- Trasciende libertad por un amparo del feminicida de la doctora Yuri Lisset Méndez Trejo, otra víctima de feminicidio en Chiapas.
Gabriela Coutiño
SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 22 de diciembre del 2022.- A tres años de la muerte de la doctora Lisette Paulina Gómez Zenteno, su madre, Nora Margarita Zenteno Juárez, exigió que se castigue a las y los funcionarios de la Fiscalía General del Estado, por no llevar la investigación con perspectiva de género, aun cuando en el mes de agosto de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había emitido la sentencia del caso Mariana Lima Buendía, que obliga a ministerios públicos investigar todos los casos de muerte violenta de cualquier mujer como feminicidio.
“Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía manejó el asesinato de mi hija, como suicidio, y aun cuando les hice saber que sufría violencia, no me creyeron, no me hicieron caso, quisieron callarme amedrentándome”, dijo en conferencia de prensa, la madre de la víctima.
Acompañada de la abogada y activista feminista, Martha Figueroa Mier, la mujer aseguró que su hija fue víctima de feminicidio. “No hicieron nada por investigar, por detener o arraigar al feminicida Jesús Rafael “N”, además que familiares míos protegieron al feminicida, estas personas deben ser citadas a declarar y ser investigadas, porque hubo complicidad, con participación tolerada por la Fiscalía, convirtiéndose los servidores públicos involucrados también en cómplices porque aseguraron desde el inicio de la investigación que se trataba de un suicidio”.
Como cada año, en el aniversario luctuoso de su hija, Nora Margarita Zenteno, encabeza una marcha protestando porque la muerte de su hija, afirma, no se investigó como feminicidio como lo marca el protocolo. Junto con otras madres de víctimas del machismo y activistas feministas, la mujer marcha desde el centro de la ciudad, hasta la 17 norte, el domicilio donde Lisette Paulina fue hallada muerta, vivía con su pareja y que es propiedad de familiares.
Zenteno Juárez sostiene que los y las funcionarias que atendieron el caso de su hija, “destruyeron y omitieron pruebas, por lo que exijo que sancionen a las y los servidores públicos involucrados en el caso, porque me negaron el acceso a la verdad. Incluso yo misma fui violentada y estigmatizada por la institución al señalarme como agresora de mi hija”, sostuvo.
Señaló que a tres años de los hechos, la Fiscalía le informó y le entregó el acta de defunción de Jesús Rafael “N”, quien fue asesinado en septiembre pasado en la ciudad de Tijuana. “El asesino de mi hija, murió porque lo mataron, él tenía cuentas pendientes”.
“Mi hija no se quitó la vida, fue víctima de feminicidio, por eso lucho y seguiré luchando por llegar a la verdad, exijo justicia. A unos días de la muerte de mi hija, su asesino, Jesús Rafael, hizo un retiro de un cajero de Banorte de la Fiscalía de 5 mil pesos, sustrayéndole su dinero; mientras que donde vivía, le robaron todas sus cosas, pertenencias y todo. La Fiscalía no me hace caso, no han permitido que yo levante un acta para que se investigue a las personas involucradas”, se quejó la mujer.
Martha Figueroa Mier, de la organización Mujeres Libres COLEM AC, declaró que la Alerta de Violencia de Género no funciona en Chiapas, “porque lo que no sirve, son los servidores públicos”. Dijo que “hay como la intención de disimular, maquillar, el nivel de violencia que tenemos”, aunque el caso de la doctora Lisette Paulina, no es el único caso.
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 554/2013 denominada Mariana Lima Buendía, asesinada un 28 de junio de 2010 en el Estado de México por su pareja, un policía federal, ordena a ministerios públicos, jueces y juezas, investigar y juzgar todos los casos de muerte violenta de cualquier mujer, con perspectiva de género.
SEM/MG
