad que violentan o restringen los derechos humanos de las mujeres”.
Así lo dijeron en conferencia de prensa las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, AC; Justicia, Derechos Humanos y Género, AC; Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, AC, el Frente Veracruzano por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Fundación Mexicana para la planeación Familiar, MEXFAM,
Dijeron que con cuatro votos a favor y uno en contra, el día de hoy la Corte desechó el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
María de la Luz Estrada, coordinadora del área de Violencia de Género y Derechos Humanos de Católicas por el Derecho a Decidir y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) afirmó que la resolución de la Corte deja en un estado de indefensión a las mujeres de Veracruz porque no se discutió a fondo la situación del acceso al aborto legal en dicha entidad.
Mencionó que en el informe de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado se demuestra que el estado de Veracruz cuenta con marcos normativos restrictivos que deja en una situación grave a las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo.
Por su parte Patricia Bedolla, de Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, AC, refirió que los ministros centraron su atención en uno de los agravios del amparo que tienen que ver con la omisión legislativa y dejaron de lado los otros dos agravios que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, es decir lo más fundamental del proyecto.
Narraron que sorprendió que, sin haber una discusión más amplia del tema, se desechara el proyecto y se regresara para emitir una nueva sentencia. Informó que las organizaciones amparistas esperarán el engrose del proyecto para conocer a fondo los fundamentos que llevaron a la Corte a tomar esta decisión y así, poder definir cuál será el camino jurídico a seguir.
Esmeralda Lexcius, integrante de la Fundación Mexicana para la planeación Familiar, MEXFAM comentó que el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá estaba a la vanguardia porque iba encaminado a sentar un precedente en el tema de las omisiones legislativas. Lamentó que con la decisión de la Corte se deja una gran deuda con las mujeres de Veracruz que al día de hoy tienen que seguir soportando un marco jurídico vigente que obstaculiza los derechos de las mujeres al no permitir que tengan acceso a un aborto legal y seguro.
En su momento el abogado Rodolfo Domínguez, director de Justicia, Derechos Humanos y Género, AC, mencionó que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado evidenció que en Veracruz hay marcos normativos, leyes y políticas públicas que discriminan a las mujeres y que violentan sus derechos. Por esta razón, las organizaciones amparistas buscaron implementar un mecanismo político, jurídico y administrativo para dar respuesta a las obligaciones que tiene que cumplir el Estado Mexicano y que contenidas en tratados internacionales como Belem do Pará. Una de esas obligaciones es modificar los marcos normativos que discriminan y violentan a las mujeres.
Finalmente, las organizaciones confiaron en que el ministro o la ministra que retome la nueva sentencia de este caso, centre su interés en los derechos humanos, en el principio de progresividad y en lo establecido en el artículo primero Constitucional para garantizar la mayor protección de derechos para las mujeres en Veracruz.
