Un atentado a la democracia.
SemMéxico, Querétaro, Qro., 3 de junio, 2021.- A días de llevarse a cabo las elecciones más grandes de la historia de México, nos siguen sorprendiendo los datos arrojados por las consultorías Etellekt e Integralia.
Tal es el caso de Etellekt quien registra 782 agresiones de violencia política; mientras que Integralia contabiliza 143 asesinatos, entre los cuales se encuentran funcionarios municipales, aspirantes a elección popular, activistas, periodistas, jueces, lideres partidistas, militantes entre otros.
Dentro de las cifras dadas a conocer, refieren que el porcentaje de políticos asesinados por partidos, pertenecen a partidos locales, candidatos independientes y militantes de MORENA, PRI y PAN; cuya tasa de incidencias prevalecen en Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Guanajuato y Baja California, seguidos de otros con menores incidencias, pero no por ello menos alarmantes.
Colocando a este proceso electoral como el segundo más violento en homicidios dolosos contra políticos desde el dos mil. Lo anterior pone en evidencia la crisis democrática por la que estamos transitando.
La violencia política, representa las acciones, omisiones y la falta de tolerancia contra aquellas ideas que reflejan la pluralidad y la diversidad de un país. Pero sobre todo se trata de un atentado contra los derechos humanos y la democracia.
Los derechos políticos deben entenderse como aquella prerrogativa que la ciudadanía tiene para participar en la integración de los poderes públicos ya sea de manera individual o colectiva, la cual nos permite a todas las personas vincularnos en la actividad política, de tal forma que podamos intervenir en las decisiones colectivas referentes a la forma de gobierno.
Atentar contra este derecho cívico y humano fundamental produce que la ciudadanía tenga una visión sesgada sobre las opciones que mejor pueden adaptarse a sus intereses; pero, además produce incertidumbre y temor en aquellas personas que buscan ejercer su derecho a la libre asociación, a participar en la dirección de asuntos públicos y en especial a su derecho a ser elegidos mediante sufragio y la expresión de la voluntad ciudadana.
Lo anterior, hace suponer que el país se encuentra secuestrado por una oligarquía, acostumbrada a ejercer el poder contra sus opositores, para obtener y mantener el poder social que les asegure la satisfacción de sus intereses particulares.
La permisión por parte del Estado a este tipo de conductas legitima y justifica la violencia ejercida por una clase política empeñada en generar caos disfrazado de “bien común”.
Mientras se siga tolerando la violencia política, la democracia y el proyecto de país que deseamos sufrirán un grave impacto, en donde derechos fundamentales como los derechos de petición, de información, de reunión, de libre expresión y difusión de ideas, se verán lesionados.
Es importante recordad que estos, mantienen una relación estrecha con la democracia, pues esta contribuye a la progresión de los derechos humanos y su respeto, en tanto que la consolidación de los derechos humanos favorece la construcción de una nación realmente democrática.
En conclusión, ninguno de estos logros tendrá sentido en tanto no se puedan ejercer derechos en ambientes libres de violencia y discriminación.
