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Desafío para México, no es crear nuevas leyes, sino consolidar el sistema jurídico

  • Destacan expertas logros de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para las mujeres a 20 años de su creación
  • La ley actual es más amplia que la propuesta por la Presidencia: Lagarde
  • Riesgosa la nueva iniciativa presentada desde Palacio Nacional

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Ciudad de México, 18 de mayo, 2026.- Marcela Lagarde y de los Ríos, Alda Facio Montejo y Andrea Medina Rosas coincidieron al destacar la importancia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que debería ser consolidada por la presidenta mexicana, y afirmaron que se requiere de una estructura jurídica consolidada, porque cualquier modificación significar un retroceso.

Al participar en el Foro en defensa y exigencia del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, a propósito de la iniciativa de Ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio que propuso la presidencia de México, y que se transmitió desde la plataforma del Colegio de San Luis, la jurista feminista Alda Facio afirmó que el principal desafío para México no radica únicamente en la creación de nuevas normas, ni siquiera en una ley general de feminicidio, sino en la consolidación de un sistema jurídico coherente, armonizado y aplicado con perspectiva de género.

Reconoció que los criterios diferenciados, como lo señala la CEDAW, contribuye a la impunidad y limita el acceso efectivo de las víctimas a la justicia, sin embargo, recalcó la armonización legislativa no debe entenderse como un ejercicio meramente técnico, sino como una condición indispensable para garantizar la igualdad sustantiva y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

Facio Montejo consideró que la falta de armonización, forma parte de la debilidad estructural que persiste en el diseño e implementación de políticas públicas en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres “debido en gran medida a la confusión que hay con respecto al significado del concepto de género y la aplicación de la transversalización de la perspectiva de género.

Alda Facio – una de las fundadoras del Caucus de Mujeres por una Justicia de Género en la Corte Penal- sostuvo que sí es necesario armonizar las leyes y políticas en México, sin embargo, enfatizó “por sí sola no transforma la realidad de la violencia contra las mujeres”.

Sostuvo que México cuenta con una ley robusta, no parte de un vacío normativo, que la CEDAW reconoce desde 2007 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en donde reconoce que la violencia contra las m,ujeres no es un fenómeno aislado o individual, sino que está vinculado a condiciones sociales y culturales de desigualdad entre hombres y mujeres.

“Esto implica que no depende solo de decisiones individuales de los agresores, sino que esta violencia está relacionada con patrones sociales más amplios, desigualdad, misoginia, roles de género, etcétera. Un problema estructural arraigado en las instituciones, normas sociales y relaciones de poder. Se reproduce de manera constante en distintos ámbitos y afecta a un grupo de manera sistemática, las mujeres”.

Calificó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia como “muy buena”, un logro legislativo que ha tenido reconocimiento a nivel mundial e insistió a propósito de la nueva ley de feminicidio que no es falta de leyes, sino falta de aplicación uniforme y efectiva y persistencia de asimetrías normativas e institucionales entre entidades federativas, porque, apuntó más adelante, “el problema principal en México no es la falta de leyes, sino la falta de implementación efectiva. Las obligaciones del Estado no se cumplen solo el legislando”.

La ley actual es más amplia que la propuesta por la Presidencia

Por su parte, Marcela Lagarde y de los Ríos, quien impulsó la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, afirmó que la ley actual es más amplia que la propuesta desde la presidencia, además de que ya tiene un camino andado de 20 años con resultados difíciles y complejos, pero construyendo alternativas sociales y culturales para enfrentar la violencia contra las mujeres.

En los últimos meses, agregó, se ha planteado que se redujo el índice de feminicidios, pero también ha aumentado la violencia sexual o la violencia asociada a procesos más violentos, más integrales de la sociedad.

La antropóloga feminista recordó cómo esta ley definió categorías epistemológicas que forman parte de un engranaje especial científico, que encontró un conjunto de delitos contra las mujeres, en su inmensa mayoría crímenes de odio contra las mujeres, una definición que consideró “mínima” del feminicidio.

Persiste la impunidad, la simulación, se escatiman recursos, no hay certeza en las sentencias ni en las investigaciones, ni en el acceso a la justicia de parte de las mujeres… aspectos que ser plantearon hace 20 años.


“Nosotras, quienes redactamos la ley general y ahí adentro el feminicidio y la violencia feminicida, lo hicimos pensando en el Estado, como un promotor fundamental para lograr identificar la violencia como violencia de género, pero también como factor para identificar la violencia por la heterosexualidad”, dijo tras agregar que el feminicidio es un marcador epistemológico.

Sí das el paso a asumir la violencia desde la perspectiva de género, darás el paso a decir que es un producto tendiente a reproducir la exclusión de las mujeres, exclusión de sitios claves por los cuales estábamos fuera de muchas instituciones y de muchos procedimientos y procesos.

Luego citó que hoy gobierna una presidenta en México, que es afín a grupos mayoritarios de la sociedad, deberíamos aprovecharlo para fortalecer la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y con ello también fortalecer el feminicidio en el los capítulos de categorías eh de la ley.

Lagarde insistió que la ley se tiene que preserva, fortalecer y hacer reformas de acuerdo con un análisis científico crítico de la violencia y del papel del Estado en la construcción de la hegemonía masculina y patriarcal, cuyo producto es la terrible violencia contra las mujeres de todas las edades, una evolución social sofisticada, que cuesta mucho que se entienda.

Advirtió que antes de hacer una ley sobre la que ya existe, habría que hacer una evaluación de las leyes que han planteado y recordó el carácter federal de la Ley General de Acceso, además de señalar que hay 32 leyes que fueron redactadas por congresos de todo el país, “más allá de sus discrepancias ideológicas, más allá de su ignorancia, más allá del boicoteo al que fue sometida para su aprobación, procesos de consulta a las organizaciones civiles y muchas expertas en violencia de género con esta perspectiva científica para crear sistema que desaparecería si se toca la ley” y recalcó que lo que falta es su aplicación.

“Las redactoras estamos convencidas con pruebas de que es posible eliminar la discriminación contra las mujeres y también que es posible erradicar la violencia contra las mujeres”, puntualizó.

Buen momento para revisar los alcances

Andrea Medina Rosas, abogada feminista mexicana, sostuvo que los 20 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un muy buen momento para revisar los alcances y no construir nuevas leyes que no necesariamente erradican los obstáculos actuales y que tienen que ver con la política pública y el acceso a la justicia.

Recordó que desde 2024, hicimos señalamientos de nuestra preocupación de los cambios que se hicieron en la Constitución y en la propia Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ahora es necesaria una reflexión más a detalle.

Medina Rosas hizo un recuento de cómo tuvieron que pasar décadas trabajando no solo en el ámbito internacional y nacional construyendo el camino a partir de los años setenta cuando se dieron cuenta de cómo el derecho penal legitimaba la violencia contra las mujeres por lo que exigimos personal especializado.

En la década de los ochenta y principio de los noventa comprendimos que el Estado debía intervenir ante la violencia que sucedía en las relaciones familiares, pero desde una perspectiva de género y “ya desde entonces sabíamos que cada caso tenía sus condiciones sociales que deberían ser analizadas, lo que ahora se llama interseccionalidad”, además de otras batallas que tuvieron que dar, como la eliminación de la mediación.

Coincidió con Alda Facio y Marcela Lagarde, en la necesidad de entrar en la especificidad de ciertas condiciones sociales, “como ahora se ha puesto casi como mantra “la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes”, con lo que se abre la puerta a la exclusión porque faltarían las ancianas o las mujeres con discapacidad, estamos rompiendo la comprensión de que el término de violencia contra las mujeres incluye a todas las mujeres en todas sus condiciones sociales.

En ese sentido, recalcó que desde los ochenta y noventa del siglo pasado se explicaba que género no es sinónimo de las mujeres, hoy tenemos que explicar que género no es sinónimo de orientación o preferencia sexual, no se puede reducir a la identidad de género, como se incluye en la iniciativa de la Presidencia.

Recalcó que dicha iniciativa sobre feminicidio comprende las acciones de prevenir, sancionar, investigar, reparar los daños, pero no tiene el verbo de erradicar, “ahí se desfasa de Belem Do Pará y de la CEDAW, además, no comprende que el feminicidio tiene como causa y consecuencia la discriminación en ese orden social.

Por ello, Andrea Medina Rosas consideró riesgosa la iniciativa que se presentó en una mañanera en la presidencia y en una iniciativa que presentó una diputada del PRI, que ni siquiera respeta a cabalidad la definición de perspectiva de género, duplicando elementos que ya están definidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.

La abogada feminista destacó las innovaciones y aportes, que no que no sólo reconocen los derechos de las mujeres, sino que favorecieron a toda la sociedad, de la ley que se pretende modificar y que se aprobó en febrero de 2007.

Por último, expuso que pensar que se va a dar mayor garantía a las mujeres regresando el concepto a toda persona, rompe la comprensión de esa relación entre la violencia que tiene como causa y consecuencia la discriminación, y esa parte estructural sin posibilidad de construir acciones afirmativas.

El Foro organizado por la Mesa de Mujeres de Ciudad de Juárez, la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres y el Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Violencia Feminicida, continuará una segunda sesión el próximo miércoles 20 y viernes 22 de mayo a través de diversas plataformas digitales del Colegio de San Luis.

SEM/sj

Cuba: Cuidar y recibir cuidados, un derecho que no admite estigmas

  • Perviven silencios, vacíos y formas de discriminación homofóbicos y transfóbicos
  • El mandato patriarcal y heteronormativo, las mujeres deben encargarse de los cuidados en el hogar

Lirians Gordillo Piña

SemMéxico/SEMlac, La Habana, 18 de mayo, 2026.- Desconocimiento, violencias y estigma son algunos de los desafíos que especialistas y activistas identifican al hablar sobre diversidad sexual, envejecimiento y cuidados en Cuba.


«¿Quién cuida, a quién y cómo? ¿Existen personas con más derechos a los cuidados que otras? ¿Es acaso una vida más digna que otra?, preguntó el jurista Yuliesky Amador al iniciar el panel «Del estigma al cuidado digno: salud, dignidad e inclusión desde una perspectiva integral», celebrado el pasado 11 de mayo en La Habana como parte de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia.


En 2026 las Jornadas llegan a su decimonovena edición. Cada año el evento que organiza el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), junto a otras organizaciones e instituciones cubanas, reúne a activistas y especialistas en debates, eventos académicos y actividades de incidencia pública.


«El Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida habla, principalmente, del cuidado a personas adultas mayores, niños y niñas, adolescentes y personas en situación de discapacidad; pero persiste un nicho totalmente vacío en cuanto a las poblaciones diversas», dijo Amador, también coordinador de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados, en referencia a las personas homosexuales, trans y queer.


En un contexto nacional en el que existen normas de avanzada, programas y leyes que favorecen la inclusión de las personas LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer), aún perviven silencios, vacíos y formas de discriminación homofóbicos y transfóbicos.


Para las sociólogas Arlene Aquino Velázquez y Ana Clara León Pérez, el primer desafío en el ámbito de los cuidados y la adultez mayor es el desconocimiento. Al presentar su ponencia «Queerdados, retos de su estudio», las investigadoras alertaron sobre la ausencia de datos y estudios que hablen de las realidades de estas poblaciones. Experiencias y vivencias que sí han estado presentes en la historia, el activismo y la vida de esta comunidad.


Un análisis de publicaciones nacionales realizado por ambas investigadoras arrojó que la mayoría de los estudios en el país están abocados a la política, a instituciones y actores sociales que proveen cuidados y a las personas cuidadoras. Pero, «prácticamente no encontramos ninguna referencia a personas homosexuales y trans», dijo Aquino Velázquez.


El artículo «Cuidados y poblaciones LGBTQ+: una mirada a la literatura científica sobre el tema en los últimos 10 años (2013-2023)», de la socióloga Yailyn Rosales Sánchez fue la principal y casi exclusiva referencia que encontraron las jóvenes investigadoras del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.


El artículo, publicado por la revista Sexología y Sociedad en 2024, se centró en la producción científica cuyo objeto de análisis eran las mujeres lesbianas. En su búsqueda, Rosales Sánchez identificó 33 documentos publicados durante una década: de ellos, 18 artículos de investigación, cinco tesis en estudios de postgrado, tres capítulos de libros o folletos y siete textos en páginas web.


La autora concluyó que «la incipiente literatura que ha abordado los cuidados a las poblaciones LGBTQ+ se ha centrado en la salud y cómo desde estos servicios se han visto excluidos/as producto de la cisheteronormatividad que persiste en los imaginarios del personal de salud».


A la ausencia de datos y estrategias metodológicas que visibilicen la diversidad sexual, Aquino Velázquez y León agregaron la existencia de prejuicios que limitan la obtención de datos que puedan nutrir futuras investigaciones. Otros de los desafíos, dentro y fuera de los estudios académicos, es mirar de manera crítica los mandatos que atraviesan los cuidados para todas las personas.


«Según el mandato patriarcal y heteronormativo, las mujeres deben encargarse de los cuidados en el hogar. Las personas queer no estamos exentas de reproducir estas dinámicas de poder y de que se nos exija repetir las normas», reflexionó León.


Esta situación, dijo, pone a muchas personas homosexuales y trans de vuelta a un hogar del que salieron producto de la discriminación y la violencia. Además, se les asigna como persona encargada de un adulto mayor por razones que exponen estigma, alertó. Entre los motivos conocidos, por ejemplo, se encuentra no haber tenido familia o hijos propios.


«Desde la academia, es importante trascender el estudio de los mismos temas y grupos. Podremos encontrar similitudes y, a la vez, constatar que para una persona lesbiana, trans o queer, cuidar puede significar hacerlo en un espacio de violencia», concluyó León.


Para Yuliesky Amador, el cuidado debe abrirse a cada experiencia particular y cada población, sin discriminaciones.


«El estigma aparece cuando ciertas vidas se consideran menos valiosas, menos legitimadas o menos dignas de acompañamiento. El Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida busca poner fin o mitigar estos estigmas, pues pone en el centro los cuidados como un derecho. Pero no se trata solamente de tener una ley bien redactada, necesitamos un cambio cultural a la hora de aplicar la ley», afirmó el jurista.


En ese camino, la jurista Mirell Medina Llerena insistió en la importancia del conocimiento y la capacitación. «Nadie nos enseña a cuidar y somos espejo de tradiciones y mecanismos que heredamos» dijo al presentar su ponencia «Los cuidados al final de la vida. Una mirada multicolor».


La especialista del Ministerio de Salud Pública llamó a entender los cuidados como un proceso mediado por la cultura y en el que es necesario separar sentimientos y emociones, a la vez de contar con un sistema que apoye a las familias y las personas.


«Se cuida por amor, sí; pero también porque no existe otra opción», dijo al referirse a la situación de muchas personas, mujeres en su mayoría, que se convierten en víctimas del cuidado porque no cuentan con un sistema de apoyo o porque la familia les ha asignado esa responsabilidad de manera exclusiva.


Junto al resto de especialistas, Medina Llerena insistió en la formación y sensibilización del personal de salud, para poder avanzar en un cambio de paradigma.


«Los sistemas de salud están llamados a ir del modelo biomédico al biopsicosocial. Entender a la persona en su integralidad. No se trata solo resolver la enfermedad o atenderla, sino de atender a la persona de manera integral, respetando su autonomía, su voluntad y su historia de vida», argumentó.


Para la jurista Arlín Pérez Duharte, es esencial sumar la mirada de género y diversidad en los paradigmas, programas, normas y reglamentos, pero también en la formación de quienes deben hacerlos vida cotidiana.


«La Constitución protege a todas las personas con el derecho a la igualdad y la dignidad.


Por lo tanto, hay que dotar de espejuelos de género y de muchos tonos y colores a los intérpretes y aplicadores del Derecho. Espejuelos que les permitan percatarse de las intersecciones que atraviesan a quienes requieren cuidados y a quienes cuidan», dijo Pérez Duarte a SEMlac.


En su presentación «Cuidar como deber, omitir como delito. Claves para desmontar los estigmas de género desde el Derecho Penal», la experta abordó la influencia de los estereotipos de género en la idealización de cómo debe ser y actuar una persona cuidadora y su impacto en el ejercicio de la justicia.


Defensora de aplicar el derecho penal como último recurso y ante la discriminación que puede ocurrir en el ámbito familiar y los servicios de cuidado de salud institucionalizados, la penalista propone revisar y aplicar normas como la Constitución, el Código de las Familias, la Ley de Salud y reglamentos administrativos.


En caso de abandono familiar hacia una persona LGBTIQ+,»las personas que estén llamadas por obligación y deber de la Ley a cuidar y alimentar, tienen que asumir ese deber. Estamos hablando de hijos, padres, hermanos y personas unidas afectivamente, que el Código de las Familias mandata como personas con obligación de cuidar», precisó a SEMlac.


También explica que el Código Penal, en su Artículo 388, apartado primero, incluye el delito contra el derecho de igualdad, expresado en la Constitución de la República de 2019. Este delito se sanciona con privación de libertad de seis meses a dos años o multas de 200 a 500 cuotas a quien discrimine a otra persona o promueva o incite a la discriminación.


«La discriminación puede ser por edad, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, origen nacional o territorial, discapacidad o cualquier otra lesiva a la dignidad humana. El acto de discriminación puede darse en acciones que obstaculicen e impidan el disfrute del derecho a la igualdad establecidos en la Ley», sostuvo la experta.

SEM/SEMlac/lgp

Cuba: Por un ejercicio efectivo de los derechos sexuales

  • Tiene este país los marcos normativos más avanzados de América Latina
  • El derecho ha sido históricamente una herramienta del patriarcado

Lisandra Fariñas

SemMéxico/SEMlac La Habana, 18 de mayo, 2026.- Cuba ha construido en los últimos años uno de los marcos normativos más avanzados de América Latina en materia de derechos sexuales. Sin embargo, ese avance en la protección jurídica aún no se traduce en el ejercicio efectivo de derechos para todas las personas.
La distancia entre lo que dice la ley y lo que viven las personas a quienes debería proteger sigue siendo un territorio en disputa, coincidieron activistas y juristas durante el «X Coloquio Internacional Trans-Identidades Género y Cultura. Diálogos desde la memoria, el activismo y la academia para asegurar derechos en tiempos de desafío global», una de las actividades centrales de las 19nas Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia.


Organizadas por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) junto a instituciones del Estado y redes de la sociedad civil, estas acciones se desarrollan entre el 4 y el 21 de mayo. Bajo el lema «El amor es ley», la iniciativa contempla actividades académicas, comunitarias, artísticas y formativas en todo el país, con sedes principales en las provincias La Habana y Artemisa, esta última a 70 kilómetros de la capital.


El derecho como herramienta, no como garantía


«No hacemos nada con tener ese sólido andamiaje jurídico, si luego no lo aplicamos con el mismo espíritu«, afirmó la jurista Fátima Yadira Abdula Ruíz, del Cenesex, al intervenir el 12 de mayo en el panel «Legislar con perspectiva de género y diversidad: Cuba como referente regional en derechos LGBTIQ».


Abdula Ruíz explicó que el derecho ha sido históricamente una herramienta del patriarcado, en la que se han sostenido desigualdades salariales, la exigencia de autorización marital para trabajar y la negación de derechos sobre el propio cuerpo. Pero también es el instrumento más poderoso para revertir esas estructuras. «La clave está en incorporar la perspectiva de género en la elaboración de las normas, su interpretación y su aplicación», argumentó.


En el primer ámbito, Cuba ocupa un lugar destacado. La Constitución de 2019 no solo prohíbe la discriminación, sino que convierte la igualdad en principio, valor, fin y garantía del Estado. Además, entiende que no todas las personas parten de las mismas condiciones y que, por eso, a veces es necesario dar apoyos o tratos diferenciados para lograr una igualdad real, explicó.


Según reseñó la jurista, el Código Penal recoge la violencia de género como agravante y tipifica el crimen de odio, mientras una resolución del Ministerio de Salud amplió los servicios de reproducción asistida a todas las formas de familia. Además, el Código de la Niñez, las Adolescencias y las Juventudes, aprobado en 2025, prohíbe las cirugías normalizadoras en infancias intersex, situando a Cuba como el séptimo país con una disposición de este tipo.


«Eran intervenciones sobre cuerpos sanos que no tenían ningún problema de salud, con la única finalidad de encuadrarlos médica y socialmente», señaló.
La nueva Ley del Registro Civil introduce, además, dos cambios sustanciales para las personas trans.


Por un lado, flexibiliza el cambio de nombre, hasta ahora sujeto a un proceso que exigía demostrar el uso social que tendría. Por otro, habilita la rectificación del asiento registral relativo al sexo mediante un proceso administrativo, posible a partir de septiembre próximo, cuando la norma entre en vigor, sin necesidad de cirugías ni tratamientos de afirmación de género.


Donde el avance es insuficiente es en la interpretación y la aplicación; no se trata de un problema técnico, sino cultural, apuntó la jurista Yamila González Ferrer, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana e integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).


Ejemplificó estas resistencias con lo ocurrido tras la aprobación del Código de las Familias, cuando parejas del mismo sexo fueron rechazadas en oficinas del registro civil en algunas provincias, bajo el argumento de que «eso aquí no es», y el Ministerio de Justicia tuvo que intervenir para exigir su cumplimiento.


Las cifras muestran una apropiación creciente de estos derechos. Desde la entrada en vigor del Código de las Familias, en octubre de 2022 y hasta marzo de 2026, se han realizado 3.631 matrimonios entre personas del mismo sexo -2.089 entre hombres y 1.524 entre mujeres-, además de 356 uniones de hecho afectivas. También se registraron 45 inscripciones de nacimiento con el apellido materno en primer lugar, según datos del Ministerio de Justicia.


Estereotipos como causa y consecuencia


Para Abdula Ruíz, interpretar con perspectiva de género exige reconocer las diferencias sin convertirlas en jerarquías. «Somos igualmente diferentes», dijo citando a la jurista y feminista costarricense Alda Facio.


También es clave entender que las desigualdades son estructurales. Por eso, un trato que en apariencia es igual para todas las personas puede seguir siendo discriminatorio en la práctica. Además, es vital identificar y cuestionar los estereotipos que influyen en las decisiones jurídicas y administrativas, muchas veces de forma invisible, sostuvo la jurista del Cenesex.


González Ferrer explicó que el Comité de la CEDAW trabaja en la Recomendación General 41 sobre estereotipos de género, prevista para 2026, que plantea que estos no solo causan discriminación, sino que también la reproducen, y establece obligaciones para los Estados de identificarlos, desmantelarlos y garantizar la reparación a quienes los han padecido.


Desde la sala, la jurista Zulendris Kindelán defendió la necesidad de incorporar la equidad y no solo la igualdad formal, en la interpretación jurídica y en las políticas públicas.


La especialista alertó sobre el peso de los estereotipos en el acceso a la justicia y en las respuestas institucionales. Señaló que muchas veces las desigualdades se invisibilizan bajo argumentos como «no aplican», «no optan» o «no denuncian», sin analizar las barreras reales que enfrentan esas personas.


«No basta con abrir formalmente las puertas; también hay que generar condiciones y medidas que compensen las desventajas con las que muchas personas llegan», sostuvo.


Nuevas jornadas para transformar


A ese trabajo educativo, que no termina con la aprobación de leyes, apuestan las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, «que celebramos nuevamente pese a tantas limitaciones e incertidumbres», dijo Mariela Castro Espín, directora del Cenesex, en conferencia de prensa el pasado 13 de mayo, refiriéndose a la compleja crisis electroenergética que vive el país.


Insistió en que no basta con reconocer derechos en una norma, si las personas no saben cómo ejercerlos. «Lo importante es aprender a usarla y también cómo seguir cuestionándola para hacerla mejor», señaló.


En esa misma línea, Maitée Navarro, coordinadora nacional de estas jornadas, defendió la necesidad de seguir impulsando transformaciones, fortalecer el diálogo entre activismos, instituciones y academia, y promover investigaciones conectadas con las experiencias concretas de las personas LGBTIQ+.


Entre las cuestiones que buscan colocar en el debate, por ejemplo, aparecen las brechas de salud que afectan a mujeres lesbianas, los retos específicos que afrontan las personas trans y la persistente invisibilidad de los hombres trans en los sistemas de atención, resumió Navarro.


Como parte de las acciones, el Cenesex firmó un convenio con el Ministerio de Justicia para facilitar el acceso de las personas LGBTIQ+ a las Defensorías y prevé la capacitación de registradores civiles de La Habana, ante los cambios de la nueva Ley del Registro Civil en materia de identidad de género.

Arzobispo de Acapulco llama a la solidaridad con tres pueblos de Chilapa

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  • Los alimentos que lleguen a las parroquias serán canalizados a la parroquia de Costa Sur
  • Pide a las autoridades que conforme a derecho se proteja a la población


Isabel Martínez

SemMéxico-Ceprovysa, Acapulco, 18 de mayo, 2026.- El Arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González llamó a la sociedad a ser solidarios con los tres pueblos del municipio de Chilapa que fueron afectados por la violencia y desplazados de sus lugares.


Pidió a la feligresía y a la ciudadanía en general a donar en las parroquias alimentos no perecederos que permitan a las familias consumir con seguridad, como maíz, frijol, lentejas y aceite.


El prelado católico dijo que en el caso de Acapulco, los alimentos que lleguen a las parroquias serán canalizados a la parroquia de Costa Sur y de ahí se concentrará la ayuda a la parroquia de La Candelaria en Atzacoaloya, municipio de Chilapa para que distribuya a su vez a las comunidades.


El Arzobispo llamó a esta ayuda compartir el sufrimiento:  “Los invito a compartir el sufrimiento de las comunidades cercanas a Chilapa que fueron duramente atacadas y se vieron obligadas a dejar sus hogares”, dijo.


Al mismo tiempo pidió a las autoridades encontrar la manera, conforme a derecho, proteger a las cuidadanía, en su persona y en sus pertenencias, de manera que no tengan que huir de sus pueblos y comunidades amedrentados por el fuego de las armas o por amenazas de muerte.


Leopoldo González agregó que pidió “a los padres de la Arquidiócesis que les inviten a tender la mano a estos hermanos nuestros y dediquen la colecta de una misa de este domingo para este fin”, subrayó que solicitó lo hagan “a través de Cáritas”.


El Arzobispo de Acapulco también se refirió a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, donde el papa León XIV centró su mensaje en los riesgos de la IA Inteligencia Artificial.


En ese sentido comentó que esa tecnología “puede generar contenidos atractivos, pero engañosos, replicar prejuicios, amplificar la desinformación e invadir la privacidad sin consentimiento”.


En tal sentido el prelado católico pidió “fortalecer el pensamiento crítico y verificar las fuentes de información”.

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La Opinión| No hay disculpa frente a la aquiescencia

Angélica de la Peña
SemMéxico, Ciudad de México, 18 de mayo, 2026.- La presidenta invitó al grupo sudcoreano de K-pop BTS a Palacio Nacional y montó un show en el Zócalo para compartir con ellos un saludo desde una ventana, y días después se presentó en la grabación del grupo irlandés U2 quienes filmaron un video clip en el Centro Histórico; si fuese una mandataria normal en situaciones normales, estaría bien.

Sin embargo no podemos dejar de señalarle su insensibilidad, falta de decoro y diferencia diametral de tratos frente a las madres buscadoras quienes exigen ser escuchadas por ella desde que llegó a la Presidencia.

Las familias están desesperadas porque no saben qué pasó con sus hijas e hijos desaparecidos, porque no saben si la autoridad investiga; no funciona la instancia oficial de búsqueda efectiva; y desconocen cuál es el paradero o suerte de sus seres queridos.

Las familias tienen que hacer lo que la autoridad no hace: buscarles. Y son revictimizadas por una presidenta impávida: porque las desapariciones forzadas que se reclaman no solo datan desde Calderón, Peña y López Obrador: durante su gobierno van aproximadamente 17 mil personas desaparecidas, y ahí van niñas y niños. No se necesita mucha ciencia para sospechar que siendo México uno de los primeros países en producción de pornografía infantil, su desaparición está ligada a la trata de personas. La crisis de la desaparición forzada es sistemática y generalizada: el Estado no investiga, no sanciona y no repara.

Qué tipo de asesores tiene Sheinbaum que le montan esos espectáculos que pretenden mostrar una simpática señora, pero que en realidad se ve frívola e insulsa, impropia de una Jefa de Estado; y peor, con un país en su peor momento. No se recuerda a un presidente en una situación semejante en la historia contemporánea de México donde por primera vez un gobernador en funciones sea solicitada su extradición a un juzgado de NY por acusaciones de vinculación al narcotráfico, y con él un senador, y ocho funcionarios, todos de Sinaloa y de su partido Morena.

Pero esto apenas empieza porque se anuncian más imputaciones contra otros funcionarios como lo mencionó el director de la DEA, Terrence C. Cole, en una reunión de trabajo en el Senado de EU. Ahí dijo tener pleno conocimiento de que altos funcionarios mexicanos han estado “en la cama con los cárteles mexicanos durante años” y enfatiza que el caso de Rubén Rocha es apenas el principio.

Este asunto debería tener toda su atención en lugar de departir risueña con los BTS en su despacho.

En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado al gobierno mexicano en su reciente informe, que si bien la autoría de las desapariciones corresponde en gran medida al crimen organizado, “se documenta la connivencia entre el crimen organizado y autoridades encargadas de tareas de seguridad y de procuración de justicia, así como autoridades políticas”. Y es enfática al señalar que la responsabilidad del Estado frente a las desapariciones es ineludible y ningún gobierno puede excusarse frente a las graves violaciones a los derechos humanos.

La desaparición forzada se perpetra por agentes del estado, con su apoyo o su conocimiento, es decir por aquiescencia: lo saben y lo permiten. Consienten con su silencio e inacción. Esa es la connivencia referida por la CIDH. Es de esperarse que la presidenta acepte la ayuda que ofrecen los organismos multilaterales. Ojalá.

Defensora de derechos humanos

Juego de Ojos| Los transterrados

Miguel Ángel Sánchez de Armas

SemMéxico, Cd. de México, 18 de mayo, 2026.- Es el verano de 1938. José Gaos, discípulo de Ortega y Gasset y gran introductor de Heidegger a la cultura española, está en Valencia. Huyó de la Universidad Central de Madrid cuando una horda franquista asaltó el edificio de la Rectoría aullando a todo pulmón, “¡muera la inteligencia!”

Está solo y no conoce a nadie en el puerto, pero en la bolsa de su impecable chaleco blanco lleva la invitación de Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes para una estancia en la Casa de España en el Valle del Anáhuac. En un cafetín del Paseo de Neptuno frente a la playa de Las Arenas aguarda la hora de embarcar  en el buque de la Compañía Trasatlántica Española que lo llevará a La Habana para de ahí seguir a Veracruz.

Gaos todavía espera un milagro, pero el Mediterráneo ya huele a derrota. Aborda la nave. En el barco viajan niños evacuados, funcionarios y profesores que siguen hablando de libros en medio de los bombardeos. El filósofo cruzará el Atlántico creyendo quizá que se alejaba por una temporada. Lo que en realidad dejaba atrás era su antigua vida.

Debió de ser un viaje extraño. No el de un fugitivo hacinado en cubierta, sino el de un profesor prestigioso que aún conservaba la esperanza de regresar a España. Pero al vaivén del buque que avanzaba hacia el Golfo de México, la República se desmoronaba lentamente. Me pregunto si mirando alguna noche la inmensidad atlántica, las facciones asturianas del profesor -nariz fuerte, mandíbula firme, cejas densas- se habrán alterado al preguntarse: ¿en qué momento se deja de pensar en “Méjico” y se comienza a imaginar a “México”?

Cuando Gaos pisó Veracruz llevaba consigo libros, manuscritos y la autoridad intelectual de un rector universitario; lo que no llevaba era la certeza del regreso. México terminó convirtiéndose en su estación definitiva. Entre nosotros enseñó, tradujo, escribió y acuñó una palabra que resumía aquella travesía moral: no desterrado, sino transterrado, alguien trasladado de una patria herida a otra tierra capaz de continuar la vida en la misma lengua.

Cuando puso pie en las aulas mexicanas su actitud corporal llamaba la atención: ligeramente encorvado hacia adelante, como si siguiera inclinado sobre un libro o una idea. Daba la impresión de hablar pensando y de pensar hablando. Quienes lo trataron recordaban una voz pausada, espesa, con fuerte acento español y una cadencia profesoral que podía volverse hipnótica en clase.

Este episodio estuvo siempre presente en el ánimo del periodista Manuel Buendía, cuyo centenario conmemoramos este mes. Con esa visión apreció y admiró el exilio español. Quienes después llegaron a México en el Sinaia, el Ipanema o el Mexique no eran sólo exiliados de una guerra, sino prójimos puestos en su camino. Esos transterrados no se limitaron a vivir al amparo tricolor. Llegaron con lo puesto y se entregaron al trabajo. A cambio del asilo, ofrecieron conocimiento y disciplina y construyeron instituciones. No fue una relación pasiva, sino un intercambio provechoso: México los acogió y ellos contribuyeron a ensanchar la vida cultural y académica del país que los acogió.

Pero la historia terminó alcanzándolos. A las seis y media de la tarde del 18 de marzo de 1977, José López Portillo sostuvo una entrevista “dolorosa y tremenda” con José Maldonado González, presidente de la República en el exilio, para poner fin a las relaciones que México había mantenido desde los días del general Cárdenas con aquella España derrotada. Fue el cierre político de una guerra que llevaba cuarenta años prolongándose en la memoria de los transterrados. López Portillo recordaría después la “comprensión, la inteligencia y la orgullosa humildad” con que los republicanos aceptaron la decisión:

“El momento para mí fue dramático, emotivo. Todo mundo quiere relaciones normales con España y pocos se daban cuenta de que la precondición era liquidar las relaciones con la República. Hay, sin duda, una impresión de abandono si no se razona la medida, dura y desagradable”.

Este fin de las relaciones que México había conservado con la República aceleró una idea que durante años había estado en el ánimo de Buendía: un libro para dar a conocer la riqueza que llegó a México con los transterrados de la madre patria. Al abrir su puerta a los republicanos españoles, México cumplía un compromiso con la historia.

López Portillo nunca superó el dolor por la “dura y difícil” medida. Ni el paso del agua bajo los puentes del tiempo ni que “muchas cosas se hubieran hundido en los pantanos”, evitaron que el drama inicial de aquella decisión siguiera vivo en su alma. Por eso atendió la propuesta de un grupo de periodistas encabezados por Buendía cuando el jueves 22 de noviembre de 1979 fue huésped del Ateneo de Angangueo: publicar una obra que recontara el aporte de los republicanos españoles que llegaron exiliados al país echados de su patria por la guerra civil.

Así nació El exilio español en México: 1939-1982. No como gesto nostálgico ni concesión cultural de fin de sexenio, sino como declaración intelectual y política. El libro fue un “monumento al exilio” para celebrar el pasado y justificar el presente. Recuperar los méritos del exilio español, sus aportaciones a la cultura y la creación de instituciones, permitía defender la hospitalidad mexicana frente a los nuevos transterrados latinoamericanos de las dictaduras militares del sur.

El libro operaba así en dos tiempos: memoria y legitimación. Salvador Reyes Nevares hizo el plan y supervisó su ejecución. Se armaron grupos de consejeros, de investigación y redacción y la obra apareció en 1982. Vista a la distancia, El exilio español en México fue algo más que un libro colectivo. Fue una intervención pública, una forma de decir que la memoria también podía ser una forma de periodismo.

Impulsar esa obra fue para Manuel Buendía como escribir una columna de mil páginas. Una defensa sostenida de la idea del exilio como fuerza civilizatoria y no como lastre político; una toma de posición frente a quienes veían en los recién llegados una carga incómoda. No era solo historia: era presente y, sobre todo, argumento.

Resulta difícil imaginar un solo campo de la vida mexicana que no haya sido afectado, en una u otra forma, por los republicanos españoles. En las páginas del libro no hay una, sino muchas lecciones tanto para los peninsulares como para los indianos, en particular quienes penosamente parecen incapaces de comprender, y menos apreciar, las profundas consecuencia de un encuentro de culturas: a la historia hay que entenderla, no manipularla y menos satanizarla.  

Lo que primero salta a la vista de esa inmigración es la amplitud y complejidad de su composición. El exilio… contiene 32 ensayos en casi mil páginas, unos técnicos, otros culturales y alguno emocionante, como el de Ricardo Garibay que recuerda “aquellos españoles” que se cruzaron en su camino:

“He vivido cuarenta años con la certeza de que entre los españoles de México y yo había toda suerte de inteligencias y acuerdos; los conocía y me conocían, me habían secreteado mucho de sí; la gente no tenía idea del tamaño y calidad de mi amorosa información. Vi que eso no era cierto. No me creí. La cosa era decidir con quién o por quién comenzar. Recasens, Pedrozo, García Bacca, Gaos, Pascual del Roncal, Medina Echevarría, Puche, Garfias, Díez-Canedo, Gil Albert, Azcarra, Ímaz, Xirau, Millares Carlo, Gallegos Rocafull … ¿Con quién? ¿Por quién?”

LOS CAPITALES| Preocupa la caída del empleo formal en la economía mexicana

Edgar González Martínez

SemMéxico, Cd. de México, 18 de mayo, 2026.- De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en abril, apenas se crearon 24 mil puestos de trabajo, un resultado todavía limitado, aunque favorable frente a la contracción observada en el mismo mes del año previo. Por supuesto, habría que ponderar que en términos anuales, el empleo formal registró un crecimiento de 1.5%; sin embargo, al excluir a los trabajadores de plataformas digitales, el crecimiento se reduce a 0.8%. Si bien esta cifra representa una ligera mejora respecto al mes previo, aún resulta insuficiente para señalar un cambio de tendencia en la dinámica del empleo.

Para David Cervantes Arenillas del BBVA México, la debilidad que ha venido mostrando el mercado laboral no responde únicamente a factores transitorios. El bajo crecimiento acumulado del empleo formal en los últimos meses, junto con la caída persistente en el número de empleadores formales y la debilidad de la inversión, sugieren un deterioro más estructural en la capacidad de generación de empleo de la economía. En este contexto, al hacer un balance desde octubre de 2024, el empleo formal apenas ha acumulado un crecimiento de 0.6%, reflejando un virtual estancamiento en la creación de puestos de trabajo durante los últimos 19 meses y evidenciando la persistente debilidad del mercado laboral formal en México.

Por ejemplo, los datos del IMSS sobre patrones registrados continúan mostrando debilidad. En abril registraron una caída anual de -2.7%, acumulando 22 meses consecutivos de variaciones negativas, lo que evidencia un deterioro persistente en la base patronal formal, en línea con la debilidad que ha mostrado la economía y el mercado laboral.

Cabe señalar que el IMSS, en el reporte de puestos de trabajo publicado en mayo, indica que los registros patronales corresponden a unidades administrativas y no necesariamente a empresas o establecimientos únicos, por lo que su reducción puede responder tanto a factores económicos como a procesos de depuración o actualización administrativa. Sin embargo, aun considerando estas precisiones metodológicas, la evolución de los registros patronales continúa siendo un indicador relevante de la fortaleza del tejido empresarial formal, dada su estrecha relación con el ciclo económico y el comportamiento del empleo.

También habría que analizar que históricamente los periodos de desaceleración económica y menor generación de empleo han coincidido con reducciones en el número de patrones registrados, mientras que en fases de expansión ocurre lo contrario. Además, al complementar esta información con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, se observa una divergencia cada vez más clara entre el sector formal e informal. Mientras los empleadores formales muestran caídas sostenidas, los empleadores informales continúan creciendo a un ritmo significativamente mayor.

En fin, el bajo crecimiento del empleo formal, la caída de la inversión y el deterioro de la confianza empresarial—, sugieren que su comportamiento responde a un entorno económico menos favorable para la creación y permanencia de unidades productivas formales. En conjunto, esta dinámica apunta a un debilitamiento sostenido del tejido productivo formal, particularmente entre las unidades económicas de menor tamaño. En este tenor, destaca el sector de la construcción, que registró su mejor desempeño en lo que va del año, acumulando cuatro meses consecutivos de crecimiento mensual del empleo. En abril, creció 1.2% mensual en cifras desestacionalizadas, lo que sugiere una recuperación gradual tras la fuerte debilidad observada desde finales de 2024. No obstante, en términos anuales el crecimiento continúa siendo moderado (0.5%), reflejando que la recuperación aún es incipiente.

Asimismo, El sector de transportes y comunicaciones volvió a mostrar un crecimiento destacado, con una variación mensual de 0.93% y un crecimiento anual de 10.9%. Sin embargo, este comportamiento continúa altamente influido por la incorporación de trabajadores de plataformas digitales, por lo que una parte importante del dinamismo observado no necesariamente refleja una recuperación generalizada de la actividad tradicional del sector. Y el sector servicios mantuvo un desempeño positivo, con un crecimiento mensual de 0.24%, aunque moderando el ritmo observado el mes previo (0.63%). A tasa anual, el empleo en servicios creció 2.1%, consolidándose como uno de los principales soportes del empleo formal, dada su elevada participación dentro del empleo total.

Pero el sector comercio prolongó su debilidad, registrando una caída mensual de -0.13%. Este comportamiento resulta consistente con la desaceleración del consumo privado. En línea con ello, el Indicador de Consumo Big Data BBVA Research (ICBD BBVA Research) reportó en abril una caída mensual real de -0.4% ajustada por estacionalidad, mientras que el consumo de bienes disminuyó -0.5% en el mismo periodo.

Y por último, el sector agropecuario continuó mostrando el mayor deterioro relativo dentro del mercado laboral formal. En abril registró una caída mensual de -0.69% y una contracción anual de -3.4%, acumulando 32 meses consecutivos de variaciones anuales negativas. La persistencia de esta dinámica refleja un deterioro estructural del sector y apunta hacia un periodo prolongado de debilidad en la generación de empleo agropecuario formal.

loscapitales@yahoo.com.mx

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Alfa Omega| Espionaje, Injerencia e Invasiones Yanquis

Las Relaciones Diplomáticas Tensas con EUA

Marco Rubio Coordina El Plan Trump

En la Nueva España, Hubo Espías Yanquis

Poinsett Actuó Desde Hace Más de Dos Siglos

Jorge Herrera Valenzuela

SemMéxico, Cd. de México, 18 de mayo, 2026.- El neoyorkino Franklin Delano Roosevelt fue presidente de Estados Unidos de América, de 1933 a 1945. Hombre visionario vivió antes, durante y casi el final de la Segunda Guerra Mundial. En su toma de posesión señaló que su gobierno habría de fincarse “En la Política del Buen Vecino” y tuvo eco latinoamericano. El humor mexicano puso en juego una frase: “México, es el Bueno y Estados Unidos, el Vecino”.

Las relaciones diplomáticas, entre los gobiernos de México y Estados Unidos de América, no están en un punto convergente. Hay tensión.

 El presidente norteamericano solicita la inmediata extradición de diez políticos sinaloenses acusados, en una Corte de Nueva York, de tener ligas con narcotraficantes.

Nuestra Primera Presidenta demanda que le entreguen “pruebas convincentes” contra el gobernador de Sinaloa y 9 de sus colaboradores. Argumenta que actúa en defensa de la soberanía mexicana.

Ambas posiciones dan margen a pensar, no a especular, que las dos partes no ceden y han politizado el asunto. A Trump le urge librar el escollo, porque tiene elecciones en noviembre y a doña Claudia la tenemos envuelta en el lábaro patrio, defendiendo la soberanía.

El problema comenzó, el pasado 19 de abril, al morir dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, en un accidente automovilístico, después de participar en el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, en la Sierra Tarahumara, donde se producía droga.

La operación se realizó sin conocimiento, versión oficial, de la presidenta y Palacio Nacional acusa de “traición a la Patria” a la gobernadora de Chihuahua. La dirigencia del partido en el poder organizó una marcha, en Chihuahua, para demandar el desafuero de Maru Campos; también piden juicio político y cadena perpetua.

El Secretario de la Defensa Nacional declaró que participaron 73 militares, como “seguridad periférica”, a solicitud del Fiscal General de la entidad. Los comisionados pertenecen a la 42 Zona Militar. La versión grabada circuló en redes sociales y no fue desmentida.

Diez días después, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Administración de Control de Drogas, DEA, acusaron al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y 9 personas más por “conspiración para traficar fentanilo, cocaína y metanfetaminas, delito de armas y, en su caso, de secuestro y homicidio”.

Señalaron que los diez sinaloenses conspiraron con el Cártel de Sinaloa para vender la droga en territorio de la Unión Americana. La jueza Katherine Polk Failla se encargará del proceso.

Donald Trump ha dicho que, si las autoridades mexicanas no quieren hacer el trabajo, él lo hará sin importarle las quejas de los mexicanos. La acción se realizaría por vía terrestre.

COORDINAN ACCIONES

Terrance C. “Terry” Cole y Kash Batel, directores de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA y del FBI, Buró Federal de Instigaciones, respectivamente, comparten el hecho de que “no hay duda de que los narcotraficantes y los altos cargos del gobierno mexicano han compartido cama por años”.

Ambos están coordinados para el plan diseñado por Donald Trump para la guerra contra los integrantes de los cárteles bajo las órdenes de Marco Rubio, Secretario de Estado.

También están en el grupo, el Secretario de Guerra, Pete Hegseth y John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Investigaciones, la temida CIA. Pete afirmó, en la Cámara de Representantes, que el Gobierno Mexicano ha colaborado sin precedentes, pero necesita “incrementar esfuerzos en la lucha antidrogas, para que, nosotros, no tengamos que hacerlo”.

Oficialmente México y Estados Unidos rechazaron que los hechos del 28 de marzo, en la cercanía del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, donde murieron dos personas al estallar, una bomba, en el vehículo donde viajaban, estén relacionados con los narcotraficantes.

Versiones periodísticas norteamericanas señalaron que, la acción fue orquestada por la CIA. Francisco Beltrán “El Payín”, presunto operador del Cártel de Sinaloa, regresaba y fue recogido en el AIFA por su paisano Humberto Rangel Muñoz. Sus cuerpos quedaron dentro de la camioneta pick up.

“El Payín” era de las confianzas de “El Mencho”, como Audias Flores Silva, “El Jardinero”, aprehendido por marinos el pasado 27 de abril. Audias era, dicen, el sucesor de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, muerto el 22 de febrero de este año, en Tapalpa, Jalisco.

En Washington trascendió que antes de concluir este mes, los 10 sinaloenses estarán en Nueva York y no precisamente vacacionando.

Mientras tanto en México se tiene una cortina de silencio. Rubén Rocha Moya está ubicado en su domicilio particular en Culiacán, según la gobernadora interina. Otra versión es que se encuentra en la Ciudad de México, con una guardia especial.

INTERESANTE HISTORIA

La siempre mentalidad de reportero me lleva a buscar los antecedentes de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, encontrando que el primer embajador mexicano fue nombrado por el emperador Agustín de Iturbide y James Quincy Adams nos envió a un botánico, estadista y político como ministro, aunque lo refieren como “primer embajador”.

Joel Roberts Poinsett, se inició en 1810 como “agente especial” en América del Sur, llegó a nuestro País en 1820 sin cargo alguno y dos años después lo acreditan como “enviado especial en México”. 

El guanajuatense José Manuel Zozaya y Bermúdez, abogado del emperador Iturbide, recibe el nombramiento de “enviado extraordinario y plenipotenciario del Primer Imperio de México”. Fue el primer titular de una misión diplomática acreditada en Washington, del 12 de diciembre de 1822 al 20 de mayo de 1823.

Con ese nombramiento quedó registrado como el inicio de las relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos.    

Durante diez años, Poinsett, se involucra en la política mexicana y tiene la misión de visualizar la anexión de Texas, además de “analizar y persuadir al gobierno imperial, para que le diera una gran cantidad de Estados”.

Poinsett más que diplomático tuvo una labor de espionaje al recorrer la aun no integrada República Mexicana. Al desarrollarse la campaña para elegir al primer Presidente de México, el norteamericano de Carolina del Sur, trató directamente con Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Lorenzo de Zavala.

En la complicada y compleja sucesión de Guadalupe Victoria, Poinsett participó sin recato alguno hasta que asumió la presidencia el médico michoacano Anastasio Bustamante. En 1830 regresó a su país, donde continuó figurando en cargos públicos.

INTERVENCIONES, INVASIONES

México perdió el 55 por ciento del territorio original no solamente por las acciones políticas, sino por la no colonización y la llegada de europeos para sentarse en esas tierras, en las cuales había una población considerable de tribus, éstas sin ninguna relación con los pueblos de la entonces Nueva España.

En el Norte de la extensa superficie estaba conformado el territorio de Coahuila-Texas, en 1776 era parte de la Comandancia General de las Provincias Internas de Oriente que incluía a Nuevo León y Nuevo Santander, hoy Tamaulipas. Todo bajo el mando del Virrey de Nueva España.

Para 1836 tendrá lugar la primera invasión a nuestro amplio territorio, porque los pobladores de Texas decidieron independizarse como República Independiente.

Desde octubre del año anterior comenzó el movimiento militar, apoyándose en la abolición de la Constitución de 1824 y la declaración de las Siete Leyes del presidente Antonio López de Santa Anna.

Los texanos, civiles y militares, estaban comandados por Samuel Houston que en la Batalla de San Jacinto derrotaron a los mexicanos e hizo prisionero a Santa Anna, obligándolo a firmar el Tratado de Velasco a favor de Texas. En 1845 los texanos son una estrella más en la bandera que también tiene barras.

Fue una invasión militar, porque tal acción está considerada como “la entrada de fuerzas militares para conquistar o cambiar el gobierno existente, dominar y someter, violando principios del Derecho Internacional”.

La intervención del 25 de abril de 1846 al 2 de febrero de 1948, es ampliamente conocida, por las batallas en el Castillo de Chapultepec, en El Molinito, en Padierna y Churubusco.

Es poco conocida la crónica de José María Roa Bárcenas, que nos revela como el capitán Roberts izó la bandera de las barras y estrellas. Ese mismo lienzo el teniente Lovell lo ondeó cuando cruzaba por el segundo piso de Palacio Nacional. 

Roa Bárcenas, joven de 20 años de edad, fue testigo de ese suceso. Escribió que se escuchó el disparo de un tiro y Roberts cayó herido. Dos días hubo batallas en las calles de la Capital Mexicana. Muertos en todas las calles. Murieron unos mil norteamericanos y Winfield Scott ordenó fusilar a los presos mexicanos y dar azotes a otros.

Interesantes los relatos, sobre estos dos días trágicos, los escribieron Guillermo Prieto, Isabel Tovar de Teresa y Magdalena Maas y la obra del escritor Roa Bárcenas que redactó en 1877.

Cuando los norteamericanos tenían intervenido a México, entre 1846 y 1848, fueron presidentes Pedro María Anaya, Santa Anna y Manuel de la Peña y Peña, éste del 16 de septiembre al 13 de noviembre del 47, mientras el de 11 veces presidente marchó a esconderse en Querétaro.

jherrerav@live.com.mx

TRAS LA PUERTA DEL PODER| Sheinbaum: ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México

Roberto Vizcaíno

SemMéxico, Cd. de México, 18 de mayo, 2026.- Ante la fuga -y auto entrega a EU- de los dos más cercanos y vitales colaboradores del gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, y frente el cierre del cerco de EU contra los narcopoliticos de la 4T, la presidenta Claudia Sheinbaum siente que, desde fuera, podrían intentar arrebatarle el proyecto de la transformación.

Es decir, venir por un cambio de régimen. O a poner fin al de la llamada 4T, proyecto ideado y lanzado por Andrés Manuel López Obrador a partir de 2018. Y que ella continua.

Obvio, no lo dijo, pero es evidente que ese alguien que amenaza a la 4T es sin duda el Gobierno de Donald Trump… apoyado por su secretario de Estado el cubano-americano Marco Rubio.

No puede leerse de otra forma lo que la mandataria mexicana -hoy arrinconada por el caso de las acusaciones hechas por el Departamento de Justicia y el tribunal del sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa el morenista Rubén Rocha Moya y 9 cómplices más por narcotráfico- dijo sin más el sábado en Kanasin, Yucatán, en una gira finsemanal.

“Nadie le va a arrebatar la transformación al pueblo de México… le pertenece al pueblo… no, ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México”.

Sheinbaum lanzó su advertencia luego de inaugurar un plantel de la Universidad Rosario Castellanos y al hablar a jóvenes estudiantes que no sabían a que se refería. Agregó:

“Los corruptos de antes no le van a robar la transformación al pueblo de México…”

Y les pidió estar atentos.

“No se les olvide nunca, porque los derechos conquistados del pueblo se pueden perder si no somos conscientes de lo que tenemos…”

SE ENTREGAN 2 SOCIOS VITALES DE ROCHA MOYA

Hacia fines de la semana trascendió la sorpresiva, obviamente inesperada fuga y auto entrega, casi simultánea, del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez -exsecretario de Seguridad- y de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas en el Gobierno de Rocha Moya.

Ambos se encuentran hoy ya en el tribunal del sur de Nueva York donde se seguirá el juicio contra ellos, el exgobernador de Sinaloa Ruben Rocha Moyael senador Enrique Inzunza Cázarez y otros 5 acusados por ser parte del Cartel de Sinaloa y operar bajo el mando de Los Chapitos.

Por los cargos que ocuparon en el momento en que lo hicieron, Merida Sánchez y Diaz Vega podrían implicar gravemente al gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena.

En esos hechos, afirman en EU, se utilizó al Cartel de Sinaloa y Los Chapitos para amedrentar, secuestrar e incluso ejecutar opositores y así ganar para los candidatos de Morena la gubernatura, las alcaldías y las diputaciones en la elección de Sinaloa en 2021 y en otras entidades más: BC, Sonora, Nayarit, Colima y Guerrero.

TRUMP ESTRECHA SU ASEDIO VS CLAUDIA

Todo eso se da mientras el presidente Donald Trump estrecha su cerco contra el gobierno de Claudia Sheinbaum.

El fin de semana el reconocido periodista Jack Nicklaus de The New York Times informó que el Departamento de Justicia de Trump presiona a sus fiscales federales a que investiguen y utilicen leyes de terrorismo en los expedientes sobre corrupción y narcotráfico que involucran a funcionarios mexicanos…

Esta instrucción se da luego de que el jefe de la DEA, Terry Cole aseguró que los políticos mexicanos aliados a los carteles son igualmente culpables de envenenar y asesinar estadounidenses.

“No hay duda de que los narcotraficantes y los altos funcionarios del gobierno en México han estado en la cama durante años… son igual de responsables por la muerte y la destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, conspirar, al ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y, senador (dijo al republicano Kennedy), le puedo asegurar que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México…”

PANISTAS ZARANDEAN A DIRIGENTES DE MORENA EN CHIHUAHUA

Dentro del principio popular de que el que se ríe se lleva, el panismo que apoya a la gobernadora de Chihuahua Maru Campos, le pegó una fuerte zarandeada a Ariadna Montiel y a Andrés Andy López Beltrán, líder nacional y secretario de Organización de Morena a su llegada a Chihuahua para encabezar una marcha de protesta contra la mandataria estatal panista.

Los contingentes de aguerridos blanquiazules los recibieron con silbatos, mantas en favor de la gobernadora y de repudio a los dirigentes de Morena y los rodearon y asediaron por todo el aeropuerto hasta que subieron a sus camionetas.

Al parejo otros contingentes de panistas apoyados por transportistas y agricultores del estado, cerraron carreteras convergentes a la capital del estado, para impedir la llegada de autobuses con acarreados de Morena desde otras entidades.

La estrategia fue simple: les pidieron su credencial de elector y quienes no eran de Chihuahua simplemente no pasaban.

Una de su propio chocolate.

Al final la marcha de protesta morenista encabezada por Montiel y Andy, junto con la senadora Andrea Chavez y el alcalde Cruz Pérez, no pasó de ser una más en este México convulso.

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Renuncia la Primera Ministra de Letonia Evika Silina por polémica en la guerra entre Rusia y Ucrania

Letonia ratificó el Convenio de Estambul en 2023

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 18 de mayo,  2026.- Evika Silina, la primera ministra de Letonia, ha renunciado tras la polémica desatada por el impacto de varios drones ucranianos que accidentalmente cayeron en   el país báltico y por fallas en la defensa.

La mandataria había perdido su mayoría parlamentaria la víspera, cuando se rompió la coalición de gobierno, al haber despedido al ministro de Defensa, Andris Spruds, a quien responsabilizó de no haber desplegado con suficiente rapidez los sistemas antidrones. El partido izquierdista del exministro, los Progresistas, retiró entonces el respaldo al ejecutivo.

Letonia es uno de los aliados más firmes y activos de Ucrania, brindando apoyo financiero, militar, humanitario y diplomático incondicional desde el inicio de la invasión rusa. Ucrania aseguró que los aparatos participaban en ataques contra objetivos en Rusia, pero fueron desviados por interferencias electrónicas de la defensa rusa. Uno de ellos provocó un incendio en un antiguo sitio de almacenamiento petrolero en el este del país, sin causar víctimas. Otro dron ucraniano ya había caído en Letonia el 25 de marzo.

«Somos plenamente conscientes de los tiempos que estamos viviendo. La brutal guerra que Rusia desató en Ucrania altera la situación de seguridad en toda Europa», dijo la primer ministro Evika Silina tras anunciar su dimisión.

Evika Silina, la segunda mujer en liderar un Gobierno letón desde que el país recuperó su independencia en 1991, la primera fue Vīķe-Freiberga (1999-2007),  ha enumerado lo que ha calificado como logros de su gestión como primera ministra, cargo que asumió en 2023. Entre ellos, ha mencionado el aumento del  gasto en defensa hasta el 5 por ciento del PIB, la indexación de las pensiones y la reducción del coste de los productos farmacéuticos.

Asimismo fue capaz de superar distintos episodios de tensión en la coalición de gobierno, como los roces en torno a la ratificación del Convenio de Estambul contra la violencia hacia las mujeres, un texto firmado por Letonia en 2016 pero ratificado en noviembre de 2023, con la oposición de la alianza de los Verdes y los agricultores (ZSS), coalición política de centro derecha.

El Convenio de Estambul es el tratado internacional del Consejo de Europa diseñado para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Abierto a la firma en 2011, establece que esta violencia es una violación de los derechos humanos y obliga a los Estados a erradicarla.

De acuerdo a Amnistía Internacional está en vigor desde el 1 de agosto de 2014. Lo han ratificado 39 países europeos, además de la Unión Europea, para los que es jurídicamente vinculante. Los países que aún no lo han ratificado son, por orden alfabético: Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Lituania y República Checa. Turquía, por su parte, hizo oficial su salida del Convenio de Estambul en 2021. En Letonia, el Parlamento votó en 2025 a favor de retirarse del Convenio, pero la retirada aún no se ha hecho efectiva y el futuro de su participación sigue abierto.

Su estructura y aplicación se basan en cuatro pilares fundamentales, conocidos como las «cuatro P»: Prevención: Promover la educación, erradicar estereotipos de género y capacitar a profesionales. Protección: Garantizar apoyo y asistencia inmediata a las víctimas. Persecución: Tipificar penalmente todas las formas de violencia (incluyendo el acoso, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la violencia sexual) y asegurar el castigo de los agresores. Políticas coordinadas: Implementar estrategias integrales que involucren a todas las instituciones y niveles gubernamentales.

Letonia es una república soberana que se rige por su Constitución (Satversme) y divide el poder de la siguiente manera: Un Presidente que representa al país internacionalmente, actúa como comandante en jefe de las fuerzas armadas, promulga leyes y puede proponer legislación o devolverla al parlamento para su reconsideración. Es elegido por el parlamento letón (el Saeima) por un periodo de 4 años.

El Primer Ministro, que es el miembro más poderoso del gobierno. Se encarga de dirigir la administración pública, establece la agenda política nacional y preside el Consejo de Ministros. Es designado formalmente por el presidente, pero necesita obligatoriamente el respaldo de la mayoría en el parlamento para poder gobernar

El Poder Legislativo, que reside en el Saeima, un parlamento unicameral compuesto por 100 diputados elegidos por sufragio popular directo cada 4 años.

Letonia atraviesa una marcada diferencia demográfica entre hombres y mujeres, una situación que afecta especialmente a la población femenina. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, durante 2023 las mujeres representaron el 53,68% de los habitantes del país, mientras que los hombres alcanzaron solo el 46,32%.

Es un país soberano ubicado en el noreste de Europa, en la región conocida como el Báltico. Limita al norte con Estonia, al este con Rusia, al sureste con Bielorrusia, al sur con Lituania y al oeste con el mar Báltico. Su capital es la ciudad de Riga.

“Dimito, pero no me rindo”, ha declarado Evika Silina en una comparecencia televisada.

“He tomado una decisión difícil, pero honesta: dimitir del cargo de primera ministra. Mi prioridad ahora y siempre ha sido el bienestar y la seguridad de la gente de Letonia. Los partidos y las coaliciones cambian, pero Letonia permanece. Y mi responsabilidad ante la sociedad está por encima de todo”, ha aseverado en su comunicado de renuncia.

El presidente letón, Edgars Rinkevics, ha convocado para una ronda de reuniones con todos los partidos representados en el Parlamento con el objetivo de explorar consensos de cara a designar a un nuevo candidato a primer ministro que encabece un Gobierno interino hasta la celebración de las próximas elecciones.

*Con información de DW.com

Ratifica México apoyo a Michelle Bachelet Jeria para presidir la ONU

Ratifica México apoyo a Michelle Bachelet Jeria  para presidir la ONU

Sería la primera mujer en la Secretaría General de Naciones Unidas, socialista y feminista

La ex mandataria de Chile ha sido la directora l de ONU Mujeres y presidió la comisión de Derechos Humanos en Ginebra

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 18 de mayo, 2026.- México ratificó el respaldo a Michelle Bachelet Jeria para presidir la Secretaria General de las Naciones Unidas.  La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión con la dos veces exmandataria chilena a quien describió como una “mujer brillante” y promotora de la paz, el desarrollo y la justicia”, el pasado viernes.

«Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas», afirmó Sheinbaum en un mensaje en su cuenta de X, tras reunirse con Bachelet.

Previo a su reunión con Sheinbaum Pardo, Michele Bachelet mantuvo un encuentro con el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco con quien intercambió puntos de vista sobre los desafíos de la agenda multilateral y el papel de la ONU en el complejo contexto internacional actual.

En 80 años, nunca una mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y un solo representante de América Latina, el diplomático peruano Javier Pérez de Cuellar dirigió el organismo de 1982 a 1991.

En entrevista con AFP el 23 de diciembre de 2025, Michele Bachelet quien ha sido directora de ONU Mujeres (2010-2013) y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022), declaró que el mundo está preparado para que una mujer asuma por primera vez la conducción de las Naciones Unidas, un liderazgo diferente.

El encuentro se da en medio de la campaña impulsada por México y Brasil para promover a Bachelet al frente del organismo internacional, pese a que el gobierno chileno de José Antonio Kast retiró el respaldo a su candidatura. Ella fue propuesta por el exmandatario Gabriel Boric junto con México y Brasil. 

Michelle Bachellet compite por el cargo con la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan y el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Para asumir el cargo, el candidato debe obtener el respaldo de una mayoría del Consejo de Seguridad de la ONU sin ser vetado por ninguno de sus miembros permanentes y posteriormente ser aprobado por la Asamblea General.

México ha insistido en la necesidad de revitalizar el multilateralismo y reforzar a las instituciones globales, en un escenario marcado por guerras, tensiones geopolíticas y el uso creciente de medidas unilaterales, una postura que el actual Gobierno ha vinculado de manera directa con los principios constitucionales de la política exterior mexicana.

Pretendían liberar a sentenciado por el feminicidio de Karla en Puebla

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+ Familia y organizaciones pidieron al poder judicial garantizar el proceso con perspectiva de género e investigar al juez

+ La autoridad dice que no iban a liberarlo y mandan foto del inculpado en prisión

Redacción

SemMéxico, Puebla, 15 de mayo, 2026.- Familiares y activistas de esta entidad solicitaron al poder Judicial y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que Manuel Forcelledo Nader, feminicida sentenciado a 76 años de prisión cumpla su sentencia y no se le otorgue la medida cautelar para que lleve el proceso en libertad, como trascendió en días pasados.

El victimario cometió el delito de feminicidio en contra de Karla López Albert, ocurrió en 2014, cuando ella se encontraba embarazada, sin embargo, hubo alarma entre la familia y las activistas luego de que este jueves se informó que el juez Enrique Romero Razo, trató de modificar el proceso legal, para favorecer al victimario con el cambio de la medida cautelar.

De ahí el llamado el llamado a la presidenta del Poder Judicial, María Belinda Aguilar Díaz a garantizar una justicia con perspectiva de género, el cumplimiento de la sentencia, en el que NO se otorgue la medida cautelar.

También piden al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a investigar las actuaciones del juez Enrique Romero Razo, y los posibles actos de corrupción y de impunidad en el proceso y, que den a conocer a la opinión pública el resultado de la investigación.

Solicitan a la Fiscalía del Estado, a investigar los hechos y garantizar una investigación con debida diligencia y la no revictimización y que la Comisión de Derechos Humanos en Puebla, emita una recomendación al Poder Judicial, para que los feminicidios en el Estado garanticen la justicia con perspectiva de género y en especial para Karla López Albert.

El feminicidio de Karla López Albert ocurrió en 2014, ella se encontraba embarazada, la sentencia contra Forcelledo Nader fue de 76 años de prisión fue emitida el 13 de mayo de 2021.

En la carta, mencionan que Amnistía Internacional y ONU Mujeres sostienen que en México son asesinadas todos los días entre 10 y 14 mujeres víctimas de feminicidio, destacando la persistencia de la impunidad y la corrupción en la actuación de las fiscalías y el poder judicial, reflejando las fallas estructurales del sistema judicial, por la falta de la perspectiva de género en las investigaciones y en la impartición de justicia.

Vivimos en una «Justicia Fallida», pese a la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Feminicidio, que reforma el artículo 73, para emitir la nueva Ley General del Feminicidio, anunciado recién por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La polémica por esta iniciativa del juez Enrique Romero Razo, inició el pasado martes, al final fue revocada y las autoridades tuvieron que enviar una fotografía a algunos medios donde se ve al sentenciado dentro de la prisión y se ocuparon en negar los hechos.

SEM/sj

La Mala Educación| Mienten | 19

Sonia del Valle

SemMéxico, Ciudad de México, 15 de mayo 2026.- Una aprende como periodista que los políticos mienten, sean hombres o mujeres. Desconozco si lo de mentir viene con el cargo, pero son capaces de mirarte de frente y mentir, así sin remordimiento.

Lo traigo a colación porque ayer por la noche me quedé sin internet y no pude actualizar esta historia, pero sirvió de algo: encontré en mi archivo el desplegado que la maestra ordenó publicar en Reforma y como les conté, René Delgado, entonces director del periódico, me recomendó enmarcar porque era casi un premio.

Al releerlo, dos cosas me llaman la atención.

La primera es que Isaías Gallardo es el responsable de la publicación; el mismo que años después fue coacusado junto con Elba Esther Gordillo por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero relacionados con recursos del SNTE.

La segunda es el contenido del desplegado firmado por la Comisión Nacional Negociadora SEP y el SNTE:

“La Comision desmiente rotundamente la información publicada por el periódico Reforma referida a la supuesta demanda o petición, por parte del sindicato, de tratamiento especial, diferenciado o privilegiado en materia fiscal a favor de los trabajadores de educación. Cualquier documento que se refiera a este asunto es totalmente ajeno a esta Comisión”.

La nota tenía pruebas: la copia del documento firmada por la secretaria Josefina Vázquez Mota, sino por la fuerte que me la dio: diputado federal del PRI integrante de la Comisión Negociadora del SNTE.

La petición fue: “Este aumento del ISR pulveriza cualquier incremento salarial” y por ello

solicitaban: “Absorción del impacto del concepto del ISR…”

La nota se publica en medio del enojo empresarial y laboral por el aumento al ISR, en momentos en que la maestra quería, por decirlo de alguna manera, “limpiar su imagen” por eso montó en cólera y exigió cambiar el documento.

El Oficial Mayor, en una entrevista “aclaradora” dijo que mi documento “era el malo” y el bueno era el notariado. Este último tenía fecha de abril y media página en blanco; el otro, tenía fecha de marzo cuando fue entregado.

Yo la dejé pasar. Solo le seguí la pista. En mi mente construía pedazos de grandes reportajes que iba publicando y que al final de un año o varios años contaban una historia completa. Le llamo reportajes deconstruidos.

Tenía muchas líneas de investigación. Una de ellas fue sin duda las negociaciones salariales. Así que después de los desmentidos, de la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación, de que la SEP y el SNTE “limaran asperezas”, obtuve la respuesta oficial al Pliego General de Demandas del 2008.

“El pago del ISR correspondiente a las prestaciones…se mantendrá en los términos en que se realizó en el 2006, de manera tal que el personal docente de educación básica .. recibirá estas prestaciones sin afectación por concepto de dicho impuesto”.

Los funcionarios no solo dicen mentiras, también tienen mala memoria, yo no.

Dos de cada 10 denuncias por violencia de género ejercida por profesores de la UNAM terminan en despido

 + De 829 quejas presentadas en seis años y medio, solo 171 profesores han sido separados del cargo

+ El resto de los casos concluye en sanciones menores o sin resolución

Rafael García

SemMéxico/El Sol de México, Ciudad de México, 15 de mayo, 2026.- En los últimos seis años y medio, la UNAM ha dado de baja a 171 profesores por violencia de género, lo que representa 20 por ciento de las denuncias recibidas en ese periodo.

Según una solicitud vía transparencia realizada porEl Sol de México, en los últimos seis años y medio, alumnas han presentado 829 quejas ante la Defensoría de los Derechos Universitarios en contra de profesores de la UNAM, de las cuales sólo 171 han terminado en separación del cargo.

Otras 247 quejas han llegado a suspensión provisional, 155 han concluido en amonestaciones y 32 en exhorto.

Los datos de esta universidad también revelan que 109 de estas quejas no procedieron o bien, las autoridades determinaron que no se encontraron elementos para sancionar a los maestros.

“Poner una denuncia es algo súper simbólico que no genera para nada un estado de justicia restaurativa de ninguna índole. Entonces sabiendo que no vamos a obtener nada, es algo muy valiente hacerlo”, declaró una estudiante de la Facultad

de Ingenieríaque pidió no revelar su nombre y cuya queja contra un profesor no llegó a nada.

Asimismo, la Defensoría de los Derechos Universitarios ha realizado un total de 96 acompañamientos al Ministerio Público, Tribunal Universitario y/o Fiscalía.

Según la Defensoría, el protocolo de atención para estos casos consiste en brindar a las presuntas víctimas asesoría en materia de violencia de género, presentación y trámite de la queja, procedimiento de responsabilidad a través de sus instancias jurídicas; acompañamiento ante instancias externas y procedimiento de justicia restaurativa.

Sin embargo, la alumna de la Facultad de Ingeniería que solicitó anonimato aseguró que estos procesos pueden tardar de uno hasta dos años, y la mayor parte de estas quejas únicamente llegan a una llamada de atención o de una a dos semanas de suspensión.

Explicó además que interponer una queja es un proceso complicado porque la Defensoría se encuentra lejos de su Facultad, implica mucho tiempo y valor por el hecho de tener que ir sola a exponer su caso.

La estudiante mencionó que, si bien es cierto que las víctimas cuentan con el apoyo de las Personas Orientadoras Comunitarias (POC), quienes deberían tener una orientación en materia de género y únicamente escuchar sin dar un juicio de valor, esto no es así.

Criticó que los mecanismos no son los adecuados, ya que muchas veces las quejas se desechan debido a que las víctimas no presentan las pruebas suficientes. “Pero es que pues la violencia se desarrolla en lugares o en contextos donde no puedes tener pruebas más que los testimonios”.

Expuso también que el miedo de las estudiantes crece cuando la universidad no cuenta con medidas precautorias entre las alumnas y profesores.

Es decir, durante el proceso de investigación, el maestro sigue impartiendo clase a la presunta víctima, y esta tiene que buscar otro grupo en lugar de que el profesor sea removido.

Por último, la estudiante de la Facultad de Ingeniería dijo que la resolución no es del todo transparente, y que las víctimas no reciben ninguna explicación al respecto: únicamente les llega un correo con el veredicto.

Llamó a las víctimas de violencia de género a presentar las quejas correspondientes ante la Defensoría, a fin de que los antecedentes queden asentados.

Al respecto, la UNAM respondió a este diario que prevenir y atender la violencia de género es prioridad de la institución, ya que, al menos desde 2020, ha implementado diversas acciones para prevenir la violencia de género en las aulas y en los espacios digitales.

Entre ellas, destacó la impartición de cursos y talleres a profesores de la institución con el objetivo de prevenir la violencia de género en el aula.

También afirmó que se ha especializado en la identificación de riesgos y contextos de violencia, a través de estrategias centradas en la prevención antes que la reacción, formación continua y participación comunitaria.

Valeria Mondragón, abogada especialista en derechos humanos, aseguró que “es desalentador el panorama” de violencia de género de profesores hacia alumnas.

Indicó que este tipo de Comisiones de Honor o Defensorías son muy revictimizantes, pues desde el primer momento que existe una denuncia o queja, debería separarse al profesor del grupo, lo que no ocurre.

Asimismo, indicó que es importante que las denuncias “se muevan a otro lado”, porque si es la universidad la única que conoce de los casos, es probable que estos se estanquen. Señaló que en estos casos se combinan con abuso de autoridad, lo que quiere decir que los profesores utilizan su posición de poder para sacar provecho al respecto.

Explicó que la violencia de género se genera en el aula, pero también puede trasladarse a instancias digitales y fuera de la escuela.

SEM-El Sol de México/rg      

Disponible plataforma de localización de fosas clandestinas impulsada por IBERO 

+ Es impulsada por el Programa de Derechos Humanos de la institución 

+ Son mapas interactivos y bases de datos abiertas que pueden ser consultados 

Jorge Luis Cortés 

Sem México/Prensa Ibero, Ciudad de México, 15 de mayo, 2026.- La base de datos integra registros oficiales, reportes periodísticos y modelos de análisis para visibilizar la dimensión de la crisis forense y de desapariciones en México. 

La Plataforma Ciudadana de Fosas, impulsada por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, volvió a estar disponible para consulta pública y permite localizar las fosas clandestinas documentadas por especialistas, organizaciones y autoridades en cada estado y municipio de la República Mexicana. 

La herramienta reúne información oficial, hemerográfica y de análisis de datos para construir uno de los registros ciudadanos más amplios sobre fosas clandestinas, restos humanos y crisis forense en México. A través de mapas interactivos y bases de datos abiertas, las personas usuarias pueden consultar hallazgos por entidad federativa, municipio, fecha y número de cuerpos o restos localizados. 

La iniciativa es coordinada por el Programa de Derechos Humanos (PDH) IBERO en colaboración con ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica y Data Cívica. En etapas previas también participaron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Human Rights Data Analysis Group (HRDAG). 

Un proyecto surgido ante la falta de registros oficiales 

La Plataforma Ciudadana de Fosas nació como respuesta a la ausencia de un registro nacional público, completo y accesible sobre fosas clandestinas en México. Sus impulsoras señalan que, pese a la obligación legal del Estado mexicano de documentar este fenómeno, durante años la información permaneció fragmentada, incompleta o inaccesible para víctimas, colectivos y ciudadanía. 

El proyecto tiene antecedentes en los informes Violencia y Terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México, elaborados por organizaciones civiles y académicas para documentar la dimensión de las desapariciones y de la inhumación clandestina en el país entre 2006 y 2017. 

Posteriormente, la información evolucionó hacia una plataforma digital abierta y de actualización continua. 

De acuerdo con el sitio oficial, la versión más reciente incorpora datos hasta diciembre de 2024 y añade un diagnóstico sobre la crisis forense nacional, incluyendo problemáticas relacionadas con identificación humana, registros incompletos y opacidad institucional. 

Cómo se construyó la base de datos 

La metodología del proyecto explica que la información proviene de tres grandes fuentes: registros de fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República; 

solicitudes de acceso a la información pública; documentación periodística de medios nacionales y locales. 

Para integrar la base hemerográfica, el equipo del Programa de Derechos Humanos de la IBERO recopiló miles de notas periodísticas relacionadas con hallazgos de fosas clandestinas, cuerpos y restos humanos. Cada caso fue sometido a procesos de revisión y verificación para evitar duplicidades y corregir inconsistencias en fechas, municipios o número de víctimas. 

La metodología señala que muchas autoridades entregaron información incompleta o contradictoria. Incluso, algunos estados reportaron no tener fosas clandestinas pese a existir hallazgos documentados por prensa y organizaciones civiles. Por ello, la plataforma cruza distintas fuentes para construir un panorama más amplio y transparente del fenómeno. 

Las organizaciones responsables también advierten que los registros oficiales suelen presentar subregistro y diferencias importantes entre dependencias. Por ejemplo, mientras fiscalías estatales reportaron más de mil fosas clandestinas en años recientes, otras instituciones federales reconocieron cifras considerablemente menores. 

Mapas interactivos y análisis de contexto 

Uno de los elementos centrales de la plataforma es su sistema de visualización geográfica. El sitio permite explorar mapas interactivos para ubicar fosas clandestinas documentadas en todo el país, identificar patrones regionales y comparar información entre entidades federativas. 

Además, la plataforma incorpora herramientas de análisis de contexto y modelos de predicción desarrollados con técnicas de análisis de datos y aprendizaje de máquina, con el objetivo de identificar municipios con alta probabilidad de hallazgos de fosas clandestinas. 

Según las organizaciones impulsoras, estas herramientas buscan aportar información útil para investigaciones académicas, periodísticas, análisis de violencia y procesos de búsqueda de personas desaparecidas. 

Crisis forense y derecho a la verdad 

La Plataforma Ciudadana de Fosas subraya que la crisis de desapariciones en México no sólo implica la existencia de fosas clandestinas, sino también problemas estructurales de identificación forense, resguardo de cuerpos y acceso a la información para familias de personas desaparecidas. 

Las organizaciones responsables sostienen que garantizar información pública accesible sobre hallazgos de fosas forma parte del derecho a la verdad y de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos. 

La herramienta puede consultarse de manera gratuita y abierta en: 

Plataforma Ciudadana de Fosas 

SemMéxico-Pensa Ibero/jlc