SemMéxico. Yucatán. 20 de agosto de 2018. A pocos días del cambio de legislatura en el Congreso de Yucatán, la doctora Gina Villagómez Valdés ha señalado que los problemas “profundos” del estado, como la violencia de género y la discriminación a la comunidad LGBT, no han sido resueltos por “falta de voluntad política”.
De acuerdo con lo declarado por la doctora investigadora del Centro de Investigaciones Regionales (CIR) “Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la LXI legislatura “no se atrevió a aventarse” la toma de decisiones respecto a temas como el matrimonio igualitario, los derechos de las mujeres y el abuso sexual a menores.
Y es que en el caso del matrimonio igualitario, aseguró, los diputados están dejando una “cuenta pendiente” por presiones de grupos de ultraderecha, pues están delegando la responsabilidad a la siguiente legislatura, próxima a iniciar labores el 1 de septiembre.
“En este estado cuando el poder gubernamental dice ‘va’, va, y cuando dice ‘déjalo dormir’, lo deja dormir. El Gobierno del Estado puede tomar cualquier decisión, armar expedientes, armar leyes en 24 horas. Si no se hizo es porque no quisieron hacerlo, no quisieron perder un contingente de votantes que no les alcanzó para ganar”, dijo.
Asimismo, Villagómez Valdés destacó que las autoridades siguen haciendo caso omiso a problemas como la violencia contra las mujeres y el abuso sexual a menores, los cuales se presentan principalmente al interior de los hogares, ya que no se han puesto en marcha políticas públicas para prevenir este tipo de conflictos, particularmente en el interior del estado.
En este sentido, y de acuerdo con los datos de la última Encuesta Nacional de la Dinámica de Relaciones en el Hogar (ENDIREH), lanzada en 2016, la académica mencionó que Yucatán se ubica en el séptimo lugar de violencia en el hogar, situación que describe como un problema estructural, el cual ha sido naturalizado por las mismas familias.
De igual forma puntualizó que la entidad se encuentra entre los índices más altos a nivel nacional en alcoholismo, disolución conyugal y de familias compuestas, es decir, “padrastros y familias nuevas en hogares yucatecos”, lo que se convierte en “un caldo de cultivo” para la violencia sexual.
“Somos el estado con mayor violencia sexual y eso lo sabemos desde hace sexenios, y no se había tocado este punto hasta que la sociedad civil está presionando para ello, con las legislaciones locales en otros estados”.
La doctora aseveró que para combatir este problema, es necesario que haya Ministerios Públicos más cercanos a la población del interior del estado, así como una mayor sensibilidad y acompañamiento de las autoridades hacia las víctimas, no obstante, señaló abiertamente que tanto al Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHEY), así como el nuevo modelo anticorrupción han sido “un cero a la izquierda” en el tema.
Pese a que tanto la legislatura como el Gobierno Estatal están a punto de cambiar, la activista manifestó no esperar mucho por parte de la administración entrante, en especial en la resolución de temas “delicados” como el matrimonio igualitario y los derechos de las mujeres.
“No tengo mucha expectativa, espero que me callen la boca, haciendo una respuesta favorable para la sociedad”, finalizó.
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