- A pesar de que la gestación subrogada, es comercio de humano, hoy se quiere regular, por la priista que plantea sólo cárcel
- Aunque dice tener preocupaciones éticas y legales, y la posibilidad de explotación o trata de personas es una de ellas.
Sara Lovera
SemMéxico, Ciudad de México, 5 de enero, 2024.- A pesar de que el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados propuso en abril de 2023 una iniciativa para prohibir el comercio humano y la práctica de contratos de vientres de alquiler, lo que se legislaría en diciembre pasado, ahora hablar de 15 a 25 años de cárcel a quien se beneficie económicamente, sólo busca regular esa práctica.
La iniciativa de la priista Nélida Ivonne Sabrina Díaz contraviene la decisión consensuada de una reforma a la Constitución para prohibir los vientres de alquiler o maternidad subrogada.
La primera semana de enero, en boletín, la Cámara de Diputados informó que la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impulsa una iniciativa para imponer una pena de 15 a 25 años de prisión, y una multa de 2 mil a 30 mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien, mediante contrato, se beneficie de la gestación subrogada y de la entrega de la niña o niño producto de la misma.
La iniciativa no menciona que la vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Aleida Alavés Ruíz, integrante , Grupo Plural de Igualdad Sustantiva integrado por mujeres de todos los partidos políticos, sacarían adelante antes de diciembre esa reforma constitucional, para evitar la mercantilización humana y los vientres de alquiler, y dijo que el tema ya estaba consensuado..
Para saber:
La priista, contra ese consenso, habla del contrato, como si esta reforma no estuviera en curso. Señala que este contrato será nulo de pleno derecho, indica el documento enviado a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen, que adiciona el artículo 30 Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Expone que, en México, la gestación subrogada es un tema complejo y su regulación varía de un estado a otro. Sin embargo, no existe una legislación federal específica que regule la gestación subrogada en todo el país.
La iniciativa, según dijo Alavez Ruíz busca que México no sea visto como un país en el que se puede traficar con seres humanos. Sostuvo que la maternidad subrogada, aunque discutida, quedaría en la Constitución, claramente “ que nadie puede mercantilizar un cuerpo humano, eso es lo que vamos a delinear en la iniciativa”.
Fue cuando aseguró que la iniciativa que formaría parte de un paquete de reformas en favor de la mujer sea aprobada en este periodo de sesiones. Lo que no sucedió. Hay iniciativas, varias, que no se incluyeron y están archivadas, como la de la Igualdad Salarial.
Sobre este tema de los llamados vientres de alquiler, la diputada del PRI, Blanca Alcalá, remarcó que la idea es prohibirlos desde la Constitución, porque de lo contrario se condena a las mujeres a esta forma de esclavitud.
La propuesta priista, ahora, menciona que algunos estados han establecido sus propias leyes al respecto, lo que ha llevado a disparidades significativas en la forma en que se maneja este tema en diferentes regiones.
Dice que la gestación subrogada plantea preocupaciones éticas y legales, y la posibilidad de explotación o trata de personas es una de ellas.
Da por hecho que no se prohíbe, sino que existe. Dice que los controles rigurosos impuestos hasta la fecha sobre las agencias y profesionales involucrados se han mostrado insuficientes y como una puerta para que organizaciones criminales exploten a las mujeres para garantizar que la gestación subrogada se lleve a cabo.
Abunda que la cooperación entre las autoridades locales, agencias gubernamentales y organizaciones internacionales puede fortalecer los esfuerzos para prevenir la trata de personas en el contexto de la gestación subrogada.
Dice: “Tema complejo” pero es parte de la libertad
Precisa que la consideración de esta actividad como trata de personas es un tema complejo y debatido en el ámbito internacional. En algunos casos, las mujeres que actúan como gestantes subrogadas pueden estar en situaciones económicas precarias y pueden ser motivadas por la necesidad financiera a participar en ella.
Esto plantea la preocupación de si están tomando una decisión completamente libre y voluntaria. Por ello, se requiere analizar si se centran en la posibilidad de que las mujeres gestantes no tengan plena autonomía en la toma de decisiones. “Pueden estar influenciadas por presiones sociales, económicas o familiares, lo que lleva a preguntas sobre la autenticidad del consentimiento”.
La legisladora argumenta que la inadecuada o nula regulación en algunos lugares puede dar lugar a la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad. Sin protecciones legales y salvaguardias adecuadas, las mujeres pueden enfrentar condiciones injustas y ser explotadas en el proceso.
Sobre todo, añade, cuando la subrogación se convierte en un negocio lucrativo, en tanto que existe el riesgo de que se priorice el beneficio económico sobre la protección de los derechos y el bienestar de las mujeres gestantes.
“Este enfoque comercial permite afirmar que la gestación subrogada se presenta como una forma de trata de personas. La falta de supervisión y control puede dar lugar a abusos”, concluye.
Para mayor información el análisis:
Debate
Esta iniciativa se inscribe en el debate sobre si debe o no permitirse la maternidad subrogada.
Se pide regulación, pero no prohibición, aun desde grupos feministas como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) quien solicitó regulación, que debía ser se atienda en el Congreso de la Unión.
En México, los estados de Tabasco y Sinaloa permiten los contratos para vientres de Alquiler, En 1997, Tabasco introdujo una regulación sobre gestación subrogada en su código civil, que simplemente contemplaba el registro de menores nacidos a partir de estos acuerdos.
En el caso de Sinaloa, la figura se introdujo en 2013, con restricciones para acceder a los acuerdos que en gran medida han impedido que el estado se convierta en un destino de gestación subrogada.
Quienes buscan convertirse en padres mediante gestación subrogada fácilmente pueden recurrir a internet para contactar a una de las distintas agencias que ofrecen este servicio en el país.
GIRE considera que regular esta práctica no hará que se transformen las condiciones de las mujeres que las orillan a establecer estos acuerdos, en cambio, se establecerían espacios restrictivos, la práctica podría conducirse bajo la clandestinidad o trasladarse a otros lugares donde exista mayor ambigüedad en la ley o mayor permisibilidad.
En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció sobre este tema, al reconocer que, ante la falta de una regulación, las partes involucradas en un procedimiento de este tipo siguen desprotegidas, vulnerables a diversas violaciones a sus derechos humanos.
La SCJN consideró que es inconstitucional impedir a los extranjeros el acceso a la maternidad subrogada al resolver un amparo promovido por la empresa Fertility Center en contra de diversos artículos del Código Civil de Tabasco. Así, la determinación abrió la posibilidad para que empresas que operan como intermediarias, con personas que desean participar en esta técnica de reproducción, ofrezcan sus servicios a cualquier persona, incluidos los extranjeros.
A la fecha y pese a la resolución de la Corte, solo 2 estados tienen leyes específicas sobre maternidad subrogada, mientras que Coahuila, San Luis Potosí y Querétaro la maternidad subrogada está prohibida y en el resto de las 27 entidades del país no hay ningún tipo de ley, y aunque ha habido intentos de legislar a nivel local y federal estos no se han materializado, como ocurrió en febrero de 2022 en la Ciudad de México, en donde se presentaron dos iniciativas que buscaban regular la maternidad subrogada y que desató protestas por parte de grupos feministas, al considerar este modelo de gestación como una forma de explotación de las mujeres.
Por ello, GIRE insiste en que tanto el Congreso de la Unión como la Secretaría de Salud deben atender sus obligaciones y emitir una normativa en el tema, compatible con los derechos humanos.
Alavez Ruíz explicó que este mercado se realizaba en Ucrania, pero con la guerra se trasladó a México y ahora se tiene el turismo no sólo sexual, sino el de vientres de alquiler para reproducción humana en nuestro país.
Fuentes: Cámara de Diputados, SCJN y Cimac
