- Ejército, Marina, Guardia Nacional y policía estatal, los agresores: Misión Civil Observadora
- Documenta tres homicidios de personas defensoras en nueve meses y decenas de intimidaciones y agresiones
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 28 de julio de 2023.- Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Consorcio Oaxaca, demandan al gobierno federal, estatal y municipal detener las agresiones a los pueblos y comunidades indígenas defensoras de derechos humanos, territorio y naturaleza, principalmente mujeres de Oaxaca y Veracruz, por la construcción del megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
En conferencia de prensa, informaron los resultados de la Misión Civil Observadora, integrada por 23 organizaciones civiles y 8 medios de comunicación, que durante tres días verificaron la existencia de ataques e impactos diferenciados en mujeres indígenas defensoras, quienes enfrentan agresiones, calumnias y difamación, basadas en estereotipos de género y con cargas de sexualidad. Esto impacta también en su liderazgo, su rol comunitario y familiar.
Entre las autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos, señaladas durante la Misión, destaca la Guardia Nacional, la Marina, la Sedena, la Policía Estatal, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, autoridades municipales y la Procuraduría Agraria, al igual que diversas empresas, grupos armados y caciques locales.
En la ejecución del CIIT, las autoridades han incurrido en diversas violaciones a los derechos colectivos de las comunidades y pueblos indígenas, al no proporcionar la información relevante a la construcción del proyecto que contará con más de 200 kilómetros, desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, donde se instalarán 10 polos de desarrollo.
Por las conclusiones de la investigación de la Misión, demandan se reconozcan y respeten los derechos humanos y colectivos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio, a la participación, al consentimiento previo libre e informado y la vida de los pueblos indígenas, bajo el estándar más alto de protección.
Que se garantice el derecho de acceso a la justicia y detener toda forma de amenaza y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza. Asimismo, que se emprendan las acciones necesarias para garantizar un entorno seguro, en el marco del artículo 9 del Acuerdo de Escazú para que puedan realizar su labor.
Que provean a los pueblos indígenas de la información necesaria, suficiente, completa y culturalmente adecuada sobre el megaproyecto y todos sus componentes, como son el gasoducto y los polos de desarrollo, para que puedan ejercer su derecho a la libre determinación.
Entre las violaciones está el no realizar la consulta orientada a obtener el consentimiento por parte de las comunidades ayuuk, afectadas por el CIIT, y la detención arbitraria y fabricación de delitos en contra de 17 defensoras y defensores de la comunidad binniza de Puente de Madera, por la imposición del proyecto en San Blas Atempa, Oaxaca, uno de los 10 polos de desarrollo del Corredor Interoceánico que según las autoridades ayudará al desarrollo económico de la zona sur del país.
Se han registrado intervenciones violentas por parte de la Marina y de la Guardia Nacional, como desalojos violentos, detención arbitraria y criminalización en contra de personas defensoras en Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares, así como las amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.
La Misión documentaron la intimidación de la Guardia Nacional ante la asamblea comunitaria y diversos actos de represión en Santa Maria Mixtequilla, otro polo de desarrollo. Se han realizado agresiones físicas en la zona de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, además de despojo, ocupación ilegal de tierras y desplazamientos forzados en contra de comuneros y comuneras, debido a la especulación provocada por el Corredor Interoceánico, al encontrarse en un punto estratégico.
La Misión concluyó que se ha incumplido en la participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural, por no llevarse a cabo una consulta previa, libre e informada, de acuerdo con lo que establecen los estándares nacionales e internacionales.
Se ha violado también el derecho a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad de expresión, entre otras, debido a las agresiones físicas, hostigamientos y criminalización que están viviendo, sobre todo, quienes están liderando la lucha por la naturaleza, la tierra y el territorio.
Los registros vinculados con la ejecución del CIIT indican, al menos, 21 casos de intimidación, hostigamiento y amenazas contra personas defensoras, sus familias o colectivos; 11 casos de violencia física y psicológica, así como desalojos forzosos; tres homicidios de personas defensoras entre octubre 2022 a julio 2023; dos casos de difamación, a través de medios públicos de gran alcance, y 43 casos de denuncias penales a autoridades locales y personas defensoras comunitarias en las comunidades San Juan Guichicovi, Mogoñe Viejo, Mogoñé Estación, Paso Real, Estación Sarabia, Tagolaba y Puente Madera.
Por otra parte, en dos años, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental documento en el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 31 eventos de agresiones colectivas e individuales en contra de comunidades y personas defensoras del territorio y los derechos humanos, en el marco de la construcción del Corredor Interoceánico, principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz.
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