SemMéxico, Cd. de México, 12 julio 2017.- Ante la creciente ola de casos de feminicidio en todas las regiones del país, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó varios dictámenes con puntos de acuerdo para atender tanto el feminicidio, como la violencia y acoso contra las mujeres en México.
En la sesión de este miércoles, la Permanente exhorta a las autoridades de Procuración de Justicia y Órganos Judiciales Federales y Locales apliquen de manera rigurosa el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio y señalaron que en México se registraron más de 27 mil asesinatos de mujeres entre 2000 y 2015.
Al argumentar los 24 dictámenes presentados por la Segunda Comisión, aprobados por el Pleno, la diputada Maricela Contreras Julián calificó de “lamentable que se nieguen a reconocer este delito y los asesinatos contra las mujeres, catalogándolos exclusivamente como homicidios simples. Esto es una constante en todas las entidades de la República que minimizan la violencia de la que son objeto las víctimas de feminicidio”.
Agregó que la negación del delito de feminicidio genera impunidad “desde Baja California, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, la Ciudad de México y hasta Yucatán, todo el país está siendo omiso en garantizar la justicia con perspectiva género”.
La legisladora perredista destacó que en las nueve reuniones de trabajo de la comisión que preside el grave problema del feminicidio ha estado presente y recordó los casos de Lesvy, asesinada en Ciudad Universitaria de la UNAM, y los feminicidios de Alondra y Joana cometidos en el Estado de México.
Contreras Julián adelantó que para la siguiente sesión de la Permanente “tendremos el punto de acuerdo del asesinato de Meztli, en Puebla”.
Exhortos a dependencias del Ejecutivo
En otro dictamen, la diputación pidió a los gobiernos locales que, en coordinación con las autoridades de la federación competentes, realicen las acciones para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, en especial para combatir los feminicidios y se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Las y los diputados solicitaron al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) que remita un informe a la Comisión Permanente para conocer el estatus de las solicitudes de emisión de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en las diversas entidades federativas.
En el dictamen, se indica que de acuerdo con las cifras de homicidios publicadas anualmente por el INEGI, entre los años 2000 y 2015, se registraron en México un total de 251 mil 035 homicidios, de los cuales 28 mil 175 que representan 11.2 por ciento, fueron homicidios de niñas y mujeres.
Otro punto de acuerdo aprobado es un exhorto a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las autoridades locales a fortalecer la investigación de delitos sexuales relacionados con el ‘grooming’, que es una práctica que se caracteriza por el contacto inicial en redes sociales, para intercambiar mensajes e imágenes con contenido sexual, el cual puede desembocar en un encuentro entre una persona adulta y un o una menor de edad, que generalmente da pie a otros delitos, como la trata de personas, abuso sexual o violación sexual.
El dictamen puntualiza que el acoso sexual a menores de edad por parte de adultos, a través de redes sociales, conocido como grooming, se ha triplicado en los últimos años y, al menos, uno de cada siete casos ha recibido solicitudes de amistad de perfiles falsos, con la posibilidad de que termine en la comisión de algún delito.
La diputada Maricela Contreras Julián señaló que el acoso sexual en las redes ha sido poco estudiado, pero con frecuencia está presente en nuestra sociedad, dijo que es inaceptable que un adulto, a través de las redes sociales, se gane la confianza de menores de edad para obtener imágenes o videos con contenido sexual.
Finalmente, otro de los dictámenes aprobados exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que apruebe las medidas legislativas necesarias para la prevención, atención y sanción de la violencia política de género.
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