- Lamentable constatar que partidos políticos fallaron al seleccionar a sus candidatos
- Inadecuada y hasta inexistente actuación del INE, que minimizó el trabajo de las activistas
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Cd. de México, 1 de agosto, 2024.- La Observatoria Nacional Ciudadana, Fuerza Política Feminista Todas México, señala que hay evidencia crucial sobre el incumplimiento de las reformas constitucionales de la denominada Ley 3de3 contra la violencia por parte del INE y califican de “inadecuada” y hasta omisa actuación del INE.
En las conclusiones de su informe exigen al Congreso de la Unión y a las instancias involucradas en las tomas de posesión próximas que retiren la constancia de mayoría a aquellos implicados en estas irregularidades. No podemos quedarnos calladas ante esta situación.
En el Informe del Proceso Electoral 2024, se incluye un listado de casi 60 candidatos señalados por incumplimiento de la dicha ley, de los cuales al 17 ganaron el proceso electoral y solo un candidato del PVEM-Morena-PT el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le revocó su constancia de mayoría y lo retiró del cargo el 12 de julio pasado.
Estos 59 candidatos incumplieron la ley, 39 están acusados de fraude; ocho señalados por agresión; dos por Violencia por razón de género, seis deudores alimentarios; un deudor alimentario, conjuntamente por haber ejercido violencia por razón de género; dos más por violación, y un acosador.
El Observatoria Nacional Ciudadana, Fuerza Política Feminista Todas México detecto estos incumplimientos en 16 estados de país, preocupante que en Michoacán se haya dado registro a 35 candidaturas con incumplimiento a la 3de3, seguido del Estado de México y San Luis Potosí con cuatro casos cada entidad, tres en la Ciudad de México y dos en Sonora.
En el resto de las entidades solo se encontró una irregularidad: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Colima, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Morelos, Chiapas, Puebla y Aguascalientes.
Y, por otro lado, también refieren que ningún partido político se salva, refiere el Informe Sombra que ha sido dirigido al Consejo General del INE, a los organismos estatales electorales, a la Sala Superior del TEPJF, a los partidos políticos y a la opinión pública.
De las conclusiones, la Observatoria Nacional destaca que es lamentable constatar que todos los partidos políticos fallaron en su selección de candidatos, ignorando las recientes normativas constitucionales para elegir a sus representantes populares y, a su vez, violando las leyes vigentes que castigan la violencia contra las mujeres.
También consideran que la actuación del INE fue inadecuada o inexistente en la implementación de la Reforma Constitucional denominada Ley 3 de 3 contra la violencia, y que la institución electoral minimizó el esfuerzo realizado por las mujeres, activistas, colectivas y organizaciones que impulsaron esta reforma.
Señalamos que la temporalidad establecida para considerar las sentencias y la restricción de derechos a candidaturas no está adecuadamente alineada con los objetivos de la reforma, comprometiendo su efectividad y el principio de justicia que la sustentaba, dice el informe.
Por otra parte, acusan que el INE estableció criterios que limitan la aplicación de la reforma a sentencias recientes, lo cual contraviene la intención original del mandato constitucional y desatiende principios de derechos humanos de la Carta Magna. “La falta de consideración adecuada entre el derecho a ser votado y el interés general en prevenir la violencia y asegurar la idoneidad de las candidaturas resulta en una medida desproporcionada e ineficaz”.
Además de asegurar, en un documento oficial, que ningún candidato incumplía con los criterios legales establecidos, lo cual causa controversia y genera más cuestionamientos sobre la transparencia y eficacia del proceso. Sin embargo, a pesar de tener “limitados medios”, la Observatorio pudo investigar sobre la falta de acción del INE, contraviniendo su contundente afirmación, lo que despierta dudas “a su exhaustividad y efectividad”.
“Entre las responsabilidades que deben quedar claras, se incluye el uso indebido de las cuotas de diversidad para defraudar electoralmente. Ni el INE ni otras autoridades, tanto a nivel nacional como local, revisaron adecuadamente a los candidatos, pasando por alto la presencia de agresores en su deficiente investigación y análisis de los postulantes”.
Como ejemplo citan el caso del candidato Sergio Estrada Cajigal, quien, a pesar de haber sido detenido y encarcelado, no perdió su registro.
El fraude a la paridad y a la acción afirmativa también es evidente. Michoacán destaca como un ejemplo alarmante, siendo un paraíso del fraude a la paridad con 38 agresores aspirando a presidencias municipales. Morena pretende mantener en el Senado a Félix Salgado Macedonio, acusado por varias mujeres de violación, violencia psicológica y corrupción.
Además, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, también de Morena, figura en la lista de agresores. Movimiento Ciudadano no está exento, con Noé Castañón postulado, después de ser senador, por una diputación federal a pesar de enfrentar cinco indagatorias relacionadas con delitos de violencia familiar, violencia de género, violencia vicaria, sustracción de un menor, privación ilegal de la libertad y falsedad.
Los agresores que violentan a sus familias y están en el registro de deudores alimentarios incluyen a Aldo Manuel Ruiz Sánchez, Ismael Burgueño Ruiz, Oscar Sánchez García, César del Valle, Sergio Estrada Cajigal Ramírez, Luis Carlos Sánchez González y José Cruz Sánchez Rojas, entre otros muchos que seguramente escaparon a nuestra búsqueda y análisis. Estos individuos no pueden convertirse en diputados, senadores, alcaldes, presidentes municipales o regidores, o habiendo perdido en la elección, ser llamados a ocupar un puesto en el poder ejecutivo.
Si estas personas ocupan cargos públicos, el riesgo de impunidad aumentará y la justicia para las víctimas será inexistente, haciendo cómplice a la autoridad electoral. Esta situación es preocupante y requiere ser abordada con la seriedad y urgencia que merece. Es fundamental tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad del proceso electoral y la legitimidad de quienes resultaron electos, asegurando que las mejores personas ocupen cargos de poder.
Por último, hacen hincapié en la opacidad de los lineamientos del INE, lo cual obstaculizó el proceso y, como se demuestra, tampoco se consultó a los tribunales de justicia o a los registros locales de deudores alimentarios morosos frente a las denuncias.
En el pasado proceso electoral se disputaron más de 20 mil puestos de elección popular, y por primera vez, contó con una legislación que promueve votar por las personas más idóneas, se implementó en el ámbito electoral, de ahí la tarea que asumió Todas MX de vigilar el proceso y revisar el cumplimiento de la Ley 3 de 3 contra la violencia, promulgadas el 29 de mayo de 2023.
Esta ley prohíbe que agresores, acosadores y deudores alimentarios participen en elecciones y accedan a cargos públicos y de manera adicional se monitoreó la falta de adhesión a las reformas de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, efectivas desde el 8 de mayo de 2023, las cuales impulsaron la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA) y establecieron restricciones en la participación electoral para los infractores.
SEM/sj
