GIRE analiza el efecto contraproducente de las estrategias punitivas
Su texto impunidad y justicia reproductiva hace visible fallas sistémicas que imposibilitan el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos humanos desde el Estado.
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 15 de agosto, 2024.- A través del trabajo de documentación y acompañamiento de casos, y la publicación de informes periódicos, GIRE ha mostrado las distintas aristas que es necesario considerar para difundir, prevenir y atender la violencia obstétrica desde una perspectiva de género y derechos humanos.
Abordar la violencia obstétrica desde el enfoque de derechos humanos permite hacer visible la obligación del Estado para garantizar los derechos reproductivos de mujeres gestantes en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio.
Hablar de este fenómeno como una violación a los derechos humanos resalta también la necesidad de exigir a las autoridades responsables la reparación del daño causado a las víctimas de este tipo de violencia.
GIRE ha sido una de las primeras organizaciones de la sociedad civil en utilizar el término violencia obstétrica y documentar la incidencia de conductas y omisiones que se agrupan bajo este concepto. Durante la última década, el reconocimiento de dicho término ha contribuido a que se comprenda como una forma específica de violencia institucional y de género que constituye una violación a los derechos humanos.
A través de la documentación y el acompañamiento de casos, así como de la publicación de informes periódicos, GIRE ha mostrado distintas aristas que es necesario considerar para difundir, prevenir y atender esta problemática desde una perspectiva de género y derechos humanos, entre ellas:
- El carácter estructural producto de las fallas en el sistema de salud, tales como insuficiencia en infraestructura, de personal, instrumental y equipamiento; y la relación asimétrica de poder entre las personas usuarias de los servicios y el personal médico, enraizada —entre otros factores— en las actitudes, los prejuicios y las rutinas dañinas que forman parte de la dinámica en la que se capacita y educa a dicho personal.
- El peligro de tipificarla y sus consecuencias, insistiendo en que no es la vía para erradicarla, pues el establecimiento de un tipo penal tiene como efecto individualizar el problema, lo cual desatiende las causas que lo originan y deja intacta la posibilidad de llevar a cabo una transformación en sus raíces.
- El efecto contraproducente de las estrategias punitivas que han sido promovidas por ciertos sectores, incluso dentro del movimiento feminista y por el propio Estado, y la relación que existe entre impunidad y justicia reproductiva, visibilizando la serie de fallas sistémicas que imposibilitan el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos humanos por parte del Estado.
- La importancia de la reparación integral por violaciones a derechos humanos como mecanismo de acceso a la justicia, y el largo proceso que las mujeres y familias acompañadas por GIRE han tenido que transitar para obtener medidas de reparación.
- El avance en la existencia de datos, pero también la ausencia de información desagregada, lo cual dificulta conocer la magnitud del problema y tener elementos para evaluar la implementación de la legislación y la política pública.
- El marco normativo y las resoluciones emblemáticas tanto de tribunales nacionales como de otros organismos internacionales que durante la última década han sido fundamentales para el ejercicio pleno de los derechos reproductivos.
- Las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de saber en qué medida se han cumplido y contar con elementos para evaluar el desempeño de este organismo.
Todos estos aspectos permiten ampliar la mirada sobre la violencia obstétrica y dejar de considerar que se trata sólo de un tema relacionado con la mala calidad de los servicios de salud; casos aislados de negligencia médica o mala praxis; la responsabilidad de una persona que llevó a cabo acciones u omisiones durante la atención del embarazo, parto o puerperio, o una cuestión que se soluciona por medio del castigo, como el encarcelamiento o las sanciones administrativas, a quien actuó mal.
Abordar esta problemática desde sus diversas aristas hará posible que, además de identificarla y verla plasmada en la legislación, se creen estrategias para hacerle frente con base en las transformaciones necesarias a nivel de infraestructura, insumos y procesos, así como de las relaciones entre usuarias y personal de salud, sin olvidar la formación y creencias a partir de las cuales se brinda la atención.
La violencia obstétrica es un fenómeno complejo. Si bien cada vez está más visibilizado tanto en los espacios institucionales como en la esfera social —en gran medida gracias a la labor de activistas y personas que han vivido este tipo de violencia—, sigue haciendo falta que se reconozca y comprenda como un problema de carácter estructural. Sin esta mirada difícilmente habrá políticas públicas encaminadas a erradicarla, y a garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la reparación integral.
