Se ratificó la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores

• En México no se ha hecho lo necesario para construir las mejores condiciones de vida para las personas adultas mayores, senadora Saldaña Cisneros.

Elda Montiel 

SemMéxico, Ciudad de México, 14 de diciembre del 2022.- El pleno del Senado -con 93 votos a favor- aprobó la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en el 2015 en Washington, D.C., Estados Unidos de América, lo que fue celebrado por las luchadoras sociales como Angelita Fuentes Vera y diversas organizaciones a favor del envejecimiento digno.

La ratificación se da a la par cuando en Chile se celebra la Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe donde se analizan los desafíos en políticas públicas para los gobiernos de una región que de ser una sociedad joven, pasó a ser una sociedad adulta joven en 2021 y se espera que en 2053 pasará a ser una sociedad envejecida.

La senadora panista Guadalupe Saldaña Cisneros, en tribuna destacó la importancia de que México asuma compromisos claros para contribuir a la plena inclusión de las personas adultas mayores en la participación en la sociedad y a garantizar el goce efectivo del derecho a la vida y a la vejez en condiciones de igualdad con otros sectores de la población.

Destacó que es preocupante que en México dos millones 993 mil 653 de esas adultas y adultos mayores no están afiliados/as a alguna institución de servicios de salud y 2.4 millones de este grupo de edad no saben leer ni escribir, representan el 16 por ciento de las personas adultas mayores.

Como país, dijo, no hemos hecho lo necesario para construir las mejores condiciones de vida para las personas adultas mayores, desde lo más elemental en materia de feminización de la vejez, inclusión, adecuación de la infraestructura urbana, la vivienda, readaptación de los servicios de salud hasta aspectos novedosos, como la igualdad digital; porque la brecha digital propicia condiciones de discriminación y exclusión social de este grupo de población.

En 30 años se duplicó el porcentaje de la población de adultas y adultos mayores en el país, que pasó de cinco millones a 15 millones 416 mil personas mayores de 60 años y más, lo que llama a reflexionar que se está haciendo para proteger y prepararse para defender los derechos de las personas mayores. Al poder legislativo le corresponde el fortalecimiento del derecho interno y establecer un marco convencional adecuado para las personas mayores.

Refirió que vivimos una realidad donde el edadismo o discriminación por edad va relegando a los adultos mayores, quienes conforman un grupo con diversas desigualdades y desventajas sociales que se profundizaron durante la pandemia, en la cual se generó una pérdida de los derechos humanos conseguidos en las dos últimas décadas.

En los últimos años empresas y gobiernos han realizado una migración digital de trámites y servicios sin considerar la vulnerabilidad de las personas mayores, suponiendo que todas y todos tendrían acceso a las plataformas digitales, porque muchas viven solas, ni se pensó en estrategias para apoyarlas en los trámites más elementales, lo cual hizo aún mayor su situación de desventaja, exponiéndolos además a fraudes financieros o digitales.

Previamente, la senadora Nancy de la Sierra, impulsora de la ratificación de esa Convención, celebró que después de siete años se aprobara este instrumento internacional, dictamen que fue previamente aprobado por las y los integrantes de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, de Desarrollo y Bienestar Social y de Organismos Internacionales.  

Elvira García Aguayo, asesora en la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería, destacó que esta Convención es el único instrumento interamericano que existe para proteger los derechos de las y los adultos mayores, y que México es el décimo Estado Parte que lo ratifica y con ello entrará en funciones un mecanismo de seguimiento de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los derechos de ese sector. 

SEM/MG