Sonia del Valle Lavín
SemMéxico, Cd. de México, 17 de junio, 2026.- Ahora que la CNTE vuelve a ser noticia y el SNTE aprovecha el río revuelto para recuperar espacios, recuerdo la comparecencia de Gabino Cué ante la Comisión Permanente del Congreso en julio de 2015.
El Gobernador estaba derrotado. Dijo que no podía hacer nada por la educación de la entidad porque el control de la educación lo tenía la Sección 22 de la CNTE.
Frente a las manifestaciones violentas de la CNTE reconoció que carecía “de fuerza” para aplicar la ley, porque se armaba un zafarrancho y los policías salían corriendo.
«Cuando vienen al DF, hay 80 mil policías. Oaxaca tiene 3 mil en todo el Estado. Entonces, por más que yo quiera hacer una detención, sí lo puedo detener y me lo llevo a la Procuraduría volando y, en menos de una hora, tengo cerrado el Estado, tengo tomadas las instalaciones de la Procuraduría y el aeropuerto», dijo.
Seis días después, el IEEPO fue “tomado” por la Secretaría de Gobernación, la SEP y el Gobierno del Estado. Una operación que empezó a las 7.30 de la mañana para “desaparecer” el decreto de creación que facultaba al CNTE a nombrar a los funcionarios que operan el sistema educativo en la entidad.
«Es el primer paso después de veintitantos años de la minuta que se firmó en 1992 en otro contexto de la vida del País y de Oaxaca, que generó durante todo este tiempo muchas de las posiciones al interior de un órgano del Estado, compartido con los propios empleados, que en este caso son trabajadores del propio sindicato», dijo.
El decreto de 2015 está en el centro del conflicto porque le quitó a la CNTE el control sobre plazas docentes, nombramientos, cargos administrativos en el IEEPO, becas, presupuesto y diversos trámites educativos.
Con la llegada de Salomón Jara en 2022, la demanda principal de la CNTE es derogar el decreto de 2015. Su relación no ha sido tersa, la CNTE votó en contra del ahora mandatario, se manifestó en su contra cuando tomó posesión.
El gobierno instaló la primera mesa de negociación con una duración de 6 horas. En los siguientes años, se han firmado varias minutas de peticiones, pero ninguna se cumplió, como ha denunciado la sección 22. En noviembre de 2023, la sección 22 boicoteó el primer informe de gobierno de Salomón Jara exigiendo la reinstalación de la Mesa Nacional Única de Negociación y la Mesa Oaxaca, acusando «simulación y dilación en las mesas de trabajo».
Para el arranque del ciclo 2024-2025 la situación no había mejorado acusaron falta de cumplimiento de acuerdos. En mayo de 2025 inició un paro indefinido, afectando a más de 800 mil estudiantes de educación básica y media superior. Hubo reunión en la Secretaría de Gobernación, el gobierno federal y el de Oaxaca y minutas de acuerdos. Y el ciclo se repite en 2026: paro indefinido de nuevo.
Así que después de once años, varias mesas de negociación, minutas incumplidas y paros indefinidos, seguimos exactamente donde empezamos. La disputa sigue siendo la misma: quién controla las plazas docentes.
El Pliego /37
Sonia del Valle /La Mala Educación
Conseguí por primera vez el Pliego General de Demandas (PGD) del SNTE en 2004, un documento que “recordaba” al titular de la SEP tener registro definitivo otorgado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje bajo el número R.S.43/44, así como por los Tribunales Laborales que daban al CEN la titularidad de la relación colectiva de trabajo.
Pensé, por tanto, que el SNTE negociaba por todos sus agremiados, aunque me extrañó que no había una demanda de aumento salarial ni emplazara a huelga, luego me explicaron que se rigen por el Apartado B de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y no pueden hacerlo. Comprendí entonces que se trataba de una negociación política con la autoridad educativa, y cualquier acuerdo relacionado con recursos debía ser aprobado por Hacienda.
Después comencé a “escuchar” sobre la doble negociación salarial: El CEN del SNTE presentaba el PGD a la SEP y cada sección sindical hacía lo propio con el Gobernador en turno. Una vez concluida la negociación nacional, comenzaba la segunda ronda para aumentar, sobre todo, prestaciones locales.
Por tanto era verdaderamente difícil saber cuánto ganaban realmente las y los maestros. Eso cambió cuando conocí al doctor José Raúl Trujillo, experto en nómina magisterial, quien analizó las prestaciones y encontró 5 mil 89 gratificaciones: un promedio de 164 por entidad.
Por ejemplo, en Sonora tenían una bonificación por la primavera, en Michoacán un estímulo a la superación educativa de 15 días de salario; y un bono de recuperación salarial de 10 días; en Puebla, se pagaban los días de la Docente Distinguida, de la Educadora y de la Madre Trabajadora, y en Morelos tenían un Bono de Riesgo Volcánico, así como una compensación por concepto de vida cara.
En el Estado de México, se otorgan a los maestros 94 días de aguinaldo; una prima vacacional de 25 días; un bono para actividades culturales de 14 días; pago por actos cívicos de 10 días; en Aguascalientes, recibían un bono para subsidiar el pago del ISR; en Baja California, un bono de promoción de la calidad educativa y un bono de 12 días de salario integrado; en Veracruz había un bono de imagen y otro para los maestros que laboran en zonas insalubres.
En todas las entidades se pagaban bonos por puntualidad, asistencia, inicio de ciclo escolar, organización de ciclo escolar y ajuste al calendario; aguinaldo, bono anual y una compensación para la despensa decembrina.
El resultado fue un sistema salarial fragmentado. Miles de gratificaciones distintas, negociadas durante décadas estado por estado, que terminaron convirtiendo la nómina magisterial en un laberinto.
La reforma de 2013 eliminó el FAEB y creó el FONE. Rompió formalmente con la doble negociación y obligó a conciliar plazas con los estados. Pero no resolvió el problema de fondo.
Por eso, cuando se anuncia un incremento salarial, no todos reciben lo mismo. La negociación es nacional, el salario local.
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