- Garantizar acceso a la atención médica, a la información, a la seguridad, a la estancia regular y a la protección de la población migrante, entre las medidas que busca el amparo.
Redacción
SemMéxico. Ciudad de México, 17 de abril de 2020.- Más de 40 organizaciones de la sociedad civil redactaron un amparo que fue presentado ayer ante Juzgados de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México contra las omisiones cometidas para salvaguardar la salud, física y emocional, e integridad de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional detenidas en las estaciones y estancias provisionales migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) ante contingencia sanitaria por COVID19.
El amparo busca evidenciar, ante el Poder Judicial de la Federación, las negligencias cometidas por parte del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, y la Secretaría de Salud, incluido el Consejo de Salubridad General, respecto a las medidas que se deberían adoptar, y aquellas que existen y no se toman en cuenta, para garantizar el derecho a la salud y la no discriminación de las personas migrantes en el contexto de la crisis sanitaria por coronavirus.
Al tiempo, dicha acción jurídica busca que el Juez ante el que recayó para su estudio se pronuncie no sólo por la libertad de las personas migrantes detenidas, sino que dicha libertad se realice con base en garantías mínimas de protección en acceso a la salud, a la información, a la seguridad, a la protección y a la no discriminación. Así como la suspensión de las detenciones migratorias en el país. Esta no es una pandemia que distingue nacionalidad o estatus migratorio.
Desde que se declaró la alerta sanitaria en México, las organizaciones de la sociedad civil han insistido, a través de diferentes acciones, en la liberación inmediata de todas las personas migrantes y solicitantes de protección internacional (incluidas mujeres embarazadas, niñez, adolescencia y personas de la tercera edad) que se encuentran detenidas en el país. En dichos espacios no se respeta la sana distancia, ni las medidas de higiene emitidas por la Secretaría de Salud.
Esta acción legal responde no sólo al llamado que las organizaciones nacionales e internacionales han realizado, sino también al llamado que han hecho en diferentes momentos la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; el Subcomité para la Prevención de la Tortura; el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las personas Migrantes; la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados; la Organización Internacional para las Migraciones; y la Organización Mundial de la Salud.
Dicho amparo fue promovido por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Sin Fronteras, IAP; Asylum Access, Inc.; y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) ante el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa del Primer Circuito, encargado de estudiarlo y resolverlo, asignándole el número de expediente 426/2020.
Cabe señalar que el pasado 14 de abril la organización Alma Migrante, A.C. promovió un amparo en la misma línea en Tijuana, Baja California, registrado bajo el juicio de amparo 278/2020, mismo que fue resuelto en suspensión provisional el 16 de abril por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales para ordenar “implementar acciones urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas migrantes que se encuentran alojadas en centros o instalaciones migratorias, con independencia de su denominaciones, atendiendo a los estándares nacionales e internacionales que involucran a personas migrantes”, con vigencia en todo el país.
