Juego de Palabras
Parte II
Yaneth Angélica Tamayo Avalos
SemMéxico, Querétaro, Qro., 20 de enero, 2021.- En la entrega pasada se hizo referencia al impacto social y económico que ha vulnerado de forma diferencial y desproporcionado a las mujeres, siendo los principales temas, la asignación de carga de trabajo relacionada con el cuidado familiar, la crisis económica derivada de la baja de sueldos y la pérdida de empleos formales e informales, siendo los últimos los de mayor afectación para las mujeres.
Situaciones que han generado mayor precariedad laboral para las mujeres y por ende mayor riesgo para su bienestar y el de sus familias. De ahí que, exista la urgencia de que los Estados garanticen a las mujeres el acceso a los derechos económicos y mayor participación en el mercado laboral.
Sin embargo, estas situaciones no son las únicas que han transgredido el bienestar de las mujeres, el alto índice de denuncias por violencia en razón de género y otros factores han abierto aun más la brecha social, lo cual resulta preocupante, ya que pareciera que los logros alcanzados en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres han tenido un retroceso.
Este rasgo de desigualdad, se ve reflejado en los indicadores que han dado cuenta del aumento de violencia de género, la cual se ha recrudecido por el confinamiento ya que, las mujeres se han visto obligadas a estar encerradas con sus maltratadores y se han visto limitadas en el acceso a servicios públicos de atención, prevención y sanción de la violencia, que no son considerados como esenciales.
Tan solo en el país, durante el 2020 las acciones de confinamiento y resguardo tuvieron repercusiones en la vida familiar al agravar situaciones de estrés económico y tensión familiar, cuyos efectos adversos impactaron desproporcionadamente en mujeres, niñas, niños y adolescentes quienes han padecido situaciones de violencia.
En este contexto, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) tercer trimestre 2020, se estima que entre enero y agosto de 2020, 9% de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar. Respecto a la población de 18 años y más residentes de los hogares, en ese mismo periodo, 7.8% sufrieron violencia en este ámbito.
Al desagregar los datos por sexo se observó que en el caso de las mujeres este porcentaje fue al alza con 9.2%, 3.1 puntos porcentuales más alto que en los hombres, siendo de junio a agosto los meses mas violentos, se estima que 5.4% fueron violentadas con ofensas o humillaciones por parte de algún miembro de su hogar y el 2.1% declaró haber sido golpeada o agredida físicamente en el entorno familiar.
Además, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que en los primero nueve meses, en México se registraron al menos 777 feminicidios, tendencia que sigue al alza.
Por otro lado, el tema de violencia de género contra niñas ha ido en aumento, tan solo a finales del 2019 se tenia que una niña o adolescente representaba 1 de cada 10 víctimas de feminicidio, que 95 niñas menores de edad fueron brutalmente asesinadas, en donde 39 casos de niñas víctimas de feminicidio no rebasaban los 10 años (Instituto de Ciencias Forenses), cifras que debido a la crisis sanitaria aumentó considerablemente.
Hay que mencionar, además, que debido al confinamiento en sus hogares las niñas y adolescentes se mantenido más expuestas al abuso y la violencia por parte de personas de su núcleo familiar o cercanas a ellas, en donde el maltrato físico, emocional e incluso violencia sexual son una constante. Situación que pudiera colocarlas en un futuro inmediato en estado de abandono y exclusión escolar post pandemia.
De ahí que, se estime que la respuesta de las autoridades respecto a la atención y protección a la violencia contra las mujeres no este diseñada para responder ante las situaciones derivadas de la crisis sanitaria; por lo que uno de los retos mas grandes que tendrán que enfrentar los representantes del Estado será adaptar los servicios de atención a víctimas para asegurar que las mujeres, niñas y adolescentes tenga acceso a la justicia y se les garantice una vida libre de violencia.
Como ha referido hasta esta entrega, la tarea post COVID que se avecina para el Estado y la ciudadanía requerirá que la participación igualitaria de las mujeres en las decisiones y el enfoque de género sean elementos centrales de las políticas de mitigación y recuperación de la crisis. De lo contrario se profundizarán las desigualdades con efectos que se prolongarán a largo plazo y serán difíciles de revertir.
