SemMéxico. Guadalajara, Jalisco.12 de abril de 2019. – La interrupción legal del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación debe ser despenalizada en todo el país para proteger principalmente a las mujeres más pobres que no pueden someterse a un aborto seguro y legal y son criminalizadas.
Lo anterior lo señaló la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Candelaria Ochoa Ávalos en respuesta a la iniciativa impulsada por la bancada de Acción Nacional en Hidalgo que propone cambiar la pena de cárcel por trabajo comunitario a las mujeres que decidan abortar.
Tras manifestarse en contra de la penalización, Ochoa Ávalos refirió que los legisladores deben tener en cuenta las condiciones sociales de las mujeres que deciden someterse a un aborto pues son las más pobres, las que carecen de redes de apoyo y en muchas ocasiones las que son abandonadas por el hombre al momento de confirmar el embarazo.
“Bueno primero yo estoy en contra de que el aborto se penalice, me parece que lo que tenemos que hacer es entender las condiciones de las mujeres, las mujeres que abortan son las más pobres y las que tienen menos redes sociales y no me refiero al Twitter o Facebook sino que no tienen redes sociales familiares y además el otro elemento es que son abandonadas en cuanto dicen que están embarazadas, entonces hay que entender esas condiciones y hay que despenalizar”.
La comisionada nacional aseveró que está en la misma sintonía que la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Codero en torno a que se debe despenalizar el aborto pueslas mujeres que están cumpliendo una condena por el delito de aborto son las más pobres en comparación de aquellas que están otra posición social y pudieron acudir a la Ciudad de México con mayor facilidad e incluso acceder a un defensoría legal en caso de haber sido señaladas en una carpeta de investigación.
“Las (mujeres) que están en la cárcel son las más pobres, las que tenemos cierta condición económica, cierta educación, cierto trabajo, no estamos en la cárcel, digo no lo digo por mi porque yo además sí me he cuidado, pero muchas mujeres están en esa condición y pueden hacerlo sin problema”.
Refirió que la Ciudad de México, única entidad en donde se puede interrumpir un embarazo de forma legal, se ha convertido en un “refugio” para las mujeres que desean abortar puesto que cerca de la mitad de los abortos practicados en la Ciudad de México son a mujeres provenientes de otros estados de la República.
De acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 194 mil mujeres han acudido a una clínica de Salud Sexual y Reproductiva para realizarse una ILE. De éstas, el 97 por ciento son originarias de Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Guanajuato.
