Investigar será castigado con procesos penales es el mensaje del Estado ante la masacre de San Fernando, Tamaulipas
Hasta la fecha ningún sentenciado por la masacre
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 21 de mayo, 2024.- Amnistía Internacional México hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que termine con la criminalización de las defensoras Ana Lorena Delgadillo Pérez, Marcela Turati Muñoz y Mercedes Doretti, quienes en forma arbitraria pasaron a ser acusadas como delincuencia organizada y secuestro mientras realizaban su trabajo para esclarecer la masacres de 72 cuerpos primero y 196 cuerpos después, de diversas nacionalidades, halladas en agosto de 2010 y abril del 2011 dentro de 98 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas.
La abogada Ana Lorena, la periodista Marcela Turati y la reconocida antropóloga Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense que trabajó en colaboración con la PGR, fueron espiadas e investigadas dentro del expediente de averiguación previa de las fosas de San Fernando, en el tomo 221 de dicho expediente.
La investigación judicial data de 2016, sin que a la fecha haya alguna persona sentenciada por los lamentables hechos, por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) , hoy Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR).
Preocupa a Amnistía Internacional y a otras organizaciones y a las tres defensoras de derechos humanos que no se tenga la certeza de que si el espionaje y la investigación continúan. O si en algún momento pueden ser detenidas por una acción legal sin que se garanticen las normas básicas del debido proceso.
Señala el Informe dado a conocer por Amnistía Internacional que la criminalización de Ana Lorena, Marcela y Mercedes, así como de todas las personas defensoras, tiene graves consecuencias en las personas involucradas y en la sociedad en general.
Las acciones del Estado, entre otras implicaciones, mandan la señal de que hacer peritajes independientes, representar a víctimas de violaciones a derechos humanos y realizar actividades periodísticas será castigado en el país con procesos penales. Esto genera temor a otras personas defensoras, limita sus labores, profundiza desigualdades basadas en género, implica el desvío de recursos públicos y profundiza la impunidad.
Campaña a nivel nacional e internacional en defensa de las tres defensoras
Por lo que también se inició una campaña a nivel nacional e internacional para que a las tres defensoras además de realizar una disculpa pública, una reparación integral por el daño ocasionado a las víctimas se incluyan garantías de no repetición para otras personas defensoras, peritas/os independientes y periodistas.
También exigen “frenar” mediante un acuerdo interno por parte del Fiscal General, cualquier mensaje y acción al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR, y órganos de investigación penal, que criminalicen y desacrediten el trabajo de defensa de derechos humanos, periodismo y forense de las tres personas defensoras y las organizaciones y redes de las que hacen parte.
Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México señalo que en México vivimos una grave crisis de derechos humanos y que es inconcebible que se use el sistema penal de manera arbitraria para perseguir a las personas defensoras, amedrentarlas y criminalizarlas. Los tres niveles de gobierno tienen la obligación de velar por la vigencia de los derechos humanos y no por profundizar la impunidad.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia se integró al caso defendiendo a las familias de los migrantes mexicanos y centroamericanos que fueron víctimas de homicidio en San Fernando.
Para la investigación de la masacre Mercedes Doretti, fue integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que se sumó por un convenio con la entonces Procuraduría General de la República.
La periodista Marcela Turati investigó y publico el hallazgo en Proceso y junto con un grupo de reporteras y reporteros creo el sitio Mas de 72. Escribió un libro.
La intervención de las autoridades se dio sin que contaran con evidencias suficientes que mostraran la relación de las tres personas defensoras con alguno de los delitos referidos. Así sin fundamento solicitaron ilegalmente información de telecomunicaciones de las tres defensoras de derechos humanos. También ilegalmente pidieron sus datos personales para analizar sus firmas. Realizó todo ello sin haber cumplido con las formalidades que exige la ley, destacando la falta de autorización judicial.
Aunado a ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cerró la queja que habían interpuesto las defensoras, sin hacer un análisis detallado y correcto sobre las violaciones a derechos humanos. La CNDH reabrió la queja sólo hasta después de que ellas presentaron un amparo y realizaron múltiples intervenciones con dicha institución.
A la abogada Ana Lorena Delgadillo le preocupa que la masacre de San Fernando siga en la impunidad y que sigan desapareciendo migrantes que cruzan la frontera. Que cualquiera que investigue ya sea defensor de derechos humanos, periodista o perito lo persigan penalmente.
Marcela Turatti lamentó que sea más peligroso investigar un crimen que cometerlo, y que los periodistas se conviertan en la nota. “Nos hicimos corresponsales de guerra en nuestro país. Refirió que en 2011 fue por Proceso a investigar las fosas pero se comentaban que eran mucho más cuerpos se manejaba una cifra de hasta 600 cuerpos. Y como de forma arbitraria en el campo frente a los familiares recogieron los cuerpos y se los llevaron a la Ciudad de México.
También como había deficiencias, entregas de cuerpos que los familiares sabían que no eran de ellos y hasta extorsiones porque a una madre le pedían hasta 250 mil pesos para encontrar a su hijo, cuando estaba en los primeros que fueron identificados y sin embargo lo echaron a la fosa común. También como parte de esos 72 cuerpos los mandaron equivocados a sus países a Honduras enviaron un cuerpo que era de Brasil.
“Yo trabajo con el testimonio de las personas y me acusan de delincuencia organizada y secuestro”. También refiere que le intervinieron el teléfono y le cancelaban entrevistas
Mercedes Doretti vía zoom todavía no se explica porque la investigaban si era parte de la secretaria técnica de la PGR para identificar los cuerpos, como un perito puede ser investigado por secuestro y delincuencia organizada, se cuestionó.
Carmen Aristegui puso de manifiesto que apoyaba a las defensoras por su trabajo excepcional por solidaridad, respeto y exigencia a la Fiscalía General de la República que puede argumentar que no iniciaron la investigación pero si puede terminar con la criminalización a las defensoras.
