- Personal de Villahermosa incurre en violaciones a los derechos humanos
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México, 22 de agosto 2023.- El Instituto Nacional de Migración (INM) puso en riesgo la vida de una joven hondureña de 18 años al deportarla, sin hacer caso de la tarjeta de visitante por razones humanitarias a su nombre, por lo que fue detenida por siete días y finalmente expulsada en el 2022, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 107/2023.
La CNDH señala que el INM vulneró los derechos humanos a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la legalidad, así como a la libertad personal y al principio de no devolución en agravio de dicha persona, quien contaba con 18 años, colocándola en situación de riesgo.
La joven fue detenida el 16 de noviembre de 2022, por personal migratorio en un retén de Villahermosa, Tabasco; trasladada a la Estación Migratoria de esa ciudad y, posteriormente, retornada a su país de origen, a pesar de contar con el reconocimiento de la condición de refugiada.
La joven había solicitado el reconocimiento de la condición de refugiada ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), viajaba en transporte público de Tapachula, Chiapas, a Guadalajara, Jalisco, cuando el vehículo se detuvo en un retén migratorio de Villahermosa, y aunque exhibió una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias expedida en su favor, personal del INM le informó que por haber salido de la entidad donde inició su procedimiento de condición de refugiada, se tendría como abandonado su trámite. El 23 de noviembre de ese año fue enviada a Honduras.
El 14 de noviembre de 2022 la COMAR otorgó la condición de refugiadas a madre e hija, por lo que al momento de su detención (día 16 de ese mes) ya no aplicaba lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria de nuestro país, que considera abandonado el trámite cuando un solicitante se traslade, sin autorización, a una entidad federativa distinta a aquella donde presentó su solicitud.
La CNDH acreditó que, al momento de ponerla a disposición en la Estación Migratoria referida, donde además estuvo recluida en el área destinada a los hombres, los servidores públicos omitieron incluir en el formato de afiliación la existencia de la Tarjeta de Visitante con la que contaba y, señalaron que no tenía documento alguno que acreditara su estancia regular en México, por lo que iniciaron el procedimiento administrativo para retornarla a su país de origen.
También, durante la comparecencia asentaron que no tenía instrucciones primarias, era agricultora y no hablaba castellano, cuando la realidad es que era comerciante con instrucción secundaria. A pesar de haberle informado que tenía 10 días hábiles para presentar pruebas a su favor, a los 10 minutos emitieron un acuerdo de pruebas para continuar con los trámites administrativos para su deportación.
La CNDH solicita al INM reparar integralmente el daño causado a la joven migrante y proporcionarle la atención psicológica que requiera por las violaciones a los derechos humanos de los que fue víctima y colaborar en el trámite de la denuncia que se presente ante el Órgano Interno de Control de esa dependencia en contra de las personas servidoras públicas involucradas en este caso.
De igual manera, deberá instruir al personal de la Estación Migratoria de Villahermosa que todos los procedimientos administrativos migratorios se efectúen correctamente, a fin de evitar que personas refugiadas sean retornadas al país donde corren peligro, así como otorgar capacitación en materia de derechos humanos de las personas en contexto de migración, de las personas refugiadas, asiladas y con protección complementaria, y en lo relativo al principio de no devolución.
El número de solicitudes de refugio en México durante el primer semestre de 2023 registró una cifra récord de 74 mil 764 migrantes, lo que se da en un contexto marcado por las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos.
Este 11 de julio se cumplieron dos meses desde la derogación del Título 42, una ley sanitaria de Estados Unidos para deportar a 2.8 millones de migrantes bajo el argumento de la pandemia de COVID-19.
