- Organismos de la sociedad civil denuncias que dentro del Poder Judicial hay prácticas que se convierten en obstáculos
- El acceso a la justicia para las víctimas y sus familias sigue siendo una deuda del Estado
SemMéxico, Cd. de México, 26 de noviembre, 2024.- El proceso para acceder a la verdad y la justicia para las víctimas de violencia feminicida sigue siendo tardío y revictimizante debido a las fallas estructurales del sistema judicial que perpetúan la violencia feminicida y obstaculizan el acceso a la justicia.
Las organizaciones Justicia Pro-Persona, Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio y la Colectiva sobrevivientes de feminicidio señalaron en conferencia de prensa hablaron sobre el papel que juega el Poder Judicial de la CDMX en la obstaculización del acceso a la Justicia para las víctimas y sobrevivientes de la violencia feminicida.
En un comunicado de prensa señalaron que familias de víctimas, sobrevivientes de violencia feminicida y organizaciones de la sociedad civil acompañantes “nos hemos enfrentado a prácticas administrativas y judiciales dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México que se han convertido en un nuevo obstáculo para la erradicación de la impunidad en casos de violencia contra las mujeres”.
El feminicidio, como la manifestación más extrema de la violencia de género contra las mujeres, representa una violación grave a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. También señalan que México enfrenta una crisis alarmante: cada día, más de 10 mujeres son asesinadas.
Se refieren a las cifras que este lunes dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que registra de enero a octubre de este año dos mil 901 asesinatos de mujeres en todo el país; 110 en la Ciudad de México, de los cuales solo 45 son catalogados como feminicidio.
En este reporte mensual no se registran las tentativas de feminicidio, lo que no permite dimensionar la real gravedad de la violencia feminicida en nuestro país.
Un viacrucis para las familias
Pese a los altos índices de violencia, el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias sigue siendo una deuda del Estado. El acceso a la justicia se convierte para las víctimas en un viacrucis. Primero, al enfrentarse a los desafíos de u una investigación, en la que muchas veces se presentan deficiencias que impiden judicializar o aprehender a los responsables.
Sin embargo, se habla poco es de las fallas estructurales que aún en los casos en los que se ha detenido y vinculado a proceso a un agresor, la justicia no es pronta ni expedita y, en algunas ocasiones, no necesariamente llega, refiere el documento.
En este contexto, el Poder Judicial de la Ciudad de México tiene una responsabilidad central y urgente: garantizar procesos justos, expeditos y con perspectiva de género que eviten la revictimización y contribuyan al acceso a la justicia de forma reparadora. Sin embargo, algunos casos demuestran que el sistema judicial sigue fallando, apostando al desgaste de las víctimas y a la impunidad.
Irregularidades que perpetúan la violencia estructural
Entre las principales los principios del sistema penal acusatorio-celeridad, concentración, publicidad y juzgamiento con perspectiva de género-son constantemente violados en los casos de feminicidio y tentativa de feminicidio:
1. Dilación injustificada: Actos dilatorios de las defensas, permitidos por el Poder Judicial, extienden los procesos durante años, vulnerando el derecho de las víctimas a una justicia pronta.
2. Falta de continuidad: Las reposiciones innecesarias de procesos generan revictimización y prolongan el sufrimiento de las familias, además de abrir la puerta a la impunidad.
3. Opacidad en las audiencias: Desde la pandemia, el principio de publicidad ha sido socavado, impidiendo el escrutinio público y restando transparencia a los procesos.
4. Ausencia de perspectiva de género: Las resoluciones judiciales siguen ignorando las dinámicas de poder y violencia estructural que subyacen a la violencia feminicida, contraviniendo estándares internacionales de derechos humanos.
Por ello y en el marco del 25N hacen un llamado al Poder Judicial de la Ciudad de México para que garantice la implementación efectiva del sistema penal acusatorio.
Respetar los principios de concentración, continuidad y publicidad en todos los procesos. Así como el derecho a una justicia pronta y expedita para las víctimas.
Priorizar la perspectiva de género: Incluir esta perspectiva en todas las etapas judiciales, lo que incluye el trato que las autoridades judiciales deben dar en las audiencias tanto a las víctimas como a las partes, evitando generar más efectos psicoemocionales a las víctimas de este tipo de delitos.
Fortalecer la transparencia: Al haberse declarado el fin de la pandemia por el COVID-19 desde hace años, no existe ninguna razón para que las audiencias sigan siendo restringidas al público, salvo por los motivos legales que en cada caso lo justifique, por lo que, como parte de un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, debe respetarse el principio de publicidad como del derecho a la justicia y a la verdad para las víctimas y la ciudadanía, al ser la violencia contra las mujeres un tema prioritario de interés público.
Capacitar a operadores judiciales: Es necesario garantizar que juezas y jueces cuenten con formación continua en materia de derechos humanos y perspectiva de género interseccional, que evite procesos y resoluciones revictimizantes, sesgados o contrarios a derechos humanos
SEM/sj
