Angélica de la Peña
SemMéxico, Cd. de México, 23 de junio, 2026.- Ya hay fecha. Será en septiembre cuando la Asamblea General de la ONU analice el caso de México por la desaparición forzada generalizada y sistemática, con la connotación de crimen de lesa humanidad.
El Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas fundamentará el horror de una situación que no se padece en esta magnitud en ningún otro país del planeta.
Se evidenciará ante el mundo a un país inseguro e incapaz de resolver por sí mismo la crisis de la desaparición involuntaria de personas. Se mostrará la falta de voluntad por parte del Estado para encontrarlas, sancionar este delito y prevenir que sigan desapareciendo personas de manera involuntaria.
Suponiendo, sin conceder, que la mayoría de las desapariciones están ligadas al crimen organizado, como lo señaló la presidenta Sheinbaum al periódico británico The Guardian, el gobierno no puede excusarse frente a un delito que suma decenas de miles de casos y en el que, de acuerdo con información oficial, solo dos de cada tres personas aparecen con vida.
Seamos claros: en este país hay ejecuciones extrajudiciales y también víctimas de tortura cuyos cuerpos son desaparecidos. Hay víctimas de trata, un delito que crece contra la niñez y las mujeres. Las víctimas de grupos de la delincuencia organizada que operan con la aquiescencia de agentes del Estado no pueden quedar en el limbo: es responsabilidad del gobierno investigar y poner a disposición de la justicia a estos criminales que han sembrado el terror, gracias a que la ley es letra muerta y nadie se despeina un pelo para imponerla.
La Presidenta tiene que dejar de seguir minimizando y negando la crisis. Nadie la acusa a ella de haber dado la orden de desaparecer personas durante estos dos años de su gobierno, que se suman a las decenas de miles ocurridas en años anteriores. Lo que se le exige es que actúe como jefa de Estado, atienda las recomendaciones del Comité, aplique la ley nacional y reciba a las madres buscadoras; ellas necesitan que la presidenta las escuche.
Necesita leer, sin prejuicios, cada recomendación que el Estado mexicano ha recibido desde los diversos organismos multilaterales, tanto de la ONU como de la CIDH y del Mecanismo de Examen Periódico Universal, integrado por todos los gobiernos del mundo.
Debe escuchar y reconocer que las familias no actúan políticamente. Las madres buscadoras son apartidistas y han tenido que buscar en fosas clandestinas. Ante sus reclamos encuentran puertas cerradas. A quien le aconseja el desaire en contra de ellas, debe correrlo.
Seguramente, en la Asamblea General de la ONU resolverán que no se maquillen cifras, que haya registros confiables y que no se deje de buscar ni de sancionar, sin importar hasta dónde lleguen las responsabilidades.
Le reiterarán que el Estado debe integrar las mejores policías especializadas en investigación y formadas en derechos humanos; que es imprescindible la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con análisis de contexto, y comprobar si hubo o no involucramiento, de cualquier forma, de agentes del Estado en cada caso.
La investigación debe ser docta, especializada, confiable y contar con los recursos indispensables para fincar responsabilidades penales. Es inaceptable que, frente a las 133 mil 600 personas desaparecidas, apenas haya 26 sentencias, de las cuales nueve son condenatorias y 17 absolutorias, entre 2014 y 2026.
El resolutivo desde la ONU debe aceptarse como un acicate hacia la ruta de la verdad, la justicia y la garantía de no repetición. Las familias tienen derecho a encontrar la paz.
*Defensora de Derechos Humanos
https://www.cepal.org
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