- Se fortalece a líderes sindicales por encima de las y los maestros que acuden a las aulas
- Injerencia sindical propicia venta, renta y herencia de plazas, acusa Red Educación Derechos
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2019.- Los dictámenes que se discuten en la Cámara de Diputados, relativos a tres leyes secundarias en materia educativa, “empoderan a los líderes magisteriales”, por encima de los intereses de las y los maestros que dan clases y “ponen en riesgo la vida y seguridad de los estudiantes”, advirtió la Red Educación Derechos (RED).
En un boletín, la RED, conformada por investigadores educativos de instituciones públicas y privadas, rechazó los dictámenes de la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación, puesto que las consideran inconstitucionales.
Destacó la injerencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en comisiones tripartitas, relacionadas con el ingreso al servicio docente, la promoción a cargos de dirección y supervisión, así como los estímulos para el reconocimiento docente.
Estos cambios conculcan la rectoría del Estado en materia educativa, como en el pasado, cuando el SNTE se benefició del control, la venta, la renta y la herencia de las plazas docentes, anteponiendo las demandas sindicales sobre el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes. La carrera de los docentes no debe estar en manos de los líderes sindicales, pues ello equivale a entregarles el futuro del país en términos de desarrollo económico y social, insistió la RED.
La RED observó que en la Ley de Carrera se omite un capitulo fundamental para regular el ingreso y promoción del personal de apoyo docente como son prefectos, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros. Los Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP) son fundamentales, pues apoyan la labor docente para atender problemas de bullying, embarazo en jóvenes, violencia escolar, entre otros; aspectos que tienen un impacto en fenómenos, como el abandono escolar, detalló.
En el pasado, la falta de regulación para los ATP, que propició la herencia y venta de plazas, y la ausencia de reglas claras para la promoción del profesorado terminan minando su desempeño, y genera incertidumbre en detrimento de su labor, al interior de los planteles escolares. Ante ello, la RED condenó que se quiera degradar a nivel de comisión al organismo que se va a encargar del Sistema de Mejora Continua de la Educación, haciéndola en los hechos un organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En los cambios, como parte de la reforma educativa, se aprobó la creación de un organismo público, descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, como se establece en el artículo tercero de la Constitución. Este organismo sustituye al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Sin embargo, la propuesta de la ley segundaria, lo considera una comisión sectorizada de la SEP, por lo que, para la RED, está violando lo dispuesto por el Congreso de la Unión y los congresos estatales.
Asimismo, desaparecer el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), como lo señala un dictamen, pone en riesgo a los estudiantes y equivale a privatizar una responsabilidad del Estado al trasladarle los recursos y esa obligación a los padres y las madres de familia, sobre el mantenimiento y la construcción de las escuelas, quienes carecen del conocimiento técnico para garantizar la seguridad de los inmuebles.
Adicionalmente, los dictámenes aprobados por la Comisión de Educación y que se van a discutir y votar en la Cámara de Diputados no tienen sustento ni previsiones transitorias que aclaren las medidas presupuestales para cumplir todas las disposiciones propuestas; en particular, los programas de reconocimiento docente, las políticas de equidad y el fondo para garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, concluyó la RED.
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