SemMéxico. Ciudad de México, 25 de noviembre de 2021.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresa su pleno respaldo a las defensoras de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti, así como a la periodista Marcela Turati, frente a los actos de investigación en su contra por delincuencia organizada y secuestro, dados a conocer esta semana.
De acuerdo a la información recibida, en 2015 la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República, ordenó realizar actos de investigación sobre las señoras Delgadillo, Doretti y Turati que implicaron la recopilación de información sobre sus comunicaciones telefónicas y su geolocalización, haciendo uso de los instrumentos legales establecidos para el combate a la delincuencia organizada en México. Estos hechos se habrían extendido al menos entre febrero de 2015 y abril de 2016.
El 4 de septiembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Colaboración para la identificación de restos localizados en San Fernando, Tamaulipas, y en Cadereyta, Nuevo León, entre la PGR y 12 organizaciones, entre ellas el Equipo Argentino de Antropología Forense, representado por Mercedes Doretti, y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, representado por Ana Lorena Delgadillo. La ONU-DH participó en calidad de observadora. En este marco y en los siguientes años, incluidos los periodos en que se realizaron los actos antes referidos, las más altas autoridades de la PGR sostuvieron reuniones con las investigadas, en ocasiones en compañía de ONU-DH, y solicitaron su apoyo para el avance en la identificación de las personas asesinadas en las mencionadas masacres.
La ONU-DH reconoce la larga trayectoria y el compromiso con los derechos humanos de las señoras Delgadillo, Doretti y Turati, así como sus importantes contribuciones a la defensa de los derechos de las víctimas y a que se garantice el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad sobre hechos terribles como la masacre de San Fernando. La ONU-DH ha trabajado y continuará trabajando en distintos espacios con las señoras Delgadillo, Doretti y Turati, así como con las organizaciones y espacios en los que participan.
Los hechos denunciados afectan directamente a las personas objeto de estos actos, pero también a sus familias, colaboradores e incluso a las víctimas de derechos humanos con las que han trabajado y a las fuentes periodísticas.
La ONU-DH expresa su honda preocupación por la manipulación y el uso indebido del poder punitivo del Estado que supone servirse del marco legal restringido a la investigación de la delincuencia organizada y el secuestro para obtener información personal de las defensoras y la periodista. Es esencial que las autoridades mexicanas envíen a la sociedad una señala clara que estos hechos no son tolerados, mediante una pronta investigación y determinación de responsabilidades en su realización.
Resulta especialmente preocupante que los valiosos recursos y capacidades de investigación del Estado mexicano se desvíen hacia la investigación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuando las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como las víctimas de la masacre de San Fernando o las de desapariciones, reciben regularmente como respuesta de las autoridades a sus demandas de justicia la falta de recursos para investigar sus casos.
La información hecha pública se suma a la evidencia de uso de software de espionaje Pegasus en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas denunciado desde 2017 y otras denuncias relativas a posibles abusos en el uso de las capacidades de investigación y espionaje del Estado mexicano. Esos hechos ratifican la necesidad de un mayor control y transparencia sobre dichas capacidades para prevenir abusos e ilegalidades que socavan la vigencia de los derechos humanos.
Instamos a las instituciones del Estado mexicano, tanto en el nivel federal como estatal, a identificar todos los casos en los que se haya hecho uso de las capacidades de investigación y espionaje en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a comunicar a todas las personas afectadas estos hechos, así como el alcance de la información recabada y el uso que se dio a la misma. De igual modo, a iniciar investigaciones de oficio que permitan determinar las responsabilidades de quienes ordenaron, permitieron y realizaron este tipo de hechos. Finalmente, a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que la repetición de este tipo de hechos en las instituciones del Estado.
