- Con 455 votos en favor, 0 en contra y 25 abstenciones se reforma la Constitución
- Suspensión de derechos a quienes ejerzan violencia contra las mujeres
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 30 de marzo de 2023.- La Cámara de Diputados aprobó hoy las reformas a los artículos 38 y 102 constitucionales, con 455 votos en favor, 0 en contra y 25 abstenciones, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a quien tenga sentencia firme por diversos tipos de violencia contra las mujeres.
En un comunicado, se informó que con esa reforma, se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, así como por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. También, por ser declarada persona deudora alimentaria morosa.
En esos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público. Además, se incorpora un lenguaje inclusivo y de mayor precisión en los requisitos para ser titular de la Fiscalía General de la República. El dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
En los debates para fundamentar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Lidia García Anaya (de Morena) señaló hoy se materializa la suspensión de derechos. Desde 2021, la iniciativa “3 de 3” fue un lineamiento para el proceso electoral de ese año. Dijo que si padres o madres fueran responsables con sus hijos, estos artículos no tendrían que existir.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (de Morena) calificó este día de “histórico”, por ese paso trascendental “por nuestros derechos”. La reforma, dijo, “no es punitiva ni vulnera derechos de nadie, ya que sólo limita el acceso a los cargos públicos y de poder a quien esté sancionado con sentencia firme (…) El mensaje es: cero tolerancia a la violencia de género”.
La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (del PAN) consideró que un violentador, es un delincuente y, a ellos se les sanciona no se les premia con cargos. “Hoy, la política y el servicio público necesitan ser dignificados, regresar a los estándares mínimos de ética y moralidad como principios rectores de la conducta pública (…) Ningún agresor más en el poder”.
Por el PRI, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz comentó: “No más agresores en el poder público, la mujer no es un dato, sino una historia de vida y en todas tenemos mucho que aportar”. Realzó que se puedan construir acuerdos y avanzar en el perfeccionamiento de los marcos jurídicos para atender demandas sensibles de la sociedad.
Del PVEM, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz destacó que las reformas otorgarán certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores y representará un paso firme para acabar con las agresiones en contra de las mujeres. En tanto, Ana Laura Huerta Valdovinos, diputada del PVEM, aseguró que las reformas permitirán garantizar a la ciudadanía contar con representantes populares comprometidos con la lucha contra la violencia de género y con sensibilidad sobre el tema.
Ana Karina Rojo Pimentel, del PT, puntualizó —en el mismo sentido que su compañera Lilia Aguilar Gil— que la de hoy no es una reforma constitucional en contra de los hombres, sino en contra de quienes atentan de manera intencional contra la vida y la integridad corporal, la libertad y la seguridad sexual. Su compañera, María Rosete Sánchez, alzó la voz por las mujeres que hoy en día viven en silencio, las que callan por miedo y son coaccionadas por un macho atrás del espacio de representación que de manera legítima ostentan.
Por MC, Mirza Flores Gómez —al igual que su compañera Jessica Ortega de la Cruz— observó que la reforma protege a niñas, niños, jóvenes y mujeres de todo el país y con ello se avanza hacia una verdadera paridad sustantiva, ya que establece la obligatoriedad que todo partido político o entidad de la Administración Pública Federal, estatal y municipal exijan a los candidatos a cargos públicos no incurrir en actos que perpetúan la violencia. Amalia Dolores García Medina, también de MC, destacó que la reforma pone en el centro el respeto y que en el servicio público estén quienes tengan la autoridad ética para ejercer esa función.
El diputado Luis Espinosa Cházaro (PRD) afirmó que si una persona “es capaz de transgredir a su primer círculo de confianza y amor, no podrá cumplir con la sociedad y con su país ninguna responsabilidad encomendada”. De la misma bancada, Olga Luz Espinosa Morales (PRD) resaltó que “se visibiliza la urgencia de un cambio de paradigma para la construcción de un país que las mujeres y niñas queremos y también merecemos”.
En el mismo se sentido se pronunciaron las diputadas Karla Yuritzi Almazán Burgos, Luz Adriana Candelario Figueroa y Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena), María Elena Limón García (MC), Alma Carolina Viggiano Austria (PRI), Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN) y el diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD)
En votación económica, se desechó una moción suspensiva del diputado Gerardo Fernández Noroña (del PT), quien pidió retirar el dictamen y revisarlo, porque con la reforma “no se va a mover ningún milímetro la violencia contra las mujeres” y se podría utilizar para “sacar de toda actividad política a compañeras y compañeros. El 20 por ciento de quienes están en el padrón de violentadores son mujeres”.
La presidencia de la Mesa Directiva informó que también se recibió reserva de la diputada Julieta Mejía Ibáñez (MC), quien solicitó se insertará en el Diario de los Debates.
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