Opinión de Témoris Grecko*
SemMéxico/ Washington Post Opinión, 20 de abril, 2021.- En mayo de 2017, el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto enfatizó su supuesto compromiso con la defensa de la libertad de expresión tras el asesinato del galardonado periodista Javier Valdez, pero su verdadera voluntad emergió un mes más tarde, cuando reporteros y defensores de derechos humanos, apoyados por la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19, denunciaron que su gobierno los espiaba por medio de sus teléfonos celulares mediante el software Pegasus. Peña Nieto respondió ordenando a la Procuraduría General de la República que investigara las “falsas declaraciones” de los espiados.
En mayo de 2020 el gobierno de su sucesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue acusado de hostigamiento cibernético contra reporteros que sostienen una huelga en la agencia informativa estatal Notimex desde febrero de ese año, y contra periodistas mujeres de otros ámbitos; y en marzo de 2021, AMLO atacó verbalmente a la agrupación Artículo 19, a través de la cual habían sido presentadas las denuncias.
En ambos casos, funcionarios utilizaron tecnología digital contra ciudadanos. Fue igualmente similar la reacción del presidente, que en lugar de poner a sus subordinados en orden y reafirmar su compromiso con la libertad de expresión, quiso desviar la atención para trasladar la carga de la acusación hacia las víctimas. El espionaje con Pegasus permanece impune. No puede ocurrir lo mismo con el acoso en Notimex (y la destrucción de la empresa).
El sindicato de Notimex culpa a la directora de la agencia, Sanjuana Martínez, de violar recurrentemente el estado de huelga y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje le ha dado la razón. Además, análisis de redes elaborados por Signa Lab, un laboratorio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, y Artículo 19, revelaron que cuentas ligadas a Notimex en redes sociales eran utilizadas para atacar sistemáticamente a los comunicadores y difamarlos, llegando al extremo de difundir imágenes llamándolos “violadores” y de amenazar a sus hijos pequeños.
El mes pasado, en su más reciente reporte sobre los derechos humanos en el mundo, que presenta anualmente desde 1977, el Departamento de Estado de Estados Unidos retomó el análisis de Signa Lab y Artículo 19 que se refiere a Notimex, entre otras denuncias presentadas por organizaciones civiles. El documento señaló que Sanjuana Martínez “ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios”.
Al inconformarse por considerar que Washington no debe “opinar” sobre los derechos humanos en México, AMLO no comentó los señalamientos de violaciones graves como tortura, homicidios y desapariciones forzadas, sino que escogió específicamente lo dicho sobre Martínez, como si fuera lo más relevante.
En lugar de pedir que se esclarezca si hubo abusos contra empleados estatales y otras periodistas con recursos públicos, defendió a Martínez y se lanzó no solo contra Artículo 19, sino contra su entorno (lo que parece involucrar al movimiento de defensa de derechos humanos en general), pues afirmó que “toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra”.
Acusó a la organización de ser financiada primordialmente por el mismo Departamento de Estado, como si fuera su instrumento, tomando de la página web de Artículo 19 la información de sus fuentes de financiamiento, aunque de sus 21 entidades donantes, solo tres son agencias públicas estadounidenses.
En cuanto el presidente lanzó su invectiva, medios, opinadores y activistas del oficialismo colocaron la mira sobre Artículo 19 y dispararon. El diario La Jornada tituló en portada: “Financiado por EU, Artículo 19 nutrió golpe contra México” (la palabra “golpe” fue aportación editorial del periódico, ya que ni ese término ni algún sinónimo fueron empleados por AMLO).
Desde Twitter, Artículo 19 alertó del efecto distractor de la maniobra y quiso hacer retornar la discusión al tema del acoso contra trabajadores de la agencia. Pero al final, Sanjuana Martínez, Notimex y la crítica al récord de derechos humanos del gobierno fueron puestos al margen del debate público, e inevitablemente, Artículo 19 y el financiamiento extranjero a agrupaciones civiles quedaron en el centro de la discordia, acusados de servir a enemigos de la nación.
El prestigio de la organización, y su trabajo acreditado de apoyo a periodistas en riesgo y a víctimas de crímenes, están sufriendo un daño considerable. Además, hay un sentimiento de amenaza general contra las organizaciones civiles y muchas de ellas, a sabiendas de que caían en la provocación dejándose distraer del tema Notimex, elevaron la voz en defensa de Artículo 19.
Los numerosos reportes sobre graves violaciones a derechos humanos cometidas en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, elaborados por agrupaciones civiles que —como Artículo 19— con frecuencia reciben donaciones de entidades diversas, fueron clave en desmontar los engaños de las narrativas oficiales, exhibieron a esos presidentes a nivel internacional y alimentaron el voto de protesta que le dio a AMLO una victoria arrasadora en 2018.
En ese momento, él no tenía críticas contra esas organizaciones sino comentarios elogiosos. Ya en el poder, parece determinado a desacreditarlas, empujarlas a la oposición y tratarlas como enemigas: “Están en contra nuestra”.
Algunos creen que Notimex no podrá recuperarse. Acusada de violaciones laborales y acoso cibernético, Martínez podría ser responsable además de haber puesto a la agencia en situación terminal. Y de convertirse en factor de desgaste para el proyecto lopezobradorista. Ya que no aporta —su agencia lleva 14 meses sin funcionar— y solo genera agrias polémicas, es difícil adivinar por qué la sostienen.
La significativa diferencia entre los casos Pegasus y Notimex es que el primero fue parte de una política gubernamental contra los opositores de Peña Nieto, de la que este no pudo o no quiso desligarse; en contraste, el segundo corresponde a la guerra individual montada por una funcionaria a partir de sus problemas y fobias personales: el presidente López Obrador no tiene porqué ser cómplice. ¿Por qué se hace daño así?
Las acusaciones deben ser tomadas con seriedad por el presidente, no evadidas, si es que quiere salvar Notimex y demostrar compromiso con la libertad de expresión.
*Témoris Grecko es autor de los libros ‘Ayotzinapa. Mentira histórica’ y ‘Killing the Story’, y guionista de los documentales ‘MirarMorir. El Ejército en la noche de Iguala’ y ‘No se mata la verdad’.
