Foto: Laura Lovera
Especialistas coinciden en que la sobrerregulación y la burocracia terminan complicando el acceso de las mujeres a la justicia y la garantía de sus derechos
Saúl Hernández
SemMéxico/El Sol de México, 1º. de marzo, 2022.- El que en México exista una norma oficial que autoriza el aborto por violación –la NOM 046– no bastó para que a una niña indígena de 10 años que fue abusada sexualmente por un familiar se le practicara ipso facto la interrupción legal del embarazo en un hospital de Guerrero.
Tampoco importó que la víctima contara con un oficio del Ministerio Público que avalara dicho procedimiento y mucho menos que el derecho de las personas a decidir sobre el número de hijas e hijos que quieren procrear esté consagrado en el artículo cuarto de la Constitución.
El caso tuvo que explotar en los medios días atrás para que las autoridades de ese estado tomaran cartas en el asunto y cumplieran lo que la ley mandata, pero las niñas no siempre corren con la misma suerte y la ley generalmente suele ser letra muerta. Sólo en 2020, en medio de la pandemia, se registraron más de cinco mil nacimientos de madres menores de 15 años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En este marco se realizó la decimoséptima sesión del Consejo con Perspectiva de Género de la Organización Editorial Mexicana (OEM), donde feministas y especialistas coincidieron en que México no necesita mejores leyes en materia de prevención de violencia de género o de derechos sexuales y reproductivos, porque ya las tiene, sino que se cumplan las que existen.
Advirtieron que la sobrerregulación y la burocracia terminan enredando y complicando el acceso de las mujeres a la justicia.
“La normativa que tenemos en México es muy vasta, tenemos una Constitución de lo más garantista, me atrevería a decir que nos encontramos con una Constitución que podría entrar dentro de las top cinco en tema de derechos… Sin embargo, la pregunta es ¿se garantizan o no se garantizan?”, cuestionó Melissa Ayala, coordinadora de litigio en Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
“Hablamos, por ejemplo, del artículo cuarto (constitucional) que señala que todas las personas tenemos el derecho a escoger el número y el esparcimiento de las hijas y de los hijos que se quieren tener. Sin embargo, seguimos en una situación en donde a las mujeres, a las niñas y a las personas con capacidad de gestar se les sigue criminalizando por decidir sobre su cuerpo”, agregó.
Sara Lovera, periodista feminista y consejera permanente de la OEM, adelantó que en las próximas campañas veremos a políticos de todo el espectro prometiendo mejores leyes para disminuir la violencia contra las mujeres. Consideró que hay que tener cuidado con esos discursos porque el marco legal en la materia es muy robusto, “lo que falta es que baje la impunidad y que a los jueces los capaciten y que haya investigación judicial”.
Añadió que los derechos de las mujeres incluso están sobre regulados con legislaciones específicas que sólo complican el acceso a la justicia para las mujeres y sus derechos consagrados en las leyes fundamentales.
En el diagnóstico también concordó Adriana Fuentes Manzo, coordinadora del colectivo Equifonía A.C de Veracruz, quien agregó que México ya ha firmado muchos acuerdos internacionales sobre la materia como para que las autoridades locales estén reinventando más legislaciones.
“¿Para qué vamos a burocratizar más la norma, la ley, si tenemos tratados internacionales, si tenemos normas generales que son más amplias?”, dijo.
Por ejemplo, en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, indicó que ya se cuenta con un marco normativo, “ahora hay que traducirlo en servicios y vamos a seguir vigilando eso servicios, que se cumpla la ley al final del día”.
Por su parte, Gabriela Ramírez, integrante del Centro de Información de la ONU en México y también consejera permanente de la OEM, pidió poner la lupa sobre los encargados de la impartición de justicia, especialmente en el ámbito penal, para comprender por qué las leyes rara vez se cumplen.
“Sí claro, está la ley, (pero) eso tampoco basta. No sólo porque exista esa ley –y qué bueno que exista– tampoco se traduce en justicia… Hay que poner atención en cómo se aplica esa ley, si sirve o no, la cantidad de trabas legales para poder acceder a lo que esa ley dice, y el tema de cómo se imparte justicia, de cómo se interpretan esas leyes y de cómo encontramos muchas sentencias plagadas de estereotipos y de prejuicios que tienen las propias juezas y jueces”, consideró.
Gladys Morales, integrante del proyecto de la UNAM Mujeres en Espiral, indicó que en temas de violencia y discriminación por razones de género México cuenta con “un marco jurídico bastante sólido”, el problema es su aplicación, sobre todo en materia judicial.
Añadió que no necesariamente en todos los casos hay malos jueces o jueces misóginos, sino que existen otros factores dentro del Poder Judicial de los estados que entorpecen la aplicación de las normas, mismos que van desde su falta de independencia frente al poder político hasta las capacidades institucionales, de formación judicial e incluso de recursos técnicos o administrativos para garantizar justicia.
“Tenemos que voltear a ver qué están haciendo los jueces y las juezas de primera instancia, como decisiones individuales, pero también cuál es la política institucional de los poderes judiciales locales frente a temas que implican violencia o discriminación por violencia de género”.
Al inicio de la sesión, Martha Ramos Sosa, directora general editorial de la OEM, hizo un recuento sobre el estatus las leyes aprobadas en los estados en materia de género hasta el pasado 14 de febrero. Seis estados ya legalizaron el aborto hasta las 12 semanas de gestación; 18 entidades ya cuentan con leyes de identidad de género y 27 permiten el matrimonio igualitario, aunque no todos modificaron su código civil.
En algunos casos, como Guanajuato, el matrimonio igualitario se implementó por decreto estatal, en tanto que en seis (Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz) fue por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las ponentes coincidieron en que los medios de comunicación deben abordar estos temas desde la perspectiva de derechos humanos (y no de la nota roja), evidenciando todas las fallas del sistema para que las mujeres accedan a sus derechos reemplazando las notas “lagrimeras” por textos que orienten a las víctimas y sus familias sobre qué hacer, a dónde acudir y qué promover para que las leyes se cumplan.
