Senméxico, Ciudad de México, 6 de mayo de 2026.- En un mayo caluroso como este 2026, la intervención de las fuerzas policiales en el municipio de Atenco, Estado de México abusaron de al menos 14 mujeres. Entre ellas dos extranjeras. Y 20 años las víctimas esperan justicia y reparación daño. No fue suficiente pedir perdón, no resultó la intervención de Naciones Unidas, ni tuvo efectos la petición de justicia desde España.
Lo que buscaban las fuerzas del orden, con represión era la rendición del pueblo de Atenco, donde se quería despojar a los pobladores de sus tierras para construir un aeropuerto. No se hizo, fracasó el gobierno de Vicente Fox, pero hubo una herida en los cuerpos de las mujeres. Era 2021, Fox tenía un año en el poder. En Edomex gobernaba Enrique Peña Nieto.
El pueblo organizado, durante muchos años denunció violaciones a los derechos humanos, a su estabilidad, al derecho a la tierra y la dignidad de las mujeres.
Se calificó el abuso a mujeres como tortura sexual. Se documentó y la situación fue denunciada internacionalmente. Hoy esperan. No hay reparación. Las denunciantes fueron 11 mujeres, pero la investigación dejó en claro que las atacadas y torturadas sexualmente pudieron llegar a ser hasta 50.
La denuncia se hizo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que varias veces sesionó en México.
Las autodenominadas sobrevivientes y documentaron el caso, son: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
Al hacer un balance este mayo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), consideró que lo ahí sucedido y como fue tratado deja en claro que sistemáticamente hubo desprecio e indolencia. La reparación está estancada y no se ha cumplido con el acuerdo reparatorio solicitado por la sentencia de la CIDH refiere el Prodh.
El caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó el 28 de noviembre de 2018, que el Estado Mexicano fue responsable de s graves violaciones a derechos humanos cometidas contra las 11 mujeres, incluyendo detenciones arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia.
La sentencia ordenó al Estado mexicano investigar y sancionar a todos los responsables de estos hechos a todos los niveles; fortalecer su mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres y crear un observatorio independiente de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México, así como brindar medidas de atención y rehabilitación a las mujeres.
Según el Centro Prodh, que desde entonces acompaña a las víctima hasta éstas nunca tuvieron atención médica y psicológica y no tuvieron la garantí de no repetición, lo que se examinó en una audiencia virtual de supervisión de cumplimiento ante la Corte IDH.
El Estado mexicano tampoco ha coordinado a las instituciones responsables de hacer cumplir la sentencia de la Corte IDH como la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Guardia Nacional.
Se explica que a pesar de la sentencia de la Corte IDH, el caso Atenco no tiene avances en la investigación. No hubo trabajo en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
La relatoría de lo que sucede, informa que las sobrevivientes interpusieron acciones legales en el fuero local y federal. Centro Prodh advierte hoy que nunca hubo un plan sobre el operativo en su conjunto que investigue a toda la cadena de mando, por lo que la impunidad persiste.
Entre las cosas sobre las que la Corte Interamericana sentenció al Estado Mexicano, fue realizar una investigación para esclarecer los hechos en un «plazo razonable» y sancionar los distintos grados de responsabilidad, y desde 2018 esto no se cumplió, a pesar de compromisos públicos de la Secretaría de Gobernación. Menos se ha informado de las omisiones de los funcionarios, los probables responsables o las medidas aplicadas. No sólo hay estancamiento, sino desaire.
El Centro Prodh explica que el uso de la fuerza no se reconoce. Y que el fortalecimiento al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual es «nulo» y que las medidas individuales de atención y rehabilitación no se cumplieron cabalmente.
«El Estado mexicano mantiene un paso lento en liquidar su deuda en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos de las mujeres, al tiempo que se mantienen vigentes las problemáticas que derivaron en la sentencia: la persistencia de la tortura sexual, la impunidad en la comisión de graves violaciones a derechos humanos y el abuso de la fuerza.» -Centro Prodh.
Qué pasó
En 2006 existía un conflicto entre el gobierno federal y pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco en el estado de México quienes luchaban por evitar la construcción del aeropuerto alterno a la Ciudad de México en esa zona.
Como escalo el conflicto 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y mil 815 agentes municipales y estatales pusieron en marcha un operativo contra el pueblo de Atenco, y activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). El pretexto oficial fue que unas floristas habían violado el espacio de un mercado.
El l 3 y 4 de mayo, las fuerzas del orden, irrumpieron con uso excesivo de la fuerza en los poblados y comenzaron las detenciones arbitrarias y las torturas.
El operativo resultó en la detención de 47 mujeres, sobre las que cometieron tortura sexual, física, amenazas para a ellas y sus familias. Un total de 26 mujeres detenidas en el Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO) Santiaguito de Almoloya de Juárez denunciaron violencia al ingresar al penal.
Esa represión de hace dos décadas, dos jóvenes perdieron la vida: Francisco Javier Cortés Santiago de 14 años y Ollin Alexis Benhumea de 20 años.
Organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) documentaron las denuncias. Del total de autoridades desplegadas que participaron en los hechos, solo 21 policías estatales fueron consignados por abuso de autoridad, pero los dejaron en libertad junto con el policía condenado por delito no grave en contra de una de las mujeres agredidas de forma sexual.
Sheinbaum
Este 4 de mayo se presentó en la mañanera del pueblo un Plan de Justicia para Atenco y la Montaña. Ahí la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a «nunca más» repetir otro episodio de represión como el que se vivió hace dos décadas en Atenco, estado de México.
No es la primera vez que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoce estos hechos oprobiosas. Hace un año , durante el 19° aniversario de la represión, la mandataria se comprometió a retomar el Plan de Justicia para San Salvador Atenco que lo pospuso Andrés Manuel López Obrador.
Parte de su estrategia consiste en la declarar el Área Natural Protegida para Atenco, devolver 54 hectáreas de tierra y entregar de 54.5 hectáreas de ejido a campesinas y campesinos.
La espera continúa.
https://www.cepal.org
• Portada del sitio de la reunión: 
