Datos de INMUJERES existen más de 30 mil niñas y niños huérfanos por feminicidio desde 2015
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México.,15 de abril 2024.- La senadora por el PRI, Verónica Martínez García propuso una iniciativa para que se reconozca a los hijos e hijas de víctimas de feminicidio para que tengan garantía de acceso a la seguridad social.
Propuso reformas a la Ley de Asistencia Social, así como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual fue turnada a las comisiones de Igualdad de Género y Estudios Legislativos Segunda.
Para visibilizar el desamparo en que se encuentran, las hijas e hijos ante la pérdida irreparable de su madre en circunstancias de violencia de género, que es una de problemáticas a las cuales se les debe de dar una atención prioritaria por parte de los tres órdenes de gobierno, señalo la legisladora.
Consideró indispensable generar política pública de atención de huérfanas y huérfanos de violencia de género y de feminicidios, en el que se establezca qué se tiene que hacer, quién lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer ante este tipo de circunstancias.
Si bien, no existe un padrón nacional de niñas y niños huérfanos, de acuerdo a una estimación del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) cada asesinato de una mujer deja en promedio (1.93 huérfanos) es decir, casi 2 niños, si se considera que desde el 2015 han sido asesinas 15 mil 211 mujeres, habrían quedado en la indefensión aproximadamente 30 mil 422 huérfanos, un nuevo problema social que debe atenderse, expone la legisladora en los argumentos.
El INMUJERES ya está trabajando en un censo sobre el número exacto de niñas y niños huérfanos por este delito, es importante que los estados también lleven un registro de niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio y violencia de género.
Argumenta que “Como autoridades debemos abordar de manera prioritaria la garantía de reparación del daño para niñas, niños y adolescentes que son víctimas indirectas del delito de feminicidio”.
Refirió que, en algunos países de América Latina, entre ellos Argentina, Uruguay y República Dominicana, cuyas legislaciones tipifican el feminicidio, cuentan con protocolos que intentan generar la reparación y el apoyo para los hijos e hijas de estas mujeres.
Mencionó que en el clima de inseguridad que se vive en el país, las víctimas indirectas enfrentan una situación “urgente y compleja”, especialmente en el contexto de la violencia de género que prevalece en México. Esta tarea se vuelve más apremiante en casos donde el perpetrador del feminicidio es el padre de las víctimas indirectas, lo que los coloca en una posición de vulnerabilidad exacerbada.
La senadora del PRI reconoció que en el contexto de violencia que se vive en el país se agudiza la desatención de los servicios de seguridad social, por lo que consideró que proporcionar acceso a servicios médicos, psicológicos y educativos no sólo atiende las necesidades inmediatas de los menores afectados por feminicidios, sino que también sienta las bases para su recuperación y desarrollo a largo plazo.
“Al asegurar que estos niños cuenten con un respaldo integral, se les brinda la oportunidad de superar las adversidades, romper el ciclo de la violencia y construir un futuro más promisorio”, indicó.
“De acuerdo con la infografía de Violencia Feminicida de ONU Mujeres, la edad más peligrosa para ser mujer en México es de entre los 20 y 24 años, ya que se aprecia un marcado aumento del 15.3 por ciento de feminicidios y el crecimiento de 14.9 por ciento para las edades de entre 25 y 29 años”.
Agregó que, en 2019, poco más de la mitad de estos delitos se cometieron contra mujeres de entre los 15 y 34 años; es decir, hubo mil 988 homicidios, señaló.
Además, según datos proporcionados por el INMUJERES, basados en la información suministrada por 26 entidades federativas, se identificaron 796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad, debido a feminicidios durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019.
El proyecto adiciona un inciso N) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para establecer que tienen derecho a la asistencia social las hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio.
Además, incorpora una fracción VI al artículo 51 y una fracción X al artículo 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de que se le garantice el acceso a seguridad social a las y los menores de edad, que sean hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio.
