Por Sara Lovera
SemMéxico. Cd. de México. 25 de mayo de 2026.- Mujeres académicas, activistas, periodistas y feministas exigen al gobierno de la República que, antes de discutir y analizar la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, todavía desconocida en su letra, se abra una amplia, seria y científica discusión.
Y es que, hasta hoy, no se ha evaluado la política contra la violencia hacia las mujeres sólo por ser mujeres, cuando han pasado casi 20 años desde el decreto de la ley integral, además de otras reglamentaciones.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia podría ser anulada o afectada, advierten estas mujeres. La iniciativa, que no conocemos, por lo difundido tiene una orientación “dolosa”, confundiendo la condición sexuada de las mujeres con la identidad de género.
La iniciativa no ha llegado al Congreso. Lo modificado en la Constitución fue para hacerla obligatoria en todo el país, sin lesionar la autonomía de los estados.
Sabemos que la violencia feminicida es, aparte de la crisis de derechos humanos, no un asunto privado, sino parte de la violencia estructural. Por ello, no entiendo la lucha contra el crimen sin ver la violencia contra las mujeres como algo específico.
Persisten vacíos oficiales, como por ejemplo que tomó año y medio publicar el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2025, conocido el 18 de mayo. No se explica ello en tiempo de mujeres.
Hay que evaluar la Ley de Acceso, medir la efectividad legal, las acciones gubernamentales y a las instituciones responsables.
Las mujeres que exigen una jornada de verdad y justicia, con evaluación y análisis, caiga quien caiga, son conocedoras de la violencia feminicida. Una de ellas, Marcela Lagarde y de los Ríos, responsable de la ley integral y de la tipificación del feminicidio. Es claro que la iniciativa no está, pero hay indicios de lo que busca. Conocemos un esquema en PowerPoint desde la mañanera del 24 de marzo, sancionada y calificada por el público como una “novedad”.
El esquema muestra repeticiones, confunde y no considera reglamentaciones surgidas durante dos décadas. Reconoce que no se ha encontrado la cuadratura al círculo para erradicar la violencia feminicida en ningún gobierno.
En 20 años, la violencia contra las mujeres y el feminicidio muestran un desaseado manejo de cifras, con impunidad hasta del 90 por ciento. Los sistemas de atención, previsión y erradicación de la violencia, federales y estatales, permanecen sin cuestionamientos; recursos sin rendición de cuentas y contradicciones como que baja el delito de feminicidio, pero crecen los “homicidios dolosos”, los suicidios y las desapariciones. Se manipula la información pública.
Reunidas en el Foro en defensa y exigencia del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, durante tres días, resultó la exigencia.
No fue un ejercicio más, sino un llamado a ir al fondo, dar cuenta del cumplimiento de la ley y, sobre todo, retomar el mandato de crear capacidades en el funcionariado; recordatorio de la exigencia a todos los niveles de gobierno y a todos los poderes para cumplir la Ley de Acceso. Todo ello hace pensar que una nueva ley no servirá para nada si no existe la decisión real, no “hipócrita”, para enfrentar uno de los graves problemas sociales y humanitarios de este país.
Concluyen: más que nuevas leyes y discursos, urge hondura en autoridades y legisladoras, sociedad y gobierno; toma de conciencia. Una masa crítica capaz de abandonar la demagogia y entrarle.
Acabar con la violencia, tomar medidas y acciones integrales, es eso, y no bonitas presentaciones y deseos. Hasta ahora no parece ser lo que mueve a los gobiernos, más ocupados en posibles votantes para retener el poder. Todas sabemos que el día que llegue la iniciativa, la alianza morenista votará sin reflexión. Muy grave. Veremos.
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