* La objeción de conciencia no es institucional
* Salud de Oaxaca señala que hacen falta recursos
Patricia Briseño
SemMéxico, Oaxaca, 9 diciembre 2019.- Las reformas al Código Penal que despenalizan el aborto en Oaxaca hasta la 12 semana, sigue siendo motivo de análisis: por un lado, feministas aseguran que la normatividad internacional obliga al Estado mexicano a garantizar el derecho a decidir de las mujeres, además de advertir que la objeción de conciencia no es institucional, sino individual.
Esto, tras las declaraciones del titular de Salud en Oaxaca, Donato Casas Escamilla, quien aseguró que la dependencia no tiene la infraestructura, ni los recursos para atender los eventuales casos de aborto, tras las reformas al código penal aprobada por la 64 legislatura local en septiembre de este año y promulgada por el gobernador del Estado en octubre pasado.
Casas Escamilla, aseguró en conferencia de prensa, que los hospitales no cuentan con el equipo ni insumos para su práctica, ni el personal médico está capacitado, por lo que la dependencia a su cargo prevé demandar una partida presupuestal extraordinaria para atender las carencias mencionadas.
La intención del gobierno del estado es poner el tema (del aborto) sobre la mesa ante la Federación, y que sea ésta la que se encargue de suministrar los insumos y equipo para cumplir con la nueva normativa en Oaxaca.
Ante la pregunta al titular de Salud en Oaxaca sobre la negativa de médicos, hombres y mujeres, a realizar abortos dentro del periodo que señala la reforma del pasado 25 de septiembre, el funcionario estatal afirmó: “seremos respetuosos de quienes no practiquen los aborto en ámbito privado”, aunque en el sector público, “hace más de 20 años se practican abortos en caso de violación, peligro de la madre o el producto».
En ese sentido, Pilar Muriedas de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, señaló que si bien hay objeción de conciencia de personal médico, no debe haber objeción de hospitales del sector salud, pues el Estado debe garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo hasta la 12 semana.
En ese mismo sentido, Laura Susana Chía Pérez, feminista defensora de los derechos humanos de las mujeres, apuntó que esta postura médica no considera, sobre todo aquellos que forman parte y cobran en instituciones públicas de salud lo que al respecto dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en relación a la violencia obstétrica:
“El control de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es un medio para mantener el poder y el control masculino y subordinación de las mujeres, y constituye una forma de discriminación que, cuando se lleva adelante con la intervención de los encargados de proveer la atención de salud (públicos o privados), puede implicar el ejercicio de violencia institucional contra mujeres.
“La violencia obstétrica, asociada al proceso natural de embarazo y del parto, imprime un mensaje poderoso de subordinación de las mujeres en razón de su maternidad. Esta subordinación ya no se da solo en el ámbito privado…..( )..sino que además puede ser impuesta por las instituciones y los operadores del sistema, con ocasión de la atención a la salud. Sin embargo, la violencia obstétrica no solo se relaciona con la experiencia del parto: incluye otros aspectos vinculados con los derechos sexuales y reproductivos, como la anticoncepción, la planificación familiar, el aborto y la menopausia”.
Muriedas señaló que es necesario identificar quien debe capacitar al personal de salud hospitalario en cuanto a la práctica legal del aborto y consideró una opción al sector salud que opera en la Ciudad de México, donde ya existe una larga experiencia de 12 años y donde funcionan bien los hospitales y centros de salud que están destinados a realizar la ILE.
También agregó que la preocupación presupuestal debería consultar al gobierno CDMX. En realidad, no se trata de un presupuesto elevadísimo, pues la gran mayoría de las interrupciones se realizan con medicamentos, incluso aseguró que en Oaxaca esta es una práctica.
Chía Perez recordó que la interrupción legal del embarazo es una deuda con la igualdad, en especial con las mujeres indígenas, rurales, adolescentes, en pobreza multidimensional, pobreza extrema, con discapacidades físicas, derivado de normas y estereotipos de género, la viven violencia sexual y en consecuencia muchas veces el “arreglo de matrimonios infantiles, un abanico de desigualdades que ocurre en Oaxaca, donde el 51.8 por ciento de la población son mujeres.
De acuerdo con la reforma aprobada por la 64 Legislatura del Congreso del Estado, el 25 de septiembre pasado, evita la criminalización de las mujeres que deciden ser o no madres, lo que ubica a Oaxaca como la segunda entidad del país en despenalizar el aborto, después de la Ciudad de México.
Agregó que existe una enorme invisibilidad de la violencia en los espacios institucionales, como la violencia obstétrica, y que de acuerdo con la misma CEPAL aún persiste un déficit de respuestas públicas en torno al abordaje integral de la violencia.
Cita que el mismo organismo internacional señala que el no identificar, por parte del Estado, el significado económico de la violencia que se ejerce contra las mujeres, ni tener la medición de la magnitud de este fenómeno en la población de mujeres y la sociedad, difícilmente podrá este visibilizar los costos económicos individuales, ni podrá hacer un estimado del costo de las políticas públicas, ni podrá tener una perspectiva que permita tomar decisiones y promover soluciones.
